MR. K: AMPLIACION DEL FRENTE DE BATALLA?

Gestión, poder y letargo
Con más claridad y trasparencia que en los primeros dìas, la letanía de ataques frontales dirigidos por el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, contra estructuras de expectación pública notoria - Fuerzas Armadas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pami, empresarios, entes y empresas privatizadas, etcétera - ha comenzado a revelar el vacío de programas, proyectos o polìticas de fondo, sumergiendo de hecho al gobierno, la sociedad en su conjunto y la estructura política del país en una suerte de letargo pronunciado.

Hasta el momento - y, con mayor precisión, hasta cumplirse el primer mes de gestión - la ofensiva o siembra de expectativa destinada a cosechar un poder que el doctor Néstor Kirchner no posee como resultado de su exiguo concurso electoral, mantuvieron en márgenes lejanos y fuera de una percepción directa, la manifiesta inopia de proyectos y programas.

Tras ese primer mes de gestión los huecos que dejan la falencia de programas u horizontes precisos respecto de los propuestas de fondo, han comenzado a dibujarse de manera ominosa y bastante certera sobre el futuro inmediato del gobierno, dejando al descubierto pr un lado que su único objetivo a la vista consiste en constituir un poder autónomo propio, lo que, por otro lado, revela que, de hecho, carece de tal poder.

La severa duda, las prevenciones y las incertidumbres crecientes que derivan de este esquema único de gestión que exhibe el gobierno del doctor Néstor Kirchner, residen en que el poder no es un programa por si mismo salvo en una jerarquía violatoria dde laConstitución que implica la instauración de un tiranía (autoalimentada de poder que fagocita su propio poder hasta el estallido final)

Con el comienzo mismo dle mes el gobierno ha tenido que empezar a reconocer que no dispone de un plan económico, relativizando su importancia por la boca de quien debería ser, en los hechos, el responsable de elaborarlo (el propio ministro de Economía, doctor Roberto Lavagna).

Del mismo modo ha tenido que admitir que, fuera de una política que implique la intervención del organismo, no dispone de una política más o menos certera y eficiente respecto de PAMI, nada menos que el principal organismo de salud del país.

Aceleradamente ha quedado en evidencia una notoria falencia política respecto de las Fuerzas Armadas consistente en reiterar el esquema que impulsó inicialmente el ex titular del PEN, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, adecuándolo a las modalidades y secuelas de aquella primera ofensiva de los ex combatientes subversivos contra quienes los habían derrotado en el campo de batalla pero que, pese a esta inercia, ni siquiera dispone de una coherente conducción que le permita derogar el decreto que impidió la extradición de unos 700 u 800 oficiales, jefes, tropa de seguridad y algunos civiles comprometidos en la lucha contra la subversión, tal como se verá detalladamente más abajo.

Del mismo modo, el gobierno ha reconocido que debe postergar cualquiera intento de reforma política hasta, en principio, el año 2004 - el año próximo en las estimaciones optimistas de la doctor Marta Oyhanarte, nueva factótum del área correspondiente a la reformulación de algunas normas que rigen la actividad del Estado bajo el común denominador de "democráticas".

Este reconocimiento de demoras, formulado como hito final de un largo curso de postergaciones y diferimientos que incluye la economía, la política social, la de seguridad, etcétera - ha sido acompañado de una consideración justificativa y explicativa que por sí sola es suficientemente clara: es imposible abordar polìticas de cambio y reforma envista de ser este un periodo comicial por lo que resta del año.

Se podría esperar, entonces, que en 2005 tampoco habrá, en consecuencia, la posibilidad de formular y ejecutar polìticas de estado, lo que se proyectara con similares condiciones para 2007, dejando entonces la vigencia de la gestión pública para una presencia año por medio, en aquellas fechas en las cuales no existan comicios.

