¿UN PASADO QUE SE RESISTE A PASAR?

 

Luis María Bandieri

Lo propio del pasado es pasar, salvo entre nosotros. Parece que estamos condenados a seguir librando la guerra civil, esta vez en los estrados judiciales tanto de nuestro país como de Europa, en nombre de la memoria absoluta. ¿Es que el olvido, en su forma política de amnistía, resulta siempre vituperable y equivalente a impunidad? Vale la pena examinar serenamente el punto, como pretende este artículo.

 

El antecedente griego
El año 403 antes de nuestra era, Atenas se encontraba en un momento muy difícil de su vida política. Poco más de un año antes, su escuadra había sido aniquilada por la de los espartanos. Apoyándose en las tropas vencedoras, un gobierno de treinta integrantes, a quienes la voz popular llamó los "Treinta Tiranos", había instaurado un régimen de terror, con proscripciones y confiscaciones. Los ricos y famosos se tomaban así desquite de las persecuciones vejatorias sufridas durante el predominio del partido democrático, que no había sabido, del punto de vista de la política exterior, ni dirigir la guerra no obtener la paz. Critias, un intelectual de familia linajuda, discípulo de Sócrates y tío de un prometedor joven filósofo conocido con el seudónimo de Platón, era una las figuras principales del régimen oligárquico que, tomando como pretexto las demasías demagógicas pasadas, redujo el cuerpo político ateniense a una asamblea de tres mil personas escogidas. Sin embargo, desde otras ciudades de la península helénica, adonde los había conducido el destierro -como antes pasara a los oligárquicos- los jefes del partido democrático y especialmente uno de ellos, Trasímaco, iniciaron la reacción. Por un lado, debían reconstruir la credibilidad en sus vistas políticas, atento que aún estaba fresco el recuerdo de sus gruesos errores. Por otro, arriesgaban al máximo en ese juego, enfrentándose no sólo con el otro bando de la guerra civil, sino además con las muy eficientes tropas espartanas que sostenían a este último. Los demócratas se acercan a Atenas, toman el puerto de El Pireo y se lucha en las calles de la ciudad. Critias muere en uno de esos combates. Los tres mil se reúnen y designan a diez ciudadanos para que establezcan una nueva constitución. Pero la transición no es nada fácil. Hay todavía partidarios de los Treinta replegados sobre Eleusis, la ciudad de los misterios de Ceres, distante unos quince kilómetros de Atenas, que amenazan establecer una comunidad política separada y hostil, apoyándose en los hoplitas espartanos. La escuadra de Esparta, por otro lado, remaba sostenidamente hacia El Pireo, dispuesta a recuperarlo. Una guarnición permanecía aún en la Acrópolis, dominando la ciudad. Podía proseguirse la guerra civil, matándose los atenienses entre sí para mayor beneficio del lacedemonio, o poner fin ambos bandos a la carnicería recíproca. El rey de Esparta, Pausanias II, desoye el consejo de sus generales y almirantes, deseosos de la aniquilación del enemigo, y se ofrece como árbitro entre los partidos en pugna, y garante de un acuerdo conciliatorio. Los atenienses decidirían por sí mismos cómo sería su futura constitución. La oligarquía había podido encaramarse al poder sobre los hoplitas; ahora, se restableció la democracia, con la condición anexa del retiro del ejército lacedemonio. Para asegurar que la transición fuese pacífica, se votó una amnistía: el pasado político, las muertes y proscripciones quedaban olvidadas, y no daban lugar a persecución judicial, salvo para los oligarcas más comprometidos, es decir, los sobrevivientes del comité de los treinta. No obstante, estos y sus partidarios podían retirarse a Eleusis y establecer allí una polis (de hecho, pocos años después, los eleusinos autodesterrados se reunieron a Atenas).

El que acabo de narrar es uno de los ejemplos clásicos y más antiguos de amnistía política. En él se dan ya las características principales de las sucesivas que registrará la historia de Occidente. La amnistía, ante todo, no tiene que ver con la justicia, sino que, como su etimología lo indica, marca un olvido, tanto de las injusticias pasadas y sufridas, como de someterlas al veredicto de la administración judicial presente o futura. Tampoco la amnistía tiene que ver con el perdón o la reconciliación, en términos morales y religiosos. La amnistía opera como un olvido, a favor de sus beneficiarios, de las acciones criminales -en general, no de las reparaciones civiles- que podrían normalmente intentar contra ellos las víctimas de sus actos, o sus deudos. Olvido no resulta necesariamente perdón; por ello, la amnistía resulta -en principio- ajena a la esfera de los juicios de valor morales o religiosos. La amnistía afirma la necesidad de recuperar un valor propiamente político, cual es la concordia o amistad política, a los efectos de un nuevo comienzo, con las ventajas consiguientes para la sociedad en su conjunto. La amnistía, pues, se dicta desde la razón de Estado y, en puridad, es en ese terreno donde puede juzgarse su validez y eficacia. Se pronuncia desde una situación excepcional -cambio de régimen político, cese de una guerra civil o de la ocupación extranjera, etc.- y resulta de ella misma una excepción a la normalidad, precisamente para permitir el reingreso en la regla y la norma comunes. Los efectos de la amnistía, vistos desde los casos particulares de los que han sufrido aquello cuyo persecución penal se olvida, resultan seguramente inmorales e injustos. Sólo se justifica por su capacidad para recrear la amistad política y superar la interminable cadena vindicativa de la lucha faccionaria. Por ello, su posibilidad de andamiento está en razón directa del prestigio o consenso de que goce el gobierno que la imponga y de su perspicacia para restablecer con ella un equilibrio super partes. La ley 22.294, llamada de autoamnistía, dictada durante el turno del general Bignone, en el proceso de Reorganización Nacional, por ejemplo, no reunía ninguna de estas características. Tampoco la establecida en 1973, bajo el gobierno de Cámpora, luego de una tumultuaria liberación de presos cubierta por un indulto presidencial, que no produjo un equilibrio superador de la contienda, sino que más bien la ahondó.

