EL GOBIERNO QUIERE AUDITAR LAS COMUNICACIONES DE LAS EMBAJADAS EXTRANJERAS.

Actualización de la situación política a partir de los hechos relevantes ocurridos hasta el 10 de Agosto de 2003


Sin aguardar para confirmar muchas precisiones y avanzado sobre los hechos, el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, en un nuevo gesto airado y agresivo, concluyó en declaraciones públicas que el apagón en el área de atención del suministro eléctrico de la empresa Edesur, ocurrido al comenzar la semana, obedecía a una metodologìa que vinculaba tres terminos en una siniestra ecuación: la empresa, la supresión del suministro y la discusión acerca de las tarifas.

Esta frontal acusación contra la empresa de cortar, supuestamente, el suministro de electricidad para presionar al gobierno en el tema de las tarifas no se rectificó pese a que, a la misma hora, en un punto no muy distante del despacho presidencial, la policía exhibía los artefactos robados en las torres de trasmisión eléctrica que determinaron el corte dle suministro, al tiempo que se procedía a la detención de algunos de los integrantes de la banda de delincuentes que habían producido el delito de tan graves costos para el servicio.

Con una singular muestra de fastidio, el propio presidente de la Nación, cuando se le pidieron explicaciones - o una justificación - de su denuncia contra Edesur, tratando de morigerar a situación no hizo sino incrementar el grado de ataque contra la empresa: "Es lo que acostumbran hacer, por eso lo dije", aseveró el primer magistrado incorporando de ese modo al agravio circunstancial una categoría de comportamiento ilegal sistemático de ela empresa, cosa que sin embrago, a pesar de su investidura y responsabilidad, el doctor Néstor Kirchner no creyó que debìa concretarse ante los estrados judiciales, violando de este modo sus obligaciones de funcionario público.

Más aún: pese a la información pública policial que daba cuenta de los hechos, ratificando la explicación también pública aportada por la propia empresa Edesur, y la detención de algunos de los implicados en el delito, al día siguiente el ministro de Infraestructura - el más estrechamente ligado al presidente Néstor Kirchner y a quien suele identificarse como el probable sucesor del ministro de Economía, doctor Roberto Lavagna adjudicándosele una doble funciòn como "cajero" del grupo en el gobierno, expresó enfáticamente que "si hubo corte, alguien bajó la palanca", usando la elocuente figura que adjudica cualquier corte a una decisión voluntaria de interrumpir el suministro y que, para el caso, no podría identificar otra mano empuñando la palanca de control o apertura y cierre de suministro del fluido, que la de la propia empresa.

Apenas dentro de las 24 horas siguientes a este episodio, en la ciudad de Misiones se producía el primer episodio de tensa violencia que rodea al equipo del doctor Néstor Kirchner enel ejercicio del gobierno., cuando el automóvil que debìa conducir a la ministro de Acción y Desarrollo Social - y hermana del propio presidente - licenciada Alicia Kirchner - desprendía una de sus ruedas, en simil accidente que ocurría con escasa diferencia de minutos, a un automóvil de la custodia de la propia ministra-hermana.

El episodio de Misiones ocurría en el centro del conflictivo enfrentamiento entre los candidatos Ramón Puerta - peronista, con apoyo de Eduardo Duhalde - y Carlos Rovira - peronista, con apoyo de Néstor Kirchner - para los comicios de renovación de autoridades de la provincia.

La escena política delató de inmediato la sospecha latente en todos los medios acerca de la posibilidad de que el atentado a los dos automóviles - los tornillos de las ruedas habían sido aflojados, obviamente, por la única fuente que asimismo puede ajustarlos, que es la mano humana - como estrechamente vinculados a la disputa.

La licenciada Alicia Kirchner tanto como el candidato - y actual gobernador misionero - Carlos Rovira, pasaron durante algunas horas a convertirse en los héroes victimizados de la campaña electoral, en procura de inocultables réditos entre los electores provinciales (y, cabría señalarlo, con beneficios extendidos al orden nacional de los cuales resultaría directamente socio capitalizador el presidente de ela Nación, doctor Néstor Kirchner).