Esta observación, de suyo peyorativa a modo exclusivamente ejemplificativo, serìa coherente en la media en que se intente continuar con el disimulo de una auténtica y cierta carencia de proyectos o polìticas, de un programa que avale cualquier paso que se de cuando, en terminos más realistas correspondería justamente esperar que en los años electorales se exhiba con claridad las motivaciones y los proyectos que elabora el gobierno para que el electorado pueda juzgar la calidad y su coincidencia o disidencia con la gestión.

En realidad, antes del comicio del 27 de Abril último, fecha en la cual se produjo la votación que ubicó al doctor Néstor Kirchner como segundo en el ranking de preferencias del electorado, nadie habrá escuchado de boca del actual presidente de la Nación, el anuncio de que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación serian denunciados, procesados y desalojados de sus cargos y se absorbería cerca del 70 por ciento del tiempo legislativo en ese propósito, tal como está ocurriendo.

Ni que se habría de proceder al descabezamiento de las Fuerzas Armadas o que se plantearía como alternativa óptima la intervención del PAMI o, en paralelo, que se propondría llevar el gasto público a nuevas y siderales cifras en relación con los subsidios a provincias en una politica destinada a encontrar base de poder para el presidente de laNación en el aparato federal.

Todo esto parece indicar con bastante elocuencia que, al agotarse los temas de la ofensiva, limitarse la cosecha y comenzar el lapso de incertidumbre que el Informe (2300) Argentina con Lupa reconoció en sus ediciones inmediatas pasadas como el itinerario seguido en 40 dìas por el doctor Néstor Kirchner, se ha entrado de lleno en una etapa de letargo e inacción de perfiles altamente conflictivos.

Sin políticas ni programas
Este sinuoso curso de acción - notorias falencias y excusas formales disimulados en ambos casos por operativos distractivos destinados, de paso, a incrementar un poder que se carece - , conflictivo por demás, ha ido eslabonando una situación en la cual quedan claramente al descubierto dos falencias polìticas centrales en la gestión del doctor Néstor Kirchner:

a) la económica, donde la ausencia de un plan económica un mes y medio después de haber asumido constituye el ejemplo vivo de cuanto se señala;

b) la ausencia de una política de seguridad, que pone en evidencia no solo el fuerte crecimiento del delito sino la serie de fuertes contradicciones que imperan en la crisis policial y judicial, a la cabeza de lacuales e encuentran las crisis en las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires, por un lado, y del descabezamiento y liquidación dela independencia de la Suprema Corte de Justicia, por el otro.

Ambos temas. economía y seguridad son, de suyo, los dos polos que castigan de manera menos misericorde a la población y configuran sin duda alguna el eje central entorno del cual giran todos los restantes problemas.

Sin plan económico, con retórica estadística.

En materia económica parece creciente el abismo que se tiende entre el titular de economía, doctor Roberto Lavagna, y el propio presidente de la Nación, de una manera más especifica concretada en los desacuerdos con el área de infraestructura que conduce hasta ahora el arquitecto Julio De Vido.

Temas de fondo para la proyección futura de las inversiones y de la infraestructura misma de la economía del país, como es el caso de las tarifas, parece encontrar un muro de contención formidable levantado en forma conjunta entre el ingeniero Julio de Vido y el presidente de la Nación y el entorno del cual el titular de Economía solo logra ordenar de vez en cuando con vistas a tratar de pasarlo, saltando o hallando algún atajo que le permita sortearlo.

No se trata de que una política - la de postergación sine die de la reestructuración tarifaría, mantenida por los sostenedores del muro - sea mejor que la política destinada a condicionar las tarifas a los acuerdos que se sigan con el Fondo Monetario Internacional - sugerida e intentada sin éxito, hasta ahora, tanto desde el ángulo oficial propiamente dicho como desde el del Fondo Monetario Internacional, que no termina de entender claramente que se propone en este proyecto , sino que la diferencia pone en evidencia la parálisis por un lado pero, por el otro, la desigual distribución de poder o, antes bien,. ala ausencia de poder interno del ministro de Economía.

