¿SOBISCH CONTRA KICHNER?.



En los últimos dias de forma un poco estridente el gobierno ha intentado convertir la crisis energética, curiosamente no prevista por gente que se autotitula a la vez neokeynesiana, planificadora y reformuladora de un capitalismo nacional, en una bandera de soberanía que camuflaría la incapacidad de su propia inconsecuencia, dejando filtrar rumores relativos a las eventuales soluciones y a la vez dificultades para afrontar el inminente problema de desabastecimiento.
Así, piezas contradictorias como ser versiones de un acelerado pacto estratégico con Venezuela, balbuceos destinados a apoyar al irredentismo boliviano, para paliar la crisis energética subcontinental, aprietes retóricos y poco creibles a las empresas y hasta bengalas que advierten de un complot neomenemista encabezado por Sobisch-quien sí apunta a ser un competidor duro pero político y democratico-de su vecino del Sur, hoy encaramado en la Casa de Gobierno, parecen ser elementos sustanciales del desestructurante discurso con el cual la presidencia pretende, una vez mas, emboscar la realidad.
Analizando fríamente la cosa se advierte que el negocio con Venezuela solo puede limitarse a los surtidores de combustible a menos que se apunte básicamente a una rentabilidad marítima, ya que el problema de la energía con SPDV es básicamente un problema de logística y transporte mas de que producción.

El problema boliviano es bastante inviable por el momento y definitivamente hay que sacarlo del contexto de una crisis que llegara esta semana y no esperara la articulación homeopática de complejos problemas de soberanía..

El tercer punto, el del complot,es una simple fantasía .En verdad el único complot y claramente coyuntural es el del gobierno de Santa Cruz que ha puesto a buen recaudo sus reservas y mantiene un curioso sistema de licitación de maquinas herramientas prospectivas-las otorga a 1000 dólares por unidad al señor Armando López- socio del ex marido de Alicia Kirchner.quien a su vez las revende a 4000 dólares a los interesados.
Por ultimo, se dice que se pretenden recrear las condiciones de desabastecimiento que liquidaron parcialmente al gobierno socialdemócrata de Raúl Alfonsin.
Tampoco esto es exacto y en verdad la situación argentina será mucho peor que la vivida en la época de Alfonsín ya que a la penuria energética se unirá la parálisis de los sistemas informáticos y por lo tanto el cese absoluto de la actividad de los sectores productivos, financieros y administrativos.
Un país sin computadoras es un no país en el sistema actual de relaciones globalizadas y esto lo saben hasta los eficaces talibanes que pergeñaron las masacres de Al Quaeda. Los hombres miran a la Meca pero hacen sus apuestas terroristas en el teclado de sus portátiles PC.
El informe que transcribimos pone -detalladamente- las cosas en su lugar y ha sido publicado por el excelente servicio de Edgard Mainhard, quien a su vez tiene el mérito de reconstruir fuentes chilenas.
Veamos los argumentos

POR SANDRA NOVOA y CHRISTIAN VIANCOS (*)

Investigación de El Mercurio, de Santiago de Chile:
"Ante la imposibilidad de convenir con las petroleras una fórmula para reajustar las tarifas internas al menor costo político, el Gobierno argentino optó por limitar las exportaciones. Pero con ello sólo atizó la percepción de que es un proveedor poco confiable".


Al igual que las financieras, la crisis energética que enfrenta hoy Argentina nace de un viejo pecado de idiosincrasia: nadie quiere pagar ningún costo. Es la dura sentencia de los analistas internos, quienes advierten que la maraña de intereses económicos y políticos que convergen en torno al tema infló un déficit manejable de 5 millones de metros cúbicos diarios de gas - 5,4% del consumo doméstico- , al nivel de un conflicto con alcances internacionales.

Porque en la noche del jueves y pese a haberlo descartado reiteradamente, el Gobierno dispuso vía decreto la limitación de las exportaciones para paliar el déficit de suministro nacional y evitar más cortes de luz, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con las empresas productoras para poner a régimen los irrisorios precios internos del gas.

Lo que volvió a dejar de manifiesto que tratándose de Argentina, a la hora de salvar un trance de poco vale la letra de los contratos o la palabra empeñada por sus autoridades.
La decisión generó malestar y preocupación en tres frentes.

