SINDROME DE ESTOCOLMO ESTERILIZA LAS POSICIONES ARGENTINAS EN MATERIA DE DEFENSA CONTINENTAL.

Buenos Aires, Argentina

1.- Operativos
El ministro de Defensa, José Pampuro, anunció que el presidente Néstor Kirchner ya firmó el decreto que aprueba la realización del operativo naval UNITAS 42 que se hace desde hace décadas en el mar argentino. Al mismo tiempo, Pampuro confirmó la suspensión del ejercicio aéreo Aguila III a raíz de la decisión del Gobierno argentino de no otorgar la inmunidad que reclamaba el gobierno de los Estados Unidos para sus tropas que debían viajar a la Argentina. El ministro de Defensa negó que la autorización para la participación argentina en el UNITAS sea una compensación frente a la suspensión del Aguila III. "Simplemente, aquí no se requerían inmunidades y ni hay pedido de inmunidad de ninguno de los países participantes, así que se han aprobado como normalmente se ha hecho", explicó Pampuro. Sucede que como en este caso los simulacros se desarrollan en alta mar, es innecesaria cualquier inmunidad. (Ver Clarín, sección Política, 11/10/03; ver La Nación, sección Política, 11/10/03; ver Página 12, sección El País, 11/10/03)

2.- Retorno del agregado militar en Italia
El presidente Néstor Kirchner decidió que un coronel sospechado de participar de una matanza de presos políticos, en 1976, cese en su cargo de agregado militar en la Embajada Argentina en Italia. El ministro de Defensa, José Pampuro, informó que la Cancillería le comunicó formalmente a Horacio Losito que debía abandonar su puesto en Roma y regresar a Buenos Aires. El coronel Losito es uno de los diez militares que a mediados de este año pasaron un mes presos en el Chaco. Un juez ordenó sus capturas por su posible responsabilidad en un caso conocido por el nombre de la localidad donde ocurrió: la masacre de Margarita Belén, la ejecución de 22 jóvenes peronistas y de izquierda. Aunque no se brindaron oficialmente mayores precisiones, se supo que la decisión la tomó el propio Kirchner, al considerar que un militar imputado de un delito grave como éste "no puede seguir representando a la Argentina en el exterior". (Ver Clarín, sección Política,11/10/03; ver La Nación, sección Política, 11/10/03; ver Página 12, sección El País, 11/10/03)

3.- Radares
En el marco de la política del presidente Néstor Kirchner de reactivar el complejo militar-industrial argentino, la Fuerza Aérea comenzó a construir 11 radares de producción nacional, en vez de importarlos. Se trata de los 11 radares secundarios para el control del tránsito áereo civil y comercial que estaban incluidos en el suspendido Plan Nacional de Radarización que iba a costar 185 millones de dólares. Ese plan fue suspendido en el 2000 por la Justicia tras un juego de presiones cruzadas entre las multinacionales de este rubro y, después, por el default del Estado. Los 11 radares nacionales costarán a la Fuerza Aérea 59 millones de pesos, IVA incluido. El 80 por ciento de ese dinero será invertido en mano de obra y materiales argentinos. El gasto se financia con recursos provenientes de la ley de tasas de seguridad aérea con parte del costo que pagan los pasajeros por el uso de los aeropuertos. La decisión de encargarlos aquí a la empresa estatal Investigaciones Aplicadas (INVAP) fue tomada por el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Carlos Rohde, en consulta con el ministro de Defensa, José Pampuro. (Ver Clarín, sección Política, 14/10/03).

