Por Carlos Maldonado Prieto
cmaldonadop@tie.cl
Introducción
Como es sabido, las dictaduras militares sudamericanas de los años setenta y siguientes, establecieron servicios de inteligencia
que participaron activamente en la violación de los derechos humanos. En parte, dichos servicios, muchas veces en forma clandestina,
derivaron de las Direcciones de Inteligencia de las propias Fuerzas Armadas. En algunos casos, también reclutaron a sus miembros de
las Policías e incluso de agrupaciones de civiles.
Tampoco es desconocido que, pese a la tradicional rivalidad nacionalista, existió cierta coordinación de los servicios de
inteligencia de las dictaduras militares del Cono Sur, especializadas en la represión política, que ha sido conocido como Plan
Cóndor.
El presente trabajo intenta mostrar el desarrollo de los sistemas de inteligencia en cuatro de los más importantes países
sudamericanos que han vivido procesos de dictaduras militares –o de un gobierno civil con un fuerte componente militar como en el
caso peruano- y, posteriormente, de recuperación de la democracia en años recientes. Se trata de un estudio comparado de los casos
de Argentina, Brasil, Chile y el Perú.
Recuperada la democracia y venciendo fuertes resistencias corporativas, los diversos países han hecho esfuerzos por establecer
servicios de inteligencia completamente nuevos –como ha sucedido en Chile y el Perú- o han reestructurado completamente las
agencias ya existentes, como ha ocurrido en Argentina y el Brasil.
Al estudiar los procesos de establecimiento o reordenamiento de los sistemas de inteligencia de Estado en los países citados, se
podrá analizar uno de los ángulos menos conocidos de la relación civil-militar y de la consolidación de la democracia en la
región.
Actualmente, se asiste a una fuerte discusión pública en América Latina sobre la inteligencia, las libertades públicas y la
seguridad en un mundo afectado por los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Por otro lado, ha habido señales de un resurgimiento del terrorismo en Chile[1] y Perú,[2] y problemas sociales como la
insurgencia del problema mapuche,[3] entre otros. Todos estos acontecimientos señalan la necesidad de un eficiente sistema de
inteligencia en dichos países.
Hoy más que nunca, los servicios de inteligencia están llamados a preocuparse seriamente por fenómenos globales tales como el
terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero, las amenazas al sistema democrático y la anticipación de situaciones de crisis
regional.
Hay consenso entre los académicos locales, que al analizar comparativamente la inteligencia en América Latina se pueden
identificar dos rasgos distintivos. Por un lado, las estructuras que implementan la función de inteligencia se caracterizan por
identificar como único eje de acción la defensa nacional y la seguridad interior. Por lo mismo, son las Fuerzas Armadas y las
Policías las que desarrollan la mayor capacidad en esta materia.
Aunque ha habido un fuerte proceso de democratización de las estructuras políticas e institucionales de los países de la
región, dicho esfuerzo no ha producido cambios significativos con relación a la inteligencia, toda vez que la matriz utilizada no ha
variado.
Un segundo rasgo distintivo es la tensión que se observa entre la inteligencia y los derechos democráticos y como ésta se
pretende resolver. Es posible que esta tensión sea la cuestión de mayor relevancia en naciones con democracias emergentes, puesto
que en la actualidad, muchas de ellas no han logrado consensuar un proyecto político que establezca objetivos nacionales de mediano y
largo alcance,[4] que permita direccionar adecuadamente la inteligencia estatal, aflorando siempre el riesgo de utilizar la
inteligencia como un arma política del gobierno de turno, el uso impropio de información confidencial en contra de los adversarios
políticos internos, el desvío de fondos estatales para actividades político-partidistas o de interés gubernamental y la violación
de los derechos de los ciudadanos y sus garantías constitucionales, entre otros.
La experiencia de países con democracias consolidadas ha demostrado que una forma de enfrentar y superar dichos riesgos, es
establecer sistemas de controles que tenga por objetivo asegurar la legitimidad y la eficiencia de estos organismos y sus actividades.
Esta misma experiencia ha establecido que dicho sistema, más que significar restricciones y aumento de la burocracia estatal,
aseguran su eficacia, limitan sus costos, incrementan su profesionalización y, finalmente, favorecen la aceptación positiva por
parte de la sociedad civil.[5]
En materia de estructuras de inteligencia, se pueden encontrar dos grandes modelos en la región. Por un lado, hay países donde
opera un organismo de inteligencia civil, que por lo general depende de forma directa del Presidente de la República, combinando las
funciones de inteligencia exterior, interior y de contrainteligencia. Se complementa con organismos militares de inteligencia. Por
otro, se cuentan los países donde no hay un organismo civil. Se compone de un subsistema de inteligencia militar y, en el caso de
existir, el organismo de inteligencia civil no depende del máximo nivel, sino del Ministerio del Interior. Es el caso actual de
Chile.
De acuerdo a las tendencias existentes en la mayoría de los países, y en particular en los Estados democráticos, los organismos
de inteligencia dedicados a acumular información con el fin de proteger el orden democrático y la seguridad interior del Estado
tienen carácter civil.
Hay una serie de otros temas pendientes en el establecimiento de servicios de inteligencia absolutamente compatibles con los
principios democráticos. Entre ellos están el secretismo de sus actividades que muchas veces es incomprendido o despierta
justificadas sospechas en la población; el uso de los gastos reservados y técnicas intrusivas como espionaje telefónico y otras, y
la falta de control por parte de las autoridades políticas y judiciales; la ya citada tendencia a la utilización de los servicios de
inteligencia para espiar a los enemigos políticos internos en desmedro del desarrollo de una inteligencia estratégica con fines de
alta política y defensa de los intereses nacionales; por último, el nuevo fenómeno del surgimiento de una inteligencia privada que
se convierte en una fuerte competencia para la inteligencia producida por el Estado.
Hay consenso entre los especialistas en que la inteligencia "debiera ser empleada en el propio territorio exclusivamente en
relación con las «reales amenazas al Estado y al sistema democrático», con un criterio de excepcionalidad y no de
generalidad".[6]
Asimismo, en los países democráticos más avanzados es una norma que los organismos de inteligencia estén sometidos a algún
tipo de control externo, generalmente realizado por instituciones independientes, por ejemplo, el Parlamento o grupos ad hoc de
personalidades independientes, constituyendo una de las más importantes formas de supervisión. Complementariamente, existen otros
controles como el rol que desempeña el Poder Judicial con respecto a la protección de las libertades públicas y su efecto en
relación a las actividades que realizan los servicios de inteligencia.
Por otro lado, hay que hacer una distinción entre organismos policiales y de inteligencia estratégica. Por su función
específica de recolección de información abierta o clasificada, los servicios de inteligencia no tienen como fin colaborar
estrechamente con la Justicia, como sí es el caso de los organismos policiales. Su tarea principal es más bien prevenir y evitar
actos ilícitos y asesorar a la instancia política. En la mayoría de los casos, los servicios de inteligencia tienen capacidad para
investigar a las personas, pero en general no pueden detener ni interrogar sospechosos. En muchos casos, surgen dificultades y
fenómenos de competencia e interferencia entre los servicios, cuando las policías desarrollan departamentos de inteligencia propios,
con el objeto de no depender de la información que entregan los organismos de inteligencia.