A nivel de clientes el más perjudicado es Chile, destinatario del 70% de las ventas de este producto; otro 20% va a Brasil y 10% a Uruguay.

Pese a la incertidumbre, la administración de Ricardo Lagos espera que si se producen racionamientos de gas éstos afecten al norte del país, donde hay sobreproducción de energía, y no al centro, donde están ubicadas las centrales eléctricas que abastecen al grueso de las industrias y de la población.

Entre las petroleras, el mayor impacto recae en Pluspetrol, Total y PanAmerican. Mientras que a nivel político las que más chillarán serán las provincias productoras del insumo, por la consiguiente merma en las regalías que cobran por la ventas del petróleo y gas, y con las que financian gran parte de sus presupuestos, ya que el precio de las exportaciones triplica el de facturación para el mercado doméstico.

Encabeza la lista Neuquén, que aporta el 55% de este combustible, y cuyo gobernador Jorge Sobischr iteró que ellos "tienen gas para abastecer a Argentina y Chile al mismo tiempo", junto con cuestionar "la falta de previsibilidad" de la administración central que "no alentó las inversiones para asegurar las obras necesarias".

# Entretelones del desenlace

La medida de limitar las exportaciones fue interpretada como un golpe de autoridad del Presidente Néstor Kirchner, quien en la última semana entró en un peleado gallito político comercial con las compañías, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la fórmula para descongelar las tarifas del gas que no le trajera a él coletazos políticos por parte de los consumidores y se ajustara a las pretensiones de rentabilidad de éstas.

Pero también se vio como una efectiva forma de crear conciencia en la población, para que los argentinos empiecen a asimiliar la idea de que un reajuste en los precios de este combustible - del cual hacen un uso indiscriminado precisamente por lo barato que resulta- es inevitable. Porque si se llegó al extremo de afectar las ventas al exterior, que son las que en cierta medida permiten a las petroleras solventar la política de "subsidio" a los precios internos, es porque la amenaza de un colapso de la red energética es real.

"Sin problemas de suministro y sin este barullo sería imposible pensar en subir el precio", comentó un gerente.

Que el problema del gas tomó fuerza se reflejó en que todos los sectores involucrados entraron a tallar en las negociaciones con sus máximos representantes, afirman ejecutivos cercanos al proceso.

En el caso del Gobierno, el secretario de Energía Daniel Cameron y su subsecretario de Combustibles Cristian Folgar pasaron a manejar sólo los temas técnicos, porque las decisiones eran conversadas por el ministro de Planificación, Julio de Vido, que concentra los temas energéticos directamente con el Presidente.

Por el lado de las empresas, las que roncan más fuerte son Repsol YPF, Total Pan American y en menor medida Pluspetrol y Petrobras, representadas en las negociaciones por los máximos ejecutivos apostados en el país e incluso por los número uno de la región.

A nivel empresarial se percibió con el correr de los días un cierto quiebre entre la postura más dialogante de las autoridades sectorialistas y la más intransigente de Kirchner. Aseguran que incluso en un momento se pensó que suscribirían un acuerdo el pasado lunes, pero ante la inviabilidad política de la fórmula a ojos del mandatario todo quedó en nada.

El Gobierno había centrado sus esfuerzos en una fórmula que consideraba tener liberalizadas todas las tarifas en 2006, por la vía de aplicar primero un ajuste progresivo que terminaba en 2005, para los consumidores industriales. A cambio de esto, las compañías debían abandonar sus reclamos ante los tribunales internacionales en contra del país y garantizar el consumo en invierno.

El pero surgió a la hora de definir el reajuste para el sector residencial.

Inicialmente se pensó en que las cuentas subieran mes a mes durante dos años, para quedar en régimen en 2006.

La solución no le gustó al Presidente cuando percibió que eso implicaba un reajuste mensual de 10%, a lo que se sumaba que con las generadoras eléctricas pagando más por el insumo también iban a descongelarse las tarifas eléctricas y subirían otros precios. Además, estaba de por medio la presión de las industrias, que ya se habían quejado por la discriminación que implica que sólo les suban las tarifas a ellas.