 

A comienzos de la democracia
El candidato presidencial Raúl Alfonsín, en 1983, para permitir que la sociedad argentina saliese de una buena vez del calabozo de la lógica binaria del terrorismo/torturismo en que la había encerrado la guerra civil, asumió el compromiso de juzgar a las cabezas de ambas facciones y, especialmente en cuanto al bando contrainsurgente, discriminar niveles de responsabilidad, a fin de permitir el saneamiento y continuidad de la institución militar. En esos términos, en principio, no podía operar una amnistía, cuyas características son la aplicación in rem, sin acepción de personas. El doctor Alfonsín expuso esta posición durante su campaña y, en especial, en una conferencia pronunciada en agosto de 1983 -poco antes de los comicios del 30 de octubre de ese año- en la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Reconocía tres categorías de militares intervinientes en las operaciones de contraguerrilla: a) los que planearon la acción contrainsurgente y emitieron las órdenes correspondientes; b) los que se excedieron de esas órdenes, por crueldad, perversión o codicia; c) quienes cumplieron estrictamente con las órdenes recibidas. Este último grupo quedaría exento de persecución penal.

Alfonsín sostenía, junto a este distingo, la inconstitucionalidad de la ley de amnistía postrera del Proceso. Ítalo Luder, el candidato justicialista, si bien en desacuerdo con esa ley, destacaba que su eventual derogación violaría la garantía constitucional que impide la aplicación retroactiva de la ley penal. Sobre este punto giró buena parte de la polémica entre los aspirantes a la presidencia. Luder se sentía más cerca del triunfo y trataba de evitar que su gobierno comenzara en el fragor de un enfrentamiento con los militares en retirada. La apuesta de Alfonsín, como desafiante del favorito, era más fuerte sobre este punto, aunque amparada en el distingo prudencial antes referido, que debería evitar que el entonces llamado "partido militar" fuese llevado en bloque al banquillo de los acusados, provocándose así una rebelión. Ese distingo prudencial giraba sobre la obediencia debioda como causa de justificación. La mayoría ciudadana se volcó a este último criterio el 30 de octubre de 1983. Y, por lo tanto, el nuevo presidente arrancó con el compromiso, tomado frente al electorado de juzgar a las cúpulas de ambos bandos de la guerra civil y dejar fuera de toda persecución a los militares que habían cumplido las órdenes del alto mando contrainsurgente. Ello implicaba, también, dejar de lado la "autoamnistía" procesista.

A principios de 1984, por medio de los decretos 157 y 158, y en cumplimiento del compromiso asumido durante la campaña, que la mayoría del electorado había hecho suyo, el gobierno de Raúl Alfonsín ordena al Ministerio Público iniciar acciones contra la cúpula del Proceso y los cabecillas de la guerrilla. De ese modo, el Estado daba por clausurada la guerra civil que venía librándose intermitentemente desde quince años atrás, colocándose super partes y recobrando el monopolio del ejercicio de la violencia legítima.

