DESPUES DE CHAVEZ...

La "Revolución" Continuista del Movimiento Bolivariano de Venezuela es más Nacionalista que Nacional y más Populista que Popular

ASCENSO, CAIDA, RETORNO y PERSPECTIVAS de CHAVEZ

por

Víctor Eduardo Lapegna y Luis Fernando Calviño


El ascenso de Hugo Chávez a la Presidencia de Venezuela, el movimiento cívico-militar que lo sacó de ella y el contra movimiento, también cívico-militar, que lo repuso en el Palacio Miraflores; permiten extraer algunas conclusiones generales que busquen evitar los lugares comunes en los que incurren los ideologizados voceros del "neoliberalismo" y del "neomarxismo", así como trascender las particularidades, anécdotas y circunstancias episódicas, que conciernen e interesan sólo a los venezolanos.

La crisis del Pacto de Punto Fijo

El 2 de enero de 1999, con el acceso de Chávez al poder por medio del voto popular ampliamente mayoritario que respaldó su candidatura, se formalizó el entierro definitivo del fenecido sistema político que rigió en Venezuela por cuarenta años y que llevó a que ese país fuera presentado como un modelo de estabilidad institucional democrática, un ejemplo excepcional en la inestable vida política que tuvieron casi todas las restantes naciones de América del Sur en ese lapso.

En 1958, tras el derrocamiento del gobierno autoritario del general Marcos Pérez Jiménez, comenzó a regir en la política venezolana el llamado Pacto de Punto Fijo (localidad en la que se firmó), que estableció un régimen en el que los partidos Comité Político Electoral Independiente o COPEI (socialcristiano) y Acción Democrática o AD (socialdemócrata), cuyos lideres fundacionales fueron Rafael Caldera y Rómulo Betancourt respectivamente, se turnaron en el ejercicio del gobierno, según lo establecieran los resultados electorales.

A lo largo de esos cuarenta años, los sucesivos gobiernos venezolanos coincidieron en aplicar políticas populistas, asentadas en una economía prebendaria, con altos niveles de corrupción y bajos niveles de productividad y eficiencia, que se sustentaba en una formidable riqueza petrolera.

En la década de 1980, las transformaciones históricas que generó la evolución tornaron inviable la continuidad de esas políticas y el intento de modificarlas que se propuso llevar a cabo el presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, chocó con un rechazo popular extendido cuyo pico lo marcó el "caracazo" de 1989.

No le fue mejor a su sucesor en la Presidencia, el socialcristiano Rafael Caldera y fueron esos fracasos los que facilitaron el camino hacia el poder de Chávez y su Movimiento Bolivariano.

El ideologismo nominalista de Chávez y la experiencia justicialista

En sus tres años de gestión presidencial, el comandante (teniente coronel según la designación argentina de rangos militares) Chávez buscó recorrer un camino para avanzar en la inevitable transformación de Venezuela que estuvo signado por múltiples rasgos que, bien vistos, son más nacionalistas que nacionales y más populistas que populares.

A este respecto vale recordar que Mazzini decía que "el nacionalismo es a lo nacional y el populismo a lo popular, lo que la superstición es a la religión" y en sus tres años de gobierno Chavez se embelesó con su barroca retórica nacionalista, pero nada efectivo hizo para fortalecer a su nación y se exaltó con sus apelaciones populistas, pero no contribuyó a mejorar la calidad de vida de su pueblo.

Sustentado en el indiscutible respaldo mayoritario que recibió en las elecciones de 1998, Chávez impulsó y concretó una reforma constitucional que sumó a los tres poderes clásicos del Estado, dos nuevos, el Electoral y el Moral y estableció una "V República" con la pomposa denominación de "República Bolivariana de Venezuela", además de habilitar su reelección, que se concretó en nuevos comicios que volvió a ganar con amplitud en julio del 2000.

Esas modificaciones en la constitución formal expresó un ideologismo nominalista en el chavismo consistente en suponer que produjo una revolución y estableció su "República Bolivariana" sólo por que así lo dice el texto de la nueva Constitución que hizo aprobar, lo que revela que creen que la revolución consiste en cambiar los nombres con los que se designa la realidad, aunque la esencia de la realidad continúe inalterada.