El lobby político de este segmento no es menor, porque no sólo se trata de las organizaciones de pequeñas empresas sino también de grandes compañías como las siderúrgicas, que hoy exportan aluminio a todo vapor debido a la competitividad que han ganado gracias a la baratura de su principal insumo, la energía.

Las petroleras alegan que el sector industrial es el que más ha ganado con esta situación y quiere mantener los altos márgenes que se está embolsando.

Así es que Kirchner planteó hacer la liberalización del mercado domiciliario de una sola vez en 2006. Ahí se encabritaron las empresas, que lógicamente manifestaron toda su desconfianza: quién les asegura que el Gobierno no se va a retractar del acuerdo meses antes, como ha pasado en otras ocasiones. A ello se sumó el hecho de que la liberalización en 2006 también estaba sujeta a que no se interrumpiera el abastecimiento.

Fue entonces cuando Kirchner las emprendió contra las petroleras, echando mano a la parte más rentable del negocio: las exportaciones, que sí tienen precio libre. Su dureza quedó además de manifiesto el día del anuncio, cuando las acusó de haber ganado "miles de millones de dólares y no haber invertido nada desde 1996". Les advirtió que "juegan con fantasmas de lo que puede pasar", pero que no cedería a las presiones.

# Quemante duda

Sus dichos fueron amortiguados en parte por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien el mismo jueves reconoció que las empresas no han invertido porque los proyectos no eran rentables y comentó que en "energía hay que hacer un ajuste tarifario". Fue el primer reconocimiento expreso por parte de un miembro del Gobierno en cuanto a la responsabilidad que le cabe en la crisis.

Como hasta la fecha las autoridades transandinas no han puesto sobre la mesa antecedentes que permitan dilucidar la naturaleza del problema, sigue sin estar del todo claro qué hay detrás de este conflicto. Y si en caso de lograrse acuerdo en un plan para descongelar los precios en los días que vienen se esfumarán las amenazas de un colapso en el suministro.

Pues si, como sospechan algunos miembros del equipo político, los diagnósticos terroristas sólo son una estrategia de las compañías para presionar por un descongelamiento a firme de las tarifas domésticas, el panorama ciertamente resulta menos dramático que si las restricciones para juntar la oferta con una creciente demanda son reales.

Pero tampoco puede descartarse la tesis de que el cuello de botella es real y que afecta tanto a la producción como al transporte. Porque mientras se paralizaron las inversiones en mantenimiento de las instalaciones y nueva capacidad, la demanda se disparó como consecuencia del fuerte crecimiento de la actividad económica, la que según Lavagna en 2004 volverá a repuntar otro 9%.

En 2003 las reservas de gas natural se redujeron 10%, y en 2002 la baja fue de 13%. De los 1.279 nuevos pozos que se perforaron el año pasado sólo en 10% se buscaba gas, y en el resto petróleo.

Analistas del sector enfatizan que de todas formas Kirchner deberá atreverse a subir los precios, porque por mucho que se solucione la situación para este año con medidas de racionamiento, la única forma de racionalizar la demanda y reactivar las inversiones es cobrando por el recurso, lo que cuesta llevarlo hasta los usuarios.

Y porque de mantenerse las actuales condiciones Argentina dejará de ser un proveedor confiable para otros países. De hecho el ministro de Economía chileno, Jorge Rodríguez, anunció el viernes que el país dará un giro a su política energética, lo que puede hacer que le pasen más de una cuenta ya que hasta antes de este episodio él era "hincha" del combustible.

Por ahora lo único claro es que de empeorar la crisis del gas se chamuscarán tanto argentinos como chilenos.

Esta crisis tiene una sabrosa arista en la política interna argentina: el contrapunto entre el Presidente Néstor Kirchner y el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch , caudillo patagónico que lleva 3 períodos al frente de la provincia.

Sobisch aspira a convertirse en opción presidencial para 2007 y adoptó una actitud abiertamente desafiante hacia el Gobierno central en todo lo que respecta al tema. Porque el hecho de ser el mandatario de la provincia que produce 55% del gas y 31% del petróleo es una carta inmejorable para posicionarse a nivel nacional en esta coyuntura.

En ese marco ha tomado una batería de medidas en las últimas semanas.

