BuenosAires, 29 de mayo de 2002

Señor:

Ministro de Economía de la Nación

Lic. D. Roberto Lavagna

S               /                   D

 

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fín de presentar mi informe final sobre la tarea de evaluación que me encomendara sobre el proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos y sobre la organización y desempeño de la "Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos", en adelante LA COMISIÓN.

Este informe debe ser considerado complementario al que, con fecha 13 de mayo de 2002, presentara el señor Secretario y Coordinador General Lic. José A. Barbero.

Dicho informe es suficientemente ilustrativo sobre la situación actual y ha sido realizado con un gran rigor metodológico.

En primer lugar quiero destacar especialmente la colaboración prestada por los funcionarios, técnicos y empleados de LA COMISION.

En general la labor realizada por ellos en la primera etapa de diseño y recopilación de la información, es encomiable.

En la casi totalidad de los casos en que este informe marca diferencias con lo actuado obedece a las carencias observadas en la fijación de objetivos por parte de las autoridades superiores; a la falta casi total de medios y a la poca y muchas veces nula cooperación prestada por otros organismos públicos.

Es por ello que mi primera recomendación se refiere a la continuidad de LA COMISIÓN cuyos integrantes han tenido un cúmulo de información, conocimiento y experiencias que resultara sin duda invalorable en la próxima etapa que podemos denominar de renegociación propiamente dicha.

I. OBJETO Y DENOMINACION DE LA COMISION

Los artículos 8 y 9 de la ley 25.561 se refieren a los contratos de obras y a los de servicios públicos. Ambos - deben ser renegociados por al Poder Ejecutivo nacional. Solo a los que tengan por objeto la prestación de un servicio público si le aplican los criterios enumerados en el artículo 9.

La denominación de LA COMISIÓN pareciera incluir a ambos tipos de contratos.

Las normas posteriores a la ley 25.561 referidas a LA COMISIÓN, se refieren - en cambio - exclusivamente a los contratos de servicios públicos.

Si bien como se señala en el punto III existe una gran correlación entre las soluciones que deben aplicarse a ambos tipos de contratos, se aconseja modificar la denominación de LA COMISIÓN y aclarar debidamente que no es de su competencia la renegociación de los contratos de obras públicas.

  1. INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE "LA COMISIÓN"

Por las razones que en cada caso se indican propongo ampliar la integración de "LA COMISION" de la siguiente manera:

II.1 Incorporar como miembro no permanente a la Secretaria de Política Económica a los efectos de tratar los temas a que se refiere el punto IV del presente.

II.2 Incorporar como miembro permanentes a los Senadores y Diputados que integren la Comisión Bicameral instituida por el artículo 20 de la ley 25.561

II.3 Incorporar como miembros alternos a cuatro representantes de los consumidores a fin de que asistan al titular en las siguientes áreas:

  • Energía

  • Transporte

  • Comunicaciones

  • Aguas y Servicios Sanitarios

II.4 Incorporar de manera circunstancial reglamentación vigente la forma, oportunidad y alcance que tendrán las audiencias públicas en todas las futuras etapas de renegociación.

Ello con miras a cumplimentar disposiciones vigentes (ver punto VI ) y a dotar de la mas amplia transparencia al proceso de renegociación mediante la participación de todos los sectores interesados.

III. LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

Este tipo de contratos, al igual que el de concesión de servicios públicos, está incluidos en el procesó de renegociación que debe realizar el Poder Ejecutivo nacional.

La renegociación de los referidos a los servicios públicos han sido materia de un completo y sistemático proceso de información y evaluación.

No ha ocurrido lo propio con los contratos de obras públicas para cuya renegociación no se han establecido pautas y procedimientos generales.

Es por ello que tramitan distintos proyectos de decretos, originados en distintas áreas de gobierno.

El proyecto originado en la Secretaría de Obras Públicas, prevé un aumento del 18 % (diez por ciento) para las obras de arquitectura y del 28 % (veintiocho por ciento) para las obras de injerencias.

Esos porcentajes son superiores a los que se observan en el índice de la construcción.

La aplicación de un porcentaje de aumento general contrario a la ley 25.561que faculta al Poder Ejecutivo nacional a renegociar cada contratos y no a aplicar un aumento de carácter general.