Conscientes de los peligros que acechan a los servicios de inteligencia, especialmente su militarización o su degeneración hacia
una policía política, los formuladores de política de algunos países sudamericanos están tendiendo cada vez más a la
conformación de órganos de inteligencia de corte estratégico dotados de unidades y gabinetes de analistas de alta calificación
académica, bajo una concepción de análisis interméstico. Esto quiere decir que se debe interpretar y procesar la información en
simultáneo desde un enfoque exterior e interno, según el patrón que sigue la agencia de inteligencia brasileña.[7]
En un plano general, se puede hablar de cuatro tipos de controles sobre los servicios de inteligencia. Éstos son de carácter
administrativo, externo, judicial y público. El control administrativo es ejercido por el Poder Político, y el propiamente interno
de los mismos servicios; el control externo es ejercido mediante organismos de control independientes del Ejecutivo, generalmente lo
ejerce el Parlamento; un tercer tipo de control es el que ejerce el Poder Judicial; hay un cuarto -y no por ello el menos importante-
que es el control que ejerce la prensa y la opinión pública.
En los estudios de casos que se presentan a continuación, se podrá percibir el importantísimo rol que juega el periodismo
independiente en el control social de los servicios de inteligencia.
Argentina
Luego del desastre de la Guerra de las Malvinas y el término de la dictadura militar, los argentinos recuperaron la democracia.
Tanto el gobierno del Presidente Raúl Alfonsín como su sucesor, Carlos Menem, impusieron un severo control civil sobre las Fuerzas
Armadas. Por medio de las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior, respectivamente, los militares se vieron impedidos de actuar
dentro de las fronteras del país. Esto también se extendió a las actividades de inteligencia.
Paralelamente, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), creada durante el primer gobierno del general Domingo Perón, fue
potenciada como el máximo organismo civil de asesoramiento directo del primer mandatario en materias de inteligencia.
Los atentados explosivos a la embajada israelita (1992) y a la AMIA (1994) en Buenos Aires provocaron un mayor fortalecimiento de
las capacidades de la SIDE en materia de contraterrorismo y dieron lugar al nacimiento de la cooperación policial en el ámbito del
MERCOSUR, con la creación del órgano de la reunión de Ministros del Interior y equivalentes.[8]
Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, las autoridades argentinas decidieron extremar las
medidas de seguridad en todo el país, especialmente en la Triple Frontera –en los límites con Paraguay y Brasil-, donde se
sospecha que operarían células del fundamentalismo islámico. En Ciudad del Este y Foz do Iguaçu viven aproximadamente 30.000
habitantes de origen árabe, y un buen número de ellos mantiene estrechas relaciones con formaciones políticas de sus países de
origen, varias de las cuales podrían tener carácter terrorista.
Junto con reforzar los organismos de inteligencia y de policía, las autoridades políticas también incrementaron los controles
sobre dichos cuerpos. En enero de 1992, la ley No. 24.059 de Seguridad Interior estableció una comisión bicameral de fiscalización
de los organismos y actividades de seguridad interior e inteligencia.
La comisión está integrada por seis miembros del Senado e igual número de miembros de la Cámara de Diputados, designados por
las Cámaras respectivas. Tiene carácter permanente y puede dictar su propio reglamento interno.
La comisión debe verificar que el funcionamiento de los organismos de inteligencia se ajuste estrictamente a lo preceptuado en las
normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, constatando la estricta observancia y respeto de las garantías
individuales consagradas en la Constitución, así como las disposiciones contenidas en la Declaración Americana de Derechos Humanos
-conocida como Pacto de San José de Costa Rica-, incorporada al ordenamiento legal argentino.
La comisión tiene todas las facultades y atribuciones necesarias para el cumplimiento de su cometido y, en especial, para la
realización de las investigaciones que fueran pertinentes en los organismos de inteligencia. Está especialmente facultada para: a)
requerir de todo organismo o ente público nacional, provincial o municipal, como asimismo de actividades privadas, toda la
información que estime necesaria, la que deberá ser suministrada; b) requerir del Poder Judicial que cite y haga comparecer con el
auxilio de la fuerza pública a las personas que se considere pertinentes, a fin de exponer sobre hechos vinculados a la materia de la
comisión; c) requerir de los organismos judiciales pertinentes, se impida la salida del territorio nacional, sin autorización, de
aquellas personas que constituyeran objeto de la investigación a emprenderse, y d) proponer al Poder Ejecutivo las medidas tendientes
a la superación de las deficiencias que se advirtieran con motivo de las investigaciones propuestas.
La comisión produce anualmente un informe público al Senado y la Cámara de Diputados y un informe secreto, suministrado luego al
gobierno, en el cual informa respecto de resultados de la labor desarrollada y las mejoras que es necesario implementar.
Aunque la citada comisión posee importantes facultades, existe la impresión de que su actividad ha tendido a ser más bien
formal, no involucrándose profundamente en el control de las actividades concretas de inteligencia.[9]
Pese a los mecanismos de control introducidos, y probablemente debido a una fiscalización meramente formal, en los últimos años
se han sucedido serias acusaciones en contra de los organismos de inteligencia. Varios dirigentes políticos y de entidades de
derechos humanos han acusado a la SIDE y a la inteligencia militar de escuchar clandestinamente sus conversaciones telefónicas y
sembrar sus oficinas con micrófonos. Sin embargo, las denuncias judiciales no han prosperado hasta ahora, debido a que la
legislación del país no contempla sanciones para dichas escuchas.
El hecho más grave se produjo cuando la SIDE, encomendada por el gobierno, pagó sobornos a unos senadores, de modo de asegurar la
aprobación de una controvertida ley que el Ejecutivo consideraba decisiva. Este escándalo fue denunciado en junio de 2000 gracias a
investigaciones periodísticas independientes. Según éstas, el gobierno, a través de la SIDE, habría sobornado con US$ 50.000 a
una cierta cantidad de parlamentarios.
Asimismo, en noviembre de 2000, se hallaron micrófonos en las oficinas de Aníbal Ibarra, jefe del gobierno de la ciudad de Buenos
Aires.
Anteriormente, otros dirigentes también habían presentado quejas similares. El ex Presidente Carlos Menem y el Vicepresidente del
gobierno encabezado por Fernando de la Rúa, Carlos Chacho Álvarez, del FREPASO, ambos severos críticos del gobierno radical,
denunciaron sendas intercepciones telefónicas.
A ello se agregó la queja oficial de la CIA estadounidense acusando a la SIDE de falta de cooperación y el seguimiento de sus
funcionarios.
Finalmente, en octubre de 2000 y luego de una grave crisis en la alianza gubernamental –que incluyó la renuncia de Chacho
Álvarez y el distanciamiento de una parte de la Unión Cívica Radical, el partido del Presidente De la Rúa- el primer mandatario se
vio forzado a despedir al jefe de la SIDE, Fernando de Santibañes, un estrecho colaborador suyo y amigo personal.
