La extradición efectuada por Mexico, del capitán Cavallo, ha tensado severamente las relaciones entre las Fuerzas Armadas y el gobierno de Kirchner. La posibilidad de que la medida se amplie a otros oficiales y personal civil de inteligencia, sumada a la agresiva tónica impuesta por la Cancillería a la temática de los Derechos Humanos, asi como a la internacionalización de la justicia penal, equivalente a la internacionalización de la justicia por hechos políticos, constituirá la línea argumental dominante en el analisis del componente militar en las proximas semanas. La partida recien empieza.

Entre tanto, en ambientes diplomáticos llamó la atención la difusión de las practicas de Mirage en el sur y las especulaciones apuntan a que sectores gubernamentales consideran un buen redito político el endurecimiento simbólico de las relaciones con las Islas Malvinas.

Otros sectores, consideran que el gobierno temería una crisis militar y juzgaría a la Fuerza Aerea como el arma menos comprometida con los hechos del pasado. Lo cierto es que se advierte cierto desajuste entre el poder militar y los objetivos políticos del gobierno.

Extradiciones
La extradición del ex marino Ricardo Cavallo de México a España habría anticipado en el Gobierno el debate sobre la posición que adoptará frente a los pedidos de otros países para juzgar en tribunales extranjeros a los responsables de violaciones a los derechos humanos. En este sentido, el canciller, Rafael Bielsa, pidió no mezclar entre el caso Cavallo (para él, un asunto entre México y España) de la decisión que pueda tomar la Argentina acerca de la extradición de ex represores. Además, la resolución no sería inminente: "Hay que generar un nivel más amplio de consenso", sostuvo el canciller ante sus colaboradores, según afirmó el diario Clarín. En tanto, el ministro de Defensa, José Pampuro, habría transmitido en estos días la "preocupación" existente en las Fuerzas Armadas. Hasta el corte que impuso el decreto de De la Rúa, llegaron a producirse 104 pedidos desde España, Italia, Alemania y Francia. Según este diario, Pampuro suele repetir que "podría abrirse una puerta de impensadas consecuencias". El ministro cree que debería delimitarse la "extraterritorialidad" para que no se produzca un "sinnúmero de extradiciones", y aunque se inclina por dejar las cosas como están, aceptaría la jurisdicción extranjera en algún caso "emblemático".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que la extradición "es un tema que debe resolver la Justicia", aunque aclaró que al Gobierno le parece "correcta la idea de que la Justicia termine predominando sobre el olvido". y reafirmó la idea de que "no es buena la búsqueda de impunidad, sino la búsqueda de justicia". Días después el ministro de Defensa, afirmó que si el presidente Néstor Kirchner toma la decisión de derogar el decreto que rechaza la extradición de militares para ser juzgados en el exterior "lo hará por convicción, sin presiones". "Mi posición es aceptar la decisión que tomen la Cancillería y el Presidente", agregó. Pampuro habló en una visita a la Base Naval Puerto Belgrano, donde presenció un ejercicio de adiestramiento anfibio de tres días en el que intervinieron buques, aeronaves y vehículos anfibios para el desembarco de los infantes de marina.

Casi al mismo tiempo, en el Senado, el canciller Rafael Bielsa cuestionó en forma elíptica el decreto que está bajo la lupa —el 1581/01, firmado por Fernando de la Rúa—, al sostener que "es una norma de rango inferior que vulnera una de rango superior", la ley de extradición. Bielsa indicó que la situación legal en torno a los pedidos de extradición es "intrincada y compleja" y que los reclamos deben ser "analizados caso por caso". (Ver Clarín, sección Política, 21/06/03, 22/06/03, 25/06/03; ver La Nación, sección política, 24/06/03, ver La Nación, sección Política, 25/06/03)