4.- Detención de A. Bussi
El general retirado Antonio Bussi, ex gobernador de Tucumán e intendente electo de la capital de esta provincia, quedó detenido en una unidad militar como presunto culpable de la desaparición en 1976 del senador provincial peronista Guillermo Vargas Aignasse, por orden del juez federal, Jorge Parache. El juez ordenó su detención por el secuestro y asesinato agravado de ese senador, que son delitos no excarcelables. Esta situación judicial, impediría a Bussi asumir dentro de dos semanas como intendente de esta capital. Por eso, el dirigente de Fuerza Republicana, Pablo Calvetti, adelantó que su partido invocará el Pacto de San José de Costa Rica "para solicitar la liberación de Bussi y su asunción como intendente". "No existe una condena penal firme que le impida jurar", justificó Calvetti. La Ley Orgánica de Municipalidad prevé la suspensión automática del intendente si existe semiplena prueba (el procesamiento) de que cometió un delito y, en el artículo 38 bis, faculta al Concejo Deliberante a que elija un nuevo jefe comunal, hasta que eso ocurra el titular del cargo debe ocupar el cargo. (Ver Clarín, sección Política, 16/10/03; ver La Nación, sección Política, 16/10/03; ver Página 12, sección El País, 16/10/03).

5.- Malestar de EE.UU.
La ambigüedad con la que la Argentina dejó caer el ejercicio aeronáutico conjunto con tropas norteamericanas alimentó la posición de los funcionarios más escépticos de la administración de Estados Unidos, que consideran que es difícil sostener acuerdos duraderos con nuestro país. Para el gobierno de George W. Bush la realización de un entrenamiento militar en la Argentina junto con fuerzas de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia no representaba un test para encuadrar y poner a prueba la relación con nuestro país. Pero sí era una señal importante en uno de los campos en los que Estados Unidos tiene hoy especial interés en el hemisferio, que es la seguridad. "Era algo natural con una nación aliada y por eso sorprendió mucho y molestó la respuesta de la Argentina, que no se esperaba para nada", dijo una fuente ligada al secretario de Estado para América latina, Roger Noriega. El test para la Argentina puede llegar a ocurrir cuando el año próximo se realice la votación en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación en Cuba. En agosto pasado Noriega planteó que el gobierno de Washington espera que la Argentina "pueda adoptar una posición de liderazgo en la defensa de los derechos humanos" en Cuba. (Ver La Nación, sección Política, 12/10/03)

6.- Pedido de anulación
La defensa de los detenidos por crímenes cometidos bajo el comando del Primer Cuerpo de Ejército durante la dictadura militar planteará la nulidad de todas las medidas judiciales tomadas en la llamada causa 450 desde su reactivación a principios de septiembre y pedirá la inmediata libertad de los militares presos. La defensora oficial, Silvia Otero Rella, esgrimirá un argumento idéntico al que enunció en el escrito que presentó en la investigación de la ESMA -causa 761-, en la que solicitó la inmediata remisión del expediente a la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal. Otero Rella rechazó el viernes, además, que varios organismos de derechos humanos figuraran como querellantes en la investigación del Primer Cuerpo de Ejército, según consta en un escrito a cuya copia accedió el diario La Nació. La Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Comité de Acción Jurídica se habían presentado ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral para ser querellantes, pero Otero Rella sostuvo que los organismos "no reúnen la condición del directo damnificado". (Ver La Nación, sección Política, 14/10/03)

7.- Material de Guerra
La justicia federal de Rosario recibió una denuncia sobre la misteriosa desaparición, en una unidad del Ejército en Rosario, de 5680 cartuchos de propulsión para morteros de calibre 81 milímetros que pertenecían a Fabricaciones Militares y constituyen material de guerra. El 15 de septiembre, el teniente coronel Jorge Ricardo Guido, director de la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, de Rosario, comprobó la desaparición de estos elementos producidos en su planta, pero que se hallaban en custodia en el vecino Batallón de Arsenales 603 San Lorenzo, del Ejército. A su vez, en ese batallón se habría registrado la desaparición de otros materiales, por lo cual su jefe, el teniente coronel Hugo Víctor Mola, realizó la denuncia ante el juez federal N° 4 de Rosario, Omar Digerónimo. "Como lo indica el nombre, los cartuchos propulsores sólo sirven para impulsar la munición de los morteros y se colocan en el culote del proyectil. Son del tamaño de los cartuchos de escopeta y se fabrican en Beltrán", explicó al diario La Nación un ex jefe de esa planta. (Ver La Nación, sección Política, 14/10/03)