Aprobar un sistema como el propuesto y fijar esos porcentajes de aumentos generales (mas allá. que la renegociación de un contrato en particular lo haga aconsejable) fijaría un piso a la renegociación de los contratos de concesión de servicios públicos económicamente insostenible y socialmente inviable.

De allí que se desaconseje proseguir con el sistema que propone ese proyecto de decreto.

IV. REQUISITOS INEXORABLES PARA LA TOMA DE UNA DECISIÓN LEGÍTIMA EN MATERIA DE AUMENTOS TARIFARIOS

IV.l- Los límites de la Delegación de Facultades.
La Ley 25.561 declaró -con arreglo a lo dispuesto en el art. 76 de la Constitución Nacional-, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al PE las facultades comprendidas en ella, hasta el 10 de diciembre de 2003, de acuerdo a las bases que establece en su art. 1.

Estas fueron las siguientes:

1.-Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.

2.-Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales.

3.-Crear condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda pública.

4.-Reglar la reestructuración de la obligaciones en curso de ejecución afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el art. 2

Técnicamente, lo que el Congreso de la Nación hizo fue una delegación de sus facultades propias en el Poder Ejecutivo nacional, con el criterio de excepcionalidad previsto en el art. 76 de la C.N.; en el caso: por razones de emergencia pública, con una limitación temporal y dejando fijadas de antemano las bases dentro de las cuales habría de moverse el poder delegado. Concretamente la política legislativa dentro de la cual el PE debía ejercitar las facultades delegadas de modo inexorable.

El artículo 9º de ley 25.561, con esa misma finalidad (dejar sentadas las bases de ejercicio del poder delegado) autorizó al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos que tuvieran por objeto la prestación de servicios públicos tomando en consideración los siguientes aspectos:

1. El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos.

2. La calidad de los servicios. y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.

3. El interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios

4. La seguridad de los sistemas comprendidos.

5. La rentabilidad de las empresas.

A esos aspectos se agregó por el artículo 3º del Decreto 293/02, los siguientes criterios a tener en cuenta en la renegociación

6. Las inversiones efectivamente realizadas

7. Las obligaciones comprometidas contractualmente

Como se ha dicho el artículo 3º del Decreto 293/02 estableció como guía de la renegociación los criterios enumerados de 1) a 5) y agregó los enumerados como nuevos 6) y 7).

El Decreto 370/02 estableció la composición de LA COMISION.

A su turno la Resolución Nº 20/02 del Ministerio de Economía aprobó las normas de procedimiento para la renegociación.

Estás normas se refieren al modo en que las empresas deberán presentar la información y su contenido se refiere a la empresa frente a la emergencia económica.

El Punto 3 del Anexo a la mencionada Resolución 20/02 enuncia la información requerida que - por definición - no puede contener los aspectos señalados en los puntos 1) y 3) anteriores.

No existen antecedentes en LA COMISIÓN sobre la realización de estudios tendientes a evaluar cualitativamente y cuantitativamente:

1. El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de ingreso.

2. El interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios.

Estos dos aspectos esenciales en el proceso de renegociación. debieron ser analizados por la Secretaría de Política Económica. En el segundo de los puntos señalados deben tener necesaria intervención las organizaciones libres del pueblo representativas de los usuarios conjuntamente con la Secretaría de la Competencia, Desregulación y Defensa del Consumidor.

IV.2. La distribución del ingreso

Entre enero y abril de 2002 el incremento de precios al consumidor fue del 21,1 % y la canasta básica de alimentos subió en un 35,2%.

Algunas estimaciones privadas ubican el actual poder adquisitivo de los salarios en la mitad del que se registraba en 1974.

En 1974, último año de la acción de gobierno del presidente Juan Domingo Perón se registró el P.B.I. por habitante mas alto de la historia económica argentina (medido correctamente en moneda argentina y no distorsionado por la sobreevaluación de la moneda).

Ese nivel de actividad fue acompañado con el registro más alto de la participación de los salarios en el Ingreso Nacional, con plena ocupación, con equilibrio externo y casi nulo endeudamiento exterior.

La actual situación del salario real, unida a la fuerte disminución
de la demanda de los servicios públicos y al incremento de la morosidad, hacen hoy impensable un aumento de tarifas con carácter general sin que, previamente se recomponga el salario real.