Ya se conoce la dualidad operativa de todo atentado - intimidación o réditos políticos - pero nunca se ha dado que desde una fuente judicial se establezca con prisión el doble alcance y presunción que suele generar todo atentado de este tipo.

El juez que entiende en misiones en el episodio, no tuvo pelo en la lengua el viernes por la mañana al ser entrevistado por una radio porteña para advertir que la investigación que se sigue toma en cuenta "la posibilidad de un atentado, un error humano o un auto atentado" (sic), lo que supone la hipótesis admitida de que el atentado podría haber sido promovido por los propios - presuntos en tal caso - afectados eventuales del mismo.

El juez hizo consideraciones adicionales y marginales, señalando que no hubo daños físicos o afectación alguna de la actividad aunque si la deslumbrante identificación del presunto atentado.

Quizá esta es, justamente, una de las características del auto atentado: que se identifique la acción violenta como tal, que abra la identificación de un presunto culpable, pero que no produzca daños en los afectados (y todo esto, claro, salvo la proximidad del bien afectado con el beneficiario del auto atentado).

Los dos episodios eran analizados enforma conjunta en diversos medios políticos y, en el ámbito parlamentario s extraían conclusiones poco alentadoras para la interpretación desde los motivos hasta la génesis de las estrategias que podrían estar alimentando actitudes de este tipo.

Parece incuestionable la alta dosis de probabilidad de acierto de quienes opinaban que tanto la actitud oficial al tratar de identificar el apagón como una actitud deliberada de la empresa como la de adjudicar a un intento de coacción el aflojamiento n los tornillos de las ruedas de dos autos de ela ministra-hermana presidencial, delatan una interpretación que no es, sin embargo, otra cosa que el modo reconocido de proceder de quienes formulan esas denuncias.

"Nadie que afirme que alguien puede tener la intención de discutir las tarifas mediante cortes de energía o bajadas de palancas, deja de pensar que ese es un procedimiento que él mismo aplicaría, sobre todo cuando existen manifiestas pruebas en contrario de esa hipótesis. Y nadie que imagine que un atentado tiene resultados positivos de coacción, podría ya sea imaginar que el episodio tuvo ese origen y fue un atentado o bien proceder de manera que se suponga que el atentado - auto atentado, parta el caso - podrá ser admitido en forma pública como un acto intimidatorio", razonaba un veterano legislador nacional de un partido provincial el jueves por la noche, poniendo en duda las denuncias oficiales y oficiosas producidas por ambos episodios.

Los mismos medios legislativos se remontaban a mediados de la década de los años '80, cuando el alfonsinismo inventó y desarrollo una oleada de atentados - bombas, amenazas, etcétera - a fin de aparecer como víctima de una presión intimidatoria - metiendo presos - algunos por 24 horas, otros por tres dìas y, a uno de ellos, un periodista, durante casi dos meses, acusado del "delito de informar", justamente, acerca del origen de los atentados públicos - a personas que nada tenían que ver con los episodios, como chivos emisarios de su necesidad de ser victimizados.

La gravedad de estos hechos y de la secuela interpretativa reside probablemente en reconocer la instalación en el poder de una suerte de filosofía paralela a la públicamente denunciada, que habría comenzado a instrumentar situaciones en condiciones de justificar por parte del gobierno - como intentaron justificarlas desde el alfonsinismo, a mediados de la década del '80 - reacciones no menos violentas que afecten la libertad.

La presencia en el propio gobierno - y sus aledaños - de extendidos elencos originados en la subversión violenta de los años '70 - los denunciados elencos "setentistas", exhibiendo políticas reivindicatorias de la violencia subversiva, entre los cuales, sin duda, parece instalarse la figura del propio presidente Néstor Kirchner anunciando que no renunciaría a aquella ideología - en diversas escalas del gobierno .- y escalas con capacidad de decisión política -, sugieren que buena parte de las estrategias - atribuír acciones intimidatorias a empresas privatizadas o gestar episodios intimidatorios para exhibir personajes victimizados - responderían a una proyección de las propias convicciones operativas.