Los dos maximalismos
Esta decisión política de profunda significación y alcance, chocó con la agitación levantada en su contra por dos frondas maximalistas, que pretendían seguir con la guerra intestina por otros medios, cuyo choque estruendoso apagó el consenso mayoritario de la sociedad a esas medidas de persecución penal. Por un lado, el bando contraterrorista se presentó como el de los ganadores de la contienda a quienes se pretendía someter inicuamente a un nuevo proceso de Nuremberg. El otro bando se manifestó a través de sectores extremos de algunas asociaciones defensoras de los derechos humanos, exigiendo un triunfo reparatorio y plenario en los tribunales, que aniquilara hasta el último de los contrarios. Ambos se encarnizaron con el gobierno. Los primeros se dedicaron ineficazmente -por fortuna- a conspirar y eficazmente -por desgracia- a paralizar toda investigación y decisión condenatoria que pudiera tener curso por los tribunales militares, estrategia esta última que fue desastrosa a largo plazo. Los segundos tildaron al gobierno de cobarde, traidor y cómplice de la represión, desarrollando al mismo tiempo una guerrilla de opinión, favorecida por la tontería tenaz de sus contrarios, que llegó a imponer en los mass media la interpretación según la cual la primogenitura de la violencia política en la Argentina correspondía exclusivamente a los militares del Proceso, sin acepción de grado, quedando cubiertos todos los demás violentos por una amnistía de hecho fundada en la ignorancia pública. El huevo de la serpiente de la intolerancia política en nuestro país, que obliga a avanzar constantemente en reversa y convierte los pequeños logros republicanos en estatuas de sal orientadas sólo a dejar sin compostura los desgarros del pasado, reside en esa posguerra continua de rencores porfiados, sin que se haya encontrado hasta el momento una dirigencia política con suficiente libertad íntima e independencia práctica como para obligar al entierro definitivo de las armas. Este mecanismo de remitir todo conflicto a aquel conflicto supuestamente inicial opera realimentándose a sí mismo cuando la cuestión decae o está a punto de languidecer en la opinión pública, creándole así una pervivencia sofocante. Es como si al país le hubiesen colocado un termostato perverso, que en caso de baja de la temperatura provocase el reencendido del circuito para volver al calor conflictual originario.

Volviendo a 1984, debe recordarse otra dificultad con la que tropezó el gobierno en su intento de procesar a las cabezas de ambas facciones: los tiempos procesales resultantes de la reforma al Código de Justicia Militar, donde se introdujo una nueva instancia ante la justicia federal penal, transcurrieron mucho más aceleradamente que los del proceso escrito, propio del antiguo Código de Procedimientos en lo Penal, con que se juzgaba a los cabecillas guerrilleros, en buena parte aún prófugos.

El 22/II/85, en vísperas del juicio a los ex comandantes del Proceso, en un artículo publicado "La Nueva Provincia", bajo el título "Esquilo en los Tribunales", y que cito simplemente a efectos de datar la postura, escribí:

"En Las Euménides, se cuenta que las Erinias, espíritus vengadores propios de una sociedad matriarcal, persiguen a Orestes por haber matado a Clitemnestra. Atenea, no engendrada de mujer, sino nacida enteramente de su padre Zeus, diosa del coraje, de la prudencia y de la moderación, enemiga declarada de lo salvaje, interviene decisivamente y pone a las Erinias fuera de juego. Lo hace inspirando una sentencia que es un empate, pero sin afrenta. Orestes, el vengador que ha cumplido oscuramente con el oráculo y al que persigue su propia conciencia, sobrevivirá, y las Erinias, las Furias, convertidas en Euménides, en bondadosas, se incorporarán al orden de la polis. Allí los principios opuestos no se exterminan ni desaparecen tras el espejismo de una "síntesis", sino que se equilibran, provisional pero providencialmente".

La misma situación trágica puesta en escena por Esquilo se repetía entonces en la Argentina. Las Furias exigían tomarse venganza del homicida que se había creído, antes, justificado para tronchar la vida de otros por su propia mano. Podía desencadenarse, bajo la óptica exclusiva de víctimas y victimarios, una cadena inacabable de venganzas recíprocas. O, desde la prudencia y los intereses de la sociedad toda, poner fin al ciclo vindicativo con una sentencia, afirmativa de un orden superior, donde se equilibraran de una vez las pretensiones faccionarias. El derecho, en el fino fondo, resulta esto último: un orden clásico destinado a erigir la concordia de la polis por sobre el tumulto de las venganzas particulares. Un derecho construído sobre una absolutización de los sufrimientos de la víctima, que se encontraría así legitimada para extender los efectos de su vindicación al infinito, termina reabriendo -se lo quiera o no- el ciclo sacrificial de la vendetta inacabable; en otras palabras, el derecho absoluto de la víctima hunde el orden jurídico.

Luego del fallo de la Cámara Federal sobre los ex comandantes, bajo el título "Después del Fallo", el 13/XII/85, escribí en el mismo diario:

"En la medida en que la reconstrucción del Estado, que el fallo afirma, se logre sin recaer en odios primordiales y telúricos, el indulto o la conmutación de la pena, por parte del Ejecutivo, serán las consecuencias lógicas de la sentencia, según muestra, por otra parte, la experiencia histórica, de aquí o de afuera. Lo que hizo De Gaulle con Pétain, ¿por qué no habría de hacerlo en su momento Alfonsín con Videla? Eso sería, en definitiva, el "punto final" de la catarsis sacrificial que cierra nuestra guerra civil. No es un caso de que sea capaz el Congreso, visto el carácter catastrófico de la amnistía del 73, o de la ley que en el mismo sentido pergeñara el Proceso. Sería, en las circunstancias adecuadas, un acto de grandeza soberana del Ejecutivo. Hay que aprender algo tan simple como esto: nadie gana una guerra civil".

