BENDINI, TESTIGO DE CARGO

 

INFORME ARGENTINA N°114

Río Tercero: abren los archivos de la SIDE
El presidente Néstor Kirchner firmó un decreto por el cual ordena la "apertura" de los archivos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de las fuerzas de seguridad para "reunir elementos que resulten de interés" para la investigación por la explosión de la fábrica militar de armas de Río Tercero, Córdoba. El decreto fue entregado ayer por Kirchner a una comisión de familiares de las siete víctimas de la explosión que preside Ana Gritti, viuda del profesor Oder Francisco Dalmasco, quien murió durante la tragedia. Gritti estaba acompañada de sus abogados Horacio Viqueira y Auca Barbado; y Kirchner, de su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y del ministro de gobierno de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. El decreto 789 lleva la fecha de ayer y ordena que tanto la SIDE como Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal y el Ejército Argentino brinden sus archivos "para la investigación judicial de las explosiones ocurridas el 3 y el 24 de noviembre" de 1995 en las instalaciones cordobesas.
Después de la entrevista con Kirchner, Gritti dijo a los periodistas que el decreto "es muy importante porque durante el gobierno de Menem sufrimos una obstrucción que impidió avanzar en el esclarecimiento del caso".
Gritti dijo que con el decreto espera juntar más pruebas para el juicio oral y público que se va a realizar en Córdoba dentro de unos 6 meses. Hasta ahora el juez de instrucción de Río Cuarto, Luis Martínez, procesó a directivos de la fábrica militar por estrago culposo, es decir por no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para impedir el accidente.
En cambio, para Gritti después de los tres días de nuevos peritajes realizados en Serrezuela "se demostró que la explosión fue producto de un sabotaje para destruir pruebas de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia". ( Ver Clarín, Sección El País, 19/09/03)

Decisión de la sala IV de la Cámara de Casación Penal sobre ADN.
E
s en el caso de un joven que se negó a realizarse el estudio de ADN. El juez Roberto Marquevich y la Cámara de San Martín habían ordenado la extracción compulsiva, pero ahora Casación se opuso. La Cámara Nacional de Casación Penal revocó una decisión que obligaba a un joven de 26 años, presunto hijo de desaparecidos, a sacarse sangre en forma compulsiva para un estudio genético. La situación planteada en la causa judicial no es nueva: los abuelos de un presunto hijo de desaparecidos le habían pedido a la Justicia que se le extrajera sangre a su posible nieto para poder determinar, a pesar de la oposición de él, su verdadera identidad. La Cámara debía decidir si privilegiaba ese derecho a la verdad de los familiares o el derecho del propio joven a la intimidad y a que su vida se mantuviera como hasta ahora. El tribunal -en un fallo conocido ayer- optó por la segunda posibilidad, revocando una resolución que ordenaba la extracción aun de manera compulsiva. Esta decisión -dictada por la Sala IV de la Cámara- seguramente va a ser apelada ante la Corte Suprema, donde tienen pendiente la definición de un caso similar: el de Evelyn Vázquez, supuesta hija de desaparecidos, quien también se opone a la realización del análisis genético.
El fallo también incluyó una crítica al juez federal de San Isidro Roberto Marquevich, que estuvo a cargo de esta causa: los camaristas le reprocharon haber citado la Convención de los Derechos del Niño, cuando el joven ya es un adulto. La resolución conocida ayer involucra a Carlos Daniel Feretton, hoy de 26 años. Germán Stritzler sostiene que se trata de su nieto, hijo de Susana Stritzler -secuestrada cuando llevaba 8 meses de embarazo, en 1976- y de Carlos Antonio Castro, ambos desaparecidos. Informes de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo hacen presumir que el joven nació en cautiverio, con la intervención del médico policial Jorge Bergés, y que a medidados de 1977 fue anotado como propio por un civil. En noviembre de 2001, Marquevich había ordenado la extracción compulsiva de sangre; en mayo de 2002 esa decisión fue ratificada por la Cámara Federal de San Martín.
Hasta ahora, nunca un tribunal superior se había pronunciado en un caso en el que la persona sobre la que se pretendía la extracción de sangre era mayor de edad y, además, víctima del delito investigado. Con respecto al acusado, la Corte dijo que la extracción es posible, igual que cuando se trata de presuntos hijos de desaparecidos menores de 21 años. ( Ver Clarín, Sección El País, 16/09/03).


