UNA CIUDAD AL BORDE DEL COLAPSO.INFORME SOBRE LA GESTIÓN IBARRA
13 DENUNCIAS Y 10 PROPUESTAS PARA EVITAR EL ESTALLIDO

Gustavo Béliz
Observatorio Urbano

abril 2002


El modus operandi en el Gobierno de la Ciudad

Dadas las irregularidades detectadas en el Gobierno de la Ciudad cuyas principales características se mencionan en el presente Informe del Instituto Observatorio Urbano, hemos decidido desarrollar las siguientes acciones:

  • La presentación de un proyecto en la Legislatura de la Ciudad para conformar una Comisión investigadora de estas maniobras de evasión de controles.
  • Y propiciar la Interpelación al Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra para que explique lo denunciado en el presente informe.

El objetivo de ambas medidas es investigar de manera exhaustiva las contrataciones del gobierno de la ciudad llevadas a cabo de modo poco transparente, eludiendo licitaciones públicas y multiplicando costos de modo injustificado.

El modus operandi que denunciamos en el presente informe se caracteriza por:

  • La violación constante de la Constitución y de las normas inferiores,
  • La evasión deliberada y sistemática de la licitación pública para las compras y contrataciones, por medio de dos artilugios: las Prórrogas injustificadas y el desdoblamiento y fraccionamiento de las contrataciones para evitar que superen los $100.000, ya que éste es el límite establecido por la ley para evitar la licitación. Las pruebas de lo que estamos diciendo se encuentran en el mismo Boletín Oficial.
  • Se terceriza de manera ilegal, no se realizan los controles de los servicios, y se pagan servicios no realizados.
  • Se utiliza la compra directa por montos superiores a los permitidos
  • Se modifican las bases económicas de los contratos y se amplían los objetos sin llamar a una nueva licitación .
  • Se pagan importantes sobreprecios.
  • Todo esto en el marco de una constante: la ineficiencia

Los contratos o compras en los que se encontraron irregularidades manifiestas involucran los siguientes montos:

  • Exención impositiva otorgada inconstitucionalmente a Autopistas Urbanas S.A. (AUSA): $13.500.000.
  • Contratos prorrogados de Higiene urbana: casi 200 millones de pesos (140 millones de pesos anuales recolección y CEAMSE 51 millones). El perjuicio para la ciudad por no realizar el control de pesaje de basura es de $ 8.871.172 por año
  • 90 millones pagados por prórrogas injustificadas y malos servicios para la UTE rentas por el Servicio Integral de Administración de la Cobranza durante los últimos seis años, por un servicio que la ciudad puede hacer por su cuenta.
  • Costo de última prórroga por servicios postales de OCA sobrevaluados: $10.213.415,43
  • Servicio de elaboración de comidas y distribución en mesas (Comedores escolares): contratos por más de $10.000.000 anuales. (30 millones en los tres años de prórroga)
  • Contrato de comida para grupos comunitarios por $10.000.000 anuales
  • Obras de la Avenida Corrientes fraccionadas y desdobladas: $2.763.281,01
  • Contratos por Servicio de Policía Adicional para Hospitales y Centros de Salud fraccionados y desdoblados por $2.400.000 en el año 2000
  • Compras por decreto 116/99 para el Programa de infraestructura escolar $471.278,99
  • Contrataciones fraccionadas o desdobladas en la Secretaría de Medio Ambiente $3.070.434,76
  • Contratos de obra y mantenimiento de hospitales autorizadas por el decreto 116/99 por un total de $27.331.922,62
  • Costo de hoteles pensión para la Ciudad de $14.155.065 por año.

Por todo esto exigiremos la inmediata sanción del siguiente marco normativo, como modo de evitar una situación de colapso inminente:

  1. Envío inmediato del Presupuesto 2002. Sancionar una Ley de Presupuesto Participativo (para permitir a la ciudadanía el control del gasto público);
  2. La elección popular de los organismos de control de la ciudad, hoy en manos del propio Gobierno;
  3. La elección por concurso público de los titulares de los Centros de Gestión y Participación (para evitar el clientelismo actual en el proceso de descentralización);
  4. El cumplimiento irrestricto de la ley de información pública, con acceso a todos los contratos y pliegos de licitación;
  5. La celebración de una audiencia pública en los diferentes barrios afectados por los contratos prorrogados sin justificación;
  6. La inmediata reglamentación de la ley de empleo;
  7. La inmediata reglamentación y puesta en marcha de la ley de empleo público (para garantizar concursos y profesionalización en toda la administración local);
  8. La inmediata reglamentación de la ley de compre nacional;
  9. La intervención de todos los organismos de asistencia social sospechados de sobreprecios y desmanejos administrativos, mediante la auditoría social de las ONGs más representativas de cada área.
  10. La sanción de una auténtica reforma política que elimine realmente las listas sábana (sin multiplicarlas por 4, como propone el proyecto del oficialismo) e incorpore mecanismos concretos de auditoría y control por parte de la comunidad. Que incluya la eliminación del financiamiento empresario a la política.


INTRODUCCIÓN

Buenos Aires no da más.

Buenos Aires no puede y no debe seguir soportando gestiones que la transformen día a día en una caricatura de lo que podría ser. Luego de casi siete años de gobierno de la Alianza, que nos encontraron en el rol de control que debe ejercer la principal fuerza de oposición, estamos en condiciones de decir que se ha constituido un estilo de gestión, que mediante la utilización del mismo modus operandi, ha convertido a una ciudad rica en una ciudad que está a punto de inventar una cuasi moneda para disimular su incapacidad de hacer frente a sus obligaciones con sus trabajadores y sus proveedores.

Oportunamente realizamos el balance de la gestión de De la Rua en el Informe "Nada por aquí, nada por allá". También advertimos hace varios meses acerca del mismo rumbo asumido por su sucesor. Hoy, Ibarra ha empeorado lo hecho por aquella gestión (lo cual parecía imposible de lograr) y en dos años nos tiene caminando entre los baches cráteres, entre la mugre de la mañana a la noche, asistiendo a insalubres centros de salud, a escuelas con paredes que se caen y techos que se desploman. Pero no sólo eso, sino que también ha arruinado las finanzas de la ciudad.

Ineficiencia y falta de transparencia son las características principales de la gestión de gobierno en la ciudad de Buenos Aires.

¿De qué "modus operandi" estamos hablando?

El Estado local es el principal contratista del distrito y uno de los principales contratistas a escala nacional después del gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires. Contrata por más de 700 millones de pesos por año. Frente a esta importante erogación, ¿Cuál es el mecanismo que funciona en todo el mundo y que determina nuestro sistema legal para evitar la corrupción que la discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos trae aparejada?

La licitación pública: un mecanismo que brinda transparencia por su publicidad, y eficiencia por la igualdad de oportunidades para los oferentes, ya que hace más eficiente el gasto consiguiendo el mejor precio mediante la competencia.