El presidente Néstor Kirchner parece estar urgido por una rápida resolución de la "limpieza" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de poder prescindir cuanto antes de los servicios del doctor Gustavo Béliz - para cuyo propósito fuera designado - y poder avanzar en su proyecto de enroque general del gabinete (Rafael Bielsa a Justicia, Roberto Lavagna a Relaciones Exteriores, Julio De Vido a Economía y la inserción final de Eduardo Curia) ya que de ese modo podría tener despejado el camino no solo para el manejo de una amplia "caja" que ya ha comenzado a operarse desde las designaciones de la esposa y el hermano del actual ministro de infraestructura para elaborar y ejecutar licitaciones de obras públicas por parte dle segundo y de contralor público de las mismas por parte de la primera -, sino a fin de formular una política claramente expositiva en materia económica.

Los puntos màs críticos de esta política pasarían en principio por la revisión de las empresas privatizadas con el jugoso derivado de sus eventuales ratificaciones o revisiones, asociados a la eventualidad de un amplio reingreso del Estado en la propiedad y administración, gerenciamiento y manipulación de esas mismas áreas ahora privatizadas.

Si bien nadie o muy pocos dudan que el doctor Roberto Lavagna no es, finalmente, un factor decisivo para impedir este curso de acción, se estima que sus propios proyectos de poder y de - quizá - promoción personal con vistas a la presidencia de ea Nación - podrìan constituir un obstáculo formal y manifiesto que con el arquitecto julio De Vido desaparecería.

Esto frena cualquier elaboración de un plan económico que tenga en vista un desarrollo formal para cubrir el período lectivo de la presidencia del doctor Néstor Kirchner y, sobre todo a fin de que el Fondo Monetario Internacional esté en condiciones de avalar un acuerdo con vigencia por varios años.

En principio, la problemática de fondo que afecta ese punto parece algo poco difundido en la fuerte corriente informativa oficial que intenta presentar al alto organismo de las finanzas mundiales como altamente proclive al entendimiento y con plenas satisfacciones con la actual gestión del gobierno argentino.

En principio se disimula que el plazo máximo para un acuerdo con la Argentina no sería, de manera alguna, de cuatro años como se ha difundido desde fuentes oficiales y como es el pedido que se ha formulado desde la presidencia de la Nación, sino de tres años, en el mejor de los casos.

La razón es que en el Fondo Monetario Internacional, aun en el caso de su presidente al que suele presentarse como el más y mayor acuerdista con la Argentina, el tema pasa por quedar bastante lejos del hipotético final del mandato del presidente Néstor Kirchner.

Si este llegara a concluir su mandato en 2007, es imprescindible para los negociadores del Fondo Monetario Internacional que haya un lapso prudentemente prolongado como para que el actual gobierno "rinda cuentas" antes de irse y se ve afectado por las consecuencias de su incumplimiento y no intente "derivar al siguiente gobierno" los efectos de ese eventual incumplimiento o de problemas afines.

De tal modo, el acuerdo no podría ir más allá de 2006, es decir, sería de tres años como máximo y, a estar por los "más realistas" - como se los denomina en la jerga de los economistas - del alto organismo de las finanzas mundiales, lo ideal serìa que no excediera los dos años, con una revisión de fondo al año y una proyección para el tercer año o la liquidación del acuerdo, lisa y llana, en 2005.

Estas demoras han levantado una "politica alternativa" - como suele llamarla el propio ministro de Economía -, conjugada con una supuesta "medición de los efectos de la política seguida" antes que la "exhibición de un plan económico".

En forma privada - y lo habrìa hecho también ante algún funcionario argentino del Fondo Monetario Internacional que acompañó al presidente del alto organismo, señor Köhler, cuando estuvo en Buenos Aires la semana anterior a la que ahora concluye -, el ministro habría expresado que un plan vale por los efectos que se esperan de él y no "por la retórica que suele envolverlo".

Por ello, estimaba que la política seguida - o "plan implícito" - es más importante que toda otro "palabrerío y papeleo".

