CON LA RAZON O SIN ELLA

LA CRISIS EN LA FUERZA AEREA CHILENA


Los helicopteros perdidos en Iraq, el sobrearmamento imprevistamente denunciado por el Centro de Estudios Estrategicos de Londres y la revitalizacion de la tematica de los Derechos Humanos, asi como el redescubrimiento del derrame de las FARC hacia el sur hacen temer que la transicion politico-militar mejor lograda en Sudamerica, comience imprevistamente a tensarse.

Esencialmente, estos son cronologicamente los hechos.

El día domingo 8 de septiembre, en el cuerpo de reportajes del diario La Nación (diario oficial de gobierno), se relataba un hecho que se incorporaría a una larga lista de acontecimientos que han marcado la transición democrática chilena: la continua acción de grupos que estuvieron vinculados a violaciones de derechos humanos durante la dictadura y sus nexos con las instituciones militares.

Se trataba de la rearticulación de uno de los grupos de su género más activo, conocido como "Comando Conjunto", creado por la Fuerza Aérea y que operó esencialmente entre los años 1975 y 1977 para reprimir dirigidamente a la denominada Fuerza Central de MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y a los comités centrales del Partido y las Juventudes Comunistas.

Según el Informe Rettig, el "Comando Conjunto" fue responsable de la desaparición de cerca de 30 personas (otras fuentes hablan de más de 70). Estaba compuesto por agentes

Estos son los hechospertenecientes a la Dirección de Inteligencia de la FACH (DIFA) a la cual se le agregan más tarde efectivos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (DICAR), y en menor medida agentes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) y de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), con colaboradores civiles provenientes de la organización Patria y Libertad.

El "Comando Conjunto" ya había sido investigado por el juez Carlos Cerda, a principios de los ochenta, quien llegó a establecer cuestiones fundamentales de su estructura y responsabilidades en varios casos de desaparición forzada de personas, e identificando a agentes que fueron procesados en el año 1986, pero que fueron dejados en libertad a propósito de la Ley de Amnistía declarada por la propia dictadura en 1978. Entre sus miembros estaba Viviana Ugarte, la actual esposa del general (a) Patricio Campos, la sexta antigüedad del Alto Mando Institucional, y el encargado de recopilar los antecedentes para ubicar los cuerpos de detenidos- desaparecidos comprometidos ante la Mesa de Diálogo.

Es este propio organismo el que se ha mantenido en operaciones, en este tiempo, para ocultar, proteger, dar apoyo a los sometidos a proceso, mantener una red económica de sustento y sobre todo obstruir a la justicia en las informaciones sobre violaciones a los derechos humanos y los datos necesarios para encontrar a la cantidad de seres humanos que hicieron desaparecer.

I.- CRONOLOGÍA.

Mes de Septiembre

Día 8: El diario "La Nación" denuncia la rearticulación del "Comando Conjunto" bajo el amparo de la FACH.

Día 9: La FACH niega oficialmente cualquier relación con la denuncia.

Día 10: El Ejecutivo pide al magistrado del Tercer Juzgado del Crimen, Mario Carroza, que investigue la supuesta rearticulación de "Comando Conjunto".

Día 15: El diario "La Nación" publica que Viviana Ugarte, esposa del Director General de Aeronáutica Civil, general (a) Patricio Campos, perteneció al "Comando Conjunto".

Día 16: Presenta su renuncia indeclinable el general (a) Patricio Campos.

El Comandante en Jefe de la FACH general (a) Patricio Ríos se compromete ante organizaciones de derechos humanos a determinar si la información entregada por la FACH a la Mesa de Diálogo estaba completa.

Día 17: El Presidente de la República acepta la renuncia del general (a) Campos por medio de la ministra Bachelet.

Día 18: El Ministro del Interior, José Miguel Insulza, llama a dejar tranquila a la FACH, tras la renuncia del general (a) Campos.

El diario "El Mercurio" informa que el general Campos fue el oficial encargado de procesar la información de la FACH tras el acuerdo de la Mesa de Diálogo y que el ex presidente Frei y el presidente Lagos sabían de la situación procesal de su esposa.

Día 19: El presidente Ricardo Lagos exige públicamente que la FACH inicie una investigación interna.

Día 20: El Comandante en Jefe de la FACH, general (a) Patricio Ríos, asegura en televisión que la FACH jamás ordenó la rearticulación del "Comando Conjunto".