Es justamente este mecanismo el que Ibarra ha dejado sistemáticamente de lado.

¿Cómo evade los controles el gobierno de la ciudad?

En primer lugar mediante la violación constante de la Constitución y de las normas inferiores, arrogándose en algunos casos facultades legislativas tal como será demostrado en el presente informe. Son ejemplos de este comportamiento los casos de Autopistas Urbanas y del control electrónico de infracciones. También incurre en esta violación de la ley la falta de reglamentación de una conjunto de leyes aprobadas por la Legislatura en algunos casos hace ya tres años.

La otra forma de evadir el control consiste en eludir la regla general de la licitación pública, instrumento que se establece en la Ley de Contabilidad vigente (Dto. Ley 23.354/56 y sus modificatorias) y que tiene por objeto garantizar la transparencia de las compras y las contrataciones superiores a los 100.000 pesos. Primero se dejan caer los contratos y luego se aduce necesidad y urgencia para prorrogarlos. Transformando de este modo la excepcionalidad en regla.

Los instrumentos utilizados para este modus operandi son el Decreto 116/99 y el 1370/01 por los cuales se delega a Directores Generales, Subsecretarios y Secretarios la autorización de montos máximos para realizar gastos, con el fundamento de su "imprescindible" necesidad. Se ha utilizado este instrumento para evitar el cumplimiento del Decreto 5720/72 reglamentario de la Ley de Contabilidad, generando un aumento de la discrecionalidad que, a su vez, ha generado sobreprecios y favoritismos.

Abordemos el tema de la "imprescindible necesidad". No es necesario ser abogado para saber que los contratos tienen tres elementos esenciales que no pueden faltar: la prestación, el precio y el plazo. Siendo así, es poco serio el argumento de Ibarra que alega que el tiempo de demora de la licitación pública lo obliga a obviar la licitación mediante una prórroga y contratación directa para evitar la caída del servicio. Ya que él sabía, desde el día en que se firmó el contrato, cuál era su fecha de vencimiento.

En concreto, los mecanismos utilizados para esta evasión de la licitación pública son dos:

  • Para los grandes contratos: se realizan prórrogas sin ajustar los costos ni controlar inversiones. Ejemplo de este mecanismo son los casos del contrato de Higiene Urbana (Basura), el contrato UTE Rentas y la contratación del servicio telepostal de la Dirección General de Rentas.
  • Para los otros contratos o compras: la evasión se realiza lisa y llanamente mediante un mecanismo que, para evitar la licitación pública obligatoria para montos superiores a los 100.000 pesos, realiza un desdoblamiento (se convoca a dos licitaciones privadas con espacio de días o meses para una obra o servicio que debería ser licitada de una sola vez) o se recurre al fraccionamiento de una obra o servicio. Este último mecanismo consiste en que se licitan de manera privada varias obras por un monto inferior a los $100.000 (en el primer semestre de la gestión Ibarra estos contratos se hacían por $99.000, luego ante lo llamativo de la cifra, se optó por fraccionar en montos menos sugestivos). Tanto el desdoblamiento como el fraccionamiento constituyen claramente una burla al mecanismo de control. Ya que el objeto de la obra, por ejemplo la necesidad de pavimentar una calle, deja de ser lo central, que pasa a ser que el monto no supere la cifra que obliga a realizar una licitación pública con los controles que esta implica. Las responsabilidades por el desdoblamiento están claramente incluidas en el artículo 61 inciso 32 del decreto 5720 apartado d) que establece "...Se presumirá que existe desdoblamiento, del que serán responsables los funcionarios que hubieren acordado las respectivas autorizaciones, cuando en un lapso de 3 meses se efectúen contrataciones de elementos pertenecientes a un mismo agrupamiento sin que previamente se documenten las razones que lo justifiquen..." Claros ejemplos de infracciones a este artículo los encontramos en el área de mantenimiento urbano y en las contrataciones de la Secretaría de Medio Ambiente.

A esta altura, es importante aclarar que no estamos hablando de casos aislados o de la "avivada" de un funcionario menor, si no de una mecánica presente en las diversas áreas de gobierno que no puede sino responder a un plan sistemático, centralizado y planificado desde la cúpula de la administración.


UNA CIUDAD AL BORDE DEL COLAPSO








A este "modus operandi" se suman una serie de irregularidades e ineficiencias que se detallan a continuación:

  • La existencia de empresas incumplidoras que vuelven a ser elegidas, como las recolectoras de residuos Ecohábitat, AEBA, Solurban y CLIBA.
  • Importantes diferencias de precios por el mismo servicio o producto según cuál es la empresa adjudicataria. (Ver capítulo sobreprecios y el caso de las obras de la Avenida Corrientes).
  • Servicios que se pagan sin que medie ningún instrumento o acto administrativo que lo autorice (sistema de legítimo abono).
  • Contrataciones por compra directa supuestamente justificadas en necesidad y urgencia. En muchos casos, pero el más llamativo es el de la Secretaría de Medio Ambiente.


RESUMEN DEL INFORME

El presente ordenamiento coloca cada caso en la situación que ejemplifica de manera más clara, pero la mayoría de las veces encontramos situaciones cruzadas. Es decir que un mismo caso puede contener ineficiencia, violaciones de normas, mecanismo para evitar la licitación pública mediante desdoblamiento y fraccionamiento y sobreprecios. En síntesis, no se trata de categorías exclusivas sino de un simple ordenamiento que intenta hacer más clara la presentación.

  1. VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y DE OTRAS LEYES
  • Leyes no reglamentadas: Ibarra no reglamentó leyes que él mismo señaló como indispensables para realizar su gestión. Entre los casos más preocupantes se encuentran la Ley de Compre Porteño y la ley de Empleo Público
  • Autopistas Urbanas S.A.: Este caso fundamenta claramente nuestra denuncia de violación de la constitución. El Jefe de Gobierno se arroga funciones legislativas para eximir a la Sociedad Anónima AUSA (Autopistas Urbanas) del pago de una deuda de $13.500.000 correspondiente al impuesto a los Ingresos Brutos. Este accionar está expresamente vedada por la Constitución de la Ciudad. Agrava aún más esta conducta el hecho de que la exención se realiza con el objeto de renovar el contrato por el cobro de peajes en las autopistas de la ciudad, renovación que de otra manera no podría haber sido concretada ya que es ilegal contratar a deudores o evasores del fisco. El manejo de los fondos a través de AUSA le permite el manejo de fondos fuera del presupuesto y sin los controles que esto implica
  • Control electrónico de Infracciones: En una clara violación a la ley de contrataciones del Estado se modifica la base económica del contrato y se amplía notablemente la zona de control. Se debería haber llamado a una nueva licitación, pero una vez más se evitaron los mecanismos de control.

