Juicios stalinistas postmodernos en la Argentina:
el primer muerto

por LUIS MARÍA BANDIERI


El ex juez federal Leopoldo Russo, murió por un infarto, a la salida de una audiencia donde fue careado con la madre de un desaparecido. Es hora de preguntarnos si los llamados "juicios de la verdad", como otras creaciones de la imaginación forense criolla, no producen más daño que el que intentan remediar.

Ante todo, hay que señalar que los juicios llevados ante la administración de justicia no deben ni pueden conducir a una "verdad" judicial universal y perdurable. En los juicios se obtiene una certeza, es decir, se tienen por ciertos hechos y circunstancias, de las que se desprenden consecuencias jurídicas. Se trata de certezas de sentido común o de alta probabilidad (en el caso de las pruebas "científicas"). Pero, pese al lenguaje figurado de los procesalistas, no se establece la "verdad" de tales hechos y circunstancias. Esta cuestión de la verdad judicial surge de una confusión entre lo verdadero y lo cierto, como viera muy claro el filósofo napolitano Juan Bautista Vico. En el campo de lo jurídico, y no sólo en las decisiones de la agencia judicial, se obtienen certezas, no verdades. Y estas certezas son certezas de sentido común, conseguidas dialógicamente a partir de lo generalmente aceptado. Una declaratoria de herederos o una sentencia condenatoria de un criminal resultan declaraciones de certeza, luego de verificarse ciertos extremos, de las que se sigue una decisión quien hereda o quien es condenado. No hay ninguna verdad que pueda establecerse en declaraciones jurídicas, ni siquiera que el día tal, en la esquina cual, chocaron los rodados A y B. No se declara una imposible verdad acerca de lo sucedido, sino que se lo tiene por cierto. Estas certezas manifiestan la coherencia interna del discurso de la agencia judicial. Este certum, en última instancia, es una verdad que vale sólo una vez, para el caso en cuestión. La idea de la "verdad" judicial, en la ideología del positivismo jurídico aún sobreviviente, intenta establecer un lazo entre razón razonante y legitimidad: una sola verdad, un solo sentido, una sola solución, producto de una razón neutra e indiscutible, en un sistema cuya completitud no admite fisuras.

Una manifestación de esta ideología se encuentra en los actuales "juicios de la verdad", desenvueltos ante nuestros tribunales penales federales. Resultan una creación de los jueces, fundada en el art. 75, inc. 22 de la CN que incorpora los pactos internacionales vigentes acerca de los derechos humanos otorgándoles jerarquía constitucional y carácter complementario a las declaraciones de derechos y garantías; la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la causa "Aguiar de Lapacó" y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Urteaga, Benito" (15/10/98, LL. 7.1998-F, ps. 236 y ss.). Se reconoce a las víctimas de hechos ocurridos durante la guerra civil, especialmente durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1982), sus parientes y diversas organizaciones interesadas, para tratar de obtener "la verdad" de lo acaecido, requerir la intervención de magistrados, a través de procesos que aseguren la inmediación y publicidad necesarias para el ejercicio de la memoria colectiva. Si de esta averiguación de la "verdad" surgen autores de los hechos, atento la imprescriptibilidad de los delitos cometidos, los tribunales actuantes sólo podrían mandar instruir los sumarios penales pertinentes si se mantienen los fallos que han declarado la inconstitucionalidad de las leyes de "obediencia debida y de punto final" (JNFed.Crim. y Correc., 4, "Simón, J y otro" ,LL. Suplemento de Derecho Constitucional, 15-06-01, que fue confirmado por la Cam. Fed. Bs. As., sala II, y hoy está a estudio de la Corte Suprema). Se constituye, por lo tanto, a la agencia judicial en historiadora de una serie de hechos sobre los cuales deberá declarar la "verdad", después de una recopilación de antecedentes realizada con el rigor hermenéutico que, a los jueces, exigen los códigos de procedimiento. No hay plazo para el desenvolvimiento de estos juicios y se realizan por medio de procesos orales y públicos en sede penal, ya que tienen relación con presuntos delitos, aunque no se trate del ejercicio de una acción penal. En los hechos, se procede al requerimiento y secuestro de documentación, recepción de declaraciones testimoniales (en algunos casos, los testigos considerados renuentes fueron objeto de arresto, pronunciándose luego la CSJN en contra del ejercicio de esta facultad por los tribunales), pericias (especialmente de antropología forense), careos, etc.