En declaraciones a la revista "Qué Pasa", el general (a) Ríos confirma que la información sobre el caso del general Campos fue entregada al presidente Lagos.

Día 22: El diario "El Mercurio" confirma la versión de que el jefe de la FACH les recordó a los ministros de Defensa de Frei y Lagos la situación procesal de la esposa del general Campos cada vez que éste iba a ser ascendido.

Día 23: El gobierno desmiente categóricamente al Comandante en jefe de la FACH, en cuanto al manejo de la información sobre el general Campos.

Día 24: La FACH entrega un primer informe de dos carillas que el ejecutivo rechaza por considerarlo una verdadera burla.

Día 25: Asume la Sub Secretaría de Aviación el ex Director de Gendarmería Isidro Solís, en reemplazo de Nelson Haddad.

El presidente Lagos explica que el general (a) Ríos no tiene la confianza del gobierno y hace hincapié en la necesidad de contar con la facultad de pedir la renuncia de los jefes de las Fuerzas Armadas y carabineros.

Día 27: La FACH entrega un segundo informe al gobierno, de solo una carilla y media que también es rechazada. El documento no fue reconocido oficialmente.

El general (r) César Topali, ex Director del Comando Logístico de la FACH, denuncia en la revista "Qué Pasa", irregularidades en la compra de los helicópteros Bell 412 por parte del general (a) Ríos.

Día 28: Se entrega el tercer informe de la FACH al gobierno, en que el general (a) Ríos confirma que el general Campos fue quien recabó la información sobre el destino de los detenidos desaparecidos, precisamente por su conocimiento de la problemática judicial de los derechos humanos que no reunía el resto de los oficiales.

Día 30: El presidente Lagos deplora el informe entregado por la FACH ya que no "está a la altura de lo que el país requería frente a un problema tan grave que hiere el alma nacional y las bases de nuestra convivencia".

Mes de Octubre

Día 1: El Presidente Lagos calificó de una "turbulencia menor" las diferencias con el Comandante en Jefe de la FACH.

Poco después que el presidente Lagos saliera en gira internacional, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, realizaron una sorpresiva reunión en el edificio institucional.

Día 2: En medio de manifestaciones de parlamentarios de la concertación, el Comandante en jefe de la FACH, comparece ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El general (a) Ríos se retracta de declaraciones anteriores e indica que no informó al gobierno sobre la situación de Viviana Ugarte cuando el general Campos iba a ser ascendido.

Día 3: Tras la reunión sostenida con la ministra Bachelet, los comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden, se comprometieron a revisar y depurar los procedimientos utilizados para entregar información a la Mesa de Diálogo.

Día 6: El Mercurio publica que una de las tres partes del informe que entregó la FACH al presidente Lagos fue escrita por el propio general Campos.

Día 8: El juez Mario Carroza determina la detención preventiva del general (r)Patricio Campos como inculpado del delito de obstrucción a la justicia a causa de las contradicciones en que habría incurrido en sus dos declaraciones.

Día 9: El ministro Jorge Dahm es designado para investigar la querella por obstrucción a la justicia contra el Comandante en jefe de la FACH, iniciativa legal presentada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Día 11: El general (r) Campos admite al juez Mario Carroza que destruyó la información sobre el destino de 5 detenidos desaparecidos.

El Ministro del Interior, José Miguel Insulza, junto al Ministro de Defensa subrogante, Mario Fernández, se reúnen con el general (a) Ríos y con el alto mando institucional. En dicho encuentro se acordó la renuncia del jefe de la FACH.

Día 12: La Ministra de defensa, Michelle Bachelet, se reúne durante horas con el general (a) Ríos en el domicilio de éste.

Día 13: El general (a) Patricio Ríos deja su cargo a disposición del Presidente de la República. La declaración es leída en los jardines de la residencia presidencial viñamarina por la Ministra de Defensa y el propio Presidente de la República.

II.- El PERFIL DE LA ACCION DEL GOBIERNO.

Contradictorias, por decir lo menos, han sido las posiciones del gobierno frente a esta nueva crisis en las relaciones con las fuerzas armadas.

Lo primero que salta a la vista es en el manejo de la información que se poseía en el Ejecutivo con respecto al general (a) Patricio Campos. Es difícil establecer cuál de las dos hipótesis probables es peor.

