EL GRAN JUEGO, GUERRA Y PETROLEO, LOS ANTECEDENTES ENERGETICOS EN COLOMBIA, VENEZUELA, ECUADOR Y PERU.

El 22 de noviembre el barril de petróleo crudo Brent llegó al precio de 35,45 dólares. Para ese entonces la alarma era general en el mundo desarrollado. Después de que algunos pronósticos situaran al precio para estos años en apenas 5-10 dólares por barril, el crudo alcanzaba niveles nunca vistos desde la crisis de la Guerra del Golfo de 1990. Durante interminables semanas, los principales diarios del mundo repetían el mismo titular día tras día: "petróleo, el precio más alto en diez años". Los países de la OPEP parecían haber recuperado el poder que habían detentado tan drásticamente durante la recesión mundial de fines de los 70. Sin embargo, su logro en restaurar el alto valor del petróleo dependió de una serie de factores que, en conjunto, delinean un sutil pero quizá histórico cambio en la relación de fuerzas en el mercado del petróleo. Los cortes de producción decretados por la OPEP en 1999 no hubieran surtido un efecto tan dramático si no hubieran sido tácitamente respetadas por Noruega y México, países por fuera de la OPEP pero igualmente preocupados de que el petróleo languideciera junto con otros commodities entre los más bajos precios mundiales. El imperativo de contar con la adhesión de los países extra-OPEP marca una tendencia que sólo puede reforzarse si el precio del crudo se mantiene en sus actuales niveles: la emergencia de nuevas regiones en el mercado de petróleo. Entre los beneficiarios, claro, estaría América Latina.

Irónicamente, es precisamente el éxito de la OPEP en subir los precios lo que está posibilitando una transformación que solamente puede socavar a sus principales miembros. Mientras el barril estuviera estancado en la banda de 10-15 dólares, no tenía mucho sentido invertir fuera del Medio Oriente, ya que en cualquier otra región del mundo los costos de extraer petróleo aumentaban por un promedio del 50 por ciento. Pero ahora la situación se alteró por completo. En Africa, por ejemplo, Estados Unidos sigue con sumo interés el desarrollo del petróleo en países de la costa occidental del continente, como Angola y Nigeria. Y en Latinoamérica, el petróleo ofrece cada vez más atractivos a gobiernos dedicados casi estructuralmente a la exportación de materias primas y la integración regional. En general, se cree que la demanda latinoamericana de energía se duplicará en diez años. Para satisfacerla, todos los países de la región buscan incrementar su producción de hidrocarburos. Argentina y Colombia, por ejemplo, pronto podrían alcanzar la meta de producir un millón de barriles por día, según el Departamento de Energía norteamericano. Estos aumentos estarán financiados casi exclusivamente por las grandes multinacionales norteamericanas y europeas, las únicas capaces de afrontar los enormes gastos de exploración y explotación. Se estima que el alza en la producción en América del Sur requerirá una inversión de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares. "No existen fondos estatales para cubrir esa infraestructura y tampoco las agencias multilaterales pueden desembolsar esos montos: solamente los privados pueden hacerlo", subraya un analista. Esta inexorable privatización de la industria y la debilidad teórica de los tradicionales intereses nacionalistas en muchos países latinoamericanos estimulan a su vez la integración energética a nivel regional, debido a los atractivos para las empresas de la economía de escala. Según estimó Erevan Romero, de la Universidad de Harvard, la integración entre los distintos países de América del Sur "traerá ahorros en costos operativos por 653 millones anuales". Era natural entonces que la secretaria de Energía argentina, Débora Georgi, sentenciara que "el fenómeno de la integración en el Cono Sur es imparable".

Muchos extenderían esta afirmación al resto de la región. Después de todo, todos los países de América del Sur, con la muy relativa excepción de Venezuela, están comprometidos con profundizar la privatización del sector petrolero y apostar a la integración regional para desarrollar mercados. Sin embargo, el mercado que realmente existirá en los próximos diez años podría ser mucho más limitado de lo que muchas petroleras piensan. Ciertas regiones y ciertos proyectos están al borde del boom, pero por cada uno de ellos hay varios más cuyas perspectivas son menores o incluso nulas. Estas serán detalladas más adelante, pero provisoriamente podríamos adelantar que los únicos proyectos de integración que parecen verdaderamente seguros y rentables son entre la Argentina y Brasil. Los motivos son varios, pero el hilo conductor es la irrupción de factores descartados y aparentemente superados en una discusión que hasta ahora se ha planteado exclusivamente en términos económicos. La economía nunca opera en un vacío, por supuesto, pero muchos de los cálculos que la subyacen parecen hacerlo. Itemizar uno por uno los factores que condicionan y limitan el desarrollo energético en América Latina sería tedioso y no nos llevaría muy lejos. Es más conveniente catalogar antes el carácter general de cada amenaza, que afortunadamente coincide nítidamente con la sub-región donde actúa, para hallar después la síntesis de los peligros locales que enfrenta a la explotación privada del petróleo en América del Sur.