Los aspectos referidos a la distribución del ingreso y al impacto de las tarifas en la competitividad de la economía debieron y deben ser materia de permanente estudio y evaluación por parte de la Secretaría de Política Económica.

Si al momento de la decisión se careciera de una adecuada ponderación de ellos, que conduzca a una solución armónica de los intereses en juego y de los bienes jurídicos que deben protegerse, los actos administrativos que se adopten en materia tarifaria serán ilegítimos por exceder los límites de la política legislativa fíjada por el Congreso de la Nación al delegar en el PE las facultad de renegociar los contratos alcanzados por el art. 8 de la ley, y por falta de coherencia con las normas internas del sistema.

En defensa de esa coherencia, las decisiones a adaptarse en materia de tarifas de servicios públicos exige un examen de cada uno de los recaudos referidos que surgen de su texto expreso, iluminados por la impronta de que la emergencia pública no fue declarada sólo en materia económica financiera o cambiaría sino también social. El PE debe tener en cuenta no sólo variables económicas, sino también variables sociales. En este orden de ideas, se han señalado los requisitos que expresamente la ley contempla para estos contratos y merecen esmerada ponderación. (El impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y -en la distribución de los usuarios y la accesibilidad de los servicios).

Por otra parte, sería incoherente y por lo tanto, carente de legitimid que una decisión de recomposición de las tarifas de los servicios públicos desatendiera la dirección que tuvieron otras decisiones de la política gubernamental que concedieron especial protección a los sectores sociales más débiles, en atención a la declarada emergencia social. Por ejemplo, supresión del CER en Préstamos hipotecarios, las excepciones al corralito, obligación de recetar monodrogas, la creación del Plan Jefes y Jefas de Hogar etc. En idéntico sentido, sería inconsistente con el resto del sistema, que decisión de aumento tarifario indiscriminado no tuviese en cuenta su impacto en el presupuesto del 50% de la población que se encuentra por debajo de los niveles de pobreza, que no calculara el monto que la tarifas de los servicio básicos representarán en la economía de los Jefes de Hogar, que no contemplara que el incremento no sólo producirá impacto directo en los usuarios domiciliarios, sino un incremento de la inílación al reflejarse en los costos directos de producción de bienes y servicios.

Finalmente, un aumento tarifario indiscriminado que no decidiera 1a cuestión atendiendo al juego de todas estas variables, mediante el juego armónico de los intereses en tensión y las normas comprometidas con una visión sistemática de ellas, sería un acto ilegítimo por falta de motivación.

V. LOS EFECTOS DE LA DEVALUACIÓN

La información requerida por LA COMISIÓN se refiere en general al impacto producido por la declaración de la emergencia económica.
En muchos casos las empresas consideraron que debían incluir en su presentaciones los efectos producidos por la devaluación en su endeudamiento externo y en el valor de su patrimonio.
Por eso LA COMISIÓN debió y debe aún hoy aclarar por los medios correspondientes que el objeto esencial de la renegociación es tutelar la equidad en la relación y que el valor de la moneda no admite responsabilidad por incumplímiento contractual.

El valor de la moneda es fijado por el Estado Soberano art. 75 inc. 11 C.N.), no por el Estado contratante.

No se trata entonces de resarcir al contratista sino de aplicar el principio de defensa del bien común y esfuerzo equitativamente compartido.

V.1. Efectos de la devaluación sobre el patrimonio neto

Los concesionarios de los servicios públicos han adoptado forma societarias regidas por la ley argentina.
Deben, por lo tanto llevar, su contabilidad en moneda nacional.

Pese a ello existen presentaciones que expresan sus balances, y particularmente su patrimonio neto, en dólares estadounidenses.

Han realizado comparaciones del patrimonio neto - expresado en dólares - entre la situación anterior a la declaración de la emergencia y la situación actual.

Obvio es señalar que una comparación así realizada, -da como resultado importantes pérdidas, como le ocurre a todo propietario de bienes ubicados en el país que haga ese tipo de cálculo.

La diferencia patrimonial así calculada no puede ser resarcida por vía tarífaria. Tampoco puede ser considerada como parte del sacrificio que debe compartir el concesionario en este proceso de renegociación.