La primera es que, efectivamente, no se sabía nada de las relaciones familiares que vinculaban al general con una ex miembro de este grupo de exterminio, y de las labores que ejerció a órdenes del general (a) Ríos para buscar los datos comprometidos ante la Mesa de Diálogo sobre detenidos desaparecidos. En este caso, el Ejecutivo pecaría por omisión y habría que admitir que el ejecutivo y su Ministerio de Defensa, no cuentan con los instrumentos necesarios de información sobre los mandos respectivos de las fuerzas armadas, y malamente pueden ser parte de una efectiva política de cuadros en las instituciones que les son subordinadas.

La segunda posibilidad es que sí tenían información, tal cual lo planteó el propio Comandante en jefe de la FACH, y que actuaron con displicencia. En esta hipótesis habrían pecado por acción. Demostraría que efectivamente prima en ciertos sectores del gobierno la opción de terminar los temas pendientes de derechos humanos con algo de verdad y un poco menos de justicia. Pero sin comprometerse a fondo y hasta las últimas consecuencias con una resolución definitiva, que pasa por verdad, justicia y castigo a los culpables, con la renovación necesaria en las fuerzas armadas y el reconocimiento sobre las violaciones cometidas institucionalmente.

Una vez más el ejecutivo se vio sorprendido por la coyuntura, con posiciones disímiles al interior de la alianza gobiernista, con una fuerte polémica pública de desmentidos con el propio comandante de la Fuerza Aérea, con declaraciones de ex ministros de defensa a los que se les signaba como informados de los antecedentes del general (a) Campos, con una remoción del sub secretario de la cartera de aviación. Todo esto en el marco de una posición ambivalente en los comienzos, que fue evolucionando desde la tradicional postura de dejar tranquila a las instituciones hasta la firme posición presidencial que se manifestó en no sentirse confiado del mando del general Ríos, cuando éste cargó parte de las responsabilidades en el mismo ejecutivo. La situación límite se produce una vez que el juez Carroza declaró culpable al general (r) Campos por obstrucción a la justicia, y surgían muchas voces, desde parlamentarios hasta organizaciones sociales, que exigían la renuncia del Comandante Ríos. La evolución de la crisis fue suavizando la postura gubernamental y tratando de desperfilar la confrontación.

Esta última postura tiene antecedentes previos, muy característicos de cómo la concertación ha asumido las relaciones con las fuerzas armadas en el proceso de transición. Por una parte sin querer tensionar al máximo estas relaciones, lo que ha impedido encontrar las soluciones de fondo a estos problema pendientes, y siempre bajo el argumento central de que han sido hechos individuales que no comprometen a la institución propiamente tal, por lo tanto tienen un camino definido administrativamente en el ámbito judicial.

Por otra parte porque continuamente ha negociado los tipos de salida a las crisis. Desde los ejercicios de enlace en los tiempos de Aylwin, el juicio de Pinochet en tiempos de Frei, hasta el caso del almirante Arancibia en el gobierno de Lagos. Para la actual situación del general (a) Ríos, el elemento decisivo que condicionó su renuncia habría estado pactado (el "ethos" de la concertación). Se aseguraba su retiro voluntario antes del término de su mandato a cambio de no tener mayores repercusiones legales, y generar señales simbólicas que no ensuciara tanto su persona y mando ejercido. Efectivamente la presión que ejerció el general Ríos, que incluyó la asesoría del abogado Miguel Schweitzer (el mismo que conformó parte del equipo de defensa de Pinochet), incluía solicitudes de índole jurídica y política.

Es así como se entiende que, con el correr de los días, se hablara solo de pequeñas turbulencias en las relaciones entre la Fuerza Aérea y el Gobierno, de un reconocimiento al "gesto" del general (a) Ríos por adelantar el retiro, que la institución nunca ha estado en tela de juicio, y que incluso poca o nula responsabilidad tendría el Comandante en Jefe en esta situación.

Como parte de esta nueva ofensiva se entiende la reunión del día miércoles 16 de octubre entre el Presidente Lagos y la bancada del PPD, a los cuales les planteó frontalmente la inconveniencia política de seguir con la idea de la acusación constitucional contra el general (a) Ríos. La tesis del presidente se fundamentó en que en esta ocasión había habido "un triunfo político del gobierno", pues el general renunció a pesar de no contar con la facultad presidencial de exigir la dimisión del Comandante en jefe, y que el tema continúa radicado en la justicia.

