LA CRISIS MILITAR EN LA ARGENTINA SE CONVIERTE EN UNA VIRTUAL GUERRA DE SECESION

Buenos Aires, Argentina

 

1.- Tropas a Irak
El canciller Rafael Bielsa cenó con el presidente chileno Ricardo Lagos en Santiago de Chile y posteriormente se reuniría con su colega brasileño Celso Amorim, en Montevideo. Un tema sensible fue y será parte en una y otra reunión: acordar una postura común en las Naciones Unidas sobre un eventual envío de tropas de paz a Irak, requerido informalmente por el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell. "Nada fuera de la ONU es en lo que estamos de acuerdo", Ese será el mensaje que escuchará de boca de los mandatarios el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, John Negroponte, que anunció una gira por los tres países para mediados de este mes para hablar sobre la necesidad norteamericana de que los países miembro del organismo participen en el proceso de reconstrucción de Irak. (Ver Clarín, sección Política, 02/08/03)

2. “Leyes del Perdón” I
El mensaje que le envió Néstor Kirchner al Congreso para que analice la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida generó algunos cruces entre el oficialismo y la oposición. El ministro de Interior, Aníbal Fernández, le advirtió ayer al titular del bloque de diputados radicales que "el Presidente no necesita que lo desafíen". Fernández salió así al cruce de Horacio Pernasetti, que había pedido a Kirchner que, "si está convencido" de la necesidad de anular las leyes del perdón, "mande el proyecto con los fundamentos que cree y lo estudiaremos". (Ver Clarín, sección Política, 02/08/03)

3.- Desaparecidos franceses
Con la misión de ocuparse de los casos de los franceses desaparecidos en la Argentina llegó Jean Pierre Lhande, líder de la Asociación de Franceses Desaparecidos, quien se entrevistó durante una hora y media con el presidente, Néstor Kirchner, durante su reciente visita a París.
"Voy a la Argentina a ocuparme de los legajos de los 15 franceses desaparecidos en la Argentina, más el del padre Longville, asesinado en el Chaco antes del obispo Angelelli. Los franceses eran estudiantes, algunos trabajaban y tenían entre 20 y 30 años", explicó Lhande al diario Clarín antes de viajar. (Ver Clarín, sección Política, 02/08/03)

4.- Detienen a un militar en Salta
Un coronel retirado del Ejército, acusado por la matanza de 12 presos políticos en Salta durante la dictadura, fue detenido en su casa de Olivos. Se trata del ex jefe de la guarnición del Ejército en Salta, coronel retirado Carlos Alberto Mulhall, que tiene pedido de captura del juez federal de Salta Miguel Medina, quien esta semana declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y libró orden de arresto para otros dos coroneles retirados. Mulhall fue detenido el jueves por la tarde, y trasladado al Hospital Militar Central, en Palermo, donde quedó internado, aunque no se aclararon los motivos. En los dos primeros años de dictadura -1976 y 1977- Mulhall se desempeñó al frente de la Guarnición Ejército Salta, y llegó a ocupar el cargo de interventor de la provincia. (Ver Clarín, sección Política, 02/08/03)

5.- Declaraciones de Bielsa
A continuación se transcriben algunos extractos del reportaje del diario Clarín al canciller argentino.

El Presidente ya derogó el decreto que prohibía las extradiciones de militares acusados de violaciones a los derechos humanos ¿Usted tiene un proyecto de ley para anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida?
- Escribí un documento con un proyecto de ley que se lo mandé al secretario Legal y Técnico, Carlos Zanini.
- ¿Para la nulidad de las leyes?
- No estoy seguro de que jurídicamente sea sostenible la declaración de la nulidad de las leyes. El proyecto mío se vincula con los efectos... es jurídicamente complejo. Siempre pensé es que esas leyes son inconstitucionales y en su momento no me gustó que fueran sólo derogadas, me pareció un acto de cobardía política. La solución más razonable sería que en esta Corte estas leyes fueran declaradas inconstitucionales jurisdiccionalmente, que es donde este momento está el conflicto.
- ¿Pero no está a favor de que el Congreso trate su anulación?
- Así como nunca me pareció bien que la Corte Suprema actuara como una especie de ambulancia de urgencia para salvar al Ejecutivo de la década anterior, tampoco me parece bien que el Congreso salga como ambulancia a resolver una cuestión que hoy tiene la Corte para resolver.
(Ver Clarín, sección Política, 03/08/03)