Y por ello, sumando el hecho la noción de que "a la gente lo que le interesa es lo que está pasando y no lo que nos proponemos hacer", ha intentado responder al vacío que deja la inexistencia de un plan económico, mediante un cuasi ataque sistemático y cotidiano de datos de presunto crecimiento, de presunto derrape de la recesión, de superación de la crisis desatada entre la última semana de 2001 y mediados del 2002.

Con un manejo mediático abrumador, el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Industrial, el costo de vida, el aumento de las ventas comerciales, las expectativas de los empresarios, la caída de la desocupación, la baja de precios, el aumento de recaudación, el superávit en el comercio exterior, etcétera, etcéteraS, intenta presentar los efectos de su año de gestión al frente de Economía como un éxito en proceso más lento o más acelerado de recuperación final.

La idea no solo está dirigida a "taparle la boca a cualquier tentativa critica del Fondo Monetario Internacional, al menos en lo que eso concierne a los efectos ante la opinión pública"; o para el orden interno a fin de "que la gente se estimule y sienta que las cosas van mejor" sino, en lo que en ciertos momentos parece esencial, para mostrar en el interior del propio gobierno que "mejor no nos puede ir" por lo cual "no hay que cambiar de caballo en mitad del río" (frase esta manejada, se asevera, por el ministro durante una reunión - una de las poquísimas en 45 dìas - de ministros - no, claro del gabinete en pleno, ya que han habido tan solo dos -, cuando se mencionó informalmente la posibilidad de traslados, recambios o reformulación del gabinete.

La inseguridad como sistema - El otro punto que mantiene a la gente en vilo y configura el dislate màs sorprendente de la política del actual gobierno, pasa por la seguridad.

Parece incuestionable que haber encontrado un secretario de seguridad en el doctor Quantín más de una amena después de haber asumido y no sin dificultades como la sorpresa del propio designado sino las resistencias generadas en el interior del gobierno que pensaba en otros personajes para el cargo - entre ellos el veterano otrora dirigente comunista Sigal, hoy viceministro de Relaciones Exteriores -, son situaciones que ponen en evidencia, por sí solas, la inexistencia no ya de un equipo político que pueda encarar el asunto, sino ni siquiera de una política definida respecto de la seguridad, que configura el bien social y político mas afectado después de la economía.

El descabezamiento de la cúpula de la Policía Federal para recaer en la designación del viejo jefe por un lapso prudencial - hasta fin de año -; o el descubrimiento después de un año - por parte del propio ministro que lo designó, doctor Juan Pablo Cafiero - de que el jefe de la Policía Bonaerense, - es un hombre sospechoso de corrupción por sus recursos radicados en el exterior, configuran el desiderátum de la improvisación y el desconcierto.

En paralelo, el gobierno nacional, de consuno con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, decide recurrir a la presencia de unos 2000 hombres de la Prefectura Nacional y la Gendarmería Nacional, con el argumento de poder taponar el bache de la carencia de personal para resolver la prolífica propagación de la violencia y de la inseguridad pública y como desiderátum de solución.

Cuando los jefes de ambas instituciones explicaron que 2.000 hombres se reducen a cuatro cuartos de 500 hombres y que de estos hay que deducir no menos del 45 por ciento ya que se disponen regímenes de trabajo especiales, con lo cual los hombres en la calle serán apenas entre 270 y 280; pero que, además, esos 2000 hombres deberán sacarse de algún punto crítico bajo custodia de ambas instituciones - y se enuncian, entonces la Triple Frontera, los accesos a la capital, los puntos fronterizos andinos y litorales, la custodia de la pesca y la vigilancia de intrusos laborales en tierra y de pesca en el litoral marítimo, por lo cual solo aumentando las dotaciones se podría disponer de tales efectivos (bien que ni un gendarme ni un prefecto se forman de la noche a la mañana), la respuesta del presidente de la Nación es decapitar las cúpulas de ambas instituciones que habían quedado rezagados en el proceso de búsqueda de poder personal.