La salida ofrecida por los parlamentarios de la bancada, es que continuarían con la acusación, siempre y cuando contaran con el apoyo del conjunto de la Concertación. Como esta situación es poco probable, porque no existe consenso al interior del conglomerado político, es casi seguro que la acusación esté condenada al fracaso.

Nada de esto puede tomarse como presión, manifestó el portavoz del gobierno Heraldo Muñoz, quien dijo que la reunión fue "un diálogo de intercambio", y que para el gobierno "... se ha cumplido una etapa con la puesta a disposición del cargo por parte del general Ríos al presidente", y que por lo tanto ahora las miradas están puestas en la designación del próximo comandante.

III.- LA POSICIÓN DE LOS ACTORES SOCIO-POLITICOS.

Las reacciones del mundo político han sido muy decidoras de sus respectivas representaciones y visiones del proyecto democrático para Chile. Una vez más, y de la misma forma que en crisis anteriores de las relaciones civiles-militares, logró hacerse público un arco político muy amplio que reclama profundas modificaciones institucionales, que iba desde la izquierda extraparlamentaria (el Partido Comunista) hasta la derecha más republicana (Renovación Nacional). Desde estos sectores surgió como primera demanda la reforma constitucional de la facultad presidencial de remoción de los comandantes en jefes de las fuerzas armadas y la necesaria renuncia del general Ríos por su responsabilidad institucional en la crisis con la Fuerza Aérea.

Solo quedaron al margen de esta visión los sectores más "ultra" de la derecha, agrupados en la UDI y los senadores designados que fueron comandantes en jefe de las fuerzas armadas (Vega y Martínez ), y el ex almirante Arancibia.

Fue una clara demostración del mapa político, y particularmente de la derecha integrista, que sigue viendo a las fuerzas armadas bajo el prisma político-ideológico heredado de la dictadura, y el tema de derechos humanos como un resabio histórico que solo puede resolverse dejándolo en el olvido y aplicar la desmemoria legalizada a través de la amnistía para los culpables.

En el ámbito social distintas encuestas dieron un panorama demasiado evidente de la postura de la ciudadanía en esta crisis

Una encuesta telefónica de la Fundación Futuro en el Gran Santiago, arroja resultados muy decidores, que concluyen en lo siguiente: el 72 % considera que Ríos debe renunciar, un 52% que se debería presentar una acusación constitucional contra él; un 73% considera que la FACH no entregó toda la información que tenía a la Mesa de Diálogo, y un 55 % que el general (r) Campos es responsable de obstrucción a la justicia.

Otra encuesta realizada en el Gran Santiago a mayores de 18 años por el diario El Mercurio, el canal de televisión 13 y la empresa especializada Opina S.A, arroja datos muy similares y concluyentes.

Con respecto a la renuncia del comandante Ríos un 59.3 % estaba de acuerdo contra un 18 % que no. También una mayoría de 52.5 % cree que la reactivación del Comando Conjunto es efectiva.

En cuanto al impacto de esta crisis sobre los temas de derechos humanos, también existe una mayoría que cree verlos profundamente afectados, por cuanto un 63.5 % afirma que lo sucedido pone en cuestión la labor de la Mesa de Diálogo (contra un 22.8 %) y sube a un 68 % que duda que la información entregada a esta instancia haya sido verídica y completa (contra un 13.8 %). Por lo tanto la demanda por establecer la verdad en las violaciones a los derechos humanos sigue siendo una asignatura pendiente de las instituciones armadas.

Más complicado se le pone el panorama al gobierno ante la consulta sobre quién está diciendo la verdad en el conflicto, porque solo un 30 % cree que es Ricardo Lagos, pero un 39 % cree que ninguno de los dos, y sólo un 9 % estima que es el general Ríos. Del mismo modo la nota con que es evaluada la actuación del Presidente solo es de un 4.8 en una escala de 1 a 7.

Así como surge una fuerte crítica a la conducción del poder político sobre la crisis, surge también un fuerte respaldo a un instrumental básico de la democracia como es la prerrogativa presidencial de remoción de un subordinado de confianza, más aún si es comandante de una institución militar. El 76 % de los encuestados considera que el Presidente de la República debe tener esa facultad constitucional de remoción, contra 14.3 % que opina lo contrario.