8.- Pedido de inconstitucionalidad
La defensora oficial de los militares detenidos por crímenes de lesa humanidad, Silvia Otero Rella, planteó la inconstitucionalidad de la ley de anulación de las leyes de punto final y de obediencia debida en las megacausas 450 -I Cuerpo de Ejército- y 761 -ESMA-. Tras efectuar "un breve repaso histórico de las condiciones sociopolíticas que concluyeron con la sanción de las leyes nulificadas por el Congreso", Otero Rella recordó en su presentación que "la constitucionalidad de las leyes (exculpatorias) ya fue resuelta por nuestro más alto tribunal (por la Corte Suprema) mediante el dictado de diversos fallos, entre otros, el conocido como la "causa Camps", en donde se sostuvo la constitucionalidad de ambas leyes". La defensora oficial subrayó además en escritos, que "se puede válidamente sostener que en nuestro ordenamiento jurídico el único que puede expedirse sobre la validez constitucional de las leyes es el Poder Judicial". La defensora se preguntó entonces si "se quiere terminar con la impunidad o se pretende sancionar una ley para ilusionar y engañar a la ciudadanía en general y a los familiares de los damnificados en particular. No debemos engañarnos: todos sabemos que con la nulidad de estas dos leyes no resolveremos el problema de la impunidad", subrayó. (Ver La Nación, sección Política, 16/10/03)

9.- “Preparándose para pelear en México”
A continuación se transcriben algunos extractos de dicho artículo:

Argentina acaba de suspender el ejercicio militar Aguila III, previsto para fines de octubre en Mendoza, por los reparos que surgieron en el Gobierno a partir del pedido de inmunidad de las tropas de los Estados Unidos que participarían de esas maniobras. Esa discrepancia se suma a otras que está manifestando el Poder Ejecutivo en torno a los deseos de la política exterior en materia de Defensa y Seguridad de George Bush para la región. Justamente, entre el 27 y el 28 de octubre se realizará en México la Conferencia Especial de Seguridad Hemisférica, con la participación de los cancilleres y ministros de Defensa de América: en ese escenario Estados Unidos insistirá con su propuesta de ampliar las atribuciones de la Junta Americana de Defensa (JID) a temas de seguridad interior. La Argentina, cuya legislación prohíbe esa asimilación, junto con la mayor parte de los países latinoamericanos, rechazan esa alternativa. El lunes y martes pasado, en la Cumbre de Ministros de Defensa de América que sesionó en Chile los representantes de Estados Unidos ya anticiparon ese criterio. “Argentina dejó muy claro que las Fuerzas Armadas no actúan en el área de seguridad”, repite el ministro José Pampuro releyendo los apuntes de ese encuentro. La idea original de la Argentina estaba en los antípodas de la posición estadounidense: postulaba la supresión de la JID. Finalmente se acordó con Brasil que la Junta tiene que remitir políticamente a la Organización de Estados Americanos y ocuparse sólo de temas militares. Chile, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y la mayoría de los países centroamericanos -Uruguay estuvo ausente- respaldarán en México esta alternativa. En Defensa explicaron que Estados Unidos actuó de común acuerdo con Canadá y México. En rigor, el gobierno de Bush viene batallando desde hace años con la idea de volver a indiferenciar los criterios de defensa y seguridad, una visión que retrotrae a la Doctrina de la Seguridad Nacional que primó en América Latina en los ‘70 de la mano de las sangrientas dictaduras militares. La JID fue creada a instancias de Estados Unidos después de los atentados a la base militar de Pearl Harbor en 1941 y se enmarcó en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Ese acuerdo continental tiene por fin la defensa territorial frente al ataque de una potencia extranjera. En los hechos, su inutilidad quedó en evidencia durante la Guerra de Malvinas, puesto que Estados Unidos neutralizó su aplicación. La JID tiene sede en Washington y es presidida por el general norteamericano Carl H. Freeman. La Argentina ocupa la vicepresidencia a través del general Parodi, quien llamó desesperado a Pampuro al enterarse por los medios de la postura argentina en la reunión de Chile. La sorpresa también fue para el ministro, que recién con el llamado se anotició de que el país ocupaba ese cargo en la conducción de la JID. (Ver Página 12, sección El País, 12/10/03)

 

 

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