Lo curioso de la decapitación y los reemplazos es que el asunto, que debìa pasar por el resorte del ministro de Justicia y el secretario de Seguridad, de quienes dependen ambas instituciones en su faz orgánica, se resuelve por curiosos senderos ya que mientras el ministro Gustavo Béliz propone dos nombres como titulares de ambas fuerzas de seguridad, el presidente designa tan solo la propuesta sugerida para Gendarmería como segundo termino de la misma, ignorando las cabezas primera de esa institución y primera y segunda de la Prefectura que habían decidido su ministro.

Parece obvio que todo el tiempo y energía gastados en este punto permitieron dejar de lado el problema de fondo: la revisión de las normas judiciales por las cuales el delito se propaga bajo condiciones de protección manifiesta.

El tema de fondo de la reforma de las normas jurídicas por las cuales pese a la eficiencias policial que detiene a los delincuentes, estos entran por una puerta y salen por la siguiente, sin transición, protegidos por las leyes vigentes, es algo que se deja de lado y queda diluido en la pelea por ganar espacios de poder y sustituir escalones de poder aleatorios.

Pero además, curiosamente, de un modo imprevisto, hombres como el doctor Juan Pablo Cafiero o el propio presidente de laNación, que se han caracterizado por sus prédicas contra lo que denominan "el gatillo fácil" y contra las normas que identifican ellos como "represivas sociales" del delito, repentinamente ha dado un paso que los coloca sobre el otro costado de la polémica.

Por que a fi de eludir el problema de fondo que sus adversarios señalan, parece dispuestos a privilegiar el uso de lafuerza para limitar el despilfarro de violencia desatada por los delincuentes.

No otra cosa es intentar dar una solución mediante el aumento de lapresión de las fuerzas de seguridad en las calles, algo aleatorio mientras subsistan las leyes de protección al delincuente.

Coherente designación de Zaffaroni en la Corte - En realidad, el asunto no parece extraordinario si se mide por la decisión presidencial de impulsar - sin espacio para que se difundan públicamente las grave y severas objeciones pertinentes - al penalista Zaffaroni como miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Informe (2003) Argentina con Lupa detectó esta intención y los proyectos que se elaboraban en una fecha tan temprana como la primera semana del gobierno del doctor Néstor Kirchner cuando este arremetió contra el alto rganismo judicial de la Nación en inusitada fractura de la relación entre los poderes del Estado y se reiteró en varias oportunidades, la última en la prognósis del mes de Julio corriente, la semana anterior, 48 horas antes de la designación.

No era, pues una novedad y resulta coherente no solo con otros nombres que todavía figuran para futuras designaciones en reemplazo de los restantes miembros de la Corte que serán procesados, como los de los doctores Daniel Sabsay - una suerte de cortina de humo para disimular las otras designaciones; Esteban Righi - ex ministro de Héctor Cámpora e impulsor de la ley de amnistía del 25 de Mayo de 1973 para poner en libertad a 600 guerrilleros condenados por la justicia penal -; Gil Lavedra, León Arslanian, Raúl Ricardo Alfonsín - ejecutores e impulsor de la condena a los militares que derrotaron a la subversión; Rafael Bielsa, etcétera.

Pero la designación del doctor Zaffaroni parece un hecho de relieve curioso y un desenfadado desafío, en un momento en el que se registran en la Argentina decenas de policías muertos y casi un centenar de episodios violentos y criminales diarios y en el que la gente clama por una política capaz de poner fin a esta escena.

Esencialmente parece el intento de desafiar el reclamo popular que colocó en la calle, tan solo enel curso de la semana que viene de concluir, aproximadamente diez mil persona en por lo menos cuatro o cinco ciudades del interior, reclamando contra la impunidad de los delincuentes y apuntando enforma directa a la policía.