2) EVASIÓN DE LA LICITACIÓN PUBLICA POR PRÓRROGAS DE CONTRATOS, CONTRATACIONES DIRECTAS Y LEGÍTIMO ABONO

  • UTE Rentas: El gobierno gastó desde la primer prórroga hasta la fecha casi 90 millones de pesos por un servicio que según sus propios funcionarios podía realizar por si mismo. El convenio con la empresa ITRÓN finalizaba a fines del año 1996 e incluía el traspaso de todas las tareas al propio gobierno porteño. Sin embargo, en innumerables ocasiones la Alianza y ahora Ibarra prorrogaron por retrasos operativos reiterados este contrato. Finalmente se decidió tercerizarlo con el Banco Ciudad. Este contrato es más barato, pero infinitamente más caro de lo que saldría lo que corresponde, es decir, que la ciudad gestione sus impuestos, tal cual los propios informes técnicos de organismos oficiales indican que se podría realizar.
  • Higiene Urbana: En febrero de este año comenzaron las prórrogas de los contratos de concesión para la recolección de basura de la ciudad que decretara Ibarra en diciembre del año pasado. El gobierno alega que no tuvo tiempo para hacer los pliegos del contrato más importante de la ciudad, casi 140 millones de pesos anuales, y no realizó los controles sobre los servicios, terceriza de manera ilegal estos controles y, además, contrata para "auto-controlar" a uno de los controlados (CEAMSE). Como si fuera poco, paga sobrepeso (casi 9 millones de pesos anuales) a las empresas por no controlar el pesaje y contrata por encima de los montos permitidos "servicios especiales" a estas empresas por tareas que no les corresponden.
  • Dirección General de Rentas / OCA: La DGR de la ciudad de Buenos Aires paga por los servicios de correo hasta el 300% más que lo que pagan otros distritos. El contrato se prorrogó en numerosos ocasiones y actualmente la empresa OCA sigue prestando el servicio sin acto administrativo alguno que lo avale.
  • Otros casos En este apartado realizamos una descripción de varios casos de menor envergadura con el mismo modus operandi de continuidad de contratos caídos. Mediante el legitimo abono, la ciudad mantiene contratos millonarios en áreas como mantenimiento de hospitales y comedores escolares y comunitarios.
      1. EVASIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA POR FRACCIONAMIENTO Y DESDOBLAMIENTO DE CONTRATOS
  • Infraestructura (mantenimiento urbano): las obras de infraestructura y mantenimiento urbano son un claro ejemplo del fraccionamiento que mencionamos. Tanto durante el año 2000 como durante el año 2001 se realizaron numerosas licitaciones privadas por montos inferiores a $100.000 para realizar obras que, por sus características, deberían haber sido licitadas de manera pública y conjunta.
  • Servicio de Policía Adicional para Hospitales y Centros de Salud: la Subsecretaría de Servicios Generales invocó la "imprescindible necesidad" que prevé el decreto Nº116/99 para realizar la contratación del Servicio de Policía Adicional aunque excediendo los montos autorizados para el último semestre del año 2000. Al año siguiente esta Subsecretaría fraccionó estos pagos para quedar "en regla".
  • Contrataciones de la Secretaría de Medio Ambiente, se maneja completamente por medio de la contratación directa. El 100% de sus contratos se sujetan al decreto 116/99, alegando "imprescindible necesidad" a la vez que abusa de los fraccionamientos y desdoblamientos.
  1.  
  2. INEFICIENCIA y SOBREPRECIOS
  • Hoteles Pensión: La ciudad realiza contratos por un monto superior a los 14 millones de pesos anuales con hoteles que carecen de servicios y a su vez maltratan y hacinan a los 8000 beneficiarios del programa sin techo. El costo por familia es de 675 pesos por mes, y se recibe a cambio un pésimo servicio. Un informe de la Auditoría de la ciudad detectó sobrefacturación, no pago de ingresos brutos, y las mencionadas condiciones de hacinamiento.

Sobreprecios Incluimos ejemplos en las áreas de comedores comunitarios, sumideros y residuos patológicos, de cómo el gobierno de la ciudad paga precios distintos para servicios y obras similares. Incluimos También un caso significativo: las obras de la Avenida Corrientes.


INFORME

La exposición de los casos se hará de la siguiente manera: primero los casos de violación de las normas de la ciudad; en segunda instancia los mecanismos para evitar las licitaciones públicas (algunas de las cuales abusan de la normativa vigente). Finalmente, los casos sobre ineficiencia manifiesta.

  1. VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y NORMAS INFERIORES
    1. Leyes no reglamentadas
    2. Autopistas Urbanas
    3. Infracciones Electrónicas
  2. PRÓRROGAS DE CONTRATOS, CONTRATACIONES DIRECTAS Y LEGÍTIMO ABONO
    1. UTE Rentas
    2. Higiene Urbana
    3. Contratación del servicio telepostal de la Dirección General de Rentas con OCA
    4. Casos varios de prórrogas, legítimo abono y compras directas: Mantenimiento de Hospitales, comedores escolares, comedores comunitarios, etc.
  3. FRACCIONAMIENTO Y DESDOBLAMIENTO DE CONTRATOS
    1. Infraestructura
    2. Servicio de Policía Adicional para Hospitales y Centros de Salud
    3. Contrataciones de la Secretaría de Medio Ambiente
  4. INEFICIENCIA Y SOBREPRECIOS
    1. Hoteles pensión
    2. Sobreprecios
  1. VIOLACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Y NORMAS INFERIORES
    1. Leyes No Reglamentadas

Leyes vitales para mejorar la calidad de vida de los porteños duermen en los cajones de los expedientes sin ser reglamentadas por el Jefe de Gobierno. Incluso algunas cumplen, contra toda lógica, con el absurdo de haber sido impulsadas por el propio Ibarra.

Ley

Fecha Sanción

Atraso

Impacto que tendría la Reglamentación

Relaciones laborales
sector público (reglamentación parcial)

Agosto de 2000

1 año

 

*Carrera administrativa y evaluación de desempeño
*Cargos gerenciales por concurso en lugar de funcionarios políticos.

Juego de Azar.

 

Diciembre de 2000

7 meses

*Administración y explotación propia de juegos de azar.
*Percepción de ingresos para desarrollo social.

Información Ambiental

noviembre de 1999

Dos años cuatro meses

*Información ciudadana sobre estudios de impacto ambiental, programas públicos y privados de gestión del medio ambiente.

Empleo

diciembre de 1998

Más de 3 años

*Podría ponerse en marcha el Plan Metropolitano de Empleo y Capacitación.
*Se priorizaría en las licitaciones públicas a empresas que creen más puestos de trabajo.
*Los jefes de hogar desocupados gozarían de una bonificación impositiva especial.
*Los desocupados podrían acceder a un sistema de protección mínima asegurada (alimentación, salud, educación de los hijos).
*Las Pymes y micro empresas podrían ser beneficiarias de subvenciones directas si generan empleo.