Chávez gusta de exhibir la nueva Constitución en una edición minúscula, gesto que evoca el fervor fundamentalista con el que los jóvenes "Guardias Rojos" enarbolaban el "Librito Rojo" de Mao durante la Revolución Cultural que sacudió a China en la década de 1970.

En esa materia los justicialistas tenemos una experiencia que conviene recordar. En 1949, en una Convención Constituyente que cumplió debidamente con todas las normas constitucionales y legales, se sancionó una reforma constitucional que plasmó en su plexo jurídico las profundas reformas que se produjeron en la Argentina a partir de 1946, cuando el general Juan Domingo Perón había accedido a su primer mandato presidencial. Muchas, importantes y valiosas fueron las innovaciones contenidas en aquel texto constitucional que bien puede considerarse como un modelo precursor y ejemplar del constitucionalismo social, que tanto avanzó desde entonces. Lamentablemente, los diputados constituyentes de los partidos de la oposición se retiraron de la Convención que, por ello, no llegó a ser expresión de un pleno consenso nacional.

El resto de la historia es más conocida. Como ahora a Chavez y al chavismo, en 1955 a Perón y al justicialismo lo desalojó del gobierno que ejercía legal y legítimamente un golpe cívico-militar que expresaba a una porción minoritaria, pero cuantitativamente importante, de la sociedad argentina. A diferencia de Chavez y los chavistas, Perón y los justicialistas no estuvimos fuera del gobierno sólo por un par de días. Necesitamos recorrer 18 años jalonados proscripciones, exilios, presos, fusilados, asesinados, persecusiones y lucha sin cuartel entre argentinos para que, en 1972 / 73, finalmente Perón volviera a su Patria y se restableciera el Estado de Derecho. Pero esa pacificación y reencuentro nos duró poco. La guerra civil encubierta se reinstauró el 24 de marzo de 1976 y sólo ceso en 1983, cuando recuperamos la democracia. Vale destacar que ni en 1973, ni tampoco en 1989, cuando con Carlos Saúl Menem los justicialistas volvimos a ser la mayoría electoral y gobernamos la Argentina por diez años llevando a cabo una profunda revolución transformadora, no nos propusimos reinstaurar aquel texto constitucional de 1949. Recorrimos un camino diferente y la reforma constitucional de 1994, por encima de las virtudes o defectos que pueda tener, tiene la calidad de haber sido, al momento de sancionarse, la expresión de un verdadero consenso nacional.

Otra experiencia del justicialismo que conviene recordar es la relación que establecimos con los medios de comunicación en las tres oportunidades en que nuestro Movimiento ejerció el gobierno. Entre 1946 y 1955 hubo restricciones ciertas y fuertes a la plena libertad de expresión. Entre 1973 y 1976 no se reiteraron tales comportamientos, aunque la gravedad de los enfrentamientos entre argentinos que se continuaron en ese lapso a pesar de los esfuerzos de pacificación a los que Perón dedicó lo mejor de sus últimos años de vida terrenal hicieron que no llegara a plasmarse una plena libertad de expresión. El propio Perón solía decir a este respecto que "cuando tuvimos todos los diarios a favor (entre 1946 y 1955) nos echaron y cuando los tuvimos a todos en contra (entre 1955 y 1973), volvimos". Entre 1989 y 1999, cuando el justicialismo volvió a gobernar el país a través de las presidencias de Menem, la Argentina vivió una libertad de expresión como nunca antes se conociera. Y Menem pudo completar, con plena normalidad institucional, sus dos mandatos presidenciales y entregar el gobierno a su sucesor de otro signo político en un clima de orden y normalidad inéditos en nuestra historia. Lo que prueba que, aún en países de una vida política e institucional tan turbulenta como los sudamericanos, un gobierno que respete y haga respetar a rajatabla la más plena libertad de prensa - como fue el de Menem - lejos de perder estabilidad, la gana.

En resumen, los justicialistas aprendimos de la vida y del pensamiento realista de Perón, que la revolución es, en verdad, la capacidad de una nación y un pueblo para adaptarse del modo más favorable posible a sus intereses, al proceso inevitable de la evolución.