El gran juego también en América Latina.

La guerra nunca le fue ajena al petróleo. Desde 1941 la Segunda Guerra Mundial estuvo dominada por ese recurso, y el bombardeo estratégico aliado contra refinerías lograría paralizar por sí sólo a la máquina de guerra alemana en 1945. Más recientemente, la Guerra del Golfo de 1990-1991 fue indiscutiblemente librada para proteger el suministro del Golfo Pérsico. Sin embargo, estas dramáticas instancias fueron limitadas en tiempo y lugar. Son mucho más numerosas y relevantes los casos donde se desarrolla una relación íntima y dilatada entre la guerra y petróleo. Los más notorios ejemplos fueron siempre patrimonio de Africa. En Angola, por ejemplo, la guerra enfrenta a un bando financiado por el tráfico ilegal de petróleo contra otro apoyado en el tráfico ilegal de diamantes. El desagradable (a ojos occidentales) régimen de Sudan ha logrado reinsertarse en la comunidad internacional debido a que ganó control de los yacimientos petrolíferos, si bien la guerra civil continúa. Esto ha enseñado a muchas multinacionales del petróleo a operar en un ambiente caótico y violento, donde la autorización formal de una capital distante se desvanece ante el poder real del señor de la guerra local. Shell, por ejemplo, se ha convertido en la bestia negra de muchas ONG’s por sus pactos y negocios turbios en los gigantescos yacimientos de la violenta Nigeria. En Latinoamérica, la memoria institucional de esas experiencias está resultando cada vez más esencial para que las multinacionales lidien con el nuevo mundo infeliz que se gestó en la región andina tras el fin de la Guerra Fría.

El epicentro de la inestabilidad es claramente Colombia. Las dos principales guerrillas controlan alrededor del 40 por ciento del territorio nacional y el narcotráfico les brinda un volumen formidable de recursos para confrontar al Estado nacional. La "protección" paga que la guerrilla suministra a los laboratorios es similar a arreglos similares a los que llegan las multinacionales petroleras en Africa. En realidad, no hay ningún motivo estructural por el cual la guerrilla no pudiera también extorsionar pacífica y ordenadamente a las petroleras, pero una serie de factores coyunturales hacen sea menos frecuente de lo que uno esperaría. El mayor problema es que la guerrilla más "empresaria" (las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC) no controla territorio petrolero importante. El que sí lo hace es el Ejército de Liberación Nacional (ELN, de 8.000 hombres) en el norte. Y la doctrina del ELN llama precisamente a la eliminación del "saqueo" de las riquezas nacionales de Colombia, lo que en la práctica se traduce en frecuentes ataques contra los oleoductos que pasan cerca de su territorio. Si bien las petroleras efectúan frecuentes pagos al ELN, eso no ha impedido que en los últimos diez años se realizaran setecientos ataques contra el principal oleoducto, causando una pérdida de más de 1,7 millones de barriles de petróleo. Las Fuerzas Armadas tienen a más de 18.000 hombres destacados para proteger la infraestructura petrolera, pero muchas compañías (Mobil, Shell, Lasmo Oil Company) ya abandonaron Colombia o congelaron sus operaciones allí.

Podría argumentarse que la situación colombiana no tiene demasiada trascendencia. Después de todo, las reservas del país sólo llegan a 2.600 millones de barriles (si bien de alta calidad) y para el 2004 se estima que Colombia ya estará importando petróleo. Si bien algunos cálculos afirman que la cantidad real de reservas podría ser diez veces la descubierta, sin nueva exploración éstas son efectivamente inútiles. Y la violencia y los resultados desalentadores de las exploraciones más recientes significan que muchas compañías están abandonando directamente al país. Según admitió el ministerio de Energía colombiano, 11 corporaciones, incluyendo Chevron, Texaco y Triton, ya cancelaron sus proyectos de explorar en territorio colombiano. En suma, las reservas petroleras colombianas no aumentarán en el futuro cercano y, por tanto, la eliminación del país como actor en el mercado regional no debería tener un efecto devastador. Pero el problema no es la eliminación de Colombia sino el derrame de su crisis, que tiene el potencial de eliminar a toda la región andina como mercado viable de hidrocarburos..

A diferencia de lo que sucede en muchos países africanos, la guerra civil colombiana no se ha cristalizado en una situación más o menos estable. Todo lo contrario. Las Fuerzas Armadas se preparan para desatar una ofensiva con una brigada de 3.000 hombres entrenada por Boinas Verdes para expulsar a las FARC de las zonas cocaleras. Los paramilitares (cuyos efectivos ascenderían a 8.000) ya tienen una fuerte presencia en esa zona, lo que se traduce en fuertes combates con las FARC y masacres contra la población civil. Todo esto produjo un éxodo de civiles a los países fronterizos con Colombia, y muy probable que pronto los sigan guerrilleros y paramilitares. En el corto plazo, esto afecta primordialmente a Perú y Ecuador. Ambos países están muy mal preparados para recibir el embate.