Régimen de Vehículos Abandonados

Febrero de 2000

Dos años

Retiro de vía pública en 10 días, desguace y compactación.

Emergencia Habitacional

 

Dos años

Créditos o subsidios para individuos, Cooperativas, mutuales y asociaciones civiles. Financiados por la CMV.

Ley de compre porteño

 

Más de seis meses

Establece un orden de prioridad para las micro y pequeñas empresas locales en las licitaciones públicas

 
    1. Autopistas Urbanas SA: Se verifican irregularidades en la renovación del contrato.
    2. El Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra eximió a esta empresa del pago de la deuda que por Impuesto a los Ingresos Brutos mantenía con la ciudad por un valor de $13.500.000, arrogándose funciones legislativas en materia Fiscal y Tributaria que por el art. 80 de la Constitución de la Ciudad le son propias y exclusivas a la Legislatura y que le están expresamente vedadas por el art. 103 de la Constitución de la Ciudad.

      Esta exención irregular e ilegal le permitió al Jefe de Gobierno otorgarle por decreto a Autopistas Urbanas la concesión de las Autopistas AUI; AU6; AU7 y la Avenida 9 de Julio tramo Sur por cinco años a partir del 01 de mayo del año 2002. Ya que de no habérsele condonado ilegalmente la deuda, no hubiese podido contratarla conforme lo mencionado en el inciso 4 "J" del art. 61 del Decreto 5720/72 que establece que "...No podrán contratar con el estado los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales, declarados por autoridad competente, según corresponda, así como también los deudores morosos al fisco".

      Se trata por lo tanto de una "burda" e ilegal maniobra de condonar impuestos cuando no poseen facultad para hacerlo, con el único fin de realizar la contratación.

      Debemos aclarar que AUSA es una Sociedad Anónima con participación estatal que es contratada por el Gobierno de la Ciudad. No es, por lo tanto, una Sociedad Estatal, lo que implica que la contratación con dicha empresa se debería haber realizado llamando una "LICITACIÓN PÚBLICA"

      Por último, es altamente preocupante que en el nuevo contrato no se hayan incluido las pautas de explotación y participación. Anteriormente el 70% de lo obtenido en concepto de peaje era ingresado como recurso al tesoro de la Ciudad (Recursos no tributarios, Explotación de Autopistas) alrededor de $70.000.000 anuales, mientras que el actual Decreto dispone que "la nueva concesión se regirá por las condiciones que establezca el Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo ponerse en vigor a partir del comienzo de la nueva concesión". No es aventurado suponer que se piensa en cambiar el porcentaje o la forma de pago, lo cual implicaría el traspaso de recursos de las cuentas de la ciudad a las de la empresa con la consiguiente falta de control tanto en lo que hace a los mecanismos de contratación de la administración pública como a los institucionales y particularmente los legislativos.

    3. Infracciones Electrónicas

En el caso del control de tránsito la violación de la ley se produce por la ampliación de objetos de contrato sin llamado a licitación. Se modifica la base económica y se amplían notablemente las zonas incluidas por un simple acto administrativo, eludiendo una vez más el correspondiente llamado a licitación.

En 1997 se estableció el uso de medios electrónicos de comprobación de infracciones bajo un plazo de ejecución del contrato es de 5 años.

En el año 2001 se acordó adicionar al servicio prestado por "UTE Itrón" y "UTE Meller". la prestación del servicio de emisión de las actas de comprobación, cédulas de notificación y boletas de pago correspondientes a las infracciones comprendidas en la concesión a cargo de ambas empresas. Por este servicio adicional de emisión, se fijó un precio de $ 1,90 por acta emitida. De este modo se ha modificado la base económica del contrato, que inicialmente establecía el cobro del canon (que incluía la emisión) sólo cuando el infractor abonara el cargo administrativo. A partir de la modificación el concesionario cobra $ 1,90 por Acta emitida sin considerarse si las mismas son abonadas por el infractor.

En la cláusula cuarta de esa acta acuerdo, al concesionario de estas tareas se le han extendido las mismas a otras implicando ello la ampliación del objeto del contrato, cuando debería haberse hecho otra licitación, Ya que los concesionarios ganaron una licitación para controlar una determinada zona, y Abel Fatala, Facundo Suárez Lastra y Raúl Fernández por una simple acta acuerdo "obsequiaron a estas empresas otra zona mayor".

En síntesis, la firma del decreto 61/01 por parte de Aníbal Ibarra que aprueba el acta acuerdo mencionada, modifica el objeto del contrato, en vez de llamar a otra licitación. Se incumple de esta manera con lo establecido en el art. 55 del decreto 5720/72.

  1. PRÓRROGA DE CONTRATOS, CONTRATACIONES DIRECTAS Y LEGÍTIMO ABONO
    1. El Caso UTE-RENTAS
    2. La situación fiscal de la ciudad de Buenos Aires ha empeorado peligrosamente en el último año. Esto ha llevado al ejecutivo local a rever su proyecto de presupuesto para el año 2002, indefectiblemente las proyecciones de recaudación deberán ser corregidas para abajo. Ahora el gobierno se desespera por aumentar los ingresos y bajar los gastos. Hasta hace poco el Gobierno de la Alianza venía malgastando los fondos públicos constituidos por los impuestos que pagan los vecinos de Buenos Aires. En este sentido, es clara la continuidad que se percibe entre el pasado Gobierno de Fernando De la Rúa en la Ciudad y el actual Gobierno de Aníbal Ibarra.

      El Caso UTE-RENTAS, uno de los despilfarros, consistió en la prolongación deliberada e innecesaria del contrato que mantuvo el Gobierno de la Ciudad con el grupo empresario que conforma la UTE-RENTAS, por la prestación del Servicio Integral de Administración de la Cobranza. Esta es la historia de 6 años de connivencia ilegítima.

      La UTE-RENTAS, constituida por tres Sociedades Anónimas, ITRÓN, ITACO y TTI, fue contratada por el Gobierno de la Ciudad el año 1990 para proveer y mantener el sistema computarizado que soporta la función recaudadora de los principales impuestos y contribuciones que percibe la Dirección General de Rentas: Ingresos Brutos, contribuciones inmobiliarias, Patentes y Publicidad. Es decir, la recaudación del 85% de los recursos tributarios de la ciudad depende de este servicio. Por otra parte, es importante señalar que ITRÓN, una de las empresas que participan de este contrato, es la misma empresa que brinda el servicio de multas fotográficas, que tantas polémicas viene generando, por irregularidades en su prestación.

      Del contrato original surgía que los sistemas y programas aplicativos que la empresa empleaba para prestar el servicio eran propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por tanto la UTE se comprometió a entregarlos sin cargo al finalizar el plazo del contrato. La primer prórroga del contrato, que se llevó a cabo desde diciembre del año 1996 hasta diciembre del año 2000, le costó a los contribuyentes porteños $72.000.000, hoy ya suman casi 90 millones.