Santibañes, un economista graduado en la Universidad de Chicago, se había granjeado las simpatías de la opinión pública al
realizar drásticos cambios en la SIDE apenas asumió el gobierno aliancista. Las medidas más importantes fueron la reducción de
casi el 50% de los funcionarios –la mayoría informantes y personal subalterno- y el consiguiente recorte del presupuesto
institucional. Se estima que hasta la llegada del Presidente De la Rúa el presupuesto era de unos US$ 360 millones al año. La
reducción fue de más o menos el 50%. Según algunas fuentes, la SIDE tendría actualmente un presupuesto anual de US$ 130
millones.[10]
Además, Santibañes limpió sus filas de funcionarios involucrados en torturas y actos de represión, la mayoría heredados del
período del gobierno militar, e instaló un destacado equipo de profesionales y académicos, con el propósito de mejorar la calidad
del trabajo de inteligencia y recuperar la deteriorada imagen de la institución, acusada de haber sido utilizada por el saliente
gobierno peronista para sus fines políticos particulares.
Algunos de dichos agentes exonerados se aglutinaron en torno a organizaciones de hecho y trataron de desprestigiar, e incluso
extorsionar, mediante la información que conocieron durante su servicio, a las autoridades de la inteligencia civil.[11]
Después de los escándalos denunciados, se hicieron esfuerzos por introducir mayor transparencia en el ámbito de la inteligencia.
En diciembre de 2001, el Parlamento aprobó y el gobierno publicó la nueva ley No. 25520 de Inteligencia Nacional, la que reforzó
nuevamente los controles sobre los servicios.
En el artículo 4 se establece que ningún organismo de inteligencia puede realizar tareas represivas, ni poseer funciones
policiales ni de investigación policial. Tampoco puede almacenar datos sobre personas por el solo hecho de su fe religiosa, raza,
etc., así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción. Asimismo, se destaca que son inviolables,
excepto una orden judicial en sentido contrario, todas las comunicaciones telefónicas, postales, etc.
En el orden organizativo, la ley cambia el nombre de la SIDE por el de Secretaría de Inteligencia, renombra la Dirección de
Inteligencia Interior de la ex SIDE por la de Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, y crea la Dirección Nacional de
Inteligencia Estratégica Militar que debe tener a su cargo a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
La nueva Secretaría está a cargo del Secretario de Inteligencia, con rango de Ministro de Estado, el cual es designado por el
Presidente de la República, previa consulta no vinculante con la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia del Congreso.
La ley señala expresamente que cualquier intervención de interceptación deberá ser solicitada a los tribunales. Para ese fin se
crea la Dirección de Observaciones Judiciales, único organismo al interior de la Secretaría facultado para realizar dichas
operaciones.
También llama la atención el artículo 23 que prohíbe desempeñarse como funcionario de todo organismo de inteligencia a quienes
registren antecedentes por crímenes de guerra, contra la humanidad o por violación a los derechos humanos.
Por último, se crea la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso –que
en la práctica reemplaza a la comisión que instituyó la ley No. 24.059 de 1992-, la que tendrá amplias facultades para controlar e
investigar de oficio. A su requerimiento, y con los recaudos establecidos en la propia ley, los organismos del sistema de inteligencia
nacional deberán suministrar la información o documentación que la Comisión solicite. Asimismo queda facultada para recepcionar
denuncias formuladas por personas físicas y jurídicas sobre abusos o ilícitos cometidos en el accionar de los organismos de
inteligencia y la investigación de las mismas.
Brasil
En el caso brasileño, los servicios de inteligencia también son de larga data. El primero de todos fue el Servicio Federal de
Informaciones (SFICI), creado en 1946, en plena vigencia de la democracia. Los militares lo cambiaron por el Servicio Nacional de
Informaciones (SNI), en 1964, luego del golpe de Estado. También se creó la Escuela Nacional de Informaciones.
Estos organismos fueron concebidos como auxiliares de la Doctrina de Seguridad Nacional, que consideraba cualquier tipo de
disidencia interna como un enemigo en potencia. En este sentido, colaboraron especialmente en la eliminación de los grupos
guerrilleros que surgieron en ese período, y en el control de la oposición pacífica contra el régimen militar.
En 1985, al retorno de la democracia, comenzó la reestructuración del sistema de inteligencia. En 1990, el Servicio Nacional de
Informaciones cesó sus funciones. El Presidente Collor de Melo creó en 1992 la Secretaría de Asuntos Estratégicos (SAE). Y el
Presidente Itamar Franco agregó al SAE una Subsecretaría de Inteligencia (SSI).
Desde 1995, el Presidente Fernando Enrique Cardoso trabajó en la idea de crear la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN). El
proyecto fue presentado al Congreso en 1997 y aprobado dos años más tarde.
La ABIN fue creada mediante la ley No. 9.983, en diciembre de 1999. Simultáneamente, se estableció una comisión bicameral de
control, compuesta por los presidentes de los bloques mayoritario y minoritario de la Cámara de Diputados y del Senado federal, así
como los presidentes de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de ambas cámaras.
Esta ley instituyó el Sistema Brasileño de Inteligencia y la Agencia Brasileña de Inteligencia, la ABIN. Para marcar la
diferencia con el pasado, el eslogan de la ABIN es "La inteligencia en defensa de la sociedad, el Estado democrático de Derecho
y los intereses nacionales".
La ley señala que la ABIN es un órgano de asesoramiento directo del Presidente de la República, y tiene a su cargo planificar,
ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las actividades de inteligencia del país.
El director general de la ABIN es nombrado por el Presidente de la República, previa aprobación por el Senado federal.
Asimismo, la ABIN absorbió la unidad técnica encargada de acciones de inteligencia vinculada a la Casa Militar de la Presidencia.
Lo mismo ocurrió con las actividades de inteligencia de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia.
La agencia está compuesta por la dirección ejecutiva de planificación y coordinación y los departamentos jurídico, de
tecnología, de administración, de inteligencia, de operaciones de inteligencia, de contrainteligencia, además de la escuela de
inteligencia y organismos regionales.
Aparte del control parlamentario ya descrito, existe un control interno -también a nivel contable-, ejercido por la Secretaría de
Control Interno de la Presidencia.
En mayo de 2002, fue aprobada una ley que fija la carrera de los funcionarios de inteligencia. Según ésta, los cargos son
llenados por concurso público e incluyen exámenes de conocimiento, presentación de títulos y exámenes de salud física y mental.
Luego de la incorporación, el nuevo funcionario debe aprobar un curso de formación en la Escuela de Inteligencia de la propia ABIN.
La ley también fijó una planta de 1.600 analistas de información, de nivel superior, y 300 auxiliares de información, de nivel
intermedio, medida que deberá ser efectiva completamente a partir del 1 de enero de 2003.
El presupuesto de la agencia, al menos para el año 2001, fue de US$ 12 millones.
Paralelamente, en diciembre de 2000, mediante el decreto No. 3.695, el gobierno brasileño creó el Subsistema de Inteligencia de
Seguridad Pública, integrado por los Ministros de Justicia (Interior), Hacienda, Defensa e Integración Nacional, y el Gabinete de
Seguridad Institucional de la Presidencia. Esta nueva organización es dirigida por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del
Ministerio de Justicia. El órgano ejecutivo es el Consejo Especial del Subsistema de Inteligencia de Seguridad Pública. También
participa un representante de la ABIN.