Partiendo de esa premisa y dado que no creemos que la actual etapa de la evolución se corresponda con los sistemas establecidos en la Cuba de Fidel Castro, el Irak de Saddam Hussein o la Libia de Mohamad Khadafy, regímenes extemporáneos a los que, con fundados motivos, la mayoría del mundo de hoy ve como betes noires; entendemos que la adhesión y vocación imitativa hacia esos regímenes que mostró el presidente Chávez lo sitúan a contrapelo de la actitud propia de quien se proponga adoptar una posición verdaderamente revolucionaria que sirvan a la nación y al pueblo de Venezuela más allá de toda su verba nacionalista y populista.

El descontento en sectores militares

A eso hay que añadir la inquietud en sectores de las Fuerzas Armadas -donde Chavez tiene uno de sus pilares de apoyo principales- que causaron las versiones que daban cuenta de algunas actitudes de complacencia del "chavismo" hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Que tales actitudes tocaran un punto sensible en sectores de las Fuerzas Armadas y también de la civilidad es comprensible a poco que se recuerde que en la década de 1960, organizaciones guerrilleras marxistas, en una primera etapa con el respaldo del considerablemente poderoso Partido Comunista local, desarrollaron una intensa, violenta y amplia actividad en Venezuela, al punto que las llamadas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) que lideraba Douglas Bravo llegaron a ejercer el control de una amplia porción de territorio en las Sierras Falcón.

Para derrotarlas se llevó a cabo una intensa y sangrienta campaña con participación policial y militar, en la que, durante la presidencia de Betancourt, tuvo un papel relevante Carlos Andrés Pérez, quien ocupaba por entonces el ministerio del Interior.

Sin embargo, más que la respuesta represiva de los gobiernos, lo que puso fin a la lucha armada en Venezuela fue la decisión de abandonar ese camino que adoptaron en la década de 1970 quienes integraban la izquierda blindada, buena parte de los cuales fundaron el Movimiento al Socialismo (MAS), un partido inspirado en las ideas del llamado "eurocomunismo", surgido y desarrollado en Italia a instancias de Palmiro Togliatti y Enrico Berlinguer.

La memoria de aquellos sucesos y el hecho que provengan del MAS algunos de los cuadros que acompañan a Chávez, como su actual ministro de Defensa, José Vicente Rangel, permiten entender la susceptibilidad con la que han de haberse recibido en ámbitos castrenses las informaciones acerca de los contactos amistosos del chavismo con las FARC.

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que las Fuerzas Armadas son la principal organización en la que Chávez sustenta su poder, mucho más que los clientelares comités bolivarianos y otras formas de organización política de respaldo a su gobierno.

También debe considerarse que las Fuerzas Armadas de Venezuela no acompañaron el "golpismo" de sus colegas de otros países de la región y la última vez que tuvieron un rol decisivo en el plano político institucional fue en 1958, cuando un golpe encabezado por el pintoresco almirante Wolfgang Larrazábal puso fin al gobierno autoritario que presidía el general Marcos Pérez Jiménez y abrió camino al sistema del Pacto de Punto Fijo, en beneficio de los "adecos" socialdemócratas y los "copeyanos" socialcristianos..

Una última prueba del legalismo al que tendían los militares venezolanos fue dada el 4 de febrero de 1992, cuando derrotaron con las armas un cuartelazo "carapintada", encabezado precisamente por el teniente coronel Hugo Chávez, quien clamaba contra la corrupta democracia bipartidista imperante durante cuatro decenios.

Pero, en la última década, el nacimiento y desarrollo del "chavista" Movimiento Revolucionario Bolivariano, produjo una creciente politización interna en las FF.AA. venezolanas, acentuada desde enero de 1999, cuando Chavez, ya desde la Presidencia, encomendó a los militares diversas funciones de gobierno.

Esa politización de los mandos militares, su influencia creciente en las políticas públicas y su participación protagónica en el llamado "Plan Bolívar", un programa para el desarrollo de obras públicas que manejó en forma discrecional un presupuesto anual de cientos de millones de dólares; hicieron surgir crecientes pujas sectoriales en unas Fuerzas Armadas cada vez más divididas en capillas internas enfrentadas por ideas, ambiciones e intereses.

En este marco puede entenderse que algunos sectores de esas Fuerzas Armadas politizadas y divididas, ante el cuadro de movilizaciones de cientos de miles de personas duramente "antichavistas" apelaran al argumento de "no enfrentarse con el pueblo" para sumarse al golpismo brevemente exitoso que, por unas horas, alejó a Chávez del gobierno.