      La UTE-RENTAS cobraba $18.000.000 anuales por brindar un servicio deficiente. Según el informe 4.06.000, elaborado por la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, se registraron caídas frecuentes en el sistema de comunicaciones, plazos excesivos para la implementación de cambios y mejoras al sistema, tiempos de respuesta interactiva excesivos, demoras exageradas para reparar terminales de los puestos de trabajo, especialmente los de atención al público.

      La Ciudad ya estaba en condiciones de hacerse cargo del servicio, conforme a un análisis de factibilidad del proyecto de traspaso realizado por la propia Dirección General de Estructuras y Sistemas de Información del Gobierno porteño. Desde el punto de vista tecnológico, el 80% de la capacidad operativa del servidor de la Ciudad se encontraba disponible para la incorporación de este sistema y la calificación del personal para la tarea, por su parte, resultaba satisfactoria.

      El contrato original preveía un sistema de trasferencia que debía comenzar a ponerse en marcha 8 meses antes de su finalización. La UTE-RENTAS debía instalar los sistemas, los programas aplicativos y la base de datos en el servidor de la Ciudad, y luego debía capacitar al personal para manejar el sistema.

      La UTE-RENTAS fue notificada mediante nota Nº 234-SHyF-2000, firmada por el Sr. Eduardo Delle Ville, de que el Gobierno de la Ciudad haría efectiva la fecha de finalización del contrato al 31 de diciembre de 2000 y ordenó que se comenzara a ejecutar el plan de traspaso, el cual fue interrumpido en el mes de agosto (asunción de Ibarra). Hacia fines de septiembre el traspaso fue reanudado, para resultar nuevamente interrumpido a partir del 24 de octubre de ese año.

      Durante su campaña a Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra sostuvo que se haría cargo del sistema de recaudación tributaria, pero parece que insiste en tercerizarla. A fines de 2000 se firma un convenio con el Banco Ciudad para hacerse cargo del sistema. Las condiciones del contrato son mejores que con la UTE, la ciudad se ahorraría ahora 5,5 millones de pesos anuales. Sin embargo, si la ciudad realizara este servicio con sus propios equipos, no le costaría un solo centavo.

      Empero, desde el fin de la prórroga el 31 de marzo de 2001, la UTE Rentas siguió realizando sus tareas sin ninguna relación contractual con el Gobierno. Esta irregularidad fue finalmente "salvada" por un decreto de octubre, N° 1.534 (BO 1301 publicado el 22/10/01), que retroactivamente prorroga el convenio vencido seis meses antes.

      Hoy día estamos en pleno período de transferencia entre UTE Rentas y el Banco Ciudad Actualmente el contrato celebrado con el Banco Ciudad se está renegociando en el marco de la Ley de Emergencia de la Ciudad.

    3. Higiene Urbana

La gestión de los residuos de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los problemas más importantes para la población debido al impacto en su calidad de vida y en sus bolsillos. La recolección de residuos y su posterior disposición final implican el contrato más grande del Gobierno de la Ciudad.

El GCBA gasta aproximadamente 200 millones de pesos por año en la gestión de la basura. Se paga la suma de 138 millones por año a las empresas que realizan la recolección de residuos, 51 millones al CEAMSE por relleno sanitario y 11 millones por la recolección que realiza el gobierno de la ciudad directamente (Zona 5).

La Ciudad está dividida en cinco zonas: 4 concesionadas a las empresas CLIBA, SOLURBAN, ECOHABITAT y AEBA. En la zona 5 la recolección de residuos se hace directamente por la administración comunal.

Las empresas realizan estos servicios:

  • Recolección de residuos sólidos domiciliarios.
  • Barrido manual, mecánico de calles.
  • Limpieza de sumideros y nexos.

Las empresas cobran por recoger la basura entre 25 y 30 pesos por tonelada.

El relleno sanitario lo hace el CEAMSE y cobra por pesar la basura $ 25 la tonelada y además cobra $10 por tonelada para su disposición final.

No obstante la importancia y envergadura de esta tarea, se observan innumerables irregularidades en las actividades del Poder Ejecutivo local. Mirada en perspectiva esta suma de conductas anómalas nos lleva a sospechar de decisiones políticas al respecto que tienen un carácter sistemático, su corolario fue la prórroga de las concesiones de enero de 2002 por un año más.

Enumeramos a continuación las principales conductas irregulares del Gobierno de la Alianza:

  • El Gobierno no realiza los controles exigidos en el pliego de licitación. La Auditoría constató que durante el año 1998 el control de la actividad del servicio de inspección realizada por el Gobierno sólo se limitó a aspectos formales de la documentación presentada por el CEAMSE. No se constataron controles en el campo durante el período auditado. A esto se suma otro informe de la Auditoría que denuncia las diferencias en los pesajes realizados en las estaciones de transferencias, que pertenecen al CEAMSE, de 40.000 kilogramos por turno en cada estación de transferencia (existen tres). El perjuicio económico para la comuna alcanza $ 8.871.172 por año. La empresa que controla el pesaje cobra también por tonelada recibida: el lobo cuida a las ovejas.
  • Las empresas también realizan servicios especiales que no están claramente definidos en el pliego, se pagan aparte y en algunos casos se superponen con tareas que fueron contratadas por otras secretarías, por ejemplo limpieza de plazas. En 1998, solamente para dos zonas se pagaron alrededor de 2 millones 500 mil pesos más. La decisión para encargar servicios adicionales es discrecional. El Director General los solicita sin fundamentar su necesidad. Esto esconde una transferencia de ingresos hacia las empresas de manera injustificada. El pliego establece que los servicios adicionales no deben sobrepasar el 20% del monto contratado por los servicios básicos, sin embargo, el Director General de Higiene Urbana autorizó para el año 1998 un 32% de adicionales (Zona 1 Servicios Básicos $20.660.970,40; Servicios Adicionales $6.656.059,51).
  • Se contrata a la Facultad de Ingeniería para el control de las tareas llevadas adelante por la empresa en la zona 1 a pesar de que el pliego es claro y establece que solamente puede ser llevado a cabo el control por agentes de la Dirección General de Higiene Urbana. En esta misma situación se encuentra el contrato celebrado con el CEAMSE para las zonas 2; 3 y 4. En el año 1999 se había contratado a la empresa IATASA para el control de la zona 1. Todas estas contrataciones se hacen por fuera del marco legal y con el aval de la Procuración de la Ciudad. El gobierno se desentiende de sus responsabilidades favoreciendo negocios privados.
  • El valor promedio del costo del servicio de recolección de basura por tonelada en las zonas que gestiona directamente la Ciudad es de 48 pesos. Mientras que en las zonas que manejan las empresas privatizadas este costo asciende a más del doble: 113 pesos.
  • Tampoco se ha solucionado el grave problema de los basurales clandestinos, que se limpian y vuelven a llenarse por falta de control y políticas respecto del sector de volqueteros, con los consiguientes costos económicos y ambientales para la Ciudad.
  • Del total de deficiencias detectadas en los servicios de recolección de residuos es ínfima la cantidad de penalidades ejecutadas. Por ejemplo, en el año 2000 se detectaron 68.369 irregularidades en la zona 1, sin embargo, sólo se registran 4 multas.
  • Según el artículo 5º del pliego de Bases y Condiciones el contrato del servicio de Higiene Urbana tiene una vigencia de cuatro años desde la firma, 180 días antes de la fecha de terminación. El Gobierno prepara un informe de evaluación del desempeño del Contratista, basado en la información que surja de la aplicación del artículo 54 y artículo 77. En función de este informe de evaluación el Gobierno podrá prorrogar el contrato por un período de dos años por única vez. La administración de Ibarra ha dado claras muestras de su incapacidad para controlar la ejecución de los pliegos de concesión, por ende, no puede fundamentar la prórroga por la calidad de la prestación. En el caso de que se ejercite por única vez la prórroga del contrato, ni las condiciones ni los precios vigentes sufrirán modificación alguna, a excepción de lo establecido en el capítulo XII de este pliego (del precio y forma de pago). Por ello se premia con la contratación directa de "servicios especiales", por montos superiores a los permitidos.