Una vez más el gobierno ha gozado de una amplia mayoría circunstancial para promover determinados cambios, pero la cual no logra plasmarse en una ofensiva política de envergadura que logre aislar a la ultraderecha y despeje el camino para generar y solidificar instituciones democráticas.

IV.- LOS AMBITOS OCULTOS EN MATERIAS DE DEFENSA.

Junto a toda la crisis desatada entre el gobierno y la Fuerza Aérea por la denuncia de la continuación operativa de viejos organismos de inteligencia que estuvieron vinculados a violaciones de derechos humanos, se le sumaron otras denuncias que nos remiten a los grados reales de subordinación de las fuerzas al poder civil.

  • La compra de helicópteros. La Fuera Aérea tenía que renovar una flotilla de helicópteros, tras la pérdida de varias unidades en misiones de paz en Irak. El general de aviación (r) César Topali denunció que la compra de los nuevos aparatos se hicieron sin licitación pública, en adquisición a particulares ( una empresa formada por socios que son parientes donde el padre de uno de ellos fue director de Inteligencia de la FACH en el último año de la dictadura) y sin conocer su estado técnico. En esta adquisición le cupo una alta responsabilidad al general Ríos. La ingerencia del Ministerio de Defensa en esta adquisición es nula, porque mientras en las compras no se ocupen los fondos reservados del cobre ni se endeude la institución, no se requiere de la aprobación de ninguna autoridad civil democrática.
  • Las decisiones autónomas de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que a pesar de operar exclusivamente en el ámbito civil, depende de un general de aviación, y que desde diciembre de 2001 estaba bajo el mando del general de aviación (r) Patricio Campos, se permitió contratar para sus servicios a ex integrantes del "Comando Conjunto", y otorgar concesiones en aeropuertos a varios miembros y familiares de la FACH. Esto ligado a que manejan presupuestos altísimos y que su dirección está directamente subordinado al Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea.
  • Durante estos meses, en reiteradas ocasiones han sido citados los Comandantes en Jefe de las respectivas fuerzas, a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, para seguir avanzando en esclarecer distintos casos que siguen abiertos, así como agilizar los compromisos de la Mesa de Diálogo. Lamentablemente se ha avanzado poco, por la inasistencia a las correspondientes "invitaciones" habiéndose disculpado por encontrarse cada uno ocupado en sus propias tareas, teniendo en cuenta que no existe instancia institucional alguna que obligue a los Comandantes a hacerse presentes.

Son una vez más, las serias limitaciones que en distintos ámbitos goza el poder civil (en este caso tanto el ejecutivo como el legislativo) para asegurar una efectiva y eficiente subordinación del poder militar y contar positivamente con éste para avanzar realmente en la resolución de demandas democráticas relevantes, como son la total transparencia en su gestión y la verdad y justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos.

V.- LAS NECESARIAS REFORMAS

a) Reformas Constitucionales urgentes.

Un tema pendiente en la agenda política nacional, que ha estado presente en los tres programas de gobierno de la Concertación, tiene que ver con las necesarias reformas constitucionales que son un obstáculo para el pleno funcionamiento de instituciones democráticas, propias de un sistema representativo.

Urge re-situar los roles y definiciones sobre fuerzas armadas que están planteadas en la Constitución de 1980. La existencia de la "tríada" -inamovilidad de los Comandantes en Jefes, rol garante de la institucionalidad y composición y atribución del COSENA- no resiste más frente a las condiciones que se exigen para una democracia profunda, donde exista un rol y ubicación estatal de las fuerzas armadas que sean acordes a ésta, y no los sobre-dimensionamientos actualmente existentes, que tienden a desvirtuar la tarea fundamental de la defensa externa del estado, y hacerlas partícipes de la política contingente, de las negociaciones de ésta, y estar constantemente sobre-expuestas para el juego de las cooptaciones, especialmente de la ultra derecha.

Entre ellas, el artículo N° 90, que tiene que ver con la definición constitucional del rol garante de la institucionalidad asignado a las Fuerzas Armadas. Hecho inédito en el ordenamiento constitucional chileno y que tiende a tergiversar y desnaturalizar el rol tradicional y consensual que se le asigna a un poder armado en un legítimo estado de derecho.