Por último, en mayo del mismo año, mediante el decreto No. 3.493, la ABIN pasó a ser integrante del Gabinete de Seguridad
Institucional de la Presidencia, central del Sistema Brasileño de Inteligencia.
Precisamente, esta última medida fue muy criticada por considerársele contradictoria con la génesis de la ABIN. Varios
representantes del estamento académico brasileño consideran que la creación de la agencia de inteligencia, o al menos su ubicación
en el organigrama del proceso de toma de decisiones, fue un paso atrás, una verdadera remilitarización de las actividades de
inteligencia. Dichos críticos señalan que es una demostración más de la fuerte presencia de las Fuerzas Armadas en el Poder
Ejecutivo del país.
Si antes de la creación de la ABIN, el secretario general de la Presidencia, un civil, era el encargado de los temas de
inteligencia, después fueron los militares quienes se hicieron cargo por órdenes del Presidente Cardoso. Asimismo, se sostiene que
el verdadero creador de la ABIN fue el general en servicio activo del Ejército Alberto Cardoso, jefe de la Casa Militar de la
Presidencia de la República.[12]
A las posiciones críticas respecto del predominio militar, se han sumado en los últimos años una serie de escándalos en los que
se ha visto seriamente comprometida la ABIN, circunstancia que pone en tela de juicio su actuación dentro del marco del estado de
Derecho.
En noviembre de 2000, la prestigiosa revista Veja denunció que agentes de la ABIN habían espiado, entre otros, al Ministro de
Salud, José Serra –actual candidato a la Presidencia-, así como al gobernador del estado de Minas Gerais y ex Presidente Itamar
Franco, un férreo opositor al gobierno.
Frente al estallido del escándalo, el gobierno se apresuró a desmentir las denuncias. Sin embargo, el cúmulo de pruebas sembró
más dudas que certezas sobre el servicio de inteligencia y la capacidad del gobierno para controlarlo. Itamar Franco retrucó
afirmando que "no basta la protesta formal" y calificó el asunto como propio de "una mentalidad fascista".
Pero la situación se complicó más todavía, cuando se reveló en el curso de la investigación que abrió la Procuraduría, que
la ABIN también había espiado a grupos de derechos humanos y ecologistas -Greenpeace y Justicia Global, un grupo vinculado a Human
Rights Watch-, a la secta del coreano Sun Myung Moon, al Movimiento de los Sin Tierra y a un hijo del propio Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Un tercer elemento terminó por desacreditar complemente a la ABIN. A las denuncias por seguimientos ilegales se sumó el hecho de
que un buen número de sus agentes provenía de los tiempos de la dictadura, quienes no habían sido purgados por las nuevas
autoridades.
El escándalo forzó la renuncia del director general de la ABIN, el coronel Ariel de Cunto, después de conocerse que había
ascendido a un alto funcionario acusado de torturas, en vez de expulsarlo, y por ser el responsable jerárquico de los funcionarios
comprometidos en el espionaje denunciado.
Como reacción a la revelación de estos antecedentes, el Parlamento federal instituyó una comisión especial para investigar el
escándalo. La misma estuvo compuesta por tres senadores y tres diputados.
En el curso de dicha investigación, se reveló que un grupo de agentes de inteligencia provenientes de la época de la dictadura
militar pero todavía empleados en la ABIN, insatisfechos con las nuevas directrices del gobierno, se habrían concertado para espiar
al Presidente de la República. El cabecilla de dicha banda, quien grabó conversaciones telefónicas de Cardoso en 1998, entonces
utilizadas para acusar al gobernante de inmiscuirse en un proceso de privatización, ordenó "pinchar" diálogos de otras
autoridades, que luego habría distorsionado y entregado a algunos medios de la prensa brasileña.[13]
La comisión también se enteró que en la ABIN seguían desempeñándose 226 agentes heredados del período militar. El gobierno
se comprometió a comparar los nombres de sus agentes con los torturadores denunciados en el informe de derechos humanos publicado en
1985.
Chile
Los servicios de inteligencia son bastante recientes en la historia política chilena. Hasta 1973, solamente las Fuerzas Armadas y
las Policías cumplían estas funciones.
Luego del golpe de Estado, el general Augusto Pinochet organizó una policía política al margen de las instituciones castrenses y
policiales, destinada a combatir la disidencia a su régimen de facto. A fines de 1973 nació, en forma secreta, la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA), al mando de un coronel del Ejército e integrada por personal uniformado enviado en comisión de
servicio. En 1978, la DINA fue disuelta y reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI) –compuesta en su mayoría por
personal del Ejército-, la que dejó de existir días antes del término del gobierno militar.
Perdura en la memoria colectiva de los chilenos la actuación criminal de dichos servicios. Principalmente, la DINA es responsable
del asesinato y la desaparición de centenares de opositores.
Por su connotación especialmente represiva, ninguno de estos organismos fue capaz de llevar adelante inteligencia estratégica de
calidad. De hecho, la DINA y la CNI no fueron capaces de predecir hechos como el movimiento guerrillero de la montaña de Neltume de
los años ochenta, el atentado al general Augusto Pinochet en 1986, la guerra de las Malvinas, la crisis limítrofe de 1978 con
Argentina, la derrota en el plebiscito presidencial de 1988 ni la internación de armas en Carrizal Bajo, realizada por el Frente
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), el brazo armado del Partido Comunista.[14]
Hay que tener en cuenta que en 1995, el ex jefe de la DINA, general ® Manuel Contreras, fue condenado y encarcelado en Chile por
el asesinato de Orlando Letelier, ex canciller del gobierno de Salvador Allende, y su secretaria, la estadounidense Ronni Moffit,
crimen ocurrido en Washington, D.C., en 1976.
Recuperada la democracia, los gobiernos civiles se han esforzado por restablecer una sana convivencia con las Fuerzas Armadas bajo
el principio del control civil sobre los militares. No obstante, la transición democrática chilena fue especialmente dificultosa,
debido a los llamados enclaves autoritarios de la Constitución de 1980 y la presencia de Pinochet al frente del Ejército desde 1990
a 1998.
En el período 1990-1992, se sucedieron varios escándalos de espionaje político, donde aparecieron involucrados efectivos de
inteligencia. Esos hechos mostraron la necesidad de reformar el sistema de inteligencia.
En 1990, un diputado gobiernista denunció persecuciones y seguimientos que habrían realizando miembros de la inteligencia militar
a algunos parlamentarios y enfrente de dependencias de gobierno, con motivo de la negativa a la aprobación de fondos públicos para
los sueldos de antiguos agentes de la CNI adscritos al Ejército.[15]
En 1992, se produjo un oscuro incidente, conocido por su apelativo periodístico de Piñeragate, en el que estuvo involucrado un
capitán del Ejército que grabó clandestinamente la conversación de Sebastián Piñera, un importante dirigente de Renovación
Nacional, uno de los partidos de la oposición derechista. El incidente, entendido como una operación política, sirvió para
desarticular al sector más liberal de la derecha pinochetista, y muchas sospechas recayeron en el servicio de inteligencia del
Ejército.[16]
En el mismo período, la prensa denunció un acto de espionaje en contra del gobierno y los partidos oficialistas, efectuadas por
un supuesto agente Charly, quien resultó ser un sargento perteneciente a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE).