Nadie duda del derecho subjetivo de los familiares de las víctimas de la guerra civil (de todas ellas, y no sólo de una selección que se considere apropiada) a conocer las circunstancias en que se produjo la muerte de sus deudos, hallazgo de sus restos, etc. Lo que se denomina la elaboración del duelo requiere la mayor certeza sobre lo ocurrido y sus circunstancias, para ir desinvistiendo estas últimas progresivamente de la presencia del ser amado. No tiene aquel derecho formulación legal, pero ya Antígona, como recogió Sófocles, invocó frente a Creonte y las leyes de la ciudad otras no escritas, inmortales, que incluyen claramente este caso. Ahora bien, el obligado por ese derecho no es aquel que intervino en la violencia, o la consintió, que se encuentra -momentáneamente- fuera de la persecución penal. No lo es tampoco el Estado, obligado a reparar el daño, si cabe. La agencia judicial, por la propia lógica de su organización, llamada a pronunciar una "verdad" para la que no es competente ni está en sus posibilidades declarar, ha terminado por desarrollar un sucedáneo de acción penal contra los presuntos victimarios. Lo quiera o nó, intenta infligir un daño a los victimarios presuntos, en nombre de las víctimas, motivada por el lobby que dice representarlas y encuentra su espacio propicio en la sala del tribunal. Involuntariamente, también, ahondará el dolor de los familiares, que son considerados, en última instancia, como otros tantos instrumentos para llegar a pronunciar la "verdad". Lo que se obtiene es lo contrario de lo buscado: el cierre de la posibilidad informativa, de los sinceramientos y de la obtención de algún grado de certeza, para la elaboración del duelo y su efecto catártico. Reparar, aun imperfectamente, los daños crueles de una guerra civil, no significa recrearla en los tribunales y en las vociferaciones adyacentes.

En síntesis, la agencia judicial no tiene por objeto establecer la "verdad'; persiguiendo lo que no está a su alcance puede contribuir a mantener el daño por otros medios. En otro foro, el de la mediación, por ejemplo, donde los sufrimientos de las víctimas e, incluso, de los victimarios podrían encontrar su cauce, donde vocablos como reparación y reconciliación tienen otros alcances que el que se les da en los tribunales y donde el conflicto es manejado en su dimensión privada y bajo confidencialidad, la necesidad de certeza podría haber recibido respuestas más satisfactorias, aunque menos ruidosas, y las heridas emocionales haber encontrado un alivio.

Resumiendo: por juicios que no son juicios, buscando verdades que no pueden hallarse por esa vía, ante jueces convertidos en historiadores, pero que no se olvidan de desplegar su imperio coactivo, logramos aumentar el daño que la administración de justicia pretende reparar. Es una triste originalidad argentina, que permite otras ejemplificaciones: nacidos para reparar el injusto despojo del "corralito", los amparos se convirtieron en fuente de una discrimiantoria injusticia favorecedora de unos pocos que obtuvieron la bendita "medida cautelar' y otros muchos que, sin razón jurídica valedera, se quedaron en mero número de expediente. ¿Por qué a Francella sí y al pobre Artaza no, o al desventurado García Blanco en ínfima parte?

Los que integramos el mundo forense debemos aprender un principio básico de Hipócrates, que no fue abogado sino médico: "lo primero, no dañar". La mayor parte de nuestros instrumentos jurídicos producen actualmente más daño que reparación. Y, lamentablemente, es un daño impune, porque lo producimos cubiertos con la toga reparatoria y gargarizando la jerga de la justicia.

Sería buenos sincerarse y deferir estos "juicios de la verdad" a instancias mediatorias no compulsivas. Los jueces, aunque se digan meros historiadores en esta circunstancia especial, no dejan de ser jueces y servirse de su imperium como tales (según el viejo dicho, cuando se es un martillo, el mundo entero adopta forma de clavo). Imperium utililizado, por ejemplo, para convocar a un careo perfectamente inútil para el fin buscado (obtener alguna certeza sobre el destino de un desparecido), pero que nos dejó un testigo muerto, tirado en la calle. Debo recordar que la seguridad de los testigos convocados es del resorte del tribunal convocante; a este respecto, resulta emblemático que el presidente de la Cámara haya acompañado al testigo de ochenta años, que ya demostraba dolores de pecho, hasta la puerta de calle, largándolo allí al mundo ancho y ajeno fuera del recinto, literalmente a morir.

Aclaro, en fin, para evitar criollas suspicacias, que nada me vincula al Proceso y menos a su justicia federal, salvo el haber actuado en aquel tiempo ante ella y, por ejemplo, haber sido apercibido y sancionado por la entonces sala penal de la Cámara Federal porteña en razón de los términos utilizados en la defensa de un secuestrado y encapuchado por un grupo de tareas, que salvó su vida por ser "blanqueado" ante el hábeas corpus interpuesto. Actuaba allí como fiscal de primera instancia el doctor Julio César Strassera, a quien respeto y a quien jamás se me ocurriría "escrachar" por esa circunstancia.

Copyright Luis María Bandieri 2002

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