El gobierno de Ibarra tuvo dos años para realizar los pliegos de licitación y alegó falta de tiempo para justificar la prórroga. No se dice nada en el decreto de prórroga acerca de la limpieza de sumideros y nexos, actividad que se encuentra duplicada con la licitación 77/93 que ahora se contrata mediante legítimo abono. La prórroga del contrato de higiene urbana produce la prórroga de los contratos de inspección, que fueron observados por la auditoria por violar la normativa vigente.

    1. Contratación del servicio telepostal de la Dirección General de Rentas con OCA

Se trata del servicio admisión, clasificación, registro, transporte y distribución de piezas postales de la Dirección General de Rentas.

El Poder Ejecutivo, una vez vencido el plazo de la licitación original, prorrogó mediante el Dec. 720/2000 el contrato en cuestión hasta el 30/12/2000. Pero, una vez vencido este plazo la empresa continuó prestando el servicio de "facto", sin que mediare acto administrativo alguno que sustente la prestación del mismo, hasta que el 24/10/2001 (diez meses vencida la primer prórroga) el Jefe de Gobierno mediante el decreto 1659/2001 aprueba una nueva prórroga. El monto de contrato prorrogado es de $10.213.415,43 hasta el 31/12/2001, provocándose en lo que va del año un nuevo período sin acto administrativo que lo sustente.

En síntesis, el caso DGR/OCA es un claro ejemplo del modus operandi del gobierno de la ciudad, el cual ha sido altamente oneroso para los vecinos que lo sostienen, según podemos observar en el siguiente cuadro comparativo con lo que pagan otras jurisdicciones por el mismo servicio.


Tipo de servicio

GCBA c/OCA

La Matanza

C/ Correo Bonaerense

Tigre c/Servicor

Mendoza c/TAC

Lomas de Zamora c/Correo Argentino

Carta simple

0,83

0,42

0,41

0,44

0,33

Carta certificada

1,98

1,10

0,77

 

1,18

Carta Certificada con aviso de retorno

3,32

1,50

1,08

1,39 BV

1,60


Finalmente, luego de estas prórrogas, se ha puesto en marcha la licitación.
    1. Casos Varios: Legitimo Abono, Prórrogas y Compras Directas

El Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra mantiene relaciones contractuales de hecho sin ningún tipo de respaldo legal, lo hace por el sistema de pago por legítimo abono para la provisión de servicios por montos millonarios.

Ejemplos:

    1. Contrato de Mantenimiento de Hospitales por un monto que supera los $27.000.000 anuales. Se trata de los Servicios de limpieza no concesionados y obras y mantenimiento de hospitales de la Secretaría de Salud. Estas contrataciones no siguen un procedimiento de selección previa del contratante. Su efectivización se realiza directamente mediante la emisión de una orden de provisión cuya aprobación, con posterioridad a la ejecución de los trabajos se efectúa -en el 89% de los hospitales de la Ciudad- con fundamento en el mentado decreto 116/99.

Conforme surge de un informe de la Auditoria de la Ciudad de Buenos Aires las erogaciones correspondientes a los contratos de obra y mantenimiento de hospitales autorizadas por el decreto 116/99 suman un total de $27.331.922,62.

Es de suma importancia, tener en cuenta lo que refieren las "OBSERVACIONES" que han sido realizadas en el informe citado, y relativo a la legalidad de los actos administrativos. En ese marco, se establece en dicho texto emitido por el Órgano de contralor de la Ciudad, que los "..diversos contratos de Concesión de Obras y Mantenimientos de Hospitales y Establecimientos Asistenciales Municipales adjudicados por decreto del Intendente Municipal Nro. 3313/91, expediente 47111/91, continúan siendo ejecutados a pesar de haber operado su vencimiento durante los años 1998 y 1999, sin un marco contractual vigente y al margen de las normas que en materia de contrataciones establece la Ordenanza 31.655/76..."

          1. Comedores Escolares, "Servicio de elaboración de comidas y distribución en mesas" contratos por más de $10.000.000 anuales. Prórroga por el año 2001, la misma es por un monto de $10.792.852,96. Entre las empresas la que recibe el mayor monto es EMEPA S.A. con $1.661.961,77
          2. Contrato de comida para grupos comunitarios por $10.000.000 anuales.
  1. FRACCIONAMIENTO Y DESDOBLAMIENTO DE CONTRATOS
    1. Infraestructura

En este caso se trata de contrataciones por Licitación privada por el régimen de obra menor:

Durante toda la gestión Ibarra encontramos ejemplos del mecanismo de fraccionamiento, pero en el segundo semestre del 2000 (comienzo de esta gestión), el monto es bastante llamativo:

  • El día 15/11/2000 (publicado en le Boletín Oficial del 30/11/2000) se contrata cuatro veces a la empresa VIALTEK SRL para la realización de obras hidráulicas en cuatro resoluciones diferentes, cada una por la suma de 99.000. Contrataciones Nº 045/2000, Nº035/2000, Nº036/00 y Nº037/2000.