6.- Abrirían archivos por Río Tercero
El presidente Néstor Kirchner estaría dispuesto a levantar el secreto de los archivos existentes en la SIDE y en otros organismos estatales sobre la explosión de la Fábrica Militar de la ciudad cordobesa de Río Tercero. La fábrica explotó en noviembre de 1995 y provocó la muerte de siete personas. Así lo informaron fuentes del Ministerio del Interior al diario cordobés La Voz del Interior. Justamente, la apertura de los archivos se produciría a pedido de la viuda de una de las víctimas, Ana Elba Gritti. La mujer se entrevistó recientemente con el ministro del Interior, Aníbal Fernández, a quien le expresó su inquietud. (Ver Clarín, sección Política, 04/08/03; ver La Nación, sección Política, 04/08/03)


7.- No habrá excarcelaciones
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral mantendrá bajo arresto a los 40 militares y un civil detenidos a pedido del juez español Baltasar Garzón mientras este magistrado no envíe todos los papeles con el pedido formal de extradición. La postura del juez fue corroborada hasta ahora con los hechos. Se negó a todos los pedidos de excarcelación formulados por los abogados de los acusados -hasta ahora van diecisiete- y sólo otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a tres mayores de 70 años que así lo pidieron. La explicación que dan en Tribunales es lógica: "No se les puede dar la excarcelación por la gravedad de los delitos por los que se los acusan" a los detenidos. Ellos son genocidio, terrorismo y torturas. El fiscal Guillermo Marijuán se opuso a las excarcelaciones por considerarlas "prematuras e improcedentes". Las detenciones, según este proceso, son "preventivas". (Ver Clarín, sección Política, 05/08/03; Ver Página 12, sección El País, 05/08/03)


8.- Disentimiento de Brasil
Con un tono frío, el canciller brasileño, Celso Amorim, dejó saber ayer a la Argentina que Brasil descarta integrar un eventual contingente de tropas de paz en Irak. "Brasil en este momento no piensa en nada" de eso, dijo Amorim, y agregó que no existe "ningún marco jurídico" para enviar tropas a ese país. El comentario, hecho a la agencia AFP fue la reacción pública a las declaraciones del canciller Rafael Bielsa, quien el domingo señaló en un reportaje a Clarín que Argentina propondría en la ONU una iniciativa para crear una fuerza de paz. (Ver Clarín, sección Política, 05/08/03)

9.- “Leyes del Perdón” II
En una clara respuesta al presidente Néstor Kirchner, la Corte Suprema salió a aclarar ayer que está trabajando en el planteo sobre la validez o inconstitucionalidad de las leyes de perdón, pero que se tomará su tiempo para analizar el tema "sin ningún tipo de presión". Tras un plenario de más de tres horas, el primero tras la feria judicial, los jueces coincidieron en la necesidad de elaborar un comunicado (algo inusual) para informar qué se había discutido a puertas cerradas. "La Corte no es ajena a las opiniones publicadas en los medios masivos de comunicación ni tampoco a las manifestaciones de los otros poderes del Estado, que atribuyen al tratamiento de estas leyes una trascendencia significativa", señalaron, en alusión a la expectativa del Gobierno para que la Corte declare inconstitucionales las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. (Ver Clarín, sección Política, 06/08/03)

10.- “Leyes del Perdón” III
Una larga y por momentos virulenta discusión de cuatro horas no alcanzó para que el bloque de diputados del justicialismo alcanzara a acordar una postura única para encarar la iniciativa de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, tal como lo pidió el presidente Néstor Kirchner. Por eso se decidió pasar a un cuarto intermedio y continuar hoy con el debate, ya con una propuesta concreta de proyecto de anulación. La discusión del bloque tiene como horizonte inmediato la sesión especial de la Cámara pedida para el martes próximo, para debatir su propio proyecto de anulación, por la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh. (Ver Clarín, sección Política, 07/08/03; ver Página 12, sección El País, 06/08/03). Finalmente con la fórmula jurídica de la "inoponibilidad", de comprensión complicada y traspolada del derecho civil, como reemplazo del concepto de nulidad, el bloque justicialista consiguió un acuerdo mayoritario, aunque no unánime, para elaborar su proyecto de inhabilitación de los efectos de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En esencia, la fórmula implica sostener que ninguna norma jurídica -podrían estar incluidos también los indultos de Carlos Menem- puede "oponerse" con el objetivo de impedir la acción penal dispuesta por los pactos internacionales firmados por la Argentina respecto de los crímenes de lesa humanidad o de violación de los derechos humanos. El acuerdo del PJ alrededor de esta fórmula surgió al cabo de la segunda jornada de dura discusión interna. José María Díaz Bancalari, titular del bloque del PJ, aseguró que el recurso de reemplazar el concepto de nulidad por el de "inoponibilidad" abrió el camino al acuerdo interno, porque muchos diputados de la bancada oficialista creen que el Congreso no tiene facultades para anular sus decisiones. (Ve Clarín, sección Política, 08/08/03; Ver La Nación, sección Política, 08/08/03)