Las Fuerzas Armadas de Ecuador siempre fueron débiles en términos regionales, y actualmente se encuentran profundamente divididas en sus rangos medios y altos por la política de dolarización y de obediencia al FMI que desarrolla el gobierno civil. A mediados de este año un grupo de coroneles se aliaron con la muy descontenta comunidad indígena para derrocar al presidente Jamil Mahuad, y la revuelta sólo fue sofocada mediante un contra-golpe tramado entre el alto mando y el vicepresidente (el actual presidente) Gustavo Noboa. El problema indígena sigue sin resolverse, sin embargo, y hay muchos temores sobre los atractivos que podrían ofrecerles las FARC como modelo o incluso como apoyo directo para una nueva revuelta. Las señales de movilización son inconfundibles. Ya hubo frecuentes cortes de ruta a nivel nacional, y hay indicios aun más amenazadoras. El 14 de diciembre se efectuó un poderoso atentado contra el único oleoducto del país (que va de Lago Agrio al puerto de Esmeraldas), único transporte para los 227.600 barriles por día que se exportan. En noviembre de 1999 ya se había producido un ataque similar. Las sospechan apuntan a indígenas, guerrilleros colombianos, o incluso oficiales del Ejército descontentos con su asignación de los ingresos del petróleo. Si aumenta la inestabilidad interna y la presión desde Colombia, se podría complicar la privatización del monopolio estatal Ecopetrol (medida en todo caso paralizada este mes por la corte constitucional), lo que impediría el aumento de la producción necesario para justificar la construcción de un segundo oleoducto a Esmeraldas. En Perú la situación es menos drástica ya que su producción de petróleo es ínfima. El único suceso de importancia podría ser el congelamiento de las obras en el yacimiento gasífero de Camisea (que se estima podría producir 500 millones de metros cúbicos por día) como consecuencia de la inestabilidad política que siguió a la fuga de Montesinos y Fujimori. Ese proyecto ya sufrió abundantes demoras durante la "fujicracia", y el caótico escenario político que siguió a su derrocamiento no augura bien para que el negocio sea tramitado con coherencia y velocidad. En todo caso, la producción de ese campo estaría dedicada exclusivamente al consumo interno, por lo que su impacto sobre la integración regional sería, al menos en el mediano plazo, marginal.

El sueño del héroe: Venezuela

"Marginal" es un adjetivo imposible de aplicar al actor restante en la crisis colombiana: Venezuela. Uno de los países más importantes del continente en términos de energía (produce 3 millones de barriles por día, la mitad de los cuales va a Estados Unidos), el boom en los precios del petróleo parecería significar que el país será el foco de la integración regional durante los próximos años. Ciertamente esa es la intención del presidente Hugo Chávez. Con las mayores reservas de gas y petróleo en América del Sur, el país estaría en la posición ideal para actuar como el núcleo de un sistema energético regional. Su gobierno ya dio algunos pasos en ese sentido. Ambiciona penetrar el mercado gasífero del Cono Sur construyendo gasoductos a través de Colombia y, en una idea más viable, suministrar gas al mercado brasileño. A más largo plazo, ha sugerido la creación de una alianza regional petrolera ("Petroamérica"), una especie de mini-OPEP regional que monopolizaría la venta de petróleo y desarrollaría la industria petroquímica de los países miembros.

Sin embargo, la visión de Chávez choca con los obstáculos que le crea su propia doctrina "bolivariana". Una integración como la que proyecta requeriría un volumen verdaderamente gigantesco de inversión, que su propio Estado es ciertamente incapaz de financiar. Como en el resto de la región, su gobierno se vería forzado entonces a entrar en sociedad con las petroleras multinacionales. Pero es algo a lo que Chávez es sumamente renuente. Su "Constitución Bolivariana", ratificada en diciembre de 1999, prohibía expresamente la privatización de la empresa estatal de petróleo, Petróleos de Venezuela (PdVSA). En el sector gasífero, una ley de agosto de 1999 abrió el sector a la inversión privada, pero a ninguna compañía se le permitirá explorar, producir y transportar en la misma zona. Además, se podrían cobrar regalías de hasta un 20 por ciento (como comparación, en la Argentina el máximo aplicable es el 12 por ciento). Varias reformas sociales de Chávez también incrementaron los costos para las empresas privadas, como por ejemplo la reducción de la semana laboral de 48 a 44 horas. Esas medidas no impidieron que Chávez entrar en un conflicto con las sindicales petroleras, lo que ya resultó en un devastador paro. En suma, la creciente involucración del Estado venezolano en la industria de hidrocarburos podría actuar como un freno para las ambiciones de expandirse en el mercado regional.