Responder al reclamo con un a si mismo identificado como "garantista" - concepto que el abogado Ventura Daniel Bustos relativizaba señalando que todo hombre de leyes y respetuoso de la Constitución supone una "garantía" contra los excesos, vengan de donde vinieren - que, traducido a la jerga política y corriente, expresa el intento de acentuar el permisivismo en materia penal, constituye un claro desafío presidencial a las corrientes partidarias de la severidad y seriedad en la represión del delito.

Por que, en realidad, la decisión del presidente de propiciar la integración del doctor Zaffaroni en la Corte parece reconocer tres desafíos claros y con objetivos predeterminados:

a) desafiar la noción de que es necesario reprimir el delito para que este concluya, por lo cual un hombre que ha hablado de derogar el sistema penal (sic), es el idóneo para subrayar una actitud en tal sentido (y esto a pesar de que, en los hechos del día, han debido optar por la politica de "mano dura" recurriendo a la Gendarmería y la Prefectura);

b) pero, de paso, cabe recordar que el doctor Zaffaroni es el autor del denominando "Código de convivencia" de la ciudad de buenos Aires y que, en tal sentido ha tenido al doctor Gustavo Béliz - el ministro de Justicia que ahora deberá respaldar su designación como cortista - como uno de sus más violentos detractores en la Legislatura porteña, con el extremo de haberlo llamado "socio de los delincuentes y violadores de las màs elementales normas de convivencia social", datos estos que suman argumentos para que el doctor Gustavo Béliz deba dar un paso al costado tras la "limpieza" de la Corte, dejando espacio libre para que avance el actual canciller, doctor Rafael Bielsa y el enroque global enel gabinete; y recordar de paso que, el día que se sancionó el Código, los homosexuales - geys y lesbianas - hicieron una celebración pública en la cual el propio doctor Zaffaroni participó envolviéndose en una de las banderas de la agrupación que los representa y manifestándose de manera eufórica, según se puede constatar en una difundida primera página del Diario La Nación de Buenos Aires, que publicó una fotografía a dos columnas que lo testimonia;

c) un desafío a la idea de una Corte ajena a la política, si se toma en cuenta que el juez Zaffaroni tuvo un elogioso apoyo para el ex titular del PEN, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. luego fue miembro y directivo del Frepaso, por el cual ocupó una banca en la legislatura porteña y, finalmente, durante la campaña electoral última, expresó inocultablemente su adhesión pública y partidizada, por el candidato Néstor Kirchner.

Fuerzas Armadas: conflictiva extradición
En las ultimas 48 horas de la semana que ahora concluye, viene de plantearse un asunto de fondo que presagia una crisis de honduras inesperadas y que compromete no solo la política seguida hasta ahora por el presidente Néstor Kirchner con las Fuerzas Armadas sino la propia presencia de estas en su actual configuración y nomenclador jerárquico.

Una fuente castrense, en coincidencia con algunas fuentes de los servicios secretos del estado y - lo que parece más gravitante -, una importante fuente diplomática acreditada en el país, habrìan planteado, muy cerca del propio presidente Néstor Kirchner, si cabe acceder a los pedidos de extradición formulados desde el exterior sobre un total de entre 700 u 800 jefes y oficiales de las fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad y una porción mucho menor de civiles.

Por la ley de obediencia debida y la de punto final, esos uniformados estaban exentos de juicios vinculados a la lucha antisubversiva. Un decreto firmado por el doctor Fernando de la Rua y su por entonces ministro de Defensa., doctor Ricardo Hipólito López Murphy, se estableció que no podrìan ser extraditados por las denuncias de las que los liberan por imperio de aquellas leyes.

Pero un decreto que está a la firma del presidente autoriza la extradición de un primer lote que podrá llegar a unos 108 jefes y oficiales de todas esas fuerzas dando juridicidad a la ley extranjera o a los procedimientos judiciales extranacionales.