La crisis petrolera

Otro factor que incidió en el fugaz derrocamiento de Chávez fue la huelga petrolera que estalló en rechazo a la decisión presidencial de designar a Gastón Parra Luzardo al frente de un nuevo directorio de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), conflicto que arrastró tras de sí a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) generando una creciente oposición obrera al "chavismo".

Parra Luzardo es un académico de izquierda y en sus libros defendió las ideas estatalistas, regulatorias y prebendarias que orientaron las acciones del establishment político venezolano hacia la industria petrolera e incluso fue uno de los más acerbos críticos a la tímida pero exitosa apertura petrolera que puso en vigor a partir del año 1997 el entonces presidente, Rafael Caldera.

Esa apertura, promovida por ejecutivos de la industria, abrió camino a asociaciones estratégicas y joint ventures con numerosas multinacionales y exigía y logró de la clase política cierto grado de desregulación estatal.

No deja de ser notable que esa transformación iniciada por el anciano Caldera, fundador y líder histórico del COPEI, suscitara el encono de la mayoría de los políticos tradicionales, con Parra Luzardo como uno de sus voceros desde el campo académico, quienes pretendían mantener el sistema de privilegios y el coto de beneficios para el poder y sus allegados que siempre fue PDVSA, posición a la que se sumó Chávez.

Subestimando el papel de los funcionarios de línea de PDVSA, que eran francamente partidarios de su modernización y desregulación, uno de los seguidores de Chávez llegó a afirmar que "un buen manual y un chavista que sepa leer es todo lo que hace falta para poder manejar una refinería".

Esas posiciones no hicieron más que contribuir a que se extendiera la huelga petrolera, piloteada por gerentes de la empresa estatal, expertos en disímiles disciplinas como la «inteligencia de mercados», el manejo de complejas refinerías de conversión profunda, la geofísica digital, la reducción del crudo extrapesado del Orinoco o la exploración petrolífera mar adentro.

El conflicto provocó que el complejo de Paraguaná, integrado por las refinerías Amuay y Cardón y que es el mayor del mundo en el procesamiento de petróleo, trabajara apenas a un nivel del 30 al 40 por ciento de su capacidad productiva, generando el atraso en la salida de los buques tanque y amenazando el suministro interno y externo.

Para comprender la importancia que reviste la huelga en PDVSA conviene tener en cuenta que el petróleo es una base esencial de la vida económica, política y social de Venezuela, único socio latinoamericano de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), produce 2,43 millones de barriles diarios (lo que permite poner en escala los 53.000 barriles de crudo diario que provee a Cuba desde setiembre de 2000); que es el tercer proveedor de petróleo de Estados Unidos y el cuarto exportador mundial; que PDVSA es una de las diez empresas más grandes el mundo, con 30.000 empleados, miles de estaciones propias en Estados Unidos y que aportó al fisco 26.000 millones de dólares; que el petróleo aporta más del 70 por ciento de las divisas que recibe el país y que de él dependen casi el 50 por ciento de los ingresos del presupuesto del Estado.

Los graves errores cometidos por el régimen chavista, que le llevaron a no saber gestionar debidamente esa riqueza nacional, en los próximos meses puede obligarle a bombear y refinar a pleno rendimiento para poder llenar las cajas de su hacienda pública, dado que contar con abundantes recursos pareciera ser una condición necesaria para que Chávez pueda afirmarse en el poder al que pudo volver "tan rapidito", por una expresión suya contenida en el mensaje que dirigió al país al reasumir la Presidencia..

Claro que para alcanzar esos niveles de producción un primer requisito es que llegue a un acuerdo con la "línea gerencial" y los dirigentes sindicales de PDVSA y eso explica que uno de sus primeros anuncios al recuperar el poder fuera que aceptó la renuncia de Parra Luzardo.

Pero, además, deberá evitar el riesgo de que los Estados Unidos, principal comprador del petróleo venezolano, pueda encontrar en un lapso relativamente breve algunas fuentes alternativas de aprovisionamiento.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la necesidad de Chávez de incrementar significativamente la oferta petrolera venezolana va en contra de la voluntad de otros países socios de la OPEP, temerosos de que esa sobreoferta lleve a que caigan los precios, lo que puede ser fuente de conflictos que no deben desdeñarse.