La situación venezolana se complica aun más por la alianza estratégica que Chávez quiere forjar con las FARC colombianas. En los últimos meses, su gobierno ha chocado repetidas veces con Bogotá a causa de su aparente reconocimiento de facto de la guerrilla como "parte beligerante" en el conflicto, y no como meros insurgentes. Varios líderes guerrilleros ya han conversado con Chávez en Caracas, y se sospecha que Venezuela es una importante ruta de armas para las FARC. De hecho, el Ejército colombiano exhibió hace poco armas de procedencia venezolana capturadas de la guerrilla, que Chávez denuncio de inmediato fueron "clonadas" por ordenes de las "oligarquías políticas" de Bogotá. Y el boom petrolero le ha dado a Chávez los recursos necesarios para financiar su arriesgada política exterior. Los ingresos fiscales venezolanos aumentaron por más de 50 por ciento en el 2000 hasta llegar a alrededor de 27.500 millones de dólares, 16.000 viniendo del petróleo. Venezuela no está en la línea directa de fuego por la intensificación de la guerra (que afectará primordialmente al sur), pero su relación con las FARC sólo puede profundizarse a medida que Estados Unidos intervenga más en la región. En efecto, asesores del presidente electo norteamericano George W. Bush ya advirtieron que serán "menos tolerantes" con el aventurismo venezolano .Ninguno de estos factores es deseable para un país que quiere ser el foco del desarrollo y la integración petrolera en la próxima década.

Joyas de la corona: izquierda y privatización en Brasil

Así, la guerra colombiana y la revolución bolivariana parecerían descartar toda la región andina como núcleo viable de la integración. Podría resultar extraño que esta prognosis omitiera hasta ahora a Brasil, que tiene una de las mayores fronteras con Colombia,. Sin embargo, el riesgo de que la guerra afecte la estructura petrolera de ese país es remoto. No obstante décadas de desarrollismo militar, la zona del Amazonas sigue siendo mayormente despoblada, sin ciudades ni centros de producción importantes. Es cierto que esto podría tentar a la guerrilla colombiana a utilizarla como santuario, pero dada la relativa eficiencia del Ejército brasileño comparado con sus pares en la región, el peligro no es apremiante. En cualquier caso, dado lo lejano de la frontera colombiana, aun si esta estallara en llamas no podría amenazar más que colateralmente la explotación de hidrocarburos. Eso no significa que no existan peligros al desarrollo del petróleo en Brasil, sino que su naturaleza es distinta. Hasta ahora hemos visto amenazas físicas a la infraestructura petrolera, pero en este caso el riesgo es sencilla y netamente político: la suspensión o ralentización del proceso de privatización del gigante petrolero brasileño Petrobras.

La empresa es uno de los actores más agresivos y poderosos en la región. Además de su poder económico (produjo 1.4 millones de barriles de petróleo en 1999), dentro de Petrobras sobrevive una ideología institucional ligada al nacionalismo y hostil a la entrada de nuevos actores en el mercado petrolero del país. Esto se ha visto más recientemente en su estrategia hacia el gas natural boliviano. Desde 1999 la política energética brasileña busca reducir la dependencia sobre la energía hidroeléctrica (que hace al país sumamente vulnerable a sequías) y aumentar la proporción de electricidad generada por gas del 2,9 por ciento actual a un 12 por ciento para el 2010. A ese fin dedicó casi 9.000 millones de dólares para la construcción de 42 usinas térmicas a gas en el sur del país. En efecto, dada la división norte-sur de la red eléctrica brasileña, el suroeste brasileño (donde se espera que el consumo de gas aumentará 2,5 veces para el 2007) tendrá una fuente de energía distinta de la del norte. Mientras que esta última recibirá el gas de Venezuela y Trinidad y Tobago, el sur lo obtendrá en Bolivia y, eventualmente, en la Argentina (ver más abajo). Pero en Bolivia el todavía vigoroso pensamiento nacionalista de Petrobras la ha hecho entrar en conflicto con las otras empresas privadas que buscan operar en el área. Hasta ahora existe un solo gasoducto que va desde la cuenca de Rio Grande hasta Sao Paulo. En noviembre del 2000, Petrobras le negó a British Gas (BG) el derecho de uso de ese gasoducto, maniobra que antes había intentado excluir a la empresa Enron. También el consorcio británico-argentino Pan American Energy se manfiestó interesada en transportar 3,5 millones de metros cúbicos por día a través de ese gasoducto. Dado que BG hubiera pagado 20 millones de dólares por el privilegio, uno de sus directivos sintetizó que "es claro que Petrobras no tiene ningún apetito comercial". En efecto, la empresa pareció querer emanciparse completamente de la cooperación con actores extranjeros cuando anunció que construiría un nuevo gasoducto para transportar gas desde el enorme yacimiento de San Alberto (del que ya controla un 35 por ciento). Transredes, el consorcio de gasoductos operado por Enron-Shell, criticó que el proyecto "no tiene lógica económica ni ambiental". Un funcionario subrayó que "antes la industria boliviana del hidrocarburo estaba controlada por un monopolio estatal: ahora será controlada por un monopolio estatal extranjero".