La sentencia condenatoria dictada por el tribunal devolvía a los otros dos poderes la responsabilidad de continuar el orden republicano por aquélla afirmado. Lo que no podían los tribunales era detener, con un criterio de decisión política, el aluvión de imputaciones, citaciones y procesamientos respecto de los niveles siguientes de la jerarquía militar. Ello dependía de una decisión política extratribunalicia, que se tomó a los tumbos.

Punto final y obediencia debida
Recordábamos cómo la decisión tomada en los comienzos del gobierno de Alfonsín de proceder al juzgamiento de las cúpulas guerrillera y contrainsurgente se había desarrrollado, en un caso y otro, con muy distinta velocidad, producto de la aplicación de dos sistemas procesales diversos. La fronda maximalista proguerrillera, al amparo de esa diferencia, consiguió imponer en la rudimental videología de los mass media la noción de que la fuente y origen de toda violencia política en la Argentina debía buscarse exclusivamente en la represión del Proceso. Después del fallo contra los miembros de la Junta Militar, era evidente que el corte a efectuar en la masa de oficiales y suboficiales, respecto de aquellos pocos que debían continuar bajo investigación y los muchos que debían ser eximidos de ella -promesa preelectoral de Alfonsín sobre la cual habían coincidido los votantes que le dieron mayoría, como ya hemos visto- sólo podía resultar de una decisión política proveniente del Ejecutivo o del Legislativo, pero nunca de los jueces, inhabilitados para tal tipo de lógica decisoria y, además, compelidos por el engranaje procesal a citar a juicio sin discriminación alguna.

A fines de diciembre de 1986 el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley de "punto final", que establecía un plazo de caducidad para las denuncias formuladas en virtud de la ley 23.049, que regulaba los juicios a personal militar y de seguridad, y que permitía a los imputados invocar una presunción relativa de justificación por cumplimiento de órdenes recibidas, salvo casos aberrantes o atroces. La ley 23.492 fue aprobada con un gran desgaste político, pero produjo el efecto contrario a lo esperado, ya que las causas judiciales con personal militar o de seguridad involucrado se multiplicaron. Pero debe aclararse que, en lo absoluto, esa ley, en cuanto acto jurídico, estuvo afectada por los vicios clásicos de la voluntad: error, dolo o violencia, que pudiera invalidarlas. Al mismo tiempo, surgían las primeras manifestaciones de desobediencia militar a la comparición de sus integrantes a citaciones de jueces penales. En el año 1987, Firmenich, que había sido traído desde el Brasil, fue condenado por la Cámara Federal de San Martín y se obtuvo la extradición de López Rega, pero no se logró recrear de este modo la sensación del equilibrio super partes. El objetivo de la persecución penal, a los ojos de la opinión pública, se había concentrado en la extensión de los procesos a militares; éstos, por su parte, sintiéndose acorralados, organizaban una resistencia in extremis. El escenario para una argentinada catastrófica estaba, así, bien preparado.

Los posibles escapes a esa situación eran: a) o bien una ley de amnistía que, por no permitir ese instituto distinciones personales, habría de favorecer necesariamente a los ex comandantes condenados; b) o bien un indulto presidencial a los oficiales imputados no incursos en actos aberrantes o atroces; c) o bien una ley de obediencia debida donde se fijara claramente el sentido y alcance de esta causa de justificación, para clausurar los juicios (recuérdese que la obediencia debida como causa de justificación había sido planteada ya por el candidato Raúl Alfonsín en campaña). La primera vía habría producido desaliento al volverse atrás sobre lo actuado y colocarse otra vez en los términos de guerra intestina del conflicto inicial, desacreditándose al mismo tiempo el gobierno a favor del exacerbamiento de los grupos maximalistas. Sostuve la segunda vía, la del indulto, en un artículo en este diario, del 27/III/87, titulado "El error de Las Perdices", donde se comentaba un discurso de Alfonsín sobre el tema, poco feliz a mi juicio, en la localidad homónima:

"Antes, pues, que la cuestión militar produzca la erosión de este ensayo republicano cuya llegada a buen fin la inmensa mayoría desea, corresponde una decisión del poder político tomada en vista de la salud pública. Es obvio que esa decisión debe ser el indulto de los oficiales afectados, salvo de aquellos que se considere por razones muy graves y bien sopesadas que deben continuar bajo investigación judicial. El indulto es un perdón particular que el presidente, según la Constitución, puede otorgar aún en el caso de que no haya sentencia judicial. Acto ni judicial ni administrativo, pertenece a la esfera discrecional del jefe de Estado. Fue precisamente Yrigoyen quien indultó en el curso de un proceso, y el entonces procurador de la Corte, José Nicolás Matienzo, quien fundamentó la constitucionalidad de la medida. La agitación militar, con la aplicación de esa medida, disminuiría; el presidente habría redondeado su planteo preelectoral; los responsables de la decisión contraterrorista, los ex comandantes, continuarían cumpliendo sus condenas y los procesos a los terroristas continuarían sustanciándose. Cierto que no todo serían rosas, que la fronda de la izquierda seguiría provocando al gobierno, como ya lo hace, y hasta de los propios beneficiarios surgirían críticas, pero el viejo Maquiavelo decía en su tiempo que cuando se trata de evitar un inconveniente se cae en otro, siendo la prudencia del gobernante saber conocer la calidad de los inconvenientes y adoptar como bueno el menos malo".