Ya en el año 2001 el mecanismo continuaba siendo el mismo, aunque ahora se opta por contratar por un monto menos llamativo. De todas maneras el fraccionamiento sigue siendo obvio:

  • El día 20/7/2001 (publicado en el Boletín Oficial el día 31/7/2001) se contrata para la construcción y mantenimiento de pavimentos tres veces a la empresa RICAVIAL SA. Las contrataciones son la Nº51/01 por $66.121,60, la 53/01 por $67.141,33 y la 92/01 por $76.866,20
  • El mismo día 20/7/2001 (publicado en el Boletín Oficial el día 31/7/2001) se contrata para la construcción y mantenimiento de pavimentos tres veces a la empresa VIANI SA. Las contrataciones son la Nº54/01 por $68.677,27, la 55/01 por $63.136,10 y la 45/01 por $73.442,88.
    1. Servicio de Policía Adicional para Hospitales y Centros de Salud
    2. En el ámbito de la Dirección de Seguridad dependiente de Jefatura de Gobierno, a partir del mes de noviembre de 1999 se da inicio al servicio de Policía Adicional en diversos hospitales y centros de salud, solicitado a través de una Nota de la Ex Dirección de seguridad de la Dirección de servicios Generales. La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, transfirió los fondos para abonar dichos servicios, los que fueron incorporados al presupuesto del Año 2000, en el Programa N°27 "Servicios de Seguridad" (el monto ha sido de $2.400.000 en el año 2000).

      Durante la primera mitad del año 2000, los pagos de los servicios fueron efectuados directamente por la Dirección General de Servicios Generales, rindiéndose los fondos utilizados a la Secretaría de Hacienda y Finanzas. En la segunda mitad del referido año, los montos a abonar fueron aprobados por la Subsecretaría de Servicios Generales que con fecha 29 de diciembre de 2000, dicta diversas resoluciones invocando las facultades conferidas por el Decreto N°116/99, en las cuales autoriza el gasto en concepto de servicios adicionales de la Policía Federal, correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de ese año.

      De más está decir que no podemos hablar en este caso de "imprescindible necesidad", dado que la misma ya había sido previsto casi un año atrás, pero ello no es todo, sino que además los montos que se han abonado exceden el máximo establecido por el decreto 116/99 (Que era de $ 100.000 para el caso de gasto efectuado por Subsecretarios).

      Pero, como los gastos mensuales autorizados por las resoluciones que dictara la Subsecretaria de Servicios Generales, excedían el monto previsto por el Decreto 116/99, estos han sido fraccionados en parciales, burlando de esta manera no sólo al Decreto, sino fundamentalmente el espíritu del mismo. Así, en el mes de julio, se han establecido pagos por dos parciales de $88.133,10; en agosto: dos parciales de $ 88.226,60; en septiembre: dos parciales de $85.515,10; en octubre: dos parciales de $ 88.320, 10 y en noviembre y diciembre: Cinco parciales de $ 75.66,20. Esto nos da como resultado que el monto que se ha aprobado es de un total de $1.078.690,80.

    3. Funcionamiento de la Secretaría de Medio Ambiente

En el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, el 100% de las contrataciones SON DIRECTAS. La aprobación del gasto se realiza en todos los casos mediante la utilización del decreto 116/99, por ejemplo, se reiteran el alquiler de camiones volcadores e hidroelevadores realizados en forma continua en el año 2000, con sólo dos empresas proveedoras de este servicio, como son RENTALIFT y CLEAR PLAZA S.A. en un claro ejemplo de desdoblamiento. Según la Auditoría de la ciudad, las compras directas (en el 87,5 % de los casos) son aprobadas sin que en las mismas conste el fundamento que justifiquen la excepcionalidad de la urgencia.

A continuación incorporamos un cuadro proveniente del mencionado informe de auditoría.

 

COMPRAS Y CONTRATACIONES - UNIVERSO Y MUESTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden Nº

PEDIDO

TAREA / CONCEPTO

CONTRATISTA

IMPORTE

OBS.

Tipo

1

Expediente 44954/98

tareas de plantación de árboles, extracción de árboles secos, construcción de planteras, cortes de rama y otras tareas anexas

 

$830.121,46

 

 Lic. Privada

2

Expediente 44270/98

tareas de poda y corte de rama en arbolado en arbolado

 

$94.356,62

Neutralizada por Disposición 3733-DGEV-98

 Lic. Privada

5

mar-00

adquisición de motosierras

PRODER S.A.O.C.

$72.600,92

11/7/00

Lic. Privada. Expediente Nº 7885/00

9

Nota 1338-DGEV-2000

Elementos de seguridad - herramientas, etc.

DECORSAN S.R.L.

$49.794,49

24/5/00

Cont. Directa. Dec. 116

10

Nota 457-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$7.462,50

9/3/00

Cont. Directa. Dec. 116

11

Nota 617-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$7.721,20

14/3/00

Cont. Directa. Dec. 116

12

Nota 453-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores y camiones volcadores

CLEAR PLAZA SA

$37.474,20

7/4/00

Cont. Directa. Dec. 116

13

Nota 743-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores y camiones volcadores

CLEAR PLAZA SA

$37.920,00

7/4/00

Cont. Directa. Dec. 116

14

Nota 739-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$4.935,20

29/3/00

Cont. Directa. Dec. 116

15

Nota 741-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores, camiones volcadores y equipos varios y provisión de tilos

CLEAR PLAZA SA

$170.388,20

30/3/00

Cont. Directa. Dec. 116

18

Nota 1062-DGEV-2000

Alquiler de camiones volcadores e hidroelevadores

CLEAR PLAZA SA

$83.627,30

11/5/00

Cont. Directa. Dec. 116

19

Nota 1279-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$12.258,40

17/5/00

Cont. Directa. Dec. 116

21

Nota 1543-DGEV-2000

Alquiler de camiones, hidroelevadores, hidrogrúa, camiones volcadores y equipos varios

CLEAR PLAZA

$208.606,00

15/6/00

Cont. Directa. Dec. 116

23

Nota 1549-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$5.572,00

21/6/00

Cont. Directa. Dec. 116

24

Nota 1550-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores, camiones y almeja

CLEAR PLAZA SA

$119.681,35

26/6/00

Cont. Directa. Dec. 116

27

Nota 1705-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$12.338,00

13/7/00

Cont. Directa. Dec. 116

28

Nota 1815-DGEV-2000

Alquiler de camiones volcadores e hidroelevadores

CLEAR PLAZA SA

$239.113,50

24/7/00

Cont. Directa. Dec. 116

29

Nota 2007-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$11.303,20

14/8/00

Cont. Directa. Dec. 116

31

Nota 2134-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores y camiones

CLEAR PLAZA SA

$153.675,10

29/8/00

Cont. Directa. Dec. 116

32

Nota 2137-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$17.153,80

4/9/00

Cont. Directa. Dec. 116

34

Nota 2479-DGEV-2000

Alquiler de camiones e hidroelevadores

CLEAR PLAZA SA

$55.044,40

28/9/00

Cont. Directa. Dec. 116

36

Nota 2621-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$8.159,00

19/10/00

Cont. Directa. Dec. 116

37

Nota 2623-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$5.691,40

27/10/00

Cont. Directa. Dec. 116

38

Nota 2624-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores y camiones volcadores