Aunque el Ejército desestimó las denuncias y sólo en un caso el culpable recibió sanciones menores, estos acontecimientos
alertaron al gobierno. En abierta referencia a la actitud pasiva de la institución castrense, el Ministro de Defensa, Patricio Rojas,
manifestó que se realizaría una revisión y una coordinación de la normativa y actividades de todos los servicios de inteligencia
que funcionan en el país.[17]
La oportunidad se presentó en 1991. Ese año, el Presidente Patricio Aylwin creó, vía decreto, el Consejo de Seguridad Pública
para desmantelar a los grupos de guerrilla urbana, luego que éstos asesinaron en abril de 1991 al senador Jaime Guzmán, fundador de
la Unión Demócrata Independiente, actualmente el mayor partido de oposición.
Aunque posteriormente dicho Consejo ha recibido críticas por la utilización de informantes pagados, lo cierto es que fue
eficiente en su misión, y en poco tiempo logró desarticular a los grupos subversivos MAPU-Lautaro, Movimiento de Izquierda
Revolucionaria (MIR) y FPMR. Sus principales líderes terminaron en la cárcel. Esto se consiguió sin muertes ni torturas.
Simultáneamente con la creación del Consejo, el gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para establecer la primera
agencia de inteligencia civil en la historia del país.
Con fecha 30 de Abril de 1993, se publicó en el Diario Oficial la ley No. 19.212, que dio origen a la Dirección de Seguridad
Pública e Informaciones (DISPI), como un servicio de carácter directivo, técnico y especializado, dependiente del Ministerio del
Interior. Expresamente, se estableció como un organismo sin carácter operativo.
La misión de esta Dirección es proporcionar al gobierno la información, los estudios, el análisis y las apreciaciones de
inteligencia que éste requiera para formular políticas y adoptar medidas y acciones específicas, en lo relativo a conductas
terroristas y otras que puedan constituir delitos que afecten el orden público a la seguridad pública interior.
A través del Ministerio de Defensa se relaciona con organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Mención aparte requiere el rol asignado por esta ley al Ministro del Interior, quien con el objeto de coordinar las actividades de
los organismos de seguridad pública interior, se transforma en el receptor natural de toda la inteligencia producida por la DISPI,
como así mismo de toda información de que dispongan en las materias de competencia de la Dirección, las autoridades y funcionarios
de la administración del Estado que constituyen el Comité Consultivo de Inteligencia.
Este Comité, que se reúne regularmente, es presidido por el Ministro del Interior y es integrado, además, por el Subsecretario
del Interior, el Subsecretario de Guerra del Ministerio de Defensa Nacional o su equivalente, el Subsecretario del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Director de la DISPI, el Subjefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional y los Jefes de Inteligencia de las
Fuerzas Armadas y de las Policías de Carabineros (uniformada) e Investigaciones (civil). Actúa como Secretario del Comité, el Jefe
de la División de Análisis y Planificación de la DISPI y, en su defecto, el jefe de la División de Coordinación. A las reuniones
del Comité podrán asistir las autoridades o funcionarios de la Administración del Estado cuya concurrencia sea solicitada por el
Ministro del Interior.
Aunque no está considerado en la ley de la DISPI, el director del servicio también concurre al Comité de Seguridad, que sesiona
en forma quincenal. Éste también es presidido por el Ministro del Interior, y asisten como miembros el Subsecretario del Interior,
el Subsecretario Carabineros, el Subsecretario Investigaciones, el Intendente de la Región Metropolitana, el Subjefe del Estado Mayor
de la Defensa Nacional, el Director de Orden y Seguridad de Carabineros y el Director de Investigaciones.
En su breve existencia, la DISPI no ha sido objeto de denuncias por violación de los derechos ciudadanos ni otros actos ilícitos.
Esto se ha debido, en parte, a la excelencia en la selección del personal de analistas –todos son profesionales universitarios- y
de sus directores, considerados como personalidades intachables.[18]
La DISPI ha centrado su trabajo en el tema de la gobernabilidad democrática, a contrapelo del viejo esquema del enemigo interno de
la Doctrinad de Seguridad Nacional y de la contrainteligencia tradicional contra los vecinos territoriales.
A propósito de los sucesos de espionaje que se produjeron al inicio de la transición chilena, en el período 1992-1993 la
Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados hizo una investigación de dichos eventos y redactó un informe sobre los servicios de
inteligencia, en el que le recomendaba al gobierno establecer mecanismos de control interno de las actividades de inteligencia. Entre
sus conclusiones, la comisión se inclinó por el despacho de una ley de Bases Generales de los Servicios de Inteligencia; incluso
llegó a redactar un anteproyecto de ley. Asimismo, consagró una serie de principios básicos que deben orientar la actividad: a
saber, a) seguridad de las personas y derecho a la intimidad y privacidad de las mismas; b) separación entre el concepto de
inteligencia interna e inteligencia en el área de defensa externa del Estado, y c) incorporación de la fiscalización parlamentaria.
Sin embargo, las recomendaciones de la comisión, aunque fueron bien recibidas por el gobierno, quedaron relegadas a un segundo
plano, en parte por la gran acumulación de temas referentes a las Fuerzas Armadas, y en parte también esperando un momento de mayor
normalidad para realizar dichas reformas.
Los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos dieron el motivo ideal para que el gobierno chileno planteara su
intención de crear un sistema nacional de inteligencia.
El proyecto de ley que presentó al Parlamento el gobierno del Presidente Ricardo Lagos a fines de 2001, considera a la
inteligencia como "un instrumento gubernamental legítimo y necesario", y al Sistema de Inteligencia del Estado que se
pretende establecer como un mecanismo útil e indispensable, debido a que "la reglamentación vigente en materia de servicios de
inteligencia adolece de insuficiencias en relación con la eficacia de tal institucionalidad".
El proyecto establece una Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), que será cabeza del Sistema de Inteligencia del Estado. La ANI
es concebida como un servicio público descentralizado, de carácter técnico y especializado. Dependerá del Presidente de la
República, quien nombrará a su director y será de su exclusiva confianza. Será la sucesora legal de la DISPI.
La ANI deberá realizar apreciaciones de inteligencia a nivel nacional e internacional; podrá requerir información a los
servicios militares y policiales de inteligencia, y "aportar la información especializada para la formulación de políticas,
estrategias, planes y programas necesarios para el resguardo de la seguridad del Estado, la seguridad del gobierno, la vigilancia del
régimen democrático y la estabilidad institucional".
El proyecto establece que para el caso de ser necesario el uso de acciones intrusivas y métodos encubiertos, cada jefe de servicio
–tanto civil como uniformado- deberá requerir autorización judicial ante un ministro de la Corte de Apelaciones de su
jurisdicción. La ANI, en todo caso, pedirá la colaboración de las Policías de Carabineros e Investigaciones para estos casos, pues
no tendrá carácter operativo.
El control interno lo ejercerán los respectivos jefes de los servicios de inteligencia, y el control externo estará en manos de
la Contraloría General de la República, los Tribunales de Justicia y una comisión especial de la Cámara de Diputados.