Los justicialistas propiciaban la vía del indulto, pero no para componer el conflicto sino para que el gobierno asumiera a su exclusivo cargo el costo político de la medida. Siguiendo una vidriosa tradición, nuestros opositores son por definición cortos de vista, sin comprender que los problemas que agravan luego los tendrán que afrontar ellos ya centuplicados, recibiendo entonces el mismo trato de los ayer oficialistas, hoy en el llano (al tiempo de los indultos dispuestos por Menem, los justicialistas comprobarían esta amarga regla). En medio de estas discusiones, se produce la sedición carapintada de Semana Santa, en abril de 1987. La módica videología de entrecasa que nos rige como pensamiento prácticamente único, sostiene que Alfonsín traicionó al pueblo reunido en la Plaza de Mayo y en Campo de Mayo, deseándole felices Pascuas con la casa en orden. Este cronista nunca fue complaciente con el "raulismo", y criticó muchas veces a Alfonsín, durante y después de su mandato. Sin embargo, aquel abril de 1987, Alfonsín condujo correctamente la carga del Estado, mientras caminaba por la cornisa. A partir de esa negociación con los rebeldes, y fuera de algunas turbulencias posteriores, el contrapoder que pretendían erigir estos últimos mohicanos se fue agotando, con los sobresaltos de Monte Caseros en enero de 1988 y del alzamiento de Seineldin en diciembre de 1990, hasta desaparecer. La otra posibilidad, la pueblada contra hombres en armas aislados y acorralados, hubiese hundido la república incipiente en un zanjón de muerte y sangre.

Como se sabe, en 1987 se dictó la ley 23.521 de obediencia debida, que estableció una presunción absoluta a favor de oficiales superiores que no hubieran revistado como jefes de zona o de subzona, de oficiales jefes, subordinados, suboficiales y tropa de las fuerzas armadas, de seguridad y penitenciaría, en el sentido de que habían actuado en cumplimiento de órdenes superiores, cubriéndolos frente a la persecución penal esa causa de justificación de su conducta. Otra vez cabe aclarar que ningún vicio se registra en le proceso de su sanción y promulgación. Fue calificada como amnistía encubierta y, por lo tanto, dictarla estaba dentro de la esfera de atribuciones del Congreso en ese campo. Si la oposición hubiese tenido alguna dimensión de grandeza en esta cuestión, podría haber apoyado los indultos, que sigo sosteniendo eran la vía más apta para salir del atolladero. Ante su dimisión, sólo quedó la vía imperfecta de la ley tal cual fuera sancionada.

La Corte Suprema, entonces conformada por cinco miembros, al plantearse la inconstitucionalidad de la ley, rechazó el 22 de junio de 1987 ese planteo por cuatro votos a uno. Los ministros Caballero y Belluscio afirmaron que la administración judicial no puede revisar los actos del Legislativo salvo violación de derechos fundamentales, que no se daba en el caso. Por su parte, Carlos Fayt señaló que tanto limitar la responsabilidad o amnistiar eran facultades propias del Congreso, por lo cual no entró a considerar si la ley hacía una u otra cosa. El voto de Enrique Petracchi fue crítico de la ley, pero, considerándola una amnistía dictada dentro de las atribuciones del legislativo, la consideraba no revisable. La disidencia de Jorge Bacqué se concentraba en que la defensa de obediencia debida violaba principios fundamentales contenidos en la constitución y añadía que, si se la consideraba una ley de amnistía, igualmente era inconstitucional porque carecía del elemento de generalidad.

El indulto y después
Se recordó que, en tiempos del gobierno de Alfonsín, luego del fallo condenatorio de la cúpula del Proceso, la lógica del procedimiento judicial continuó su curso ordenando la comparición -no por un especial designio persecutorio, sino por la propia inercia del procedimiento- de un número cada vez mayor de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, hasta el punto de poner en peligro el pacto cerrado entre el gobernante electo y la ciudadanía que lo elevó con su voto, en el sentido de un enjuiciamiento selectivo de quienes habían establecido desde el más alto nivel la estrategia antisubversiva consistente en adoptar el contraterror clandestino como sistema, y de quienes, en su aplicación, se habían esmerado en llevarla a límites atroces y degradantes. Lo que el poder judicial no podía poner en práctica, debían instrumentarlo -con el costo consiguiente- los poderes propiamente políticos. Dejada de lado la vía del indulto, sólo quedó la de una amnistía encubierta, resultante de la presunción irrebatible de que cualquier nivel de mando más abajo de jefe de zona o subzona había actuado bajo la causa de justificación de la "obediencia debida", que estableció la ley luego así llamada.