V.2. Efectos de la devaulación sobre el endeudamiento externo

Algunas empresas ante al falta de capital propio; del aporte de capital de los accionistas y frente a la necesidad de cumplir planes de inversión o requerimientos de capital de trabajo, recurrieron al endeudamiento externo.

Fueron decisiones empresarias tomadas en el marco de la legislación entonces vigente y motivadas por las diferencias de tasas de interés - en algunos casos - porque su propia casa matriz o sus vinculadas actuaban como entidades prestadoras o les eran ventajosos otros mercados de capitales.

Quienes así se endeudaron tuvieron la opción de recurrir al mercado de capitales y al sistema financiero argentino.
De haber obrado así, aún en el caso de deudas nominadas en moneda extranjera, tendrían en la actualidad una situación financiera totalmente bajo control.
Así como los concesionarios no trasladan a los usuarios los efectos de sus decisiones empresarias correctas, no pueden solicitar ahora el traslado de los efectos de sus decisiones empresarias equivocadas.

VI. NECESIDAD DE OIR A LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Uno de los cambios profundos introducidos por la reforma constitucional de 1994 fue la protección de los derechos de consumidores y usuarios. Se consagra el derecho a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos y a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno (art 42. primer párrafo) y se prevé la participación de los usuarios en la toma de decisiones en el área de los servicios públicos (art. 42 último párrafo) a través de la intervención de sus asociaciones en los organismos de control.

Al dictado de la nueva Constitución sucedieron reclamos de asociaciones de consumidores y usuarios y del Defensor del Pueblo de la Nación ante los tribunales, pidiendo la intervención de los usuarios en las decisiones adoptadas por el Ejecutivo Nacional en materia de servicios públicos y éstos, en varias ocasiones hicieron lugar a medidas cautelares que postergaron los actos de la Administración- Pública hasta que se hiciera efectiva la participación de aquéllos.

En el caso "Youssefian" (C. N. Fed. Contencioso Administrativa Sala IV, Youssefian, Martín c EN -Secretaría de Comunicaciones s/amparo ley 16.986. ED, T. 178, p. 794 a 804, 23 de junio de 1998) el Tribunal interviniente consideró que el mejor mecanismo de participacion de los usuarios era la Audiencia Pública, aunque ello no invalidaba otros modos posibles de intervención.

Se sostiene a favor de esa participación que es una aplicación particular de la garantía -de la defensa en juicio, principio clásico del derecho constitucional y administrativo(1). Sería para unos una garantía de razonabilidad, un mecanismo de formación de consenso, una garantía de transparencia de los procedimientos estatales y un elemento de democratización del poder(2) . Para otros, estaría relacionada sólo con la transparencia de las decisiones de los entes reguladores(3).

Algunos autores clasifican la participación en procedimental y orgánica. La primera asegura la audiencia en el procedimiento administrativo de todos los interesados, sujetos aislados, grupos de -defensa de intereses colectivos o difusos. Mientras que la participación orgánica consiste en la inserción de representantes de los administrados en los órganos administirativos. Consideran quienes hacen esta distinción, que la primera sería la que garantiza la transparencia administrativa(4).

Sin abrir juicio sobre las diferentes posiciones doctrinarias, la previsión constitucional de la protección de los usuarios de los servicios públicos y su devenir (reclamos, fallos, reglamentación expresa en algunos marcos regulatorios) exige que se preste especial atención a la participación de los usuarios antes de tomar decisiones sobre el cuadro tarifario de los servicios públicos, cuanto más cuando se trata de un ámbito en que las decisiones estatales provocan un fuerte impacto en la sensibilidad social.

Las diferentes áreas previeron distintos mecanismos de paricipación: audiencias públicas, documentos de consulta, la participación de usuarios o asociaciones de usuarios y consumidores en Consejos ad hoc, encuestas, etc.