La cachetada del presidente aplicada a la privatizada Edesur resonó con el oscuro significado que resonaron sus palabras ante inversores españoles o su desaire a inversores franceses y, posteriormente, el vapuleo aplicado por su ministro más amigo, el arquitecto Julio De Vido, al propio ministro francés.

Fuerzas Armadas: el embrollo imprevisto

Sin solución de continuidad en la cosecha de sorpresas y resultados adversos en sus exposiciones mediáticas en busca de un poder que cada día que pasa, parece carecer en proporciones mayores, el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner habrìa venido a descubrir que su tentativa de impulsar una nueva arremetida contra las Fuerzas Armadas, tras el descabezamiento de la cúpula, respondiendo con sensibilidad placentera a los requerimientos del juez español Baltasar Garzón, a fin de extraditar 46 - cifra solo inicial - jefes castrenses que derrotaron a la subversión, lo expone, más de lo debido, a una situación no solo excesivamente comprometida sino, de paso, con el extremo riesgo de quedar en ridículo.

tras el puntapié inicial el primer magistrado habrìa sido advertido de estas mismas situaciones por dos de sus mejores amigos al frente de las Fuerzas Armadas - los jefe de Estado mayor General de la Marina y del Ejército -, quienes le habrìa reportado uniforme bastante serio acerca del modo como se habían recibido en los cuadros medios y superiores de ambas instituciones las actitudes oficiales en la materia.

Habrìa sido el general Bendini quien, desde los Estados Unidos, le habrìa aconsejado dar un paso al costado por la vía que pudiera, razón por la cual, apenas restallando aún el artefacto amedrentador que remitió el juez español Baltasar Garzón, el presidente por su propia boca y su extendida cadena de repercusión periodística tradujeron la situación a un esquema que pareció, en principio sencilla y de acertada elección: deberían decidir la cuestión ora el Congreso, ora la Suprema Corte de Justicia de ela Nación.

Lo consejos del general Bendini se tradujeron en desacertadas fórmulas jurídicas manejadas desde el ministerio de Justicia, al parecer escasamente dotado de una infraestructura jurídica adecuada, desde donde se propalaron las versiones iniciales destinadas a sacar el sayo de encima de los hombros presidenciales mediante una "nulificación" de las leyes de obediencia Debida y Punto Final que permitiera, como consecuencia, el juzgamiento local de los jefes castrenses que derrotaron a la subversión.

Fue imprescindible que un grupo reducido de abogados - que no juristas en la acepción académica dle termino -, pero de significativa gravitación en el cuerpo deliberativo al que pertenecen se acercaran al ministro Gustavo Béliz . abogado pero sin embargo quizá con escasa calidad académica para valorar sus propias iniciativas - insistieran señalando dos hechos:

a) ambas leyes han sido ya derogadas por el Parlamento y su nulificación traería aparejado que los hechos juzgados por su imperio fueran reabiertos con el efecto de un descomunal desorden jurídico y de derechos adquiridos por los beneficiarios de ambas normas;

b) que una situación de tal descomunal magnitud, nulificando leyes con el efecto de modificar decisiones judiciales y derechos jurídicos del pasado, reforzaría la imagen ya decadente de la vigencia de la ley en la Argentina, originada en el enjuiciamiento de los principales miembros (dos presidentes en forma sucesiva) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las medidas que se vienen adoptando en torno de contratos
internacionales, multiplicaría la desconfianza ya gigantesca que se tiene enel exterior respecto de la vida institucional del país.

La respuesta fue, desde le costado del gobierno, la insistencia declarativa enel sentido de que el gobierno - el Poder ejecutivo Nacional - no haría otra cosa que respetar los fallos judiciales tratando, de ese modo, de insistir en el intento de descomprometer al presidente Néstor Kirchner.