El resto del articulado que debieran modificarse lo completan el N° 93 sobre Designación de los Comandantes en Jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea entre las cinco antigüedades, dejando en libertad al Presidente de la República para designar entre cualquiera de los oficiales generales según su parecer y llamarlos a retiro sin necesidad de acuerdo con el COSENA. Modificación del artículo 95 y 96 sobre Consejo de Seguridad Nacional dejándolo solo como un organismo consultivo sobre materias de seguridad exterior cuando el Presidente de la República lo solicite, y agregando como noveno integrante al Presidente de la Cámara de Diputados.

La "vuelta a la normalidad" en este tema, es desde mi punto de vista, un pilar necesario para el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas, en cuanto a que la anterior figura jurídica la deja atada a una constante tensión política; de hecho la politiza porque la hace parte del juego propio de la política coyuntural de lucha por el poder, y la instala frente a la sociedad política como un actor que está enormemente cargado con componentes de nuestra historia reciente, en la cual jugó un papel altamente ideologizado.

b) De las relaciones civiles y militares.

En cuanto a las relaciones entre el mundo militar y el mundo social-político las recientes experiencias nos dejan planteadas algunas tareas urgentes y enseñanzas claves.

La sociedad en su conjunto tiene que exigir a las fuerzas armadas explicitaciones doctrinarias para tener elementos de evaluación a su alcance con todo tipo de actuaciones militares, en el plano profesional y civil. Deberá exigirse al nivel político de conducción y al orden constitucional indicadores muy precisos para la evaluación profesional de las fuerzas armadas, ya que la sola frase declarativa de apoliticidad y propensión al bien común, no son garantía suficiente.

Del mismo modo que la institución debe asumir una total transparencia y análisis riguroso con su propia historia y quehacer durante la dictadura militar. No pueden seguir quedando áreas oscuras sobre su accionar, que muchas son ventiladas en juicios, sin un rol destacado de la institución. Los ejemplos de tráficos de armas, muertes extrañas de uniformados implicados en casos sospechosos, la relación entre negocios del mundo privado con altos oficiales, etc.. La experiencia histórica ha sido demasiado rigurosa para no seguir tomándola en cuenta.

c) Círculo virtuoso de derechos humanos.

La única posibilidad de revertir la dura experiencia de violaciones a los derechos humanos es que éstos sean plenamente asumidos en su integridad por la sociedad chilena, y sobre todo sin lecturas amañadas por la extrema derecha. No cabe un convencimiento a medias, sino una implicancia absoluta.

Las instituciones militares debieran ser las más interesadas en abrir un círculo virtuoso de los derechos humanos, en cuanto es un pilar fundamental de reivindicación histórica para plantarse con toda legitimidad y transparencia frente a su sujeto de finalidad, que es el pueblo de Chile.

Se debe asumir que las instituciones son organismos en interacción, que nacen y mueren, que se legitiman y des-legitiman, que cumplen sus objetivos o se burocratizan. La institución militar no está ajena a esto, y se debe auto-asumir como un cuerpo enfermo que requiere de sanación colectiva y profunda.

Son las propias instituciones, en resguardo de los valores y fines que dicen encarnar, por las jóvenes generaciones que ven en la carrera de las armas una legítima vocación de servicio, las que deben asumir la primera fila de esta tarea de sanación, que no incluye precisamente un ocultamiento inviable ni rebuscadas explicaciones poco sustentables. Se requiere asumir con la misma fuerza en que se explicitan los valores, los costos necesarios a pagar en el corto plazo, en aras de las visiones de larga proyección que enmienden los análisis equivocados y los liderazgos nefastos.

A modo de conclusión, solo queda en insistir en que las verdaderas y profundas convicciones y responsabilidades de las instituciones militares con la democracia, tienen un doble compromiso.

Por una parte, radicada en la fortaleza del propio sistema democrático, donde el libre y participativo juego de la política alcance a todos los actores del sistema y esencialmente al conjunto de la sociedad. Con mecanismos amplios y plurales de representación, participación y espacio público, con valores absolutamente legitimados como los derechos humanos y el juego de mayorías y minorías. Que garantice a las fuerzas armadas una plena inserción en el proyecto de país, en las tareas estatales de corto y largo plazo, que encare con toda fuerza y legitimidad la subordinación de este poder a la soberanía popular.

De parte de las fuerzas armadas una introspección aguda y profunda, de apertura de lazos y vínculos reales y transparentes con la diversidad y pluralidad de la sociedad, con el compromiso explícito con la democracia y los intereses objetivos del pueblo.

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