La pérdida de consenso nacional del "chavismo"

Los hechos descriptos marcaron el desgranamiento de la amplísima mayoría electoral que llevó a Chávez a la Presidencia y que, entre 1998 y mediados del 2000, bien pudo llegar a expresar al 70 / 80 por ciento de la ciudadanía.

Es evidente que la base social de ese apoyo iba mucho más allá de los pobres y marginados de los cerros que rodean a Caracas, los militares o las comunidades rurales y semirrurales del interior del país y que se extendía a sectores de la clase media urbana (profesionales, estudiantes, empleados del área de servicios, obreros, técnicos y ejecutivos de la industria, en especial la del petróleo que es en Venezuela la más significativa, etc.) así como con a núcleos menos numerosos pero importantes del empresariado y lo que podría llamarse la clase alta.

Bien podría decirse que el "chavismo", en su momento cenital, expresó un consenso nacional de dimensión semejante al que sumaban AD y el COPEI, quienes, a favor de la renta petrolera, pudieron mantener la estabilidad institucional durante cuarenta años.

En este nuevo siglo la velocidad de los tiempos es otra y el consenso que los socios del Pacto de Punto Fijo mantuvieron durante cuatro décadas, el "chavismo" dejó de tenerlo en apenas tres años, según lo probaron las multitudinarias movilizaciones antigubernamentales que precedieron y sustentaron su breve derrocamiento, dando cuenta de que Chávez perdió una gran parte de ese apoyo que había sabido obtener en sectores medios y altos de la sociedad venezolana.

Es posible que la causa principal de esa mengua en el consenso pueda encontrarse en el hecho de que Chavez,, en su gestión presidencial, sólo produjo cambios cosméticos en el sistema que se había agotado al cabo de cuarenta años y no alteró en lo esencial una estrategia que durante décadas no fue capaz de aprovechar debidamente la ventaja que la abultada renta petrolera representa para Venezuela.

Tampoco se mostró capaz de producir hechos que, por encima de las formas y las palabras, modificaran la esencia del estado benefactor, clientelista, ineficiente e improductivo que, durante la segunda mitad del siglo pasado, dio forma a la Venezuela manirrota, populista y mesiánica, que tuvo su expresión política en el régimen del Pacto de Punto Fijo.

Por eso el gobierno de Chávez no pudo evitar que se produjera el drenaje del vasto consenso con el que llegó al Palacio Miraflores hace unos tres años y cientos de miles, tal vez millones de personas que le habían apoyado y hasta votado, pasaran a manifestarse como acérrimos opositores a su gestión.

Esa debilidad política del chavismo encuentra su contraparte en la endeblez de su oposición política, todavía expresada en lo fundamental en AD y COPEI que son hoy unas cáscaras vacías que sólo conservan el nombre de aquellos partidos populares que alguna vez fueron.

Esa oposición tampoco fue capaz de construir una fuerza homogénea, innovadora y propositiva que se presente como verdadera alternativa y que reúna porciones significativas del pueblo más humilde que es la base social principal del Movimiento Bolivariano.

Antes bien, componen una suerte de vasta "armada Brancaleone" que podría estimarse que reúne, en forma más o menos activa, entre el 30 y un 40 por ciento de la sociedad venezolana que aparece decidida a poner fin a la Presidencia de Chávez y que integra a chavistas desencantados, sectores militares ambiciosos o resentidos, medios de comunicación opositores, sindicatos obreros descontentos, organizaciones empresarias asustadas, estudiantes revoltosos, católicos escandalizados por los choques y desplantes de Chávez a la jerarquía eclesial, liberales enojados, izquierdistas arrebatados y pronorteamericanos más o menos declarados.

Frente a ellos está el Movimiento Bolivariano que ha de contar con el respaldo, más o menos activo, de entre un 40 y un 50 por ciento de los venezolanos y queda entre un 10 y un 30 por ciento que son lo que el general Perón llamaba "bosta de paloma", los indiferentes que sin tener color u olor propio, igual ensucian lo que tocan.

Situado frente al cuadro que se presentaba en Venezuela al momento del golpe de Estado, Luis Miquilena, un viejo comunista que fue uno de los mentores políticos de Chávez durante un decenio, y durante tres años su ministro de Interior y Justicia, converso ahora al antichavismo, decía que "esto es el resultado de la siembra del odio en Venezuela. Hice hasta lo imposible por demostrar que la democracia no es una riña de gallos, no es la confrontación por la confrontación misma".