Dos hombres de vertientes del pensamiento tan diferentes como son los doctores Horacio García Belsunce, presidente de la Academia nacional de Derecho, y el ex decano de la Facultad de Derecho de la universidad de Buenos Aires y juez del tribunal o comisión especial, según algunos juristas, que juzgó y condenó a los jefes castrense que derrotaron la subversión, el radical doctor Gil Lavedra, coincidieron en señalar que ningún hecho legislativo ni judicial que pase por las manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, permitirá eludir el hecho político necesario de que sea justamente el presidente quien decida finalmente si la extradición se concreta o no.

Y se conoce por que se ha relatado aquí mismo con pormenores, de qué modo el propio presidente mexicano, doctor Fox, insistió hasta casi media docena de oportunidades para que el gobierno argentino adoptara una resolución entorno del capitán Ricardo Cavallo, preso en México y reclamado por el mismo juez Baltasar Garzón.

Los intentos del canciller Rafael Bielsa de "arreglar las cosas por abajo" mediante "confidenciales" aceptaciones hechas de viva voz al presidente Fox no fueron admitida en México que postergó la entrega del capitán Cavallo varias semanas pese a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de ese país de acceder al reclamo.

Para México era necesario el mismo aval pero México intentaba adoptar una decisión que no afectara a la Argentina y solo cuando el propio gobierno del país determinara su aceptación o, en caso contrario, ante su rechazo, habrìa devuelto a Buenos Aires al jefe naval detenido.

De este modo, la decisión en manos del doctor Néstor Kirchner parece ineludible y al márgen absolutamente de las decisiones - nulificación, vigencia o no de la ley - que adopten el Congreso o la Suprema Corte de Justicia.

Este retorcido y oscuro laberinto instalado por la imprevisión y declamación genérica efectuada desde el gobierno por el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, ha generado una nueva alternativa no menos oscura ni menos retorcida, mediante la norma elaborada "ad hoc" del caso especifico de los militares que derrotaron a la subversión, por la cual serian nulas ambas leyes en la medida en que no estuvieran en linea con los convenios internacionales sobre la materia.

Ya antes de que se sancione esta curiosa adecuación de ela norma a los hechos - contrariamente al imperio de la norma para regularizar los hechos - parecen haber comenzado a surgir "esquinas peligrosas".

Una sucinta mención de los riesgos estriba en llegar a cuestionar la legitimidad de esos convenios por la vía judicial, otra es la que supone una cesión de facultades legislativas delegadas por el pueblo a los legisladores en la medida en que sus decisiones quedarían admitidas o rechazadas por decisiones de otros pueblos a través de normas con validez no revisada en forma local, algo que sin mencionarla roza, una vez más, la noción de soberanía; la posibilidad de que la elevación de esa decisión particular a genérica ponga en severas dudas el conjunto de la legislación nacional, que debería revisarse en funciòn de los acuerdos para asegurar que se encuentra en linea con los mismos; la inesperada aparición de decisiones que implican el juzgamiento de las personas por estricta resolución parlamentaria; y, lo que aparecía aún más contradictorio, que las decisiones de los jueces queden supeditadas a resoluciones posteriores del propio Congreso.

Este enjambre de alternativas que, en todos los casos, desembocan en el terreno estrictamente político comenzaba a generar expectativas severas en medios diplomàticos que advertían acerca del desaguisado que implicaría conmover las bases mismas de ela juridicidad de los actos decididos ya por la propia justicia.

El desaguisado emanado de las decisiones galanamente desprolijas de un presidente que se jacta de no respetar las normas convencionales de conducta ordinaria, por escasamente significativos que finalmente estas pudieran ser, exhibe de manera cruda e inquietante un rasgo que va más allá de los contenidos inexcusablemente ideológicos que contiene este abrupto camino: la improvisación.

¿Acaso domina el criterio de "la caja"?