Mediante el Documento de Consulta la autoridad administrativa convoca a una consulta escrita a diferentes partes que tuviesen interés o injerencia en el tema propuesto. Estas deben emitir su opinión por escrito la que luego es merituada por la administración en un proceso no vinculante pero que exige que el apartamiento sea fundado. La consulta no tuvo gran desarrollo entre nosotros y sólo fue receptada por la Secretaría de Comunicaciones y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). La primera, en la Resolución de la Secretaría de Comunicaciones Nº 57/965 que aprueba el Reglamento General de Audiencias Públicas y Documentos de Consulta para las Comunicaciones que pueden dirigirse a las sociedades licenciatarias, operadores independientes, organizaciones de usuarios, fundaciones, sindicatos, asociaciones profesionales, sindicatos y cámaras empresariales.

El procedimiento de audiencias públicas ha sido receptado para algunos sectores.

1)En el Sector energético, la ley 24.065 del régimen de la energía eléctrica, contempla especialmente la necesidad de convocatoria a audiencia pública cuando se trate de modificación de tarifas(7). El mecanismo también fue contemplado en la Ley 24.076, regulatoria del transporte y distribución de gas natural(8). El procedimiento de la audiencia pública después fue reglamentado por la Resolución ENRE Nº39/94(9), y los principios allí establecidos (informalismo, oralidad, imparcialidad, debido proceso, economía procesal, instrucción de oficio, contradicción y participación) fueron después seguidos por las reglamentaciones de los otros entes (ORSNA y CNC).

2)En el Sector Aeroportuario, en el Reglamento de consultas de opinión por parte del ORSNA(10) se incorporó un capítulo específico y se previó en su artículo 40, mediante una fórmula genérica que el ORSNA podrá convocar a una Audiencia Pública en los casos que la trascendencia del asunto así lo amerite.

3)En el Sector de las Comunicaciones: la Secretaría de Comunicaciones mediante la Resolución 57/96, estableció en su Anexo 1, el Reglamento General de Audiencias públicas y Documentos de Consulta para las comunicaciones, previendo que las audiencias públicas podrán ser convocadas cuando se trate de cuestiones especialmente técnicas.(11)

4)En el Sector de Aguas: el ETOSS fijó en la Resolución 1,40/95(12) que los casos de convocatoria serán determinados por el Directorio en cada supuesto particular conforme a la oportunidad, mérito y conveniencia. Se aclara que el ETOSS podrá convocar a Audiencia Pública o utilizar otros métodos de consulta para conocer la opinión de los interesados.

La doctrina ha tratado de definir en qué supuestos debería convocarse a audiencia pública considerándola necesaria en diferentes situaciones tales como: para definir la conveniencia, necesidad y utilidad general de los servicios; en los supuestos de conductas reñidas con las reglas de la competencia; y unánimemente la ha creído precisa en supuestos de controversias y modificación de tarifas. (13)

A pesar de que en todos los casos se prevé que las audiencias no son vinculantes, la mayoría de los autores entiende que si ellas no se realizan cuando están expresamente exigidas por la ley, el acto será nulo de nulidad absoluta, por violación al procedimiento.

Tambien se ha considerado que puede haber nulidad, si una vez producida la audiencia la desición posterior no valora la prueba producida o no trata los hechos llevados a su conocimiento (14) por insuficiencia de motivación.

Conclusión:

Finalmente, del hecho de que la protección de la información de los usuarios, así como su participación en los organismos de control tenga rango constitucional (art. 42), y la Audiencia Pública este prevista en la reglamentación de determinados sectores, deriva que el respeto de los mecanismos de participación adecuados para cada sector es un deber del PE antes de la adopción de aumentos tarifarios indiscriminados.

Además, teniendo en cuenta que el Decreto 293/02 ha previsto un mecanismo especial de participación de los usuarios, mediante la integración de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos por un representante de las Asociaciones de Usuarios y Consumidores involucradas, y que éste cuenta con la resolución de una medida cautelar a su favor, es aconsejable que se respete el mecanismo elegido por la reglamentación para la etapa de renegociación de los contratos.

Por último, siendo la Audiencia Pública el mecanismo que goza de mayor consenso en cuanto canal real de participación de los usuarios, y revistiendo por su propia naturaleza el carácter de espacio adecuado para el debate y defensa de los intereses colectivos o difusos, al permitir la asistencia de todos los actores involucrados, como son por ejemplo los gobernadores, los intendentes, de los municipios involucrados, etc, resulta igualmente aconsejable que éste sea el mecanismo final que se adopte en esta ocasión en que el debate abarca la prestación de todos los servicios esenciales y puede afectar a toda la población del país sin distinciones.

