LOS RADARES NACIONALES Y LOS RADARES DE LA IZQUIERDA INFANTIL.

La nota de Ferrer que transcribimos en su totalidad no menciona que la producción nacional de radares llega cuando ya el gobierno de De la Rua había anulado la radarización de 17 áreas, inicialmente ganadas por la empresa SIEMENS y que constituye el verdadero contencioso que tiene el país con Alemania.

El gesto irresponsable de la Alianza nos retraso en el control de nuestro espacio aéreo, permitió que el vuelo de las avionetas del narcotráfico se intensificaran y que se hiciera la fusión con los precursores de la droga que la Argentina produce y exporta ya que son de excelente calidad.

El INVAP, por su parte, es un organismo de primer orden, ganó una licitación en Australia -antes de la doctrina Bielsa-; y fue torpedeado por organizaciones ecologistas y grupos argentinos vinculados a la producción nuclear competitiva de la nacional.
Las ideas de Ferrer son conocidas, menos conocido es que constituye la contracara complementaria de Jauraguibe, el verdadero teórico de Planalto para el desarrollo combinado del Mercosur. Jauraguibe es un desarrollista brasileño -desenvolvimiento dicen ellos -y esta muy vinculado con un grupo de reflexión animado por el embajador Archibaldo Lanus, Roberto Grabois y Abel Posse, todos ellos argentinos de espectro político diferente.

Abel Posse, veterano diplomatico y autor de varios exitosos libros perdió la Cancillería en beneficio de Bielsa, gracias a una operación combinada de Caparros, Vertvisky y Bonasso desde Pagina 12 quienes lo acusaron de procesista por haberse desempeñado en Paris y el Consulado argentino en Venecia.

Nada dijeron del abogado Eduardo Luis Duhalde, quien durante la gestión de Carlos Menem cobraba un contrato por tareas inocuas en la Secretaria de Inteligencia del Estado.

Radares argentinos para controlar el tráfico aéreo
Aldo Ferrer (*)


Un acuerdo entre la Fuerza Aérea y el INVAP es ejemplo del impulso estatal al desarrollo tecnológico.

La Fuerza Aérea Argentina y el INVAP, acaban de firmar un contrato para el diseño y fabricación de once radares para controlar el tráfico aéreo. Su instalación en diversos aeropuertos del territorio nacional mejorará sustancialmente la seguridad aérea considerando que, actualmente, sólo cinco aeropuertos cuentan con radares semejantes.

En un plazo total de cinco años, luego del diseño original y construcción de un primer prototipo, se fabricarán los diez restantes. El costo total es de casi 60 millones de pesos y será financiado con recursos provenientes de la ley de tasas de aeropuertos.

La significación de este programa excede con mucho el referido a la continua imprescindible mejora de la seguridad de la navegación aérea. Abarca cuestiones cruciales de la responsabilidad del Estado en el impulso del sistema científico y tecnológico argentino y es revelador de la excelencia alcanzada por algunas de sus instituciones, como el INVAP.

Esta empresa, radicada en Bariloche y vástago de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ha revelado a lo largo de los años su capacidad de realizar emprendimientos tecnológicos de alta complejidad, como para competir con éxito con sus similares de los países desarrollados, en el país y en el exterior. Así, construyó satélites-radares para la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y reactores experimentales en Argelia, Perú y Egipto. También, con un proyecto de diseño original argentino, ganó, en competencia con empresas líderes de Alemania, Estados Unidos y Francia, la licitación convocada por Australia para construir un reactor en ese país.

La decisión de la Fuerza Aérea le proporciona al INVAP un nuevo proyecto para volver a demostrar la alta competencia de sus cuadros profesionales. Es indicativa también de la importancia de la política de compras de entes públicos como instrumento del desarrollo científico y tecnológico argentino.