Un aspecto inesperado se plantea ahora en torno de la suerte impasse mantenida por el gobierno argentino - impasse subrayada por el gobierno del doctor Néstor Kirchner - de manera elocuente respecto de algún reclamo sobre los servicios de inteligencia iraníes responsables directos de las voladuras de la embajada de Israel en Buenos Aires y de la AMIA, con decenas de muertos y centenares de heridos, en una operación cercana a los limites de la hecatombe y de la màs brutal violación de los derechos humanos, de la soberanía y de la burla màs hiriente a las relaciones diplomáticas internacionales.

El problema de fondo en torno de este asunto giraba, en la consideración de las fuentes antes mencionadas, en torno de la manifiesta contradicción que se desatará si la Argentina reconoce el derecho extranjero a juzgar a oficiales y jefes militares por operaciones cumplidas en el orden de una guerra sucia como la vivida en la Argentina en la década del '70 si, al mismo tiempo, depone, por su parte, el reclamo sobre cuadros militares y paramilitares extranjeros -. iraníes, para el caso - que ocasionaron gravisimas lesiones al honor nacional, la seguridad y los derechos humanos en la Argentina.

Si este episodio no se zanja adecuadamente podría converger sobre un tema adicional de gravedad internacional como es el reclamo de los Estados Unidos para que sus soldados y cuadros castrenses sean eximidos de cualquier reclamo de extradición cuando deban operar sobre territorio argentino.

Y esto alcanza, sin dudar, un doble sentido:

a) lo es cuanto supone que en los operativos de entrenamiento, maniobras y demás programas en curso, pueden ocurrir episodios sujetos a las denuncias y polémicas que generan los a sí mismos denominados defensores de los derechos humanos;

b) pero también supone una apertura a un tema que, hasta ahora. se disimula y nadie, por lo que se sabe, ha mencionado en forma publica: los recaudos que Estados Unidos vienen adoptando a fin de disponer de un dispositivo de seguridad jurídica para su tropa respecto de la Argentina - el mismo que se reclama de en otros países, algunos de ellos emblemáticos en el tema - , revela que en la Unión existen hipótesis respecto de la posibilidad de que las Fuerzas Amadas estadounidenses puedan verse obligadas a intervenir de manera directa y territorial en la República Argentina.

Un antecedente, en este sentido, es lo que corresponde a las acciones que lleva adelante, ahora mismo, en el territorio colombiano, lo que supone un interrogante que el gobierno recién ahora descubre y que algunos de sus asesores descartaban probablemente desde hace bastante tiempo: la posibilidad de que el territorio argentino quede sujeto a las mismas - o similares, al menos - condiciones de riesgo que el territorio colombiano.

Quizá estos puntos están en la base de los críticos desacuerdos que viene generando el decreto que el presidente no ha firmado todavía disponiendo la extradición de los jefes uniformados antes mencionados y que contaría con severas objeciones del propio ministro de Defensa, tantas veces pasado por alto por el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner.

Pero sería, del mismo modo, la razón de fondo para que se haya mantenido estricto silencio acerca de la"comida de camaradería de las Fuerzas Armadas" que debería realizarse entre el domingo de esta semana que ahora concluye y el lunes de lasemana que ahora comienza, previo necesariamente a la celebración del 9 de Julio.

El juego de presiones y demandas, contrapresiones y amenazas que flotan en el ámbito castrense, indica que el presidente podría temer una fuerte reacción de cuadros medios e inferiores de la institución por lo cual el encuentro, como se consignó en el Informe (2003) Argentina con Lupa desde hace ya unas cuatro semanas, podría verse fuertemente restringido a un grupo reducido de altos jefes con el presidente, el ministro de Defensa y con solo algún discurso formal del propio ministro y otro del jefe del Estado Mayor Conjunto.

Como se puede observar, la ausencia de políticas sustituidas por los golpes de busca de poder, traen por arrastre conflictos más severos aún.