Una de las más osadas fue la promulgación de una ley provincial de hidrocarburos que da al gobierno local el dominio de los yacimientos y le otorga la facultad de determinar el valor de los hidrocarburos líquidos.
Esto seguramente derivará en un conflicto judicial, pero con ello Sobisch apunta a demostrar que él se atreve a hacer lo que Kirchner no: subir precios.

La bandera de lucha del político neuquino es no seguir "malvendiendo los recursos de su región".

El interés por un control más estrecho de los hidrocarburos radica en que cerca del 90% del presupuesto de Neuquén se financia directamente de las regalías que cobra a las empresas, equivalentes al 12% del valor de las ventas de petróleo y gas. Y, según sus cálculos, desde el fin de la convertibilidad, cuando se resolvió el congelamiento del precio del gas en boca de pozo para el mercado interno, han dejado de percibir US$ 400 millones anuales.

Con otra ley pretende que las regalías que pagan las petroleras por el crudo que comercializan en el mercado doméstico se fijen a precio internacional.

Esta norma propicia dejar sin efecto un acuerdo firmado en enero de 2003 entre el gobierno nacional y las empresas para que éstas vendieran el barril a las refinerías en US$ 28,50, a fin de llevarlo a los US$ 36 a que se está transando el crudo a nivel mundial.

En esta lucha por el control más localista de los hidrocarburos Sobisch intenta allegar el apoyo de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, que agrupa a las provincias de Jujuy, Formosa, Salta, Mendoza, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén. Y, según cuentan, el gobernador de Salta - provincia que aporta cerca del 16% del gas- , Juan Carlos Romero, es uno de sus grandes aliados.

Otra jugada notable del personero fue suscribir a comienzos de mes un compromiso con el sindicato de trabajadores de hidrocarburos para garantizar el suministro a Chile.

Sus detractores calificaron el hecho de "marketing", porque el quid en estos momentos no radica en problemas laborales. También le restaron mérito aduciendo que la relación de Sobisch con los sindicatos es tan estrecha que es como si "hubiera firmado un acuerdo consigo mismo". En cambio sus partidarios destacan que si los trabajadores habían cerrado la llave una vez (en febrero de 2002) tiene valor que se comprometan a no hacerlo. Aunque los dirigentes aseguran que ellos nunca cerraron ninguna válvula.

Obviamente, el gobernador tiene un interés económico en que las exportaciones del gas neuquino - el 15% de su producción la venden a Chile- no se vean afectadas, porque como se venden a tres veces el precio interno, proporcionalmente las regalías que aportan a las arcas provinciales son mayores.

Pero quienes lo conocen agregan que es un gran integracionista - hace más de una década está empeñado en el proyecto del Ferrocarril Transandino del Sur-, que tiene gran afecto por Chile, a donde viaja varias veces al año para participar en diversas actividades de las provincias limítrofes con cuyas autoridades mantiene estrechas relaciones.

Uno de sus más cercanos es el intendente de la Octava Región, Jaime Tohá. Su amistad se inició en los 90, cuando Tohá era secretario de Energía.

Como buen argentino es un tipo simpátco, de atractiva personalidad. Varios embajadores apostados en Buenos Aires han disfrutado de su hospitalidad, al punto que sus activas relaciones internacionales son vistas con desconfianza por la Casa Rosada.

Sobre todo ahora que se ha empeñado en la conformación de una nueva fuerza política, un eje de centroderecha, para lo que ha convocado a las otras cartas presidenciales de este sector Ricardo López Murphy y Mauricio Macri.

El analista Ricardo Rouvier cree que aún es muy poco conocido fuera de Neuquén y que pese a ser un hombre proempresa y de tener un perfil profesional, va a ser dificil que se posicione en el Gran Buenos Aires, porque aún no alcanza la estatura que en estos distritos le exigen a un candidato a Presidente".

Sin embargo, políticos locales creen que hay que prestarle atención, pues su trayectoria revela que cuando se propone algo lo consigue. Como haberse hecho del liderazgo del Movimiento Popular Neuquino, escisión del Justicialismo, cuyo dirigente histórico era Felipe Sapag.

(*) El Mercurio, Santiago de Chile, 2004.

 

 

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