MALESTAR MARCIAL EN LA SUIZA DE AMERICA ?

OBSERVATORIO CONO SUR DE DEFENSA Y FUERZAS ARMADAS

INFORME SEMANAL URUGUAY N°074 Período del 23/11/02 al 29/11/02

Montevideo - Uruguay


1.- Senadora Comunista declaró en juicio contra Juan M. Bordaberry

La Senadora y Secretaria General del Partido Comunista (PCU), Marina Arismendi, declaró ante el juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, por el operativo realizado por militares y policías en 1972 en el que murieron ocho militantes de la Seccional 20a y un militar. Arismendi indicó que respondió las interrogantes que le planteó Vomero y que le ofreció al magistrado "material, fotos de esa época y toda la documentación" en poder del PCU. El juez decidió citar a través del Ministerio de Defensa y del Interior a unos 30 militares y policías retirados que participaron el 17 de abril de 1972 en el operativo. (ver El Observador Sección URUGUAY 23/11/02)

2.- Editorial de "El País": el "macaneo jurídico" en torno a la Ley de Caducidad

El matutino "El País" dedicó su editorial a criticar a quienes están "empeñados en crear renovadas dificultades. En reabrir heridas cicatrizadas y en atizar rencores y odios que creíamos extinguidos. O, por lo menos, muy atemperados. Y reaparecen así, en el conturbado escenario nacional, los fantasmas de hechos de hace tres décadas, de un tiempo de violencia en que nuestra sociedad estuvo fracturada y arrastrada a durísimos enfrentamientos, por extremistas de opuesto signo ideológico". Y fundamenta su opinión opuesta a juzgar a supuestos culpables de delitos de lesa humanidad en una tesis de Garraud que cita: "La pena deja de ser útil, porque labrado el recuerdo del hecho por el transcurso del tiempo, no existe ya la alarma social y la pena no es ni popular ni ejemplarizante". Por otra parte –en referencia al juicio en curso contra el ex Presidente de la República Juan M. Bordaberry- el editorialista cita al art. 172 de la Constitución: "El Presidente de la República —Bordaberry lo era— no podrá ser acusado sino en la forma que señala el artículo 93 (o sea, promoviéndole un juicio político y separándolo del cargo) y aún así, solo durante el ejercicio del cargo o dentro de los seis meses siguientes a la expiración del mismo, durante los cuales estará sometido a residencia,..." La columna editorial culmina señalando: "Todo este macaneo jurídico, cuya finalidad es mucho más la venganza que la justicia, se suma ahora a la tesis disparatada de la imprescriptibilidad del supuesto delito permanente de privación de libertad de personas muertas hace un cuarto de siglo, inventada para procesar al Dr. Juan Carlos Blanco. Todo lo cual va a contramano de la realidad nacional, en horas de honda crisis socioeconómica, que debiera convocar a aunar esfuerzos y no a dividirnos en función de odios polvorientos".( Ver El País Sección EDITORIAL 24/11/02)

3.- Con restricciones y novedades comenzó la "Campaña Antártica"

La campaña antártica 2003 comenzó con el primer viaje del avión Hércules y marca el inicio de un nuevo rumbo en la política uruguaya en el continente helado. El Instituto Antártico Uruguayo (IAU) aprovechará la coyuntura de crisis –que obligó a reducir un 40% su presupuesto– para disminuir la infraestructura de la base Artigas en la isla Rey Jorge y comenzar el traslado de su logística científica hacia el continente antártico, donde Uruguay posee la estación científica Ecare, hasta ahora sólo de uso veraniego. Esta propuesta del IAU se encuentra en sintonía con la nueva dirección ensayada por los países miembros del Tratado Antártico que están concentrando sus esfuerzos en proyectos de investigación en el continente blanco, en desmedro de las iniciativas científicas desarrolladas en las islas adyacentes a la Antártida. Estas islas ya han sido exploradas de forma exhaustiva, dijo a " El Observador" el Cap. Albert Lluberas, vocero del IAU. La actividad veraniega de Uruguay en la Antártida incluirá cuatro viajes del avión Hércules desde Montevideo hasta la base Artigas y uno del buque Vanguardia. Los vuelos serán aprovechados para el transporte de los científicos y el personal militar, y el traslado marítimo proveerá de combustible a la estación y traerá los residuos generados el último año en la estación científica. La campaña de verano 2003 será inferior a la desarrollada el año pasado y por primera vez en mucho tiempo los recortes presupuestarios obligaron a prescindir del envío de un helicóptero, que permitía realizar diferentes actividades científicas en la Antártida. "Tuvimos que ajustar los costos operativos", dijo el Ministro(i) de Defensa Nacional, Roberto Yavarone. Los viajes de verano, fundamentales para la evaluación de los proyectos científicos y el abastecimiento de víveres y combustible a la base Artigas, implicarán un desembolso de US$ 170.000, informó el jerarca.(Ver El Observador Sección URUGUAY 24/11/02)