Bielsa analizó extradiciones con la cúpula militar
El ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa se reunió con la cúpula militar para tratar los posibles pasos que seguirá el Gobierno frente a los pedidos de extradición de terceros países para militares acusados de violaciones a los derechos humanos, admitió su colega de Defensa, José Pampuro, quien gestionó la reunión. Escucharon las palabras del canciller el jefe del Estado Mayor Conjunto, Jorge Chevallier, y los titulares del Ejército, Roberto Bendini, la Armada, Jorge Godoy, y la Fuerza Aérea, Carlos Rohde. Más allá de las consideraciones jurídicas, Bielsa les habría transmitido la certeza de que "todo lo que no se juzgue en la Argentina acabará siendo juzgado en otros países", comentó al diario Clarín lo que este medio define como "una fuente de la cancillería". (Ver Clarín, sección Política, 24/06/03)

Condenan a Suárez Mason
Guillermo Suárez Mason fue condenado a cumplir tres años y medio de prisión por haber hecho apología del delito y violado la ley antidiscriminatoria en un reportaje que dio a una revista en 1996. Allí dijo que tenía "prevención" con los judíos y que los responsables del mayor genocidio ocurrido en el país deberían haber "legalizado la tortura" para combatir el terrorismo.

Igualmente, Suárez Mason, ex jefe del Cuerpo I de Ejército, extraditado desde los Estados Unidos, condenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura e indultado por el ex presidente Carlos Menem en 1990, no irá a prisión. Lo beneficia su edad. Por eso cumple en su casa las dos prisiones preventivas que ya se le impusieron en los últimos años por el robo de bebés (hijos de desaparecidos) y por la desaparición de una veintena de miembros de la organización guerrillera Montoneros. (Ver Clarín, sección Política, 25/06/03; ver La Nación, sección Política, 25/06/03)

"Masacre de Margarita Belén"
Nueve de los diez militares involucrados en la Masacre de Margarita Belén y cuya detención fue ordenada por el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, están alojados desde ayer en la Base de Apoyo Logístico del barrio La Liguria, en la capital chaqueña. Son las mismas instalaciones que ocupaban el 13 de diciembre de 1976, cuando sucedieron los hechos por los que hoy están presos. En esos cuarteles funcionaban el Grupo de Artillería 7 y la Compañía de Comunicaciones 7, donde todos cumplían servicio. (Ver Clarín, sección Política, 27/06/03)

Piden citar al Gral (R) R. Brinzoni
El fiscal federal Jorge Auat le solicitó al juez federal Carlos Skidelsky, que investiga la masacre de Margarita Belén, que cite a declarar al ex jefe del Ejército teniente general Ricardo Brinzoni. En diciembre de 1976, cuando ocurrieron los hechos de Margarita Belén, Brinzoni, con el grado de capitán, ocupaba la secretaría general de la intervención militar en el Chaco que ejercía el ya fallecido general Antonio Serrano. En el requerimiento del fiscal Auat, que incluye también al entonces ministro de Gobierno, coronel José Zuconi, se estima necesario que ambos militares sean citados a prestar declaración testimonial por las funciones estratégicas que desempeñaban.

El general Brinzoni, en una entrevista periodística que publicó el diario Norte de Resistencia el año pasado, reconoció que los hechos de Margarita Belén fueron "un fusilamiento encubierto" del que se enteró "mucho tiempo después" a raíz de "investigaciones propias". (Ver La Nación, sección Política, 21/06/03)

Indemnización
El Estado daría una respuesta positiva al reclamo de indemnizaciones que realizan militares heridos -y familiares de fallecidos- en misiones de paz de las Naciones Unidas. La controversia comenzó cuando el Estado recibió en 1998 una partida de 3.109.816 dólares, enviada por la ONU en concepto de indemnización para los ocho cascos azules argentinos que resultaron víctimas de incidentes en el exterior hasta 1995. Pero ese dinero no llegó a los beneficiarios al entenderse que la ley 19.101 fija monto de indemnizaciones para el personal militar.