Sin embargo, todos los analistas coinciden en que el traspaso de Petrobras a manos privadas es esencial para que Brasil cuente con un suministro adecuado y aspire incluso a su eterna quimera de la auto-suficiencia. Bajo la dirección del reformador Phillippe Reichstul, Petrobras apunta a incrementar su producción de petróleo de 1.1 millones de barriles por día a 2.15 millones en el 2005. Planea a explorar en Venezuela y reinsertarse en la industria petroquímica brasileña, de la que hace tiempo se desprendió. Este gran salto hacia adelante costará un mínimo de 33.000 millones de dólares, cifra que el Estado brasileño es absolutamente incapaz de solventar. Así, el imperativo de la privatización es indiscutible. Esa, al menos, es la posición del actual gobierno de Fernando Henrique Cardoso. En agosto del 2000, el Estado brasileño redujo su participación en la empresa al 51 por ciento, obteniendo 4.000 millones de dólares por el paquete accionario vendido. Solamente este año Reichstul firmó contratos conjuntos con las empresas Coastal, Chevron, Texaco, Shell, Exxon-Mobil, and Repsol YPF. También vendió 400 pozos más viejos a compañías extranjeras con el conocimiento y equipo técnicos para extraer cantidades rentables de petróleo. Sin embargo, el director de ente regulador del área, David Zylbersztajn, subrayó que será imposible lograr la privatización total antes de que concluya en mandato de Cardoso en enero del 2003. Solamente la elección a la presidencia de otro político simpatizante con el neoliberalismo podría completar la tarea. Pero ese supuesto fue súbitamente cuestionado a fines del 2000..

El motivo fue el resurgir de la izquierda como fuerza política luego de su desastrosa derrota ante Cardoso en las elecciones presidenciales de 1998. En los comicios municipales de noviembre del 2000, la agrupación izquierdista Partido de los Trabjadores (PT) ganó en 13 de las 16 ciudades donde participó con un candidato en segunda vuelta. Ganó seis capitales de estado, incluyendo la crucial Sao Paulo. En total, la oposición gobernará sobre 187 municipios con 19 millones de habitantes, contra 17 millones de la coalición oficialista de Cardoso. La cada vez más notable ausencia de un sucesor para el actual presidente sólo agrava esta situación. Según una encuesta en diciembre, el candidato histórico del PT, Ignacio "Lula" Da Silva, es la persona con mayor intención de voto en el 2002, con el 30 por ciento. El alcalde del PT de Porto Alegre, Tarso Genro, ya declaró que la tarea de su partido es "presentar batalla política y cultural contra la ética neoliberal y desde esa estrategia construir una nueva hegemonía". Aplicado a la abertura de Petrobras, esta formulación parecería ser catastrófica. Reichstul ya se enfrenta a duras oposiciones internas por su estrategia de privatización, y la llegada de Lula al poder probablemente significaría su congelamiento inmediato. El ejemplo de México es inquietante. Allí incluso un neoliberal tan arrojado como Vicente Fox tuvo que dar marcha atrás ante la presión política y popular contra su proyecto de privatizar PEMEX, el Petrobras mexicano. No es casual entonces que la revista Economist manifestara recientemente temores de que "la revolución de Reichstul en Petrobras será revertida por las fuerzas de la reacción".

La alarma, sin embargo, podría ser prematura. Es que los pobres del PT que heredarán la tierra probablemente serán muy distintos al que han competido en elecciones anteriores. Ese fue una consecuencia inconfundible y quizá inevitable de su enorme victoria municipal en noviembre, cuando lograron atraer apoyos de clase media e incluso alta además de su tradicional base obrera. "Ningún empresario se va de Sao Paulo: este es no es el mismo PT de antes", subrayó un funcionario del partido. Poco después de que se conociera la impactante victoria a nivel nacional, el directorio nacional del PT discutió un cambio radical en los estatutos partidarios. Ahora el objetivo final no es la construcción de la "sociedad socialista", sino "una inspirada en los ideales socialistas". Y en todo caso se abandonaría el "socialismo ortodoxo". El secretario nacional del partido, Silvio Pereira, enfatizó que "hoy defendemos la idea de una sociedad en construcción que no responde a ningún modelo previo". En suma, la Tercera Vía llegó al PT, y ello, según un alarmado oficialista, marca "el fin de la socialdemocracia brasileña (la alianza centro-derechista de Cardoso)". En este contexto, la clave es la interna partidaria que se viene; lo que se reduce a una pregunta: ¿Lula será el candidato? Luego de su victoria en Sao Paulo, Marta Suplicy enfatizó que "la ganadora fui yo" y ya se la considera (junto con su esposo Eduardo, un alto dirigente del PT) una alternativa de renovación frente al tradicionalismo de Lula. La clave será su gestión en Sao Pulo, de la misma manera que la administración de Fernando De la Rúa en Capital Federal estableció la reputación de eficiencia que lo catapultó a la candidatura de la Alianza. De esa manera, los temores de que el mercado petrolero brasileño (como el venezolano) se torne súbitamente más estatista podrían carecer de fundamento. A fin de cuentas, tanto en Chile como en la propia Argentina, agrupaciones con el rótulo de socialdemócratas llegaron al poder sólo para apoyar después la continuación o incluso la profundización las reformas neoliberales legadas por sus antecesores.