4.- Buque de la Armada abrió fuego contra pesquero brasileño

El barreminas ROU 33 "Fortuna" de la Armada abrió fuego con ametralladoras y un cañón de 40 milímetros en la madrugada del 24/11 contra un barco de bandera brasileña, que pescaba ilegalmente en aguas jurisdiccionales uruguayas del Atlántico a unas 6 millas del límite con Brasil, en las proximidades de Punta del Diablo. El buque ordenó a los pesqueros que se detuvieran para ser inspeccionados, pero los barcos se alejaron del lugar dejando las artes de pesca abandonadas. Según un comunicado de la Armada, los pesqueros escaparon en forma independiente a máxima velocidad, por lo que se inició la persecución de uno de ellos. El pesquero brasileño "San Francisco" esquivó la acción y logró penetrar en aguas brasileñas. El matutino "La República", citando fuentes de la Armada señala que "esto es una clara señal de que, a pesar de las dificultades, la fuerza de mar se encuentra a la expectativa para defender su jurisdicción".
(ver El País Sección NACIONAL, La República Sección POLÍTICA y El Observador Sección URUGUAY 25/11/02)

5.- El Cnel(r) Manuel Cordero no concurrió al Juzgado

El Cnel (r) Manuel Cordero no concurrió a declarar ante el Juzgado Penal de 4º Turno, aduciendo su abogado en un escrito que Cordero fue internado de urgencia por recidiva de problemas cardíacos de vieja data. El juez penal de 4º Turno, José Balcaldi, resolvió suspender la audiencia "debiendo el médico forense constituirse en el Hospital Militar a fin de verificar la información, como asimismo líbrese oficio a dicho centro asistencial para que sea emitida con carácter de urgente la historia clínica de Manuel Cordero". Cordero es juzgado por declaraciones que realizó al semanario "Búsqueda", en las que justificó la desaparición de personas entre otras violaciones a los derechos humanos en el combate a fuerzas irregulares. También concurrió el periodista Raúl Ronzoni, quien fue citado en su calidad de autor de la entrevista a Cordero.(La República Sección POLÍTICA 28/11/02)

6.- Diputado presentó proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad

Fue presentado un proyecto de ley "interpretativo" de la Ley Nº 15.848 de "Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", a través del cual se establece que dicha disposición legal sea considerada como de "amnistía verdadera" para militares, policiales y civiles. Se busca ampliar así el alcance de la Ley de Caducidad y que se considere extinguidos los hechos ocurridos antes de 1985. Bajo esta iniciativa podría quedar amparado el caso del ex canciller Juan Carlos Blanco y también debería archivarse el expediente del ex presidente de la República, Juan María Bordaberry. El proyecto fue presentado en el Parlamento por el diputado Daniel García Pintos(Fuerza Nueva Colorada-Partido Colorado), afín a la Lista 15 del Presidente Batlle. El proyecto establece que "las cláusulas de los tratados internacionales que haya firmado o firme en el futuro la República, referentes a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad serán de aplicación solamente para los hechos futuros, y que los jueces archivarán de oficio y sin otro requisito los expedientes en trámite".(Ver El País Sección NACIONAL y La República Sección POLÍTICA 28/11/02)

7.- Ministro de Defensa: "las FFAA ni se irritan ni se dejan de irritar"

El Ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, dijo que las Fuerzas Armadas "ni se irritan, ni se dejan de irritar, ante las conclusiones a las que arribó la Comisión para la Paz en su investigación sobre desaparecidos en Uruguay", durante la dictadura 1973-1985. Las instituciones castrenses "aceptan lo que la institucionalidad democrática que el país resuelve darse, y en su seno y por la vía del mando, podrán expresar una determinada visión, pero como tales no hay una expresión", agregó Fau sentenciando: "lo que hay es una voluntad de asumir el acatamiento a lo que las instituciones democráticas del país resuelven". Interrogado sobre el estado de ánimo de las Fuerzas Armadas, frente a posibles llamados de la Justicia para declarar sobre hechos que ocurrieron durante el gobierno militar en nuestro país, Fau señaló que esas instituciones "no se expresan como tales, sino a través del Ministerio de Defensa, el que con el Presidente de la República tiene el Mando Superior". (ver El País Sección NACIONAL 28/11/02)