En 1989, Carlos Menem, en ejercicio de sus facultades presidenciales, indultó a los ex comandantes y a los integrantes de la cúpula guerrillera, algunos de ellos cumpliendo condena, como el caso de Firmenich. Parecía cerrarse así, por lo menos en su faz pública, el interludio rojo de nuestra guerra civil, con su secuela de muertes, desapariciones, hijos arrebatados, destrucción y regodeo en la violencia. Sin embargo, tanto las leyes de punto final y de obediencia debida, como el indulto de 1989, dejaron una sensación pública de descontento, exacerbada por la simplificación reduccionista de la videología de entrecasa que rige nuestro sentido común, pero bien palpable al fin.

El Congreso Nacional, en marzo de 1998, derogó las leyes de punto final y de obediencia debida, lo que no invalida los efectos cumplidos bajo el imperio de ellas. Una serie de fallos judiciales, a partir de la decisión del juez federal Gabriel Cavallo (marzo de 2002, causa "Simón, Julio"), las nulifican y privan de efectos jurídicos, por violar el derecho de gentes, yendo incluso más allá de los casos de sustracción de menores de diez años, investigados en la causa citada (el último decisorio, de marzo de 2003, extiende esta doctrina a los fusilamientos en la localidad de Margarita Belén, en el Chaco). Esta corriente parece responder a aquel descontento que señalábamos, pero va por el camino equivocado. La república se enmienda y flagela torpemente a sí misma, con olvido de las circunstancias que llevaron a aquellas leyes; renuncia a la magnanimidad que la razón práctica política le dictara entonces, por una venganza póstuma y declarativa; por último, se advierte que mediante esta gambeta la clase política, remontando todo mal a aquella fuente absoluta, se rehace a poco precio la virginidad de una buena conciencia.

La criminalización del enemigo
Helmut Quaritsch realiza un estudio de los ejemplos clásicos de amnistía en la historia, arrancando con la ateniense luego de la caída de los Treinta (403 AC), auspiciada por Pausanias II, el rey espartano, a la que se hizo al principio referencia; la establecida en Francia en 1598 por Enrique IV, que pone fin a la guerra a muerte entre los hugonotes y el catolicismo de la Santa Liga; la dictada por Carlos II Estuardo en Inglaterra, el año 1660, para finiquitar la guerra civil que estallara bajo su abuelo Jacobo I y costara la cabeza a su padre, Carlos I; finalmente, la promulgada en Francia por Luis XVIII luego de la caída de Napoleón y del "terror blanco". Las amnistías -como los indultos-, se concluye luego de este examen, no se miden con la vara de lo justo ni obedecen a la necesidad del perdón; resultan una forma excepcional de ejercicio de la razón de Estado, con el solo objetivo de obtener aceleradamente la concordia luego de una gran tribulación política. Con la amnistía, el vencido no desaparece, evitándose su exterminio, y el vencedor deja de pensar solamente en el peligroso desquite que pudiera tomarse aquél y queda con las manos libres; ambos bandos deponen la posibilidad de la venganza circular e infinita. Amnistías e indultos, por cierto, no son un bálsamo, sino más bien un zurcido, y necesariamente dejan una secuela de injusticias y dramas irresueltos.

Quaritsch se pregunta por qué la amnistía es vista en nuestros días con rechazo, como no lo fue en los tiempos clásicos, luego de las guerras religiosas e, incluso, tras el gran sacudón de la Revolución Francesa. Recuerda que en las contiendas precedentes a la grandes guerras exteriores del siglo XX, la amnistía para el enemigo derrotado estaba implícita en los tratados de paz, hasta el punto de que Kant pudo llamarla sustancia de la paz: in amnestia substantia pacis consistit. Apoyándose en los análisis de Carl Schmitt, nuestro autor sostiene que la disolución del jus publicum europaeum, con su noción de que el enemigo era un justus hostis amnistiable, da lugar a la demonización del enemigo, visto como radicalmente otro e incluso despojado de su condición humana, por lo cual no resulta en absoluto amnistiable y debe resultar, ante la opinión pública, condenado perpetua e inexorablemente. Sin embargo, esta condenación absoluta no resulta útil, desde un análisis centrado en la relación costo/beneficio. Entonces, la amnistía y el indulto se reintroducen subrepticiamente, bajo formas apócrifas. En algún momento, aun el vencedor que se arroga la potestad de juzgar al vencido siempre y hasta las últimas consecuencias, comprende la utilidad de cerrar las cuentas con el pasado. Pero no lo hace con formas que reubiquen al enemigo en la condición de justus hostis y cierren con él la paz; lo hace de un modo lateral y clandestino, como ocurriera con el cese de las "depuraciones" en Alemania, decidida por los aliados occidentales en 1948/49, tanto porque llevar a término todos los procesos contra todos los presuntos culpables resultaba difícil y gravoso, cuanto porque debía reconstituirse la economía sirviéndose también de buena parte de esos elementos, como -en fin- porque la guerra fría aconsejaba utilizarlos frente a la posibilidad de un nuevo conflicto (conducta, puede anotarse, seguida simétrica y puntualmente por los soviéticos desde el otro lado de la cortina ideológica).