VII. ACTUACIÓN DEL BANCO MUNDIAL

Sin que existan constancias que el Gobierno Nacional haya solicitado la asistencia del Banco Mundial, esta institución multilateral destacó una misión de diez (10) miembros, (LA MISIÓN) a la que autotituló: "Misión de Apoyo a los Equipos Técnicos de la Comísión de Renegociación de Concesiones de Infraestructura Y Servicios Públicos"

Las principales recomendaciones de esta misión fueron los siguientes:

a)Que el gobierno canalice las renegociaciones a través de la "LA COMISION".

b)Que los equipos técnicos de LA COMISIÓN requieren de un refuerzo presupuestario valuado entre $ 10.800.000 (DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS) y $ 14.400.000 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS).

Entre los especialistas que propone contratar, figuran:

  • Dos (2) especialistas financieros a $ 81.000 (ochenta y un mil pesos) mensuales cada uno, durante doce (12) meses.

  • Cinco (5),. abogados de estudios jurídicos del exterior a $ 119.900 (Ciento diecinueve mil novecientos pesos) mensuales cada uno, durante doce meses.

  • Tres (3) expertos intemacionales conocidos a razón de $ 14.900 (Catorce mil novecientos pesos) mensuales cada uno, durante doce meses.

  • Adquisición de cuarenta (40) computadoras a $ 5.400 (cinco mil cuatrocientos pesos) cada una.

Los niveles de remuneración propuestos por el Banco Mundial no se compadecen ni con la situación del erario ni con las disposiciones de los Decretos 1023/01; 1184/01; 172/2002 y 344/2002

Seguramente los miembros de LA COMISIÓN influenciados por la situación de sus países de origen o por experiencias en algún país subdesarrollado, no han considerado adecuado el nivel de excelencia alcanzado por la ciencia jurídica y por la ciencia económica en el país, al punto de recomendar la contratación de juristas y técnicos extranjeros.
En general, LA COMISIÓN del Banco Mundial postula el ajuste de tarifas sin que se conozcan sus fundamentos y sin que conste que analizó la información, empresa por empresa.

Su enfoque es -por lo tanto parcial- y sólo se limita a los aspectos empresarios.

Se ha dicho ya en el punto IV que el Poder Ejecutivo para renegociar este tipo de contratos debe tener en consideración - entre otros aspectos - el "impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución del ingreso" y "... el interés de los usuarios y de la accesibilidad de los servicios..."

Ello conforme al artículo 9º incisos 1) y 3) de la-Ley 25.561.
Es este un aspecto central del proceso de renegociación no tenido adecuadamente en cuenta hasta ahora ni por "LA COMISIÓN" ni por el Banco Mundial.

Tampoco ha señalado convenientemente el Banco Mundial que la "Corporación Financiera Internacional" es acreedora de las empresas prestatarias de servicios públicos, por lo que se torna incompatible su actuación en esta renegociación. Ello confonne a la Ley de Ética Pública Nº 25.188.

Además, el plazo de doce meses propuesto por el Banco Mundial para la contratación de expertos extranjeros, no se ajusta al plazo de ciento veinte (120) días otorgados a LA COMISIÓN para que produzca su informe.

Esas contrataciones en el exterior llevarían un proceso de selección prolongado y al Estado Nacional le será muy dificultoso detectar posibles incompatibilidades.

VIII. RESCISIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESION

El tercer párrafo del artículo 20 del Decreto 293/02 faculta al Ministerio de Economía a rescindir los contratos de concesión cuando no se alcancen acuerdos en la renegociación dispuesta por Ley 25.561.

Esta previsión, unida a la naturaleza de alguno de los servicios públicos concesionarios cuya prestación pueda afectar la salubridad pública, la circulación de personas y bienes y aspectos relativos a la defensa nacional requiere la adopción de adecuadas previsiones por parte del Estado Nacional.

A "LA COMISIÓN" no le ha sido encomendado la realización de los estudios necesarios para tal eventualidad.

Ellos -a mi juicio- deben ser encomendados a las Secretarías competentes en, la fijación de políticas y regulación del respectivo servicio público las que -en forma urgente- deben elaborar los respectivos planes de emergencia para asegurar la prestación del servicio en los casos en que se resuelva la rescisión contractual.