Los niños del Brasil

Es afortunado que así sea, dado que la liberalización del mercado brasileño es clave para el sector más dinámico de las petroleras que operan en la Argentina. Nuestro país ha aportado uno de los entornos más generosos a la industria privada de hidrocarburos, y los resultados son evidentes. Más del 90 por ciento de la industria está en manos de corporaciones extranjeras, y el actual gobierno evita a toda costa antagonizarlas. El 3 de diciembre renovó la concesión sobre el enorme yacimiento gasífero de Loma de la Lata basándose en las cifras que aportó la compañía interesada, el gigante Repsol-YPF. Y por ahora ningún planteo desde los distintos partidos opositores hacen pensar que un cambio de gobierno podría dañar seriamente el romance. Es natural, dado que hasta ahora los resultados han sido mayormente positivos, si se los mide a nivel de la industria. La producción de hidrocarburos y las reservas descubiertas se duplicaron en la última década. La capacidad de generación de electricidad aumentó por un tercio, y la generación total de energía por un 30 por ciento. Estos saltos en la producción exceden casi en un 100 por ciento el crecimiento de la demanda interna, por lo que las empresas involucradas están proyectando su futuro en términos de la exportación a los países vecinos. El instrumento sería la integración energética del Cono Sur.

Entre los varios proyectos de interconexión con Brasil, el más interesante es el que impulsa Pan American Energy, un consorcio formado entre Amoco (parte del gigante británico BP-Amoco) y la argentina Bridas. Actualmente, esta compañía domina un 8 por ciento de la producción argentina de gas natural, pero su meta estratégica es el abastecimiento al mercado brasileño. Como vimos, ese país busca reducir su dependencia en la energía hidroeléctrica aumentando fuertemente el uso del gas. Aquí es donde entra Pan American Energy. La empresa firmó un convenio de 400 millones de dólares con British Gas para construir un gasoducto que irá desde Punta Lara, en Neuquén, hasta Montevideo, para llegar eventualmente a Porto Alegre, en Brasil. Bautizado "Cruz del Sur", el gasoducto requirió una inversión inicial de 135 millones de dólares. Cuando llegue a Uruguay transportará 6 millones de metros cúbicos de gas, cifra que aumentará un 150 por ciento hasta llegar a 15 millones de m3 cuando llegue a Brasil. Respecto al cronograma que maneja la empresa, Adrián Perez, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios, estimó que "vamos a entregar gas en Montevideo para fines del año 2001 y estamos trabajando intensamente para extender el trazado hasta Porto Alegre". El problema, como sucede en Bolivia, es la pretensión de Petrobras de mantener el control absoluto sobre el suministro de energía a su país. Dentro de la misma Pan American Energy, el jefe de Proyectos Energéticos de la Vicepresidencia de Desarrollo de Negocios, Francisco Mourel, consideró con pesimismo que "la posición dominante de Petrobrás hace que el mercado no sea lo suficientemente abierto como para que se desarrolle en la forma en que se esperaba". Pero Perez enfatizó que "no veo por qué Petrobrás querría oponerse a un excelente proyercto para Brasil que no lesiona sus propios intereses empresarios". Otro factor de peligro para Pan American es que compite con un ducto paralelo --con gas de Repsol-YPF transportado por Techint, CGC y Nova—que ya llegó a Uruguayana (Brasil) desde Neuquén (con un costo de 250 millones de dólares), y tiene planeado alcanzar Porto Alegre en el 2003. Sin embargo, el costo de este es mucho mayor dada su extensión.

Por lo demás, la competencia con los gasoductos a Chile puede desestimarse. Hay varios indicios de que el mercado allí está siendo saturado. En estos momentos hay nada menos que tres gasoductos, cuyo flujo excede la demanda por alrededor del 30 por ciento. Las esperanzas de las compañías involucradas se centran en los planes anunciados del gobierno chileno de aumentar el consumo de gas para reducir la dependencia en energía hidroeléctrica. Si bien esta política es similar a la de Brasil, se maneja con un mercado mucho más pequeño, poco más de la mitad del brasileño. Y la expansión que proyecta Brasilia es mucho mayor en términos absolutos0que la duplicación en el uso del gas a la que apunta Santiago. Además, existe un proyecto de integración eléctrica entre Chile y Argentina, que tomaría ventaja de la complementaridad de sus sistemas de energía. Las represas chilenas exportarían electricidad a la Argentina durante el verano y las usinas térmicas argentinas harían lo propio en invierno, cuando disminuye en Chile el nivel de energía hidroeléctrica. Esto reduciría la urgencia de una transición al gas.