Los análisis de Quaritsch merecen discusiones y matizaciones más profundas que las que pueden realizarse desde este artículo. Pero, desde el nudo argumental que viene de exponerse, ofrecen algunos elementos válidos para nuestro problema nacional, ejemplificado en las decisiones legislativas y judiciales sea de derogación o de anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida. El valor de una amnistía o de un indulto debe ser juzgado desde su eficacia para reconstruir la concordia o amistad política en una sociedad determinada, luego de atravesar una situación excepcional, una guerra civil, por ejemplo. Como vimos ya, la amnistía convalidante de un hecho consumado (gobierno de Cámpora, 1973) o la amnistía autoprotectiva (turno de Bignone, 1983) no pueden legitimarse como edificadoras de concordia política, puesto que produjeron consecuencias absolutamente contradictorias con la finalidad por ellas proclamada. La concordia política resulta un valor concreto, en el sentido que le da Perelman a esta expresión: es el atribuido a una persona o grupo determinado, cuando se lo examina en su unicidad. Valor concreto es el valor dado al carácter único, irrepetible, de ciertos seres, grupos o momentos históricos. Fuera de los valores concretos, podemos efectuar valoraciones en abstracto, es decir, otorgar valor a la observación de reglas válidas para todos y en cualquier circunstancia. De hecho, los seres humanos apoyamos nuestros juicios tanto en valores concretos como en valores abstractos. Según el caso, subordinamos los unos a los otros. Así, Perelman ejemplifica con Erasmo, que prefería una paz injusta (valor concreto) a una guerra justa (valor abstracto), refiriéndose a las guerras de religión de su tiempo, o con Aristóteles, que prefería la verdad (valor abstracto) a la amistad con Platón (valor concreto), refiriéndose a que no basta el argumento de autoridad para demostrar la verdad de un aserto. La concordia política de una sociedad determinada en un momento determinado es un valor concreto; la Justicia es una valor abstracto. Si consideramos la cadena de amnistías e indultos de 1987 a 1989 a la luz del valor abstracto Justicia, cae de su peso que el platillo se volcará del lado de lo injusto. Si los consideramos desde el punto de vista de la concordia política, valor concreto, deberemos concluir que fueron eficaces para reconstruir aquélla y poner fin al estado de guerra intestina, aunque la metodología legal empleada no siempre fue clara ni se atrevió a llamar a las cosas por su nombre. Como sociedad, debemos, manifestar cuál tipo de valor debe subordinarse, en ese caso, al otro. Lo que no sirve es este juego de ruleta rusa consistente en descalificar la concordia en nombre de la justicia o la justicia en nombre de la concordia. Nuestra obligación es asumir una cierta jerarquía entre ambos grupos de valores, para la situación histórica de nuestra guerra civil; nuestra locura sería producir la embestida de valor contra valor, destruyendo ambos.

De la memoria, el olvido y el perdón
Al olvido de las amnistías se le suele contraponer la memoria de la verdad. Esta memoria corresponde a la historia, no a la política o a los tribunales. Y el relato de la historia se rehace continuamente; es una obra abierta que no admite una "verdad" definitiva dictada por un tiempo o una generación de una vez para siempre (todos los intentos en ese sentido han fracasado, aquí y en cualquier parte del mundo). Por otra parte, la memoria del hombre es selectiva, y también lo es la de los pueblos. "Es la memoria un gran don/calidá muy meritoria", afirma Hernández al final de su poema y añade: "sepan que olvidar lo malo/ también es tener memoria", refiriéndose a los rescoldos de la guerra civil que le tocara atravesar. Los antiguos relacionaban la memoria con la pietas, veneración del pasado que permitía salvarlo de la flecha irreparable del tiempo y, al mismo tiempo, y aquí lo que estamos ahora olvidando, ejercicio de la compasión. El olvido es a la memoria lo que la compasión o, si se quiere, la misericordia a la justicia. La memoria sirve al futuro, no al pasado. Gobernar con la memoria, como se pretende ahora, es tan erróneo como inmisericorde. La recuperación de la memoria, aún de los rencores y de los sentimientos de frustración e injusticia, tiene sentido para el presente si desemboca en una comprensión magnánima y pacificada del pasado. La cuestión de la memoria está viva, y con urgencia, al final de un siglo caracterizado por horrores de asesinatos masivos de pueblos y etnias; de bombardeos despiadados sobre población civil tomada como blanco de guerra, incluso con armas nucleares; de amenazas mutuas de destrucción a escala planetaria y de "grandes cementerios bajo la luna" monótonamente repetidos, que no pueden ni deben olvidarse como manifestación de la peligrosidad del hombre sobre el hombre. Lo paradójico es que este necesario trabajo de elaboración de la memoria ha sido acaparado por los media y su videología reductiva, que reemplaza los recuerdos colectivos diacrónicos por un perpetuo presente de encadenamiento sincrónico. Los media seleccionan como memoria colectiva su propia simplificación, presentada como "única verdad", indiscutible e impecable. Para que la memoria, y su inseparable compañero, el olvido, cumplan su función educativa y catártica, obren su pietas, deben encontrar otra vez un espacio adecuado para la transmisión de la palabra sobre lo que fue y para el diálogo sobre lo que permanece, rehaciéndose constantemente a través de las generaciones, cada una con su lote particular de recuerdos y desmemorias igualmente necesarios.