Ante el grado de desastrosa conducción que deriva de estos pantallazos, en medios tanto empresarios como diplomàticos la pregunta dominante consistía en saber "cuáles son los propósitos reales" que dominan esta conducta.

Una pequeña pero destellante luz pareció encenderse para algunos empresarios significativamente bien informados cuando el presidente Néstor Kirchner recibió inesperadamente a la principal autoridad de la empresa Repsol en la Argentina.

Un sesgo público - e inocultable - de la conducta pública del presidente de la Nación, ha sido hasta ahora su decisión de aislarse no solo de la dirigencia empresaria sino, sustantivamente, también de los empresarios de primera linea o los más gravitantes en la actividad económica del país.

Empresarios y diplomàticos reunidos en un encuentro informal el viernes de la semana que viene de concluir preguntaban y se preguntaban, entre sonrisas y con socarrona intención, acerca de los motivos reales para un encuentro de ese tipo y nivel que concluyó, apenas, con algo que podría haberse limitado a un comunicado público de la empresa: que no se alterarán por algún tiempo las tarifas del petróleo y sus derivados generados en la Argentina.

Un diplomático europeo, muy conocido por su agudo sentido del humor, planteó si no estaba mal formulada la pregunta ya que quizá en el contenido mediático de los hechos podría encontrarse a respuesta.

Le enigmática aseveración fue extensamente analizada por los asistentes al encuentro y una sonrisa recorrió los labios de la mayor parte de los asistentes cuando un empresario con amplio conocimiento del sur del país, tras dejar sentado algo que todos había observado inicialmente- que, obviamente, Repsol tiene prolongada presencia en el Sur y, justamente, en la provincia de donde procede el primer magistrado, lo que parece convertir en obvio, a su vez, el encuentro - que "quizá no sea el primero que se registra en ese altísimo nivel", según otro de los asistentes -, registró una repuesta no menso enigmática: "El resultado de todo esto, cuál es? Que estemos hablando todo el tiempo de lo que se hace en forma tan poco formal, de los militares y los jueces, de la Corte y la legislatura".

Si hubo sonrisas hasta ese momento, todos parecieron obligados a recapacitar y pensar para tratar de interpretar lo que se acaba de escuchar.

"¿Por eso, entonces, mientras todos hablamos de lo que se hace tan públicamente, se registran encuentros tan reservados?", concluyó otro empresario.

"Sí", repuso el socarrón diplomático tan dado al humor. "tapar con los actos desaforados lo que se viene realizando enforma apresurada por abajo".

La ingenuidad de quien subrayó que sin embargo Repsol tenia bien resueltos los problemas y no parecían existir decisiones que hubiera que ocultar, desató una prolongada carcajada en varios de los asistentes.

"Por supuesto: Repsol viene realizándolo desde hace tiempo. El resto recién ahora empieza a contribuir".

"¿A qué?" fue la pregunta ingenua de alguien que probablemente estaba atento a otros problemas, ingenuidad que desató nuevas oleadas de carcajadas.

Y la pregunta final que llevó más tiempo de la conversación fue la pregunta clave de todo el diálogo: "¿Pero el cajero no es el ministro?".

Esta idea de que el alboroto ha servido para tapar pasos "non sanctos" en materia de relación con algunos sectores empresarios y que - tema que no se excluyó en el diálogo - la permisionaria española de la Ruta 3 que abandonó el país en la última semana del mes pasado no pudo soportar el nivel de contribución que se le había exigido, por lo cual el resto de los permisionarios comenzaron a echar preocupantes cuentas, constituyeron el preámbulo respecto de otros temas no menos inquietantes.

Cadena de presos, campañas y acuerdos

Fue también en es reunión y en algunos confidenciales análisis originados muy cerca del propio gobierno, en los que se ha venido señalando la existencia de un proyecto que tendría comienzo de ejecución desde el primer día lectivo de la semana que ahora se inicia y que, por su resonancia inmediata tendería, a su turno, a tapar la vorágine desatada por las anteriores iniciativas.