En efecto, dado que Brasil es el verdadero centro de la integración energética, quizá el verdadero peligro para las compañías que operan desde la Argentina sea la competencia desde Bolivia. Allí el gobierno de Hugo Banzer no disimula su intención de nuclear la red gasífera de la región en torno a su país. Geográficamente esta bien situado para hacerlo, y recientes exploraciones en el oeste del país revelaron que sus reservas de gas natural podrían ser inferiores solamente a las de Venezuela. El Estado no titubea en responsabilizar a la industria privada para el desarrollo de la industria. El año pasado el Congreso aprobó la ley "Corazón", que hace disponsible a empresas extranjeras 11 corredores para la exportación de electricidad y gas. Sin embargo, la vía boliviana parece ser mucho menos viable que la Argentina dada su mayor inestabilidad social. Un país eternamente pobre, recientemente Bolivia sufrió una serie de convulsiones que estuvieron cerca de derrocar al gobierno. Centradas en la ciudad de Cochabamba, una revuelta se extendió al interior, donde grupos indígenas y de campesinos cortaron numerosas rutas. La policía antidisturbios había soportado bajos salarios desde hacía mucho tiempo, y no tardó en aprovechar la crisis para reclamar una mejora salarial. Solamente concesiones de último momento de Banzer a practicamente todos los grupos en rebelión lograron estabilizar la situación. Pero nada hace creer ahora que el país es menos inflamable. En realidad, la infraestructura petrolera y gasífera del país podría estar efectivamente bajo sentencia suspendida.

Un mundo feliz

El contraste con la Argentina no podría ser mayor. Ya hemos descripto en muy favorable entorno de negocios que existe allí. Y la lista de factores de riesgo es limitada. El único problema importante es la lucha en torno a aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos para reemplazar a la de 1967 y dar fuerza de ley a los decretos desregulatorios de la era Menem. Una disputa que se arrastra por casi una década cobró una muy inconveniente notoriedad cuando la senadora Silvia Sapag denunció que algunas compañías petroleras habían sobornado a varios senadores (entre ellos el inmarsesible Cantarero) para modificar el proyecto de ley en su favor. Principalmente, las modificaciones prevían la extensión automática de las concesiones de yacimientos y la eliminación de un monto de regalías mínimo para las provincias y el Estado nacional. Actualmente fijado en un 12 por ciento, las empresas habrían buscado hacer que el monto dependiera del poder financiero y de negociación de las provincias. En realidad, el escándalo apenas dio notoriedad a las cuestiones que siempre bloquearon la sanción de la ley. Las provincias, por ejemplo, buscan ser las únicas que determinen cómo se exploten los recursos naturales en su subsuelo. Se apoyan en el artículo 124 de la nueva Constitución, que afirma que corresponde a las provincias "el dominio originario de los recursos", según el analista y empresario Guillermo Yeats. Las petroleras, por supuesto, recelan cualquier aumentos de pagos que siempre superan los 500 millones de dólares anuales. En todo caso, el debate quedó casi paralizado por la sospecha de los sobornos, y la reciente absolución parcial que dictó el juez Liporaci probablemente no altere demasiado la situación.

La parálisis, sin embargo, no es necesariamente desventajosa para las petroleras. Si bien no obtienen la confirmación legal y definitiva de sus privilegios, en la práctica no tienen ningún obstáculo para ejercitarlos. Medido en término de ganancias, las empresas tienen muy poco de que quejarse. El gigante Repsol-YPF, que se beneficia enormemente de su control simultáneo de las áreas de producción y distribución, reportó a principios de año ganancias por 1.011 millones de dólares, mientras que Perez Companc presentaba la cifra más modesta de 284 millones.

Un factor de riesgo, pequeño pero significativo, es el ecológico. En los últimos años, acompañando linealmente la expansión de la actividad petrolera, han crecido las denuncias contra las petroleras por contaminación ambiental, especialmente de aguas. El caso más dramático fue el del derrame el 16 de julio de 4 millones de litros de petróleo en el río Paraná por Petrobras, que fue multado con 25 millones de dólares y debió gastar más de 500 millones propios para paliar el desastre. La mayoría de los casos son de naturaleza mucho más local, pero que en conjunto podrían crear un frente muy peligroso para la industria petrolera. En 1998, por ejemplo, las comunidades mapuches de Neuquén y collas de Salta se unieron para presentar una denuncia contra la usurpación y contaminación de sus tierras que logró frenar un gasoducto de YPF por 1.000 millones de dólares. Otro caso se dio en la localidad de Koluel Kaike, donde una compañía de petróleo y gas fue cuestionada ante un juzgado federal por el derrame y filtración al agua de "desemulsionantes, inhbidores de corrosión, materiales ferrosos y distintos tóxicos". El estudio de una muestra del agua local reveló que "no son potables y no satisfacen los niveles guía por tener excesos en sulfuros, nitratos y sulfatos". Por ahora el efecto de estas denuncias ha sido marginal, pero el creciente peso de organizaciones como Greenpeace en la Argentina --como lo demostró el alcance y efectividad de su campaña contra los alimentos transgénicos—podría ser el preludio de una acción concertada con el potencial de complicar --vía regulación, multas o simplemente mala publicidad-- la explotación petrolera en el país.