La memoria y la historia comunes constituyen el cemento de los grupos humanos, bajo una forma particular de narrarlas. Cuando se absolutiza esa particularidad, sin reconocer las otras narraciones, suelen convertirse en una pesadilla de la cual resulte difícil despertar, cuyos horrores pueden trasladarse a la realidad, y repetirse duplicados. La sangre vertida en el pasado justifica, entonces, volver a hacerla correr en el presente. En una de sus "Consideraciones Intempestivas", Nietzsche plantea si una hipertrofia del sentido histórico puede resultar nociva para los grupos humanos. "Queremos servir a la historia -dice- solamente en cuanto ella sirve a la vida". Y, más adelante, agrega:

"Toda acción exige el olvido, como todo organismo tiene la necesidad, no sólo de la luz, sino también de la oscuridad. Un hombre que pretendiera no sentir más que de una manera puramente histórica se parecería a alguien a quien se obligase a no dormir, o bien a un animal que se viese condenado a rumiar siempre los mismos alimentos". Para la salud de un individuo, de un pueblo, de una civilización -concluye- son necesarios tanto el punto de vista histórico como el no histórico. El grupo humano debe recordar y también olvidar. A partir del olvido, lo recordable por transmisión histórica se convierte en sustancia de la vida, y permite transformar los acontecimientos de ésta en nueva historia.

La historia de cualquier país pretende contar como se llegó hasta aquí, hasta nuestros días. El relato, según la experiencia humana corriente, será trágico y, salvo la convención habitual de los manuales escolares, poco dejará para esperar porvenires radiosos de paz y prosperidad. La dimensión trágica de la historia, resultante de la condición humana, una vez comprendida, nos debe conducir a evitar el patético empuje hacia los extremos a que incesantemente incita y, antes bien, al intento de atenuar sus efectos, en la corta medida de nuestra peripecia en este bajo mundo. Si siempre ha de haber entre nosotros, en cuanto seres arrojados a la historicidad, es decir, al tiempo y a la muerte, muchos semejantes humillados, ofendidos, vencidos, perseguidos, deportados, encarcelados, asesinados bajo innúmeras formas, torturados, desaparecidos, etc., hay que tratar de que sean cada vez menos y no siempre los mismos. Pero no nos engañemos peligrosamente creyendo que con la memoria permanente y la historia insomne conjuraremos el peligro que el hombre resulta para el hombre. Más bien, de este modo, nos mantendremos anclados en nuestras degollinas del pasado, presos de su pesadilla y condenados a repetirla.

El erizamiento de la memoria y la apelación a una historia absolutizada y vindicativa han conducido también a una manipulación del perdón. El perdón, como recuerda Paul Ricoeur, se pide, no se da. Como enseña un viejo dicho, el perdonar (dar el perdón) es asunto divino y nos lleva a la esfera religiosa, en una secuencia que arranca con el pecado, y continúa con la culpa y el arrepentimiento, la reparación y el propósito de enmienda. Los hombres, en los asuntos propios de nuestra condición, olvidamos, superamos la ofensa, comprendemos -a veces- los motivos del otro; de últimas, remitimos (es decir, aflojamos) la voluntad de retribución por lástima, cansancio y hasta por cálculo, ya que la vida (la con-vivencia) continúa. De allí que el instrumento, por cierto muy imperfecto e insatisfactorio, de que se ha servido el cuerpo político luego de una grave prueba haya sido, desde hace dos mil cuatrocientos años, el de la amnistía.

Todos los que vivimos aquellos años de plomo, aun los que no teníamos ni la dirección ni la responsabilidad de los acontecimientos, para provocarlos, ahondarlos o detenerlos, cargamos y cargaremos un sentido total de responsabilidad para salir de ellos y que no se repitan. El poeta latino Horacio recordaba su guerra civil con un dístico que nos alcanza:

Quid nos dura refugimus aetas?
Quid intactum nefasti liquimus?

¿Qué, cruel generación, hemos ahorrado?
¿Qué hemos dejado sin tocar, malditos?

La cuestión es salir definitivamente de las ruinas de nuestra guerra intestina, no renovarlas periódicamente, aunque sea con las mejores intenciones.-

 

 

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