IX.PRORROGA DE JURISDICCIÓN

Para el caso de los contratos de concesión que contienen cláusulas de prórroga de jurisdicción por los cuales litigios atinentes a la prestación de servicios públicos en territorio argentino, efectuados por el Estado argentino con empresas prestatarias, serán dirimidos en tribunales extranjeros, deben considerarse nulas por carecer de razonabilidad y ser lesivas a la soberanía nacional.

El interés nacional inherente a tales contratos de concesión hace necesario que pleitos de esa naturaleza se ventilen ante tribunales argentinos. De lo contrario, la Nación estaría declinando potestades irrenunciables.

X. URGENTE NECESIDAD DE DESARROLLAR UN PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

La actual crisis ha demostrado que el "modelo" en el que la mayoría de los servicios públicos (incluido los bancos que también prestan un servicio público) estén en manos extranjeras es intrínsecamente inviable.

La absoluta, libertad para la entrada de capitales, para su repatriación y para la remesa al exterior de utilidades, no podia sino terminar en una crisis total.

La estructura de nuestra balanza de comercio exterior y de pagos tornan insostenible ese movimiento financiero de capitales el que sólo fue posible financiar con un endeudamiento externo hoy impagable.

Estas razones estructurales mueven a todos los países a fijar estrictas políticas en la materia. Valen los ejemplos más cercanos de Chile y Brasil.

El país se enfrenta hoy con tres escenarios.

En el corto plazo no puede financiar por via de las tarifas la repatriación ni la remuneración del capital invertido a un tipo de cambio sobrevaluado. La abrupta caída del ingreso hace hoy impensables un aumento de precios y tarifas de los servicios públicos.

En el mediano plazo de existir una recomposición del salario real, podrán recomponerse los precios y tarifas pero nunca en el nivel medido en dólares vigentes con anterioridad a la crisis.

En el largo plazo, la pretensión de los inversores extensos de ver restituido por vía tarifaria los valores en dólares de sus inversiones y el de las rentabilidades obtenidas históricamente, es insostenible o no sustentable como se ha dado en calificar hoy a los modelos económicos con algún grado de viabilidad económica, política y - sobre todo - social.

Restituir esos valores en dólares es reinstalar en la economía argentina las mismas causas originante de la crisis.

Estos tres escenarios, son escenarios de crisis, mas alla del voluntarismo y del empeño que pongan las autoridades nacionales en la adopción de soluciones.

De allí que mi última reflexión esté encaminada a instar al desarrollo de un sólido pensamiento estratégico que permita articular una política de estado que seguramente deberá aplicarse en mas de una generación.

Por supuesto que para ello y antes que nada los argentinos debemos explanar las causas profundas de la crisis que hoy nos agobia para intentar poner el debate en su quicio, como nos reclamaría el hoy añorado maestro Arturo Sampay.

Con la elevación del presente informe considero cumplida la labor que me fuera encomendada.

Saludo al señor Ministro con las expresiones de mi mayor consideración. 


1 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo II, 2º edición Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1998, pág. X-1.
2 Autor cit. en nota anterior.
3 Cassagne, Juan Carlos, La participación pública en el control de los servicios públicos, RAP N' 250, p 11.
4 Miguez Macho, Luis:Los servicios públicos y el régimen jurídico de los usuarios, Cedecs, Barcelona, 1999, p. 214/22 1.
5 B.O. 3/W96.
6 Resolución SC Nº 57/96, Anexo 1, artículo 44.
7 Ley 24.065, artículos, 1 1,3 2,46;48, 73 y 74. B.O. 16/1/92
8 Ley 24.076, artículos, 6, 16, 18, 29, 46,47, 67y 68,B.O. 20/5/92. El ENERGAS no ha reglamentado el procedimiento de audiencias públicas.
9 B.O. 9/5/94.
10 Resolución ORSNA N' 173/98.
11 Ver ardculos 7 y 30 del Decreto 1185/90.
12 B.O. 29/9/95, p. 6 /8
13 Martinez, Patiricia Raquel, Los servicios públicos, Dep~ Buenos Aires, 1994, página 150/152
14 Cassagne, ob. cit P. 13

regresar