Dictadura, democracia representativa y democracia directa

Una de las características de las dictaduras, sin que importe el signo ideológico que adopten, es que tienden a imponer la uniformidad mediante la represión violenta de toda aquella forma de la diversidad que no quieran tolerar.

En contraste, una de las características de la democracia es la búsqueda del difícil equilibrio que conduzca a una coexistencia plena y armónica de la unidad y la diversidad.

En Estados Unidos, que bien puede ser considerado el paradigma de la democracia1, ese equilibrio se apoya en cuatro basamentos principales: un régimen institucional a la vez descentralizado y concentrado en el presidencialismo, con el reaseguro de múltiples controles mutuos y contrapesos que balancean el sistema de toma de decisiones; una extensa y expresiva sociedad civil que refleja la vasta variedad de identidades, ideas, intereses y deseos de los diversos sectores de la comunidad; una economía libre que permite el pleno despliegue de la iniciativa y capacidad individuales y un ethos común a todos los estadounidenses, que comparten ciertos valores, costumbres y principios que les hacen sentirse nación y llevan a que todo ciudadano tenga conciencia de que no "vive bajo un gobierno" sino que "él es el gobierno".

El funcionamiento de este complejo sistema que es la esencia del llamado american way of life posibilita que la soberanía popular no se agote en el voto periódico para la elección de autoridades que es propio de la democracia representativa, sino que incluye múltiples y diversos canales de participación cotidiana en la toma de decisiones que configuran un modo de funcionamiento de la democracia directa.

Se realiza así la tesis que se expresa en la primera de las 20 Verdades del justicialismo, que dice: "La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el Pueblo quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo".

Esto significa que el principio según el cual el poder reside en la soberanía popular no tiene una vigencia periódica, limitada al momento en el que los ciudadanos elegimos a los gobernantes mediante el voto y queda en suspenso entre una elección y otra.

Donde esa vigencia constante de la soberanía popular encuentra canales establecidos de expresión - como son los cuatro basamentos de la democracia en Estados Unidos arriba mencionados - existe estabilidad institucional.

No es eso lo que sucede cuando se pretende limitar la democracia al funcionamiento de sistemas de representación que limitan el ejercicio de la soberanía popular al periódico voto ciudadano para la elección de los gobernantes.

Cuando esos gobernantes, por legal y legítimo que sea el mandato que recibieron a través del libre voto popular, no hacen o dejan de hacer lo que el pueblo que es su mandante quiere que se haga y no defienden un único interés que es el del pueblo, si no existen canales adecuados para que la soberanía popular se exprese y pueda corregir esos desvíos, suelen estallar conflictos que afectan severamente la estabilidad de las instituciones representativas y la gobernabilidad y que sólo llegan a resolverse debidamente cuando se restaura la vigencia constante del principio de la soberanía popular.

En Venezuela, el "caracazo" que enfrentó en 1989 al gobierno de Carlos Andrés Pérez y hasta el alzamiento de Chavez de 1992 fueron expresiones de la crisis terminal a la que había llegado el sistema de democracia representativa de base bipartidaria que estableció el pacto de Punto Fijo, por que no contaba con vías de expresión de la soberanía popular que fueran más allá del voto.

Las multitudinarias movilizaciones que condujeron al derrocamiento de Chávez, pese a su rápida reposición en la Presidencia, fueron la palmaria demostración de que la "República Bolivariana" padece de la misma debilidad del sistema cuyo agotamiento permitió que fuera establecida, al menos en el texto de la nueva Constitución.

Estados Unidos y Venezuela

Podría decirse que el vínculo entre Estados Unidos y Venezuela pasa a través de un oleducto, dado que el petróleo fue y es el elemento decisivo de esa relación.

Claro que, después del 11 de setiembre y del lanzamiento de la guerra contra el terrorismo como repuesta a los atentados de aquel día, esa relación se modificó al igual que todas las que Washington mantenía con el resto de los países del mundo.