CLEAR PLAZA SA

$147.312,00

27/10/00

Cont. Directa. Dec. 116

40

Nota 2848-DGEV-00

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$5.054,60

9/11/00

Cont. Directa. Dec. 116

42

Nota 2963-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores, camiones volcadores

CLEAR PLAZA SA

$210.515,00

27/11/00

Cont. Directa. Dec. 116

43

Nota 2964-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$4.855,60

27/11/00

Cont. Directa. Dec. 116

44

Nota 3109-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$6.646,60

12/12/00

Cont. Directa. Dec. 116

45

Nota 3321-DGEV-2000

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$3.820,80

26/12/00

Cont. Directa. Dec. 116

46

Nota 3326-DGEV-2000

Alquiler de camiones e hidroelevadores

CLEAR PLAZA SA

$300.762,40

28/12/00

Cont. Directa. Dec. 116

47

Nota 34-DGEV-2001

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$17.711,00

2/1/01

Cont. Directa. Dec. 116

48

Nota 75-DGEV-2001

Alquiler de hidroelevadores

RENTALIFT

$5.412,80

8/1/01

Cont. Directa. Dec. 116

 
  1. INEFICIENCIA Y SOBREPRECIOS
    1. Hoteles Pensión

Ibarra mantiene un sistema de vivienda transitoria que huele a oscuros manejos y devolución de favores políticos y que deriva a los ciudadanos sin techo propio hacia residencias decadentes que no cumplen ni siquiera con las condiciones mínimas de habitabilidad. La Vice Jefa de Gobierno, Cecilia Felgueras en persona, en aquel momento como Secretaria de Promoción Social y ante los legisladores de la ciudad, se había comprometido a reemplazarlo ya hace 2 años.

Durante el 2001 la Secretaría de Promoción Social porteña fue el organismo encargado de derivar a unos 4500 niños y 4100 adultos a los hoteles mediante dos programas de asistencia: Programa de Asistencia a Familias en Crisis (PAFEC) y Programa para la Atención de Familias Sin Techo (PASFT). "En un año el costo hotelero le insume a la Ciudad la suma de $14.155.065; los 99 hoteles contratados reciben entonces un promedio anual de $150.000."

  • El costo que paga el GCBA por persona atendida es de $ 4,5, algo así como $ 135 mensuales por persona y $ 675 por familia. El costo por familia es igual al de un alquiler de un tres ambientes en las zonas más cara de la ciudad.

Además del excesivo costo, y de la forma en que se contrata, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires ha detectado las siguientes irregularidades (Informe de Gestión del Programa de asistencia a los sin techo, aprobado el 21 de noviembre de 2001).

  • Los hoteles facturan por una mayor cantidad de gente de la que en realidad atienden.
  • No se cumple con la retención del impuesto sobre los ingresos brutos en los pagos efectuados a los hoteles durante el año 2000, por un total de $ 150.000. Decreto 977/97.
  • Los hoteles no proveen los servicios de provisión y lavado de ropa cama y limpieza de habitaciones y no cumplen con las medidas mínimas de las habitaciones. Decreto 607/97.
  • La Auditoría verificó sobre los hoteles seleccionados en la muestra 1656 personas alojadas y sólo 1409 camas.
  • De 16 hoteles verificados sólo 6 se hallaban habilitados por la Dirección General de Verificaciones y Habilitaciones.
  • Apenas el 15% de las habitaciones verificadas cumplen con el código de habilitaciones.
  • Los registros de los hoteles no son confiables y la información depende de datos otorgados por los encargados. De esta manera se generan condiciones para la generación de irregularidades y fraudes importantes.
    1. Sobreprecios

Para culminar el Informe incluiremos algunos ejemplos de situaciones en que se pagan precios distintos para servicios y obras similares.

Las obras de la Avenida Corrientes

El gobierno de Aníbal Ibarra pagó sobreprecios de hasta un 970% en las obras de Avenida Corrientes.

  • En las obras de Avenida Corrientes el Gobierno de la Ciudad le pagó a la empresa COVICSA $6.850 por columna de alumbrado, mientras que el valor de mercado es de $707,51 (un 870% de más)
  • Si sumamos a esta diferencia, la que se produce en la instalación obtenemos el siguiente total: por las columnas de alumbrado instaladas en Avenida Corrientes se pagaron $15.046,39 mientras que el valor de mercado es de $2.521,85 (casi un 500% más).
  • El metro cuadrado de adoquines le costó al Gobierno de la Ciudad en las obras de Avenida Corrientes $57,62, mientras que el valor de mercado es de $16,78 (243% de más).
  • El Gobierno de la Ciudad pagó en total por las obras de la Avenida Corrientes $2.763.281,01 mientras que el valor de mercado de la obra asciende a $1.232.099,57, pagándose de más $1.531.181,44 (124% de más).

COMEDORES COMUNITARIOS

  • Durante el año 2000 y 2001 se le pagó a la empresa E. ORNARD S.A. por el desayuno y la merienda $0,7522 por ración mientras que a la empresa PRODECOM S.A. se le pagó $0,6611.-
  • Durante el año 2000 y 2001 se le pagó a la empresa E. ORNARD SA por almuerzo y cena $2,2691 por ración mientras que a la empresa PRODECOM SA se le pagó $2,0422.-

SUMIDEROS

  • El 15/11/00 se adjudica a la empresa DYCO SA las obras de sumideros por un monto de $675 por unidad para el CGP Nº 14 ; mientras que a la empresa VIALTEK se le adjudica la misma fecha por obras similares en CGP Nº 4 por un monto de 418,90 por unidad.
  • El 15/11/00 se adjudica a la empresa VIALTEK las obras de sumideros en el CGP Nº 4 por un monto de $418,90 por unidad, mientras que en el CGP Nº 3 por las mismas obras se la adjudica por $448,99.
  • El 15/11/00 se adjudica a la empresa FONTANA NICASTRO las obras de sumideros en el CGP Nº 12 por un monto de $520 por unidad, mientras que se adjudica a la misma empresa el mismo día las obras de sumideros del CGP Nº 11 por un monto de $464 por unidad.

RESIDUOS PATOLÓGICOS

  • Por el autolavado a vapor más trituración el gobierno le paga a la empresa DRP $0,85 por kg. en el Hospital Alvarez, mientras que a la misma empresa por el mismo servicio en el Hospital Sarda se le paga $0,42 por kg.
  • Por incineración pirolítica se le paga a la empresa SOMA S.A. en el Hospital Piñeiro $0,78 por kg., mientras que en el Hospital Vélez Sarsfield a la misma empresa por el mismo servicio se le paga $0,72 por kg.

Por incineración pirolítica se le paga a la empresa TRIECO S.A. en el Hospital Ramos Mejía $0,92 por kg., mientras que en el Hospital Pirovano a la misma empresa por el mismo servicio se le paga $0,34 por kg.



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