11.- Otro pedido de extradición por Astiz
La Embajada francesa en Buenos Aires recibirá hoy por valija diplomática el pedido de extradición del represor Alfredo Astiz, y de inmediato lo trasladará a la Cancillería argentina. La Justicia de ese país quiere que el ex marino cumpla la condena a perpetuidad que recibió en París en 1990, en un juicio en ausencia, por la desaparición en Buenos Aires de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet. El ministro de Justicia francés, Dominique Perben, había adelantado hace algunos días la decisión de pedir la extradición de Astiz. El reclamo había sido motorizado por la abogada de las monjas francesas, Sophie Thonon, quien lo envió a la Justicia de ese país. Luego pasó por el Ministerio de Justicia francés y por la Cancillería, hasta que fue puesto en una valija diplomática con destino a Buenos Aires. (Ver Clarín, sección Política, 07/08/03)

12.- Artículo de opinión del Tte. Gral. (R) Balza titulado “No debe guiarnos el odio, tampoco la impunidad”

A continuación se transcriben algunos extractos de dicho artículo:
Una orden es un mandato que se debe obedecer, observar y ejecutar. Una orden no es una pregunta, una sugerencia, una insinuación o una invitación. Una orden tiene características compulsivas. La obediencia instantánea que esperamos de nuestros subordinados, en la paz y en la guerra, es compatible con la negativa a hacer algo inmoral o ilegal, porque sólo se debe ordenar y cumplir aquello encuadrado en las leyes de la Nación y los reglamentos militares. .El Código de Justicia Militar (ley 14.029, modificada por la ley 23.049) -normativa que, a mi juicio, debe ser derogada y reemplazada por un instrumento moderno- establece en su artículo 514: "Cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere dado será el único responsable...". Ello constituye una clara incoherencia, pues "una orden del servicio" es funcional y, por definición, no debe generar la comisión de un delito, si así fuese sería ilegal y el subordinado no debería cumplirla, pues ello llevaría a aceptar la inadmisible "obediencia ciega". A quienes intentan justificar los delitos de homicidio, desaparición forzosa de personas, privación ilegal de la libertad, la aplicación de tormentos y apremios, el robo, etc., cometidos por quienes eran responsables de la vida y seguridad de las personas -invocando la defensa de valores cristianos-, les recuerdo la vigencia de la Convención de Ginebra del 12 de agosto de 1949, sobre el "Trato de prisioneros y víctimas de la guerra"; estas normas se aplican en todo conflicto, aun en guerras no declaradas. Allí se establece "...que los prisioneros deben ser tratados con humanidad y protegidos contra todo acto de violencia, debiéndosele ser respetado el derecho a practicar su religión y su alimentación debe ser idéntica a la ración de la tropa auxiliar, prohibiendo las penas corporales, encierros en locales no iluminados y cualquier otra forma de crueldad -por ambos bandos- de la persona humana". También prohíbe expresamente: "Daños superfluos y los medios de lucha pérfidos que atentan contra el honor militar". (Ver La Nación, sección Opinión, 02/08/03)

13.- Artículo de opinión de Ricardo Gil Lavedra titulado “Respetar nuestra soberanía”

A continuación se transcriben algunos extractos de dicho artículo:
“El Gobierno ha declarado insistentemente que la derogación del decreto 1581/01 resultaba una obligación ineludible, pues padecía de dos vicios de inconstitucionalidad; por un lado violaba el principio de separación de poderes al atribuirse funciones reservadas exclusivamente a los jueces, y por el otro conculcaba la igualdad al conceder mejores derechos a los imputados de violaciones de derechos humanos. .Con esos fundamentos, a través del decreto 420/03 derogó al antes citado y estableció "la obligatoriedad del trámite judicial a las solicitudes requeridas en el marco de la ley 24.467" (art. 1°). .Los dos argumentos son falsos, y el primero de ellos desconoce abiertamente lo dispuesto expresamente por la ley que se dice reglamentar. Las decisiones últimas en materia de extradición son "políticas", no judiciales, dado que se trata de peticiones entre Estados soberanos. Conforme nuestro régimen vigente, la intervención de los jueces no es "exclusiva", sino contingente, y no vincula tampoco al poder político, salvo en lo que hace a la denegación de la solicitud. En cuanto a la invocación de la igualdad, es sabido que la Corte Suprema de Justicia ha establecido desde 1875 que dicho principio se aplica para los iguales en igualdad de circunstancias, lo que no excluye que se establezcan distinciones valederas para supuestos diferentes (Fallos: 16:118), lo que parece ocurrir en el caso”. (Ver La Nación, sección Opinión, 03/08/03)

