FUERZAS ARMADAS INFORME ARGENTINA N° 105

Período: 05/07/03 al 11/07/03
Buenos Aires, Argentina

Proyectos castrenses: promueven la producción militar.
Luego del recambio de mandos y en medio de una preocupación creciente por la reactivación de causas relacionadas con los derechos humanos, puede empezar a delinearse la política de fondo que el Gobierno imprimirá en el área militar. Uno de los puntos más importantes será promover muy fuerte la producción para la defensa. En cada fuerza se escuchó al menos un plan concreto de trabajo. El proyecto para la Armada tiene que ver con la construcción de seis lanchas rápidas en los astilleros de Río Santiago.

Para el presupuesto del año próximo se pedirá una partida de $ 120 millones para desarrollar esos navíos de patrullaje, que se estima demandarían un trabajo de poco más de un año cada uno, según entienden quienes manejan la política de Defensa. Para la construcción de estas lanchas rápidas también llegarían capitales alemanes, ya que el proyecto original tuvo su comienzo en 2001 mediante contactos entre los ministerios de Defensa de la Argentina y de Alemania. La cartera a cargo de José Pampuro está dispuesta a impulsar esa iniciativa, junto con empresas radicadas en la ciudad alemana de Dortmund.

También los astilleros Domec García serían revitalizados por acuerdos del Ministerio de Defensa. En este caso con Brasil, que está muy próximo a firmar un contrato para repotenciar sus submarinos en nuestro país. Más allá de la ventaja económica de ese plan, tiene que ver además con las políticas de confianza mutua militar entre los países del Mercosur. El Ejército avanzará en la construcción de camiones de uso dual, tanto militar como civil, en lo que significa el apoyo para otro proyecto que estaba detenido por falta de presupuesto. También se impulsará el desarrollo de un vehículo multipropósito. En el Ministerio de Defensa se estudian además alternativas para incrementar la producción de Fabricaciones Militares, organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Economía por decisión tomada durante el primer mandato de Carlos Menem. El siempre postergado plan de radarización nacional será ahora instrumentado, en parte, por la empresa argentina Invap. El megaproyecto de la época menemista se transformó en inalcanzable, por lo que los mandos de la Fuerza Aérea ven con agrado la posibilidad de contar al menos con radares de uso civil que construirá Invap. La necesidad logra que esos radares nacionales resulten mejor que nada y su uso para la aeronavegación civil cubrirá, al menos, una parte de las necesidades de control del espacio aéreo. Reactivar finalmente la ex fábrica de aviación militar de Córdoba es otra intención oficial. En tanto, en el Estado Mayor Conjunto ya se trabaja en la etapa final del nuevo simposio de producción para la Defensa, una feria de empresas relacionadas con el sector. Durante ese encuentro se intenta acercar los productos argentinos al mercado militar internacional, especialmente al de las misiones de paz de las Naciones Unidas. ( Ver La Nación, Sección Sociedad, 07/07/03)

Investigan al ex Jefe de la Fuerza Aérea, el Brigadier Juliá.
El juez federal Jorge Urso profundizó en los últimos días una investigación sobre supuesto enriquecimiento ilícito abierta contra el brigadier general José Juliá, ex jefe de la Fuerza Aérea, y próximamente le fijará una fecha para indagarlo. Será para que justifique el apreciable incremento de su patrimonio. Juliá ocupó la jefatura de la Fuerza Aérea entre 1989 y 1993 y se lo vinculó al suicidado empresario Alfredo Yabrán. ( Ver Clarín, Sección Política, 10/07/03).

Declaraciones de un defensor de Cavallo.
El abogado Jorge Laspiur contó que la Armada y la embajada argentinas le pidieron que fuera defensor de Cavallo. La Marina y el actual embajador lo niegan.

El abogado Jorge Laspiure defensor de Ricardo Cavallo, sostuvo ayer que la embajada argentina en Madrid se contactó con él para encargarle la defensa del ex represor, extraditado de México a España. De haber existido dicho contacto, podría haberse producido en 2001, cuando el embajador en España era el radical Ricardo Laferriére. El dirigente, cercano ahora a Ricardo López Murphy, ayer se encontraba fuera de Buenos Aires y respondió la consulta de Página/12. "No existió ninguna gestión realizada durante mi función como embajador relacionada con el señor Cavallo. Ignoro si habría existido alguna gestión en el plano consular, aunque me atrevo a adelantar que es muy difícil que ello ocurriera sin que se me hubiera hecho saber, dado la eventual trascendencia política del caso. Tampoco existieron instrucciones de ningún tipo ni actividad diplomática alguna relativas al caso o a la persona mencionada", señaló Laferrière. ( Ver Página 12, Sección Política, 05/07/03).

Cena de Camaradería
El presidente Néstor Kirchner pronunció un discurso destinado a marcar un punto de inflexión en la relación entre el poder político y las Fuerzas Armadas. "Combatir la impunidad es una manera de incrementar la calidad institucional", sostuvo en la cena de camaradería realizada anoche en el círculo de la Fuerza Aérea, la cita anual que reúne a los funcionarios del Gobierno con la cúpula de las tres armas. El Presidente no sólo eligió no pasar por alto el espinoso tema de las consecuencias de la represión ilegal llevada a cabo durante el proceso, sino que lo planteó como el nudo de su mensaje. Kirchner propuso la búsqueda de la verdad como forma de reencuentro entre los argentinos. Pidió a las Fuerzas Armadas que acompañen los cambios que propone y recordó que toda su vida militó en un partido fundado por un militar. "Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas quiero que queden en la historia grande, que sean recordadas por haber participado y protagonizado a pleno en la forja de una nueva Nación, donde el pueblo volvió a soñar y a sentirse con derecho a ser feliz", cerró. Los aplausos surgieron más que nada de los propios ministros del Gobierno, acompañados por unos pocos militares. (Ver Página 12, El País, 08/07/03).