Se habla de un programa de "detenciones, apresamiento y, si es posible, condenas" de no menos de unos quince importantes personajes, la mayoría ligados a la actividad política y, en este sentido con un común denominador que la verba coloquial corriente intenta vincularlos con el gobierno del doctor Carlos Saúl Menem.

El primero de los ha sido ya a finales de la semana que viene de concluir, el caso de la ingeniara María Julia Alsogaray, cuya detención todos los medios mas o menos afines o cercanos a la gestión oficial, aseguran que se concretaría enforma inmediata.

Como prologo o imagen de ablande para un paso de esta envergadura el canal 13 difundió una suerte de reportaje sobre las condiciones de vida de vacíos centenares de niños en el Riachuelo, concluyendo que eso es el resultado de la gestión de la ex funcionaria menemista, en una simplificación que aseveró que hace cincuenta años "en el Riachuelo se podía beber agua directa, se corrían regatas y era un crisol" (sic¡!, dicho sin que se moviera un solo músculo del rostro del locutor pese al tamaño de la aseveración), pero que ahora es "un lecho de muerte".

Más curioso aún resultó que en el reportaje televisivo se consignara como relato en vivo, frente a cámaras, que para limpiar el Riachuelo el Banco Mundial había otorgado 250 millones de dólares y que "inexplicablemente se habían gastado seis millones y no se habìa realizado la obra".

Naturalmente no se dijo que hubiera delito en haber gastado seis millones en una obra presupuestada, según otras constancias en alrededor de mil millones, con un crédito de 250 millones, pero quedo latente alguna irregularidad que no se mencionó ni se precisó.

Reportajes similares y con asiento en otras emisoras - la propia oficial Canal 7 - estarían preparados para colocar en similar duda la gestión de otros ex funcionarios menemistas como los doctores Victor Alderete, ex interventor del PAMI, y Raúl Granillo Ocampo, ex ministro de Justicia del doctor Carlos Saúl Menem, sobre diversos temas atinentes a su gestión.

Y serían estos nombres los que seguirían, en la lista de probables detenidos o condenados, a la ingeniera Alsogaray, a los que se sumarían, entre otros los de funcionarios muy ligados a las privatizaciones.

En el mismo orden, habrìan hijos y entenados entre empresarios que han sido ya objetos de persecuciones judiciales, como los de los empresarios Raúl Moneta o Eurnekián, ya que arreglos efectuados en el nivel estrictamente mediático que alcanzarían a hombres del periodismo y el espectáculo como Tinelli o Haddad, abrirían las puertas a extensas negociaciones en las que se combinaría por un lado la libertad de acción y excavación de algunos inculpados y por el otro el destino de algunas frecuencias radiofónicas objetadas y que serían así consolidadas o compensadas con nuevas frecuencias de alto significado.

Relaciones exteriores y Congreso Anfictiónico

Este extenso paquete reconocería, bien que en altísima gestión silente, un segundo nivel de confrontación -. esta vez intima, del propio y más estrecho grupo de gobierno - en torno del contralor por un lado de las comunicaciones diplomáticas y, por el otro, de la orientación misma de las relaciones exteriores, no distante de algunos proyectos que se adjudican a las relaciones exteriores por un lado, pero que se vinculan con intentos para la estructuración de un poder interno, en la Argentina, como es el caso del Congreso Anfictiónico Bolivariano.

Se asevera que el ex jefe montonero Horacio Verbitsky habría alcanzado importante presencia en la conformación de las opiniones presidenciales acerca de las relaciones exteriores - en muchos puntos coincidentes con el actual canciller y también ex jefe montonero, doctor Rafael Bielsa -, al que se identifica como el más solido de los gestores de la invitación al teniente coronel Hugo Chávez a la reunión del Mercosur que se iniciará en el curso de ela semana que ahora comienza, y la probable asistencia, también del "chacal del Caribe", así reconocido como el comandante Fidel Castro Ruz, los dos jefes militares que gobiernan Venezuela y Cuba.