Los principios fundamentales del proyecto, aplicables a todos los servicios de inteligencia existentes en el país, son: a) respeto
al ordenamiento jurídico; b) respecto al régimen democrático y la estabilidad institucional; c) respeto a los derechos
constitucionales de las personas; d) autorización judicial previa; e) proporcionalidad de las medidas intrusivas; f) los funcionarios
deben guardar reserva de por vida para garantizar la intimidad de las personas y la eficacia de las labores de inteligencia, y g)
utilización exclusiva de la información para fines del Estado.
El proyecto fija para la ANI una planta no superior a 125 funcionarios. Esto contrasta con otros servicios analizados, cuya
dotación se mantiene en secreto o es infinitamente mayor.
A diferencia del inicio de la transición democrática, las Fuerzas Armadas han dado pleno respaldo a la idea del gobierno de crear
la nueva agencia. De hecho, fueron consultadas durante todo el proceso de formulación del proyecto de ley, el cual duró casi un
año.
En declaraciones a la prensa luego que el Ejecutivo presentara el proyecto a la opinión pública, el general Roberto Arancibia
Clavel, director de Inteligencia del Ejército en ese momento, sostuvo que la labor de inteligencia debe entenderse como un aporte al
crecimiento nacional y desechó categóricamente las inquietudes surgidas en la izquierda, que sufrió los rigores de la dictadura. En
declaraciones a la prensa, Arancibia indicó que la implementación de una agencia de inteligencia no puede entenderse como algo ajeno
a la realidad del país, sino como una entidad vital capaz de analizar todos los campos de acción posibles que puedan afectar el
desarrollo. "Vivimos en un mundo globalizado, en competencia, que requiere que todos los esfuerzos del país estén apuntados a
que a Chile le vaya bien", acotó el jefe militar.
Sostuvo que los atentados ocurridos en Estados Unidos obligan a pensar en la conveniencia de una agencia de análisis de
inteligencia, una actividad que debe orientarse a aprovechar oportunidades y disminuir las amenazas contra el país.
Recordó que desde el 11 de septiembre, cuando fueron perpetrados los ataques terroristas, el Comité Consultivo de Inteligencia
chileno ha estado en alerta permanente.[19]
Según se comprueba por una serie de documentos de trabajo e investigación, en el seno de las Fuerzas Armadas se venía
desarrollando una nueva visión sobre la actividad de inteligencia, la que ha sido fuertemente influida por los cambios producidos en
el país desde la recuperación de la democracia. Como señala un autor militar, "lo esencial es asumir que la inteligencia
entró en la dinámica del cambio y el pluralismo, un sello de estos tiempos (...) La «cuestión de la inteligencia», sus roles,
capacidades, objetivos, su dirección, su actividad, su control, etc., siguen siendo un tema pendiente desde 1990".[20] Concluye
afirmando que "toda esta reforma debe tener como objetivo último disponer de un sistema de inteligencia no sólo capaz de hacer
frente a la creciente demanda de información que necesitará nuestro gobierno en el siglo que se inicia, sino que ofrezca ese
potencial con un absoluto respeto del Estado de Derecho y a los principios democráticos que guían nuestra actual sociedad".[21]
El mismo autor recién citado propone la creación de una Escuela Nacional de Inteligencia y la consolidación de una política de
inteligencia transparente y abierta a las distintas áreas de la comunidad mediante cursos, seminarios y conferencias.
Otro autor militar sugiere que la comunidad de inteligencia esté dirigida por un Consejo Consultivo de Inteligencia, que sea
convocado por el Ministro Secretario General de la Presidencia.[22]
Por su parte, Guillermo Holzmann, profesor de la Universidad de Chile y experto en temas de inteligencia, cree que el organismo de
inteligencia debe tener rango ministerial y depender directamente del Presidente de la República. Debe ser pequeño y estar
estructurado alrededor de cuatro ejes temáticos fundamentales: a) político nacional e internacional; b) estratégico y Defensa; c)
económico nacional e internacional, y d) científico y tecnológico.[23]
En todo caso, la prensa local se ha hecho eco de la polémica que ha surgido por el proyecto. Ésta se concentra en la dependencia
de la nueva ANI y la modalidad para el nombramiento del futuro director de la agencia. Los parlamentarios desean tener injerencia en
el nombramiento o, por lo menos, en su remoción. No quieren que en el futuro el organismo se transforme en una policía política al
servicio del gobierno de turno.
También hay discusión sobre la dependencia. Algunos piensan que la ANI debería depender del Ministerio del Interior, y que sea
éste el políticamente responsable frente a eventuales dificultades en el futuro. Baldo Prokurica, un senador de oposición, señaló
que, en todo caso, el director de la ANI debe ser un civil.[24]
Según señala el influyente diario El Mercurio, el proyecto "postula la ANI como un servicio no operativo que se relaciona
directamente con el Presidente de la República y que coordina las seis dependencias que hoy existen en estas materias, como son las
de cada una de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones y la Dirección de Seguridad Pública e
Informaciones. El proyecto, rechazado por el Partido Comunista por estar destinado a perseguir a los «enemigos del sistema», ha
contado con el apoyo parcial de otros sectores políticos, que han manifestado la necesidad de que el Senado apruebe la designación
del jefe de la oficina propuesto por el Presidente de la República y que su objetivo sea reunir información para combatir el
terrorismo, el narcotráfico y las actividades que amenacen la seguridad de las personas. Asimismo, se ha sugerido la creación de un
consejo integrado por representantes de los poderes Legislativo y Judicial que garantice el respeto de los derechos de las
personas".[25]
Otros consideran que se debería incrementar el control parlamentario a tres niveles: mediante la aprobación del nombramiento del
director del organismo de inteligencia designado por el Presidente de la República; a través la aprobación del plan de inteligencia
anual, y por medio de la solicitud de cuentas periódicas de la labor realizada y del gasto presupuestario.
El proyecto de la ANI también ha recibido críticas desde la izquierda. Es el caso de la abogada de derechos humanos y dirigente
del Partido Socialista –en el gobierno-, Pamela Pereira. Ella considera que el proyecto "propone un sistema que violenta las
garantías individuales, porque violenta la libertad de las personas. Además, con el sistema de inteligencia más la agencia, se crea
un monstruo con dos cabezas, que está fuera de todo control eficaz y en el que el ciudadano común queda absolutamente
desprotegido". Añade que "cualquiera que tenga una opinión discrepante va a pasar a ser un sospechoso y, por lo tanto, va
ser objeto de investigación. Los sospechosos van ser los ecologistas, los indígenas, los organismos de derechos humanos, de derechos
de los ciudadanos, los partidos políticos, sindicatos".[26]
Por último, el Parlamento chileno discute actualmente un proyecto de ley que establece una Unidad de Análisis e Inteligencia
Financiera que funcionará como una dependencia del Ministerio de Hacienda y que tiene por fin controlar el lavado de dinero. De este
modo, el país podrá cumplir con compromisos asumidos en los tratados suscritos, como es la Convención contra el Crimen
Transnacional Organizado y las obligaciones internacionales adquiridas por la incorporación al Grupo de Acción Financiera de
Sudamérica.