8.- Ex Vicepresidente reflexiona sobre Ley de Caducidad

El Dr. Enrique Tarigo, Vicepresidente de la República en el primer gobierno del período posterior a la dictadura(1973-1985) valoró que la ley de Caducidad de 1986 fue una salida al problema de los derechos humanos "moralmente injusta pero socialmente necesaria" y sostuvo que comprende la movilización de los familiares de los desaparecidos, advirtiendo que si hubiera estado en esa situación, hubiera actuado como ellos lo hacen. Las expresiones del Dr. Tarigo se produjeron en el seminario La Cultura Democrática, organizado por la Cancillería y la OEA, donde formó parte de un panel sobre "Los derechos humanos dentro de la democracia". Consultado por uno de los asistentes sobre cómo evaluaba, con la perspectiva de los años, la salida hacia la democracia y la ley de Caducidad, Tarigo respondió que "todas estas soluciones, son soluciones políticas en un momento determinado" agregando: "Yo comprendo -y lo he dicho mil veces- el dolor de los familiares. Yo he dicho mil veces que si a un hijo mío lo hubieran matado, yo estaría en la Plaza Cagancha, no mirando desde mi ventana, sino con la bandera o la foto de mi hijo y hubiera cumplido todas las mismas actitudes que han cumplido este grupo de parientes de los desaparecidos. Pero hay una lección estupenda de Max Weber, que enseña la diferencia entre la decisión fundada en la propia convicción y la decisión fundada en las consecuencias de esa decisión. El gobernante no puede decidir su propia convicción, sino tiene que tomar en cuenta la cuestión en el plano de toda la sociedad". En el mismo seminario, el Ministro de Relaciones Exteriores, Didier Opertti, anunció que esa secretaría de Estado está trabajando en la formación de un ámbito "colegiado" para desarrollar políticas de derechos humanos.
(ver El País Sección NACIONAL 28/11/02)

9.- Juez consultará al Ejecutivo sobre caso de la nuera de J. Gelman

La denuncia sobre la desaparición de María Claudia García, la nuera del poeta Juan Gelman, no fue archivada y el juez Penal de 2º Turno, doctor Gustavo Mirabal, está dispuesto a instruir la causa y remitirla al Poder Ejecutivo para que diga si está incluida en los delitos de la dictadura, según informa "La República" que cita fuentes vinculadas al expediente. El artículo 3º de la Ley de Caducidad ordena al juez que, para saber si los delitos están incluidos en ella "requerirá al Poder Ejecutivo que informe, dentro del plazo perentorio de 30 días de recibida la comunicación, si el hecho investigado lo considera comprendido o no" en la ley. En el caso de la nuera de Gelman ese trámite nunca se cumplió. María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, una ciudadana argentina, sin filiación política, a quien secuestraron en Buenos Aires en 1976 y luego la trasladaron clandestinamente a Uruguay, donde dio a luz una hija (entregada a un policía y hoy recuperada), antes de quedar en condición de desaparecida.
(ver La República Sección POLÍTICA 29/11/02)

10.- Nota editorial de "La República" sobre "civiles colaboracionistas"

Una nota sin firma en la sección editorial de "La República" reflexiona sobre la responsabilidad de quienes califica como "civiles colaboracionistas" con la dictadura. La columna se refiere a la iniciativa del Diputado D. García Pintos(Nueva Fuerza Colorada-Partido Colorado) que afirma el editorial busca "corregir(...)ciertas "fisuras" en el manto de amparo con que se pretendió proteger a los terroristas de Estado, fisuras a través de las cuales se filtra la implacable acción de la Justicia. De lo que se trata en definitiva es de extender la impunidad también a los civiles colaboracionistas, autores directos de delitos de lesa nación y cómplices de los de lesa humanidad". Refiere entonces a ciertos dichos recientes de la esposa del ex Canciller Juan C. Blanco, procesado por la Justicia: "Preguntada sobre si el entonces canciller recibía reclamos internacionales por las violaciones a los derechos humanos, responde narrando una anécdota que viene a ser el reconocimiento casi explícito de que no se respetaban los derechos humanos y su consiguiente justificación. Dice la señora Rocío Larrieux de Blanco que en oportunidad de una visita que el encargado de DDHH de la Comunidad Europea hizo a su esposo para expresar su preocupación por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el canciller le dijo al visitante que si éste le contaba cómo hacían los ingleses para sacar información a los prisioneros nazis, él le aseguraba que las autoridades uruguayas harían exactamente lo mismo. La sinceridad brutal de tal reconocimiento no exime de culpa a quien lo formula; y resulta sorprendente que alguien profundamente religioso como el ex canciller haga suya la máxima de que el fin justifica los medios". la nota: "er La República Sección POLÍTICA 29/11/02)

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