El Gobierno pidió al Consejo Supremo destitución
El presidente Néstor Kirchner firmó ayer el decreto 790 mediante el cual eleva al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el sumario instruido contra los generales retirados Ramón Genaro Díaz Bessone, Reynaldo Bignone y Albano Eduardo Harguindeguy. Se los acusa de "presunta comisión del delito previsto en el artículo 758 del Código de Justicia Militar". Ese artículo juzga los delitos contra el honor y si el Consejo Supremo considera culpables a los militares implicados, puede caberles reclusión o prisión de 5 años, más accesorios de degradación o destitución. La instrucción que llevó adelante el director de Informática del Ejército general Luis Pozzi fue ordenada por Kirchner, debido a que estos generales retirados justificaron el terrorismo de Estado practicado durante la última dictadura militar. En un documental emitido por la televisión francesa, Díaz Bessone, Bignone y Harguindeguy hicieron declaraciones (conseguidas por una cámara oculta) que justificaban la tortura y la desaparición de personas, como un método inevitable para combatir a la guerrilla.Los militares argentinos explicaron además que recibieron una suerte de instrucción acerca de la metodología a aplicar por parte de ex oficiales franceses que habían participado de la guerra de Argelia.
Estas manifestaciones de Bignone, Díaz Bessone y Harguindeguy irritaron al Gobierno y levantaron una oleada de críticas de parte de los organismos de derechos humanos. Kirchner, enojado por las manifestaciones de los generales retirados, instruyó al ministro de Defensa José Pampuro para que se llevaran adelante todas las acciones que hicieran falta. El general Pozzi realizó el sumario con rapidez y según trascendió en el mismo se recomiendan sanciones. La idea central de la acusación contra estos generales retirados estaría dirigida a comprobar que han "ofendido el honor de las Fuerzas Armadas". Para el instructor resulta inconcebible que pueda interpretarse como doctrina del Ejército, torturar y hacer desaparecer personas. Tanto la baja, como la destitución implican la pérdida del grado militar y del derecho a percibir el haber jubilatorio. Son consideradas una de las sanciones más graves que contempla el código de Justicia Militar. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que está integrado por nueve oficiales superiores (tres por cada una de las fuerzas) es el organismo a quien le corresponde juzgar a los oficiales superiores de las instituciones militares. ( Ver Clarín, Sección El País, 19/09/03).

La Fragata Libertad en Holanda
El puerto más grande del mundo es el nuevo amarradero de la Fragata Libertad. Las tres horas de navegación, a seis nudos, por el canal portuario pueden dar la dimensión de este centro del transporte marítimo comercial. Y aquí llegaron los guardias marinas en el viaje de instrucción XXXVII. Por tratarse de un puerto civil se espera que muchas personas se acerquen a conocer la intimidad del buque escuela de la Armada, más al tratarse del país de origen de la princesa Máxima. El ingreso en cada puerto es uno de los puntos fuertes del viaje. Guardias marinas y tripulantes suben por las alturas de los tres mástiles para dar un aspecto imponente a la Fragata. (Ver La Nación, sección Sociedad, 14/09/03).

 

El peritaje averió la teoría del accidente que se utilizó para explicar el estallido de Río Tercero
La teoría del accidente para explicar el estallido de Río Tercero se volvió difícil de sostener, luego de las pericias realizadas esta semana en Serrezuela.
En cambio, se fortaleció la hipótesis de que, en realidad, haya sido una explosión provocada y controlada. Es decir, dirigida para no dañar el complejo petroquímico y la parte de producción de la fábrica militar.
Así lo indican distintas fuentes que interpretaron las casi treinta pruebas realizadas en el desierto de Serrezuela. Todo parece indicar que los depósitos de expedición y suministros -donde se produjo la segunda y mayor explosión, la que afectó a la ciudad produciendo siete muertos y más de 300 heridos- no podrían haber explotado como consecuencia de esquirlas o proyectiles emitidos por el estallido de la planta de cargas. Esta fábrica fue un eslabón clave en el tráfico ilegal de armas y explosivos a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. Probablemente este rol es el que habría desencadenado la acción intencional. Por ejemplo, en el depósito E, que voló durante la segunda explosión, debió haber 17 mil proyectiles de 155 milímetros como los que se vendieron a Croacia. Sólo habrían sido encontrados unos 2 mil. La querellante Ana Gritti especula que la tragedia pudo haber sido generada para ocultar su faltante o bien para mostrar a algún comprador que no se podía cumplir con un eventual compromiso. (Ver Clarín, sección El País, 19/09/03)

Crean una comisión para investigar supuestos dichos del Jefe del Ejército
En la Casa Rosada confían de la palabra de Bendini, quien desmintió haber hecho semejante afirmación y sospechan que el hecho formaría parte de una campaña para perjudicarlo, montada por sectores militares enemistados con el presidente Néstor Kirchner. La investigación estará orientada en ese sentido.
Aunque la reacción inmediata fue pedirle “las explicaciones correspondientes”, desde un primer momento el Gobierno dejó la puerta abierta a la posibilidad de que Bendini no hubiera dicho lo que se le atribuye. La versión sobre las afirmaciones de Bendini en ese sentido la difundió ayer Infobae. Según ese diario, el jefe del Ejército estuvo hace un mes en la Escuela Superior de Guerra ante un grupo de capitanes de esa fuerza y dijo que Kichner definió las pretensiones de potencias extranjeras sobre la Patagonia y el Litoral como una de las principales hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas. El matutino agregó que el jefe del Ejército identificó como enemigos a “pequeños grupos israelíes” que llegarían detrás de la “cortina” del turismo y algunas ONG, cuyo interés sería la reserva de agua potable y de hidrocarburos que hay en la zona. Bendini -también afirmó ese mismo medio- negó ante sus pares la existencia de un plan de robo sistemático de bebés durante la dictadura militar. (Ver Página 12, sección El País, 13/09/03).

 

 

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