Perú
Los servicios de inteligencia peruanos, igualmente que en otros países de la región, siempre estuvieron en manos de los militares.
Pero no es hasta 1992, cuando el Presidente Alberto Fujimori y la cúpula militar dieron un autogolpe, que la inteligencia se
convirtió en un arma esencial para la sustentación del régimen.
Como señala un distinguido testigo de dichos acontecimientos, "en 1992, se cambian las reglas de juego básicas y se impone
una concepción de democracia que buscaba la eficacia en la lucha contra el terrorismo y la introducción de un modelo de reglas de
mercado libre, que siendo eficaz en lo primero, hizo tabla rasa del respeto a los derechos humanos e impuso la cultura de lo secreto
al amparo de la cual creció como un hongo el más alto grado de corrupción que haya conocido el mundo. Todo ello, hay que
reconocerlo, con participación de las Fuerzas Armadas dentro de las cuales se tejió una red de corrupción conducida desde una
cúpula que manipuló el poder para delinquir".[27]
En 1991, el Presidente Fujimori había tratado sin éxito de modificar el sistema de inteligencia, mediante la promulgación del
Decreto Supremo No. 746. Éste fue rechazado por el Congreso debido al evidente carácter antidemocrático del mismo. Entre sus puntos
más controvertidos, se señalaba que "el sector público y privado proporcionarán obligatoriamente al Sistema de Inteligencia
Nacional las informaciones y documentos que éste solicite, bajo responsabilidad penal".
Luego del autogolpe, Fujimori pudo reorganizar la inteligencia del país a su entera disposición. Mediante el decreto ley No.
25.695 del 21 de julio de 1992, el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) fue dotado de rango ministerial, dependiendo directamente
del Presidente de la República. Aunque nominalmente el jefe del SIN fue siempre un general del Ejército en servicio activo, el
verdadero ejecutor fue siempre Vladimiro Montesinos, el asesor personal de Fujimori.
El presupuesto del SIN era secreto y no existía ningún tipo de fiscalización. Según Alfonso Panizo, jefe del servicio durante
el gobierno de transición que sucedió a Fujimori, luego de su huída al Japón, se rebajó su presupuesto en una tercera parte,
hasta US$ 2,5 millones.[28] Según otras fuentes, el SIN de Montesinos llegó a contar con un presupuesto anual de US$ 300
millones.[29]
Según Juan Velit, actual director de la inteligencia peruana, el SIN fue el "corazón palpitante" del sistema que
estableció Montesinos junto a Fujimori y la cúpula militar.
Aprovechando el poder que ejercía desde el SIN, Montesinos y sus secuaces –muchos de ellos altos mandos de las Fuerzas Armadas y
la Policía Nacional-pudieron amasar una fortuna de por lo menos US$ 270 millones, oculta en cuentas secretas en diversas partes del
mundo. Esta cuantiosa suma fue lograda mediante la extorsión, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el robo de las arcas
fiscales del país.
Igual que en otros países, el poderoso SIN fue articulado para reprimir la disidencia política e incluso las veladas críticas
que provenían de las propias Fuerzas Armadas. Por lo mismo, fue incapaz de prevenir, por ejemplo, el conflicto bélico que estalló
con Ecuador, el que encontró al país sin mayor preparación. En el combate al terrorismo, también hay diversos indicios sobre su
reducida eficacia.
Montesinos supo rodearse de incondicionales. Mediante su influencia sobre Fujimori, logró catapultar a los más altos cargos de
las Fuerzas Armadas a hombres de su confianza, la mayoría de ellos de la especialidad de inteligencia. Fue el caso de los comandantes
generales de la Marina y la Fuerza Aérea, Américo Ibárcena y Elesván Bello, respectivamente, y el jefe de la Dirección de
Inteligencia del Ejército, general Juan Yanqui, por añadidura paisano de Montesinos.[30] Todos se encuentran ahora en la cárcel,
acusados de actos de corrupción.
También está detenido Roberto Huamán Azcurra, encargado del SIN para la intervención sobre las comunicaciones telefónicas e
Internet. Además, participó en el planeamiento y ejecución de los asesinatos de algunos disidentes en la Universidad Nacional de
Educación (La Cantuta).
En marzo de 2001, fueron detenidos el jefe del SIN entre los años 1992 y 1998, general Julio Salazar Monroe, y el ex jefe del
servicio de inteligencia del Ejercito, general Juan Rivera Lazo, ambos retirados, por su responsabilidad en la violación de derechos
humanos, específicamente en la masacre de Barrios Altos, ocurrido en Lima en 1991. Esta detención fue posible luego que la Corte
Interamericana de Derechos Humanos declarara sin efecto la ley de amnistía de 1995, con la que el régimen de Fujimori pretendió
beneficiar a los mandos militares implicados en crímenes.
Asimismo, en abril de 2002 fueron apresados el ex jefe de inteligencia de la Fuerza Aérea, general Jorge Malpartida, y el ex
comandante general de la Marina, almirante Alfredo Arnaiz. Ambos fueron acusados de desviar fondos de sus instituciones a las arcas
del SIN.
Luego de que se develara la red de corrupción encabezada por Montesinos, en noviembre de 2000 el agónico gobierno de Fujimori se
vio en la obligación de llamar a elecciones presidenciales anticipadas y decretar la disolución del SIN. En su reemplazo, el
gobierno presentó un proyecto de ley que creaba la Central Nacional de Inteligencia.
Su concepto era claramente militar. En su artículo 1 se afirmaba que la "Central Nacional de Inteligencia es un organismo del
Estado, que en su especial naturaleza, cumple funciones reservadas directamente vinculadas con la Defensa Nacional". En el
artículo 2 se le hacía depender directamente del Presidente de la República. El director integraría el Consejo de Defensa Nacional
y asistiría a las sesiones del Consejo de Ministros, con derecho a voz.
Sin embargo, el Congreso ni siquiera llegó a discutir este proyecto, pues el régimen se desplomó rápidamente, y su máximo
líder escapó del país.
El gobierno de transición, encabezado por el político civil Valentín Paniagua, debió partir de cero. Los sucesores de
Montesinos en el área de inteligencia -general ® Juan Campos y vicealmirante ® Alfonso Panizo, respectivamente- debieron eliminar
todo el personal ligado al ex asesor. La reducción fue drástica, pues se pasó de 5.000 a 400 funcionarios. Entre ellos, se
encontraban 800 miembros de la guardia de seguridad personal de Montesinos.
El Congreso aprobó en junio de 2001, la ley No. 27.479 del Sistema de Inteligencia Nacional. Esta ley creó el Consejo Nacional de
Inteligencia (CNI), como cabeza del sistema, y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica, como organismo operativo del
mismo.
De acorde a las nuevas orientaciones democráticas de la sociedad peruana, se estableció en el artículo 3, que "el Sistema
de Inteligencia Nacional tiene como fundamentos la preservación de la soberanía nacional y la defensa del estado de derecho,
enmarcado dentro del estricto respeto de los derechos humanos".
El director del CNI es un cargo de confianza, designado por el Presidente de la República. A su vez, depende del presidente del
Consejo de Ministros y es miembro nato del Consejo de Defensa Nacional.