El caso testigo es el del sargento primero Sergio Raúl Balla, cuyo expediente tiene finalmente el visto bueno del Ministerio de Defensa para que se le otorgue la indemnización completa, de 399.942 dólares. El ministro de Defensa, José Pampuro, encomendó el seguimiento del caso al secretario de Asuntos Militares, Julián Domínguez. La posición de la cartera castrense es acelerar los pasos para llegar a una respuesta a favor de los damnificados. (Ver La Nación, sección Política, 21/06/03)

Finalizó ejercicio militar
El jefe del Comando Sur norteamericano, general James Hill, asistió ayer al cierre del ejercicio de gabinete Operaciones de Paz Sur 2003. "Frente a las nuevas amenazas, este tipo de encuentros reafirman que el trabajo entre Estados para colaborar con la consolidación de la paz en el mundo será una de las grandes tareas que deberán afrontar las fuerzas armadas", dijo Hill.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier mayor Jorge Chevalier, afirmó que "es evidente la necesidad que tiene el mundo civilizado de contar con un sistema de mantenimiento de la paz moderno y eficaz". (Ver La Nación, sección Política, 21/06/03)

Editorial de La Nación titulado "Extradición de militares argentinos"
A continuación se transcriben algunos párrafos de dicho editorial "Informaciones periodísticas han dado cuenta recientemente de que algún sector del gobierno nacional no descarta la posibilidad de estudiar la conveniencia de una eventual derogación del decreto que dispone el rechazo de los pedidos de extradición de aquellos militares acusados por tribunales extranjeros por violaciones a los derechos humanos durante el último período de facto. Entre los militares argentinos cuya captura fue solicitada hay algunos que han sido ya juzgados y condenados por los tribunales de nuestro país por violaciones a los derechos humanos, y posteriormente indultados presidencialmente, en una determinación política opinable y discutible, pero legal. El resto de los militares procesados había sido beneficiado por las leyes de punto final y obediencia debida dispuestas en su momento por las autoridades constitucionales, con aprobación parlamentaria... Es necesario sostener, por un lado, el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, al tiempo que es menester que cada país, por medio de sus instituciones legales, pueda intentar resolver sus propios conflictos y juzgar los presuntos crímenes cometidos dentro de su territorio. Esto se basa en las nociones tradicionales de territorialidad de la ley penal y de la soberanía nacional. En tal sentido, cabe recordar que los países miembros del Grupo Río rechazaron, en una declaración formal que fue suscripta en Asunción el 24 de agosto de 1997, la aplicación de la extraterritorialidad de las leyes nacionales, por constituir acciones que violan la igualdad jurídica de los Estados y la no intervención en los asuntos internos.

Sin por ello dejar de reconocer y apoyar "el desarrollo progresivo de la normativa internacional sobre la responsabilidad penal del individuo por la práctica de ciertos crímenes de trascendencia internacional"... Corresponde entonces que las autoridades nacionales se manejen con prudente sujeción a estos principios de raigambre constitucional a la hora de considerar estas demandas que, pese a estar sustentadas muchas veces en un dolor irreparable, podrían generar lamentables retrocesos en el necesariamente largo camino de la reconciliación nacional y en la difícil tarea de aprender de las terribles lecciones del pasado." (Ver La Nación, sección Opinión, 22/06/03)

Refuerzo presupuestario para las FF.AA.
El ejercicio anfibio Integración, el primero en su tipo que se efectúa este año en las cercanías de la Base Naval de Puerto Belgrano, sirvió para que el ministro de Defensa, José Pampuro, tuviera su primer contacto con las operaciones militares. Y, también, para tener un panorama real de las dificultades presupuestarias que tienen los militares. En una exposición preparada para que Pampuro conociera a fondo las tareas y responsabilidades de la Armada, su titular, el contralmirante Jorge Godoy, no negó la estrechez que administra. A tal punto que en esa reunión reservada para la cúpula naval, Pampuro inquirió: "Cuánto dinero es el que se necesita".

La pregunta habría sorprendido a Godoy, quien tras superar la sorpresa respondió que se requeriría pasar de los actuales 80 millones de pesos al doble. Asimismo, tras una consulta periodística, Pampuro comentó que ha comenzado a dialogar con el ministro de Economía, Roberto Lavagna, sobre la posibilidad de obtener un refuerzo presupuestario para las tres fuerzas de 150 millones de pesos para lo que resta del año. (Ver La Nación, sección Política, 25/06/03)