Pero de manera paralela, desde la propia presidencia se habría dispuesto que un área de la SIDE encargada de controlar "las interferencias judiciales" telefónicas y, por extensión, las de Internet en todo el país, sume ahora el contralor de las comunicaciones diplomáticas.

El tema de las comunicaciones diplomáticas había sido objeto de una intensa y severa objeción bajo el lapso en el que el doctor Raúl Ricardo Alfonsín se desempeñó como jefe del PEN y el doctor Caputto como canciller.

Este último había otorgado el contralor de esas comunicaciones a una empresa que se identificaba de manera silente con la "coordinadora" radical, con lo cual las comunicaciones del país pasaban a un contralor de tipo partidario e ideológico y esto, además, mediante un contrato millonario.

Ahora se habrìa gestado un tema de competencia entre quien se asevera que controla el departamento de "interferencias judiciales"
telefónicas, de la SIDE, el ex jefe montonero Miguel Bonasso, hoy candidato a diputado con el candidato a "jefe de gobierno" de la ciudad de Buenos Aires, doctor Aníbal Ibarra, y el propio susurrante asesor del presidente Kirchner en materia de politica exterior, el montonero Horacio Verbitsky.

Cosas que el propio ministro y mucho más el susurrante asesor ignoran, pasarían por la manos de uno de sus adversarios en la intima interna de los remanentes del "setentismo" incorporados al poder por el doctor Néstor Kirchner.

No sería una situación indiferente ni a las relaciones exteriores del país ni a las múltiples lineas entrecruzadas con situaciones polìticas internas como, por ejemplo, el acceso y manejo de las relaciones con los piqueteros.

Este punto será saliente en la última semana del mes que corre, cuando en Buenos Aires se proceda a realizar el cuarto Congreso Anfictiónico Bolivariano.

"Anfictiónico" es un termino con el que los griegos identificaban las confederaciones de Estados dentro del mundo griego y que de manera màs extensa se ha generalizado a los acuerdos entre zonas o regiones distantes a manera de un istmo que separa pero vincula mares.

Bolívar lo convocó y desarrollo con variados tropiezos en la primera mitad del Siglo XIX, con la idea de vincular en una federación, confederación o supraestado, a varios países del continente.

Esto ha sido resucitado ahora por el teniente coronel Hugo Chávez y el apoyo del "chacal del Caribe", con la idea de lograr una confederación sudamericana fundada en los objetivos e ideología de los regímenes de Caracas y La habana.

El cuarto Congreso sucede al que se realizò en Buenos Aires también, a fines de 2001, cuando se adoptó una revolución convocando a la revolución latinoamericana de extenso articulado, coincidente con un punto medio entre los regímenes de Cuba y Venezuela.

En aquella oportunidad en buenos Aires, la organicidad y conformación disciplinada de un aparato "piqueteros" fue una de las secuelas del Congreso del que participaron los mas diversos matices de la "zurda" entendida como tal la conformación de izquierda con vigencia en los años '70.

Ahora, quien convoca en buenos Aires al nuevo Congreso es justamente una organización que a si misma se identifica como "Piketeros" - con la letra "k" en lugar de la letra "c" -, estructura con escasa exposición pública local pero que, hasta hace un par de meses había enviado no menos de un par de centenares de miembros a distintos cursos de formación, primero en Cuba y luego en Caracas, en asociación con el mencionado Congreso.

Los "núcleos bolivarianos" del Congreso Anfictiónico, han sido la base operativa y de conformación partidaria asociada al poder del teniente coronel Hugo Chávez en Venezuela y responden organicamente a los "grupos de defensa de la revolución" que en Cuba actúan como aparato de contralor político y social, manzana por manzana de La Habana y las principales urbes del país, y en los principales asentamientos agrarios.

En Buenos Aires se intentará crear los "núcleos sanmartinianos" en un todo afines a los "núcleos bolivarianos", pero aquí asociados, se proclama, "a la nueva revolución iniciada por Néstor Kirchner".