El CNI está compuesto por su director, el director de Inteligencia Estratégica y representantes del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas y de los Ministerios de Interior, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas y Educación.
La Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica (DINIE) es el organismo ejecutor del CNI, pues realiza la búsqueda,
procesamiento y diseminación de la información.
Se crea una Comisión Ordinaria de Inteligencia del Congreso de la República que tiene como misión fiscalizar el funcionamiento y
la ejecución de los recursos presupuestarios del CNI, pero no hay referencia respecto del control de las actividades operativas del
mismo.
Se crea una Junta Consultiva de Inteligencia, presidida por el director de la CNI y compuesta por los jefes de inteligencia de las
Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y del Ministerio del Interior.
En noviembre de 2001, mediante la ley No. 27.589, se quitó el carácter secreto a la publicación del reglamento de organización
y funciones del CNI. Se les consideró documentos públicos y serán dados a conocer en el diario oficial del Estado.
Igual que en Chile, por ley No. 27.693 de abril de 2002, se creó una Unidad de Inteligencia Financiera, como complemento a los
organismos de inteligencia del Estado.
En enero de 2002, el Presidente Alejandro Toledo nombró como jefe máximo del CNI a Juan Velit, reconocido periodista,
internacionalista, experto en asuntos militares y ex congresista del partido Perú Posible. La designación del jefe de la Dirección
de Inteligencia Estratégica recayó en el general ® del Ejército, Daniel Mora, quien se destacó por su fuerte oposición al
régimen de Fujimori.
Por otro lado, parlamentarios gobiernistas han recomendado a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Congreso que
estudie y formule un proyecto de ley que regule los casos y procedimientos en los que proceda interceptar o intervenir las
comunicaciones. Hasta ahora, la legislación peruana existente es muy débil en la protección de la intimidad de las personas.[31]
El atentado terrorista de marzo de 2002, perpetrado tres días antes de la visita del Presidente Bush al Perú, puso nuevamente en
el tapete de la discusión la actuación de los servicios de inteligencia. Para muchos, éstos no han sido lo suficientemente
eficientes.
El propio Velit reconoció que la organización que él comanda, está en pañales. "Desgraciadamente debo confesar que el CNI
estaba desmantelado. Actualmente no tiene instrumentos para trabajar. Principalmente carecemos de personal. Nuestros cuadros no están
preparados todavía para asumir tareas delicadas. Preparar un cuadro de inteligencia es un proceso lento. Más o menos se calcula que
se necesitan entre siete a diez años para adiestrarlo y ponerlo operativo".[32]
Por su parte, el general ® Daniel Mora opinó que fue una total exageración haber desactivado el SIN. Reconoció que si bien el
SIN tuvo demasiado poder durante el gobierno de Fujimori, ello no justificaba su desactivación.[33]
En el mismo orden de cosas, un diario cercano a Fujimori considera que entre diciembre de 2000 y enero de 2001 "prácticamente
todo el personal de la DIN (Dirección de Inteligencia Naval) fue dado de baja por el gobierno de transición de Valentín
Paniagua". Sin embargo, según el periódico, esta unidad habría sido fundamental en la desarticulación de Sendero
Luminoso.[34]
El gobierno de Toledo no comparte dichas críticas. El Ministerio del Interior, que encabeza Fernando Rospigliosi, otro periodista
que enfrentó a Fujimori y Montesinos, ha reforzado su capacidad de inteligencia incorporando a oficiales que en los años noventa
participaron en la captura de Abimael Guzmán y en el desmantelamiento de Sendero Luminoso. Sus investigaciones ya han dado los
primeros resultados, al capturar a los eventuales responsables del citado atentado explosivo en Lima.
En todo caso, una debilidad del modelo peruano es la permanencia de una concepción que tiende a sobredimensionar la actividad de
inteligencia. Hay voces, como la del ex Presidente y general ® Francisco Morales Bermúdez, que sostienen que para evitar que el
nuevo CNI se convierta nuevamente en un organismo corrupto, es necesario que los Ministerios de Defensa, Interior y Relaciones
Exteriores posean direcciones de inteligencia independientes, cuyas actividades sean coordinadas en un comité interministerial.[35]
Hasta ahora, Juan Velit no ha dado muestras de querer modificar la actual estructura de inteligencia que abarca, al menos en el
papel, a prácticamente todos los ministerios del gobierno.[36]
Conclusiones
Los servicios de inteligencia del Cono Sur y el Perú están en vías de consolidación, luego de que dichos países recuperaron la
democracia. En este proceso, ha habido aciertos y también errores. En todo caso, el balance es positivo, pues existe voluntad de las
dirigencias políticas para enmendar las deficiencias, y la opinión pública muestra una fuerte vocación para defender sus derechos
frente a las eventuales transgresiones provenientes de agencias gubernamentales.
Una de las mayores falencias detectadas es la falta de control externo de los servicios de inteligencia. Pese a la existencia de
una frondosa legislación, muchas veces la práctica continúa siendo la antigua, o sea, que las comisiones de control parlamentario
son pasivas, formales o actúan recién cuando se han consumado los hechos. Un caso muy típico es el descrito en el caso de Brasil.
Allí el Parlamento reaccionó tardíamente, probablemente por desconocimiento, formando una comisión de investigación luego que se
dieron a conocer graves transgresiones cometidas por la agencia brasileña de inteligencia.
En el develamiento de dichas transgresiones juega un papel fundamental la prensa. La conclusión es que si están aseguradas las
libertades públicas y el periodismo independiente puede desarrollarse sin restricciones, éste se convertirá en el mejor aliado de
un control social sobre los servicios de inteligencia.
En todo caso, el estudio de los casos demuestra que donde hay menos problemas con la inteligencia es en aquellos países que han
debido comenzar prácticamente de cero. Es el caso de Chile y el Perú. Mas todavía en Chile, donde no existía una experiencia
anterior en servicios de inteligencia de corte civil.
Por el contrario, en Argentina y Brasil, países que poseen servicios de inteligencia de larga data, las dificultades han sido
mayores. Éstas han tenido que ver con una tendencia casi ancestral al espionaje doméstico y a la mantención de prácticas
operativas desarrolladas durante los gobiernos de facto. Además, ha habido poca voluntad política para deshacerse de funcionarios
comprometidos con dichos regímenes de fuerza. En dichos países será más difícil la transición, en parte porque este mal uso de
los servicios de inteligencia está fuertemente enraizado no solamente en los propios servicios sino que en amplios sectores de la
clase dirigente.
Otro hecho resaltante es la permanencia de la influencia de las Fuerzas Armadas en las estructuras de inteligencia de los países.
Esto ocurre especialmente en los casos de Brasil y el Perú. Dicha injerencia de los militares, en algunos casos va en directo
desmedro de la participación de los civiles en dichas materias.
Por último, se detecta cierta tendencia al sobredimensionamiento de algunos servicios, tanto en lo que respecta al número de
funcionarios, al presupuesto involucrado y a las funciones operativas que poseen. También aquí se da el hecho de que los países con
menor experiencia en el área, Chile y el Perú, están estructurando servicios más bien pequeños, que se están especializando en
la inteligencia estratégica y que restringen o simplemente prescinden de facultades operativas.