En todas partes, desde las naciones más avanzadas como los Estados Unidos, Japón o Alemania, como en las emergentes más dinámicas, por ejemplo, Corea, Taiwan y Malasia, el Estado es un aliado imprescindible del desarrollo económico y, en particular, de la capacidad de crear, adaptar y aplicar conocimientos.

Esto no se limita naturalmente a la política de compras. Forma parte de marcos regulatorios más amplios promotores del crecimiento y el desarrollo social. El aumento sostenido de la producción es imprescindible para generar la demanda capaz de absorber la oferta de tecnología y conocimientos que surgen del sistema endógeno de ciencia y tecnología y para arraigar la tecnología importada en el propio acervo de conocimientos.

Es en este escenario en donde la política de compras públicas adquiere significación plena. Las consecuencias de las mismas derraman sus beneficios hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, porque permiten, arraigar en el propio acervo de recursos los conocimientos que amplían las bases de la acumulación de capital y tecnología, elevan la productividad y generan empleo.

Hacia afuera, porque fortalecen la competitividad de la producción y permiten expandir, sobre bases simétricas no subordinadas, las relaciones con el resto del mundo.

El comercio mundial está crecientemente compuesto por bienes y servicios de alto contenido tecnológico. Por ésta y otras razones, sin una fuerte base científica y tecnológica endógena es imposible dar buenas respuestas a los desafíos y oportunidades de la globalización del orden mundial contemporáneo.

Argentina ha tenido un comportamiento errático y, predominantemente, negativo en estas cuestiones. Desde la aprobación de la llamada Ley de Compre Nacional número 18.875, durante mi desempeño como ministro de Obras y Servicios Públicos en 1970, hasta ahora, el Estado argentino no logró instalar políticas perdurables en el tiempo que aprovecharan el poder de compra del Estado para tales fines.

Así, por ejemplo, el país de América latina que había logrado el desarrollo más avanzado en la fabricación de aeronaves hace medio siglo, el nuestro, desmanteló su capacidad industrial y tecnológica con políticas indiscriminadas de apertura a las importaciones y el abandono de las políticas de compras públicas orientadas al desarrollo.

Basta comparar nuestra experiencia con la del Brasil, detrás nuestro en la industria aeronáutica hace medio siglo, que hoy es un competidor internacional de primer nivel en diversos tipos de aeronaves. Con todo lo que esto significa en términos de derrame hacia las actividades conexas, microelectrónica, metalmecánica, exportaciones, etcétera.

Conviene recordar, al mismo tiempo, que dado que la mayor parte de la infraestructura (transporte, energía, comunicaciones), es decir, actividades de alta demanda de tecnología, es actualmente operada por filiales de empresas extranjeras, el campo de maniobra, de lo que fueron en el pasado, las compras públicas, ha sido severamente recortado.

Esto no implica, sin embargo, que el Estado carezca de instrumentos para inducir hacia adentro la demanda de tecnología y equipos de las empresas operadoras de los servicios públicos. El Estado conserva la facultad de establecer los marcos regulatorios de los mismos.

En las negociaciones pendientes de los contratos de concesió deberían incluirse incentivos que maximicen la participación de la oferta argentina de tecnología y bienes de capital en el equipamiento y operación de las instalaciones.

La cuestión de las tarifas, entre otras, debería discutirse en un contexto amplio para arraigar profundamente a las filiales en el tejido productivo y tecnológico argentino. Es claro que esto requiere la existencia de políticas horizontales consistentes, como es el de un tipo de cambio competitivo para la producción nacional.

Bienvenido, pues, el contrato de la Fuerza Aérea y el INVAP, como ejemplo impulsor de otras acciones en el mismo espíritu. Las mismas que, al mismo tiempo, abren inmensas posibilidades de integración en el espacio del Mercosur.

Por ejemplo, en la integración del parque nucleoeléctrico de Argentina y Brasil y de sus desarrollos futuros.

(*) Economista, profesor titular consulto, UBA., ex presidente de la CNEA.


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