Y por supuesto no puede descontarse el riesgo de un estallido social. Ya en julio de 1999 un paro de transportistas por el alto precio del gasoil llevó al país al borde del desabastecimiento de alimentos y combustible, lo que se repitió en octubre del 2000 en circunstancias similares. El peor escenario sería el europeo, donde en octubre paros masivos de transportistas y bloqueos a refinerías causaron parálisis de diferente severidad en Francia, Bélgica, Alemania y Gran Bretaña por la escasez de combustible. El asedio de refinerías ya ha sido utilizado aisladamente por obreros despedidos luego de la racionalización de la industria petrolera a fines de los 90. Por otra parte, Argentina no es Bolivia. La pobreza es menor, mientras que el Estado es más poderoso y la eficiencia de las fuerzas de seguridad sensiblemente mayor. La extensión del país, además, dificulta su parálisis por grupos que no sean tan centrales como los camioneros. Y proyectos tales como el gasoducto Cruz del Sur de Pan American Energy corren por áreas (en el centro del país) mucho más calmas que el explosivo noroeste.

La selección natural

El vocabulario consensual usado para referirse a la integración regional no debería ocultar que su naturaleza es esencialmente competitiva, tanto para las empresas como para los Estados. De la conformación de bloques comerciales regionales es sólo un corto paso teórico llegar a la integración energética, y esa es precisamente la situación del Mercosur y el resto de la región. La lucha se dará sobre cuáles serán los núcleos de este nuevo sistema y cuáles de los proyectos actualmente en marcha serán realmente rentables.

Las preguntas están relacionadas entre sí. Actualmente podemos decir que hay dos focos posibles para la integración energética: Venezuela y Brasil. Venezuela tiene la ventaja de poseer las mayores reservas de hidrocarburos de la región, pero eso no lo salva de competir con graves desventajas respecto a Brasil. Su demanda energética es limitada, y geográficamente está arrinconada por su competidor Brasil de un lado y por la explosiva Colombia del otro. Dado que nadie en sus cabales pensaría en construir un ducto a través de Colombia en la situación actual, las aspiraciones de Venezuela están efectivamente contenidas. La única posibilidad de escape sería un cambio fundamental en Cuba y sus relaciones con Estados Unidos que permita la exploración de petróleo en sus aguas territoriales. Siempre se dijo que los soviéticos impidieron cualquier exploración para no arriesgar sus propias ventas de petróleo, y el territorio marítimo cubano es una de las pocas áreas vírgenes que quedan en el continente. En caso de que se abra, es muy posible que Venezuela y PdVSA salgan favorecidas, al menos si se mantiene la excelente relación actual entre Fidel Castro y Hugo Chávez.

La existencia de esta remota contingencia no debería desviar la atención de que en estos momentos Brasil es el centro natural de la integración energética, como lo es de facto dentro de la economía del Mercosur. Su mercado es enorme y está en expansión, y la hasta ahora monopólica estructura de Petrobras está siendo desmantelada. La pregunta es entonces quién abastecerá a este mercado. De los países fronterizos, Venezuela tiene clientes propios y sólo podrá abastecer al norte brasileño, un segmento relativamente pequeño del mercado nacional. Colombia y Perú pueden descartarse rápidamente ya que no tienen las reservas, ni la ventaja geográfica, ni la estabilidad interna necesarias para vincularse de forma significativa con Brasil. Eso deja solamente a Bolivia y la Argentina. Bolivia es atractivo para muchas empresas a causa de su gobierno neoliberal, su altísimo nivel de reservas gasíferas y su relativa cercanía a los centros de consumo y distribución energética del Brasil. Sin embargo, hemos visto como socialmente es una bomba de tiempo, con un gobierno que no dispone ni de la popularidad ni de la capacidad de represión para sofocar una revuelta contra su modelo económico.

Por descarte se llega así a la Argentina. El funcionamiento del aparato de Estado no está en duda, como en Bolivia, ni tampoco se perciben riesgos físicos de importancia contra la infraestructura petrolera, ya que todos los proyectos para abastecer al Brasil corren por la tranquila Uruguay. En términos relativos, la ruta a través de Buenos Aires-Montevideo podría resultar la más segura dado que atraviesa zonas estables. Las disputas a tres bandas de empresas, provincias y gobierno nacional por la Ley de Hidrocarburos son irritativas pero ninguno de esos actores busca frenar el crecimiento de la industria. Por lo tanto, si se procede en los siguientes pasos de la apertura de la industria–tales como eliminar la prohibición de vender recursos a menor precio en el exterior que en el mercado doméstico—la Argentina podría replicar en términos de energía lo que ya consiguió comercialmente con la vinculación al Brasil. Dicho en pocas palabras, la creación del único bloque de importancia de la región.


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