No creemos que los hechos den la razón a quienes quieren ver en la restauración de Chávez en el poder tras su efímero derrocamiento como una derrota del gobierno de George Bush; del subsecretario de Estado de Asuntos Hemisféricos, Otto Reich y del embajador de Estados Unidos en Caracas, Charles Shapiro, la que fortalecerá a los sectores "progresistas" de los Estados Unidos del estilo de Carlos Solórzano, quien en el gobierno de Bill Clinton ocupaba la posición que hoy tiene Reich.

Aunque a muchos en estas latitudes les cueste aceptarlo hay dos circunstancias que no han de alterarse, al menos en los próximos dos años: Estados Unidos está en guerra y quienes ocupan la Casa Blanca pertenecen al ala conservadora del partido republicano.

La malquerencia del gobierno de Estados Unidos hacia Chávez y su política es un dato obvio, pero parece de un simplismo infantil suponer que fue esa la causa y el motor principal de la movilización cívico-militar que lo derrocó.

Convendría que quienes apelan a esta visión conspirativa de la historia explicaran las semejanzas entre los hechos que llevaron a la caída momentánea de Chávez en Venezuela con los que condujeron a la caída permanente de Fujimori en Perú, de Bucaram y Mahuad en Ecuador o de De la Rúa en la Argentina.

¿Quién puede sostener con alguna seriedad que todos estos casos fueron el resultado de siniestras conspiraciones urdidas entre la CIA y los golpistas vernáculos?.

La acción hostil de la actual administración de los Estados Unidos respecto de la Venezuela de Chávez, a nuestro ver, ha de pasar más por atenuar la dependencia que hoy representa para la economía estadounidense el petróleo venezolano, por la doble vía de reducir el nivel de consumo general de hidrocarburos y de buscar proveedores alternativos.

Los efectos de esos cursos de acción podrían tener efectos mucho más gravemente deletéreos para el gobierno de Chávez que los diálogos que funcionarios de la administración Bush hayan tenido con Pedro Carmona, el presidente de FEDECAMARAS que devino muy provisional presidente de Venezuela.

Semejanzas y diferencias entre Italia y Venezuela

El sistema político venezolano de alternancia entre socialdemócratas y socialcristianos nacido del Pacto de Punto Fijo tiene muchas similitudes con el sistema político italiano surgido en la década de 1960 y que fuera conocido como el pentapartito.

Con todas las grandes y obvias diferencias que hay entre Venezuela e Italia, en ambos casos un estado benefactor y una política clientelista sustentaron la estabilidad institucional, en base a la continuidad en el poder del núcleo de los partidos de gobierno, al tiempo que se producía un crecimiento de la corrupción estructural, connatural al sistema.

En los dos países el sistema se tornó insostenible en la nueva etapa de la evolución signada por la globalización y la revolución tecnológica.

En Italia la crisis del pentapartito estalló a través del proceso denominado mani pulite que terminó con el gobierno de Benito Craxi y en Venezuela el inicio del fin del régimen del Pacto de Punto Fijo lo marcó el caracazo de 1989 contra Carlos Andrés Pérez.

El primer gobierno de Silvio Berlusconi y el de Massimo D´Alema representaron un lapso de transición que se completó en las elecciones del año pasado, que mostraron la existencia de un nuevo sistema político italiano expresado en el mayoritario frente de centroderecha de la Casa de la Libertad y el minoritario de centroizquierda del Polo del Olivo.

En Venezuela, la magnitud del triunfo electoral de Chávez permitía suponer que el Movimiento Bolivariano podía contener en su seno a los sectores que habían expresado AD y COPEI, socios mayoritarios del Pacto de Punto Fijo y el MAS, que venía actuando como socio minoritario.

Los hechos recientes demostraron que no es así, con lo que es dable suponer que el gobierno de Chávez -en especial en esta segunda fase que se deriva de su restitución tras el golpe que lo derrocó por apenas unas horas- puede que represente en Venezuela una transición similar a la que encarnaron en Italia los gobiernos del primer Berlusconi y D´Alema.


1_ Esta afirmación no debiera ser tomada como una inexistente profesión de fe "proyanqui", sino como la conclusión inevitable que surge de la lectura de los datos de la historia que dan cuenta, entre otras circunstancias, de que no existe ninguna otra nación del mundo que, desde fines del siglo XVIII hasta hoy, haya mantenido como una constante la estabilidad institucional de un sistema democrático de gobierno, que amplió cada vez más la vigencia del principio de la soberanía popular.


volver