Llega el "correctivo"
Tal como se señalara la semana precedente en este mismo espacio, el ex presidente interino de la Nación, doctor Eduardo Duhalde prolongó lo mas posible su permanencia enel exterior fin de no verse envuelto en los sucesos eventuales de la celebración castrense del 9 de Julio, de manera que es probable que arribe a Ezeiza, desde Roma, entre el lunes y el martes de esta semana que ahora comienza.

No cabe esperar del jefe político bonaerense otra cosa públicas que una ratificación de su cercanía al presidente Néstor Kirchner y una ratificación de su confianza - también pública- en la gestión que este viene desarrollando.

Pero tendrá a la mano, desde el primer momento, el informe in voce y no ya telefónico, de su esposa Hilda - Chiche - González de Duhalde, que desde hace una semana viene manteniendo contactos "a full" con los diversos canales del poder duhaldista en la provincia de Buenos Aires y los residuales en el propio gobierno de Néstor Kirchner.

La primera atención del ex presidente interino girará sobre algunos de los siguientes ítems:

a) personal del estado e instituciones afines de su estricta subordinación, desplazado por Néstor Kirchner (diverso organismo del estado, Pami, organismos internacionales, etcétera: un total que su esposa probablemente le informará, son aproximadamente 165 personas con niveles de secretario hasta directores nacionales);

b) los jefes municipales - intendentes o no - bonaerenses que han sido presionados, amenazados o dejados de lado en decisiones polìticas que atañen a su relación con la Nación, aparte de la fuga parcial o total de algunos de ellos hacia el kirchnerismo (caso extremo: Balestrini en La Matanza);

c) política seguida por el doctor Néstor Kirchner, interpósita justicia o decisiones administrativas por denuncias, etcétera, contra empresarios de la màs estricta riñonada duhaldista y que afectan el curso habitual que siguen los fondos paralelos desde el Estado, desviándose hacia nuevas cajas y que, en el curso de las ultimas tres semanas, tuvieron dos nombres emblemáticos: Gualtieri y Eurnekian, el primero relación de vieja data y el segundo a quien se le había decretado la renovación del contrato apenas dos meses antes de que asumiera el doctor Néstor Kirchner sin que este planteara objeción alguna;

d) política seguida con las provincias, justamente allá donde el duhaldismo había trabajado más afanosamente un intento de quebrar el cerco que lo aislado en el distrito bonaerense, como son los casos de Misiones, Formosa, Tucumán y la propia Tierra del Fuego, seguidas de manifiestas derrotas en el último caso.

Pero el propio doctor Néstor Kirchner ya habrìa tenido una severa advertencia desde el costado duhaldista en el curso de la semana que viene de concluir, cuando por orden del secretario de AFIP, doctor Abad, se procedió a un total de más de 150 allanamientos en busca de "documentación trucha", pero en casi todos los casos centrados en un punto: las actividades del Banco de Santa Cruz, privatizado por el doctor Néstor Kirchner y donde éste no dejaría de disponer de una presencia o conocimiento discreto pero bastante profundo.

Esto explicaría por qué el operativo se realizó de una manera tan silente, hasta el extremo de que el propio presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, se habrìa enterado por los noticiosos radiofónicos vespertinos del día en que ocurrieron, salvo, se asevera, media docena de comunicaciones telefónicas urgentes que no habrìa respondido en la suposición de que se trataba de cuestiones rutinarias y de trámite.

Y explicaría, asimismo el encuentro urgente concretado en la mañana del día siguiente a los allanamientos, muy temprano, del secretario de la AFIP; doctor Abad, con el propio presidente Néstor Kirchner, citado por este último, desatándose una fuerte presión para rectificar algunos puntos del operativo.

El duhaldista Abad habrìa reportado estos resultados a la fuente misma de sus preferencias - y poderes y subordinación - políticos, de manera que, desde los primeros dìas de esta semana que ahora se inicia, con las cartas sobre la mesa y sabiendo cada cual a qué cabe atenerse, comenzará el intento denominado "correctivo" en las intimidades del peronismo bonaerense.

 

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