Pedido de Baltasar Garzón.
El Juez español Baltasar Garzón, reiteró el pedido de detención contra 46 militares argentinos en Madrid.

El magistrado, además, impuso a los acusados un embargo preventivo por más de dos mil quinientos millones de euros. Para que la demanda se materialice, el Gobierno aún debe derogar, el decreto 1581/01 con el que Fernando de la Rúa decidió que se rechazaran todos los pedidos de extradición, aun antes de examinarse. El proyecto para anular el decreto antiextradición está a la firma de Kirchner. Una vez que los nombres del titular del Poder Ejecutivo y sus ministros figuren al pie de ese escrito, varios militares estarían en condiciones de viajar a Madrid, pero antes atravesarían por un largo proceso judicial.

El pedido que hizo Garzón a través de Interpol quedaría a cargo de la Justicia federal. Los pasos que debería seguir el trámite son: un magistrado estimaría si las extradiciones deben o no efectuarse. Si la Justicia –puede llegar a la Corte Suprema– niega la demanda, el proceso se termina; si la acepta, el Poder Ejecutivo debe ratificarla o rechazarla. "El tema está bajo análisis. El Presidente lo está evaluando y será él quien tome una decisión, pero lo hará en el momento que considere más oportuno", dijeron ayer voceros de la Casa Rosada. Lo que transmiten estas palabras es un cierto disgusto oficial porque consideran que Garzón se apuró a enviar los pedidos de detenciones, justo cuando Kirchner está a punto de viajar a España. En Madrid, periodistas y analistas adjudicaban la rapidez del magistrado al discurso que dio Kirchner el lunes en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas. (Ver Página 12, sección Política, 09/07/03)

Declaraciones del Jefe de Gabinete.
El Jefe de Gabinete y el Ministro de Defensa afirmaron que los pedidos deben ser resueltos por la Justicia , caso por caso. Después del reiterado reclamo de extradiciones efectuado por la Justicia española contra militares argentinos acusados de violaciones a los derechos humanos durante el Proceso, el Gobierno tuvo ayer un discurso único: "Es un tema de la Justicia". Sin embargo, hoy la Justicia está fuera de juego por un decreto que fuentes gubernamentales descuentan que será derogado. El Gobierno ya había decidido avanzar en este terreno antes del pedido del juez Baltasar Garzón. Y luego de las últimas señales dadas por Kirchner —incluido el fuerte mensaje en la cena anual de las Fuerzas Armadas— y de las declaraciones conocidas ayer, quedó claro que aquel decreto firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa será anulado. Rodeado de gente y micrófonos, Kirchner fue consultado en Tucumán sobre la respuesta del Gobierno al renovado pedido del juez español para detener y extraditar a 46 represores argentinos, con un embargo multimillonario sobre los acusados.

El Presidente dijo: "La Argentina vuelve a la Justicia y a la memoria"."Para el Gobierno nacional es un tema judicial que debe ser resuelto en ese ámbito.(Ver Clarín, sección Política, 10/07/03).

"Es triste que alguien tenga que ser juzgado en el exterior porque nosotros no asumimos como país la responsabilidad de juzgarlo", dijo Balza. El presidente Néstor Kirchner avanza con la posibilidad de derogar el decreto que firmó su antecesor Fernando de la Rúa, por el que se rechazan automáticamente los pedidos de terceros países. La Cancillería y la Secretaría Legal y Técnica estudian la necesidad de además firmar un decreto sustitutivo para que los reclamos internacionales no sean rechazados por el Gobierno y pasen a la Justicia argentina para ser analizados. Ayer, el ex jefe del Ejército, aseguró que "hay que terminar con el sentimiento de impunidad, y eso sólo se va a lograr en el marco de la Justicia". Y afirmó, en sintonía con el Gobierno, que en este caso "no está en juego la territorialidad; lo que sucede es que si nosotros renunciamos a juzgar a alguien y no podemos invocar el caso de 'cosa juzgada' entonces se revierte el derecho en otros países que dicen que si nosotros lo juzgamos lo juzgan ellos". Balza, en declaraciones a una radio FM, señaló además que "hay que encontrar una solución, como en aquellos (casos) que han sido beneficiados por la ley de Obediencia Debida, que impidió cerrar el ciclo porque evitó el juzgamiento de aquellos que habían cometido crímenes". (Ver Clarín, Sección Política, 06/07/03).

"Ese es un problema del Presidente de la Nación y la Justicia", sostuvo Bendini, luego de un acto realizado en el edificio Libertador, donde se firmó un acuerdo marco con la empresa Invap. Bendini sostuvo que "hay absoluta tranquilidad" y que "el Ejército apunta a seguir trabajando hacia delante" ( Ver La Nación, Sección Política, 11/07/03).