Zaffaroni Una pregunta pendiente

La linea sugerida a los medios "más que amigos" del gobierno trata de filtrar la idea de que "Eugenio Raúl Zaffaroni, que tiene tantas objeciones pero que ya debe descontarse que será el proximo integrante de la Corte" (sic reiterado hasta el cansancio, palabra màs o palabra menos en no menos de una decena de radios y en al menos tres canales de televisión públicos) como un intento de ablandar las creciente resistencias que su nominación encuentra en el Senado - que deberá consagraron denegar su designación - y el hecho incongruente de que con sus antecedentes pueda llegar a ocupar un asiento en el alto organismo judicial de la Nación.

Hay, con seguridad, una decisión ya tomada por el ministro de Justicia, doctor Gustavo Béliz, y el presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner: el doctor Eugenio Zaffaroni será el pliego que se enviará al Congreso.

Tal como se consignó en este mismo espacio, el gobierno - el ministerio de Justicia - orquestó una cantidad apreciable de pronunciamientos en el orden nacional y provincial, de organismo corporativos e institucionales - universidades y colegios de abogados oficiales, institutos con subvención oficial y organismos afines de similar dependencia así co o las decenas de variadas organizaciones no gubernamentales a sí mismas identificadas como presuntas defensoras de los derechos humanos - para que optimizaran el apoyo a la designación del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni.

Sobre la base de estas declaraciones e ignorando las decenas de instituciones privadas de juristas y abogados, de academias y profesionales del más alto rango, así como de varios millares de ciudadanos que hicieron escuchar sus puntos de vista adversos a esa designación, tal como los convocaba un equivoco decreto de "consulta" para la designación del nuevo miembro cortista, el presidente Néstor Kirchner enviará el pliego de designación al Senado probablemente entre el lunes y el miércoles de la semana que ahora se inicia.

Como se sabe, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que se presenta como un hombre de alto voltaje "progresista" y se inscribe en la corriente de la mayor apertura judicial y jurídica, fue identificado como un juez que juro por las catas del Proceso de Reorganización Nacional, rechazó una veintena de hábeas corpus de posteriores desaparecidos, escribió un breve tratado destinado a justificar la tortura y los procedimientos "manus militares" por parte de las fuerzas Armadas, etcétera.

Pero, además, ha dictado fallos fuertemente criticados como considerar que haber obligado a una niña de pocos años a practicar la felatio con un adulto no constituye violación por no haber sido hecha con las luces apagadas; que la sustracción de un automóvil robado y abandonado por un ladrón no configura, a su turno, delito por tratarse de un bien mostrenco; que un secuestrador que se maneja con un rehén no puede ser condenado por ese delito ya que el uso del rehén es a los fines de defender su propia vida y no lo ha ultimado ni podria ultimarlo ni estaría en sus intenciones hacerlo para no correr el riesgo de perder, justamente su defensa, etcétera.

Un alto académico observaba "azorado" que un hombre con estos antecedentes pudiera tener el aval presidencial para ocupar un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su "azoramiento" avanzaba hasta un punto límite que explicaba del siguiente modo:

"¿Cómo es posible que un hombre que ha justificado doctrinariamente la tortura, el rapto y desaparición forzada de personas, reciba el apoyo y reconocimiento de los organismos de defensa de los derechos humanos que, a su turno vienen denunciando a militares y policías por estos mismos hechos?. ¿Cómo es posible que ningún periodista por medio público - radio o televisión - haya preguntado a la señora de Bonafini, a la de Carlotto o al Premio Novel Pérez Esquivel, si ellos apoyan los principios sustentados por ese abogado en su tratado para justificar torturas y secuestros?".

La pregunta quizá pudo haber tenido una respuesta que le sugería al mismo académico - y este aceptaba como probable - un interlocutor casual: "Lo que ocurre, tal vez, es que sus dichos no eran antes útiles a esa fracción política pero su actuación ahora servirá a esos mismos políticos en sus necesidades actuales".

 

 

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