14.- Evalúa Kirchner un tratado internacional
El Gobierno analiza en estas horas si ratifica o no una convención internacional que firmó la Argentina que prevé la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad para su enjuiciamiento. .En el caso de que el presidente Néstor Kirchner decida ratificar esta convención avalada por las Naciones Unidas, firmada por el país en 1970 y aprobada por una ley del Congreso en 1995, automáticamente se desatarían dos efectos desencadenantes: . El primero, que el debate en la Corte y en el Parlamento por la constitucionalidad o nulidad de las leyes de obediencia debida y de punto final resultaría casi ficticio porque no haría falta recurrir a esas maniobras jurídico-políticas para poder enjuiciar a los militares acusados de delitos de genocidio o lesa humanidad. . El segundo efecto inmediato sería el de una convocatoria de militares a los juzgados. Es más, con la aplicación del tratado muchos de los llamados juicios por la verdad a militares que se abrieron sin posibilidad de sentencia por la interposición de las leyes de obediencia debida y de punto final podrían encauzarse hacia penas severas. El tratado internacional que la Argentina firmó en 1970 fue aprobado en las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 con el propósito inicial de poder juzgar, extraditar y castigar a los criminales de guerra del nazismo. Entre sus 11 artículos, la convención sostiene que "los crimenes de lesa humanidad y los de guerra son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que hayan sido cometidos". Es decir, se establecería la retroactividad para el juzgamiento de un delito. (Ver La Nación, sección Política, 06/08/03)

15.- Definen el futuro del sector Defensa
El Gobierno buscará dar una señal de su propuesta de fondo en el área militar. Conocida la posición oficial favorable a la revisión del pasado, para el presidente Néstor Kirchner será el turno de presentar su visión sobre el futuro de la defensa nacional. En un acto en el Salón Blanco, se difundirán las líneas de trabajo que encararán las Fuerzas Armadas bajo esta gestión. El ministro de Defensa, José Pampuro, encargó a una treintena de académicos y oficiales la tarea de desarrollar un proyecto de modernización militar. El resultado de ese trabajo será presentado por el Presidente. Se trata de la labor de ocho comisiones, que trataron el enfoque de la defensa a nivel nacional, regional e internacional, como también se encargaron de visualizar nuevas formas de relación militar con la comunidad, la educación para la defensa y la economía asociada al sector castrense. A la ceremonia asistirán los jefes de las Fuerzas Armadas, brigadier mayor Jorge Chevalier (Estado Mayor Conjunto), general de división Roberto Bendini (Ejército), vicealmirante Jorge Godoy (Armada) y brigadier mayor Carlos Rohde (Fuerza Aérea). Las recomendaciones efectuadas por los grupos de trabajo podrían ser puesta a consideración del Congreso, para fijar una política de Estado para la defensa nacional. El trabajo encargado por el ministro de Defensa, José Pampuro, apunta a desarrollar planes de acción para insertar a las Fuerzas Armadas en el contexto nacional, regional e internacional. Entre los puntos que se tocaron figuran la relación de las Fuerzas Armadas con la comunidad, la educación para la defensa y la economía del sector castrense. Colaboraron en el proyecto, entre otros, el ex secretario de Asuntos Militares Angel Tello; Ernesto López de la Universidad Nacional de Quilmes; Adolfo Koutoudjian, de la Escuela Nacional de Defensa, y José Paradiso, de la Universidad del Salvador. (Ver La Nación, 06/08/03; ver Página 12, sección Política, 07/08/03)

16.- Oposición de la Fiscalía de Madrid
El fiscal de la Audiencia Nacional española Pedro Rubira concretó su anunciado recurso para evitar la extradición de 25 militares argentinos detenidos en nuestro país a pedido del juez Baltasar Garzón, en un escrito en el que reitera que España no tiene competencia para procesarlos. El fiscal menciona, además, entre sus argumentos, "datos e indicios de cambio político" en nuestro país, que permitirían que los delitos que investiga Garzón hace siete años pudieran ser juzgados en la Argentina, en alusión a la posible derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. (Ver La Nación, sección Política, 07/08/08)

 

 

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