LA SEGURIDAD: ¿CAMPO DE BATALLA MILITAR?

María Cristina Montenegro

 

Por décadas, el problema de la SEGURIDAD, ha sido materia de debates académicos y técnico-profesionales. Entre las cuestiones básicas era cómo hacer concordantes: democracia- seguridad, sociedades complejas- seguridad, sociedades pos autoritarias- seguridad. El resultado es que hoy nos encontramos frente a una escalada delictual a la que las autoridades no parecen encontrarle respuesta. Por otro lado, más por prejuicios ideológicos que por sentido común, se esgrimieron doctrinas antagónicas:

garantistas vs. doctrinas de " mano dura o tolerancia cero", sin buscar alternativas que centraran el debate a partir de datos concretos: circunstancia de tiempo y lugar, idiosincrasia, contexto socio-político-económico- cultural. Era una obviedad inevitable , si no se consiguió formular un proyecto nacional que interpretara y articulara las demandas y las energías de la sociedad mal puede pensarse que, respecto a esta crucial esfera del "bien común", se hubiere hecho algo desde una perspectiva estratégica, quedando los esfuerzos atados a problemas coyunturales donde lo urgente solapó secuencialmente a lo importante.

Ocurre que "La seguridad es propia de la naturaleza social del hombre, en la medida en que sólo puede ocurrir en el contexto de las relaciones humanas. En la teoría del Contrato Social y específicamente en la versión de Hobbes, se considera a la seguridad como un pre requisito de la vida en sociedad, concomitantemente con la libertad y la propiedad".

Dentro de este marco centraremos el análisis para rescatar algunos conceptos teóricos vertidos en los debates y " resignificarlos" a la luz de nuestra experiencia nacional y regional para poder aproximarnos a respuestas posibles frente al problema.

LA CONSTRUCCIÓN SISTEMICA

Entre los textos más utilizados para las discusiones, y que proponemos como antítesis, rescatamos el de Nicklas Luhmann , referido a la construcción de la realidad en las sociedades complejas contemporáneas desde una perspectiva sistémica. Según el autor los sistemas, que conforman una sociedad, han adquirido altos grados de especialización funcional e importantes grados de autonomía. Generan hacia adentro modos de significación particular o autoreferenciales complejos. Complejidad referida al ejercicio de la autoridad estatal como detentador legítimo del poder político que, en tanto su centralidad, obedece a principios de verticalidad propio de sociedades liberales. Hoy, sostiene el autor referido, la autoridad se desarrolla a través de multicentros, de manera horizontal y obedeciendo a códigos y autoreferencias propias de cada sistema.

En teoría, nos están hablando de la conformación de sociedades altamente complejas y en red que, al menos en nuestra región, dista bastante de ser un fenómeno comparativamente equiparable de forma univoca.

Tomando en cuenta nuestra situación sudamericana y nacional, convenimos que el traslado acrítico de teorías, modelos y mecanismos de interpretación de la realidad nos han llevado a no comprender los problemas sociales a los que hay que encontrar respuestas actuales e inmediatas.

Igualmente ,si bien es estimulante comparar y discutir enfoques diferentes a la hora de la decisión, es imperativo encontrar respuestas efectivas a las demandas de una sociedad concreta a partir de sus particulares contextos socioculturales. Esa es la razón justificadora de la existencia de un poder estatal.

SOUTHAMERICA ES DIFERENTE?

Es indispensable tener en cuenta que la problemática de la Seguridad y Defensa de América Latina no se refiere a un escenario estático ni de fácil control, sino a un proceso que que se desarrolla en un mosaico de paises con situaciones de crisis que no excluyen la violencia interna y, a veces, las confrontaciones externas. El caso testigo de Colombia puede derivar en una extensión de los factores actualmente internos hacia otras áreas geográficas por las características de la narcoguerrilla. No puede olvidarse la confrontación que hubo entre dos Estados de la región ( Perú y Ecuador). Las actuales condiciones socio-políticas internas, como ocurre con Argentina, Brasil y Paraguay, tampoco invalidan totalmente la hipótesis de una evolución que pueda transitar hacia determinados grados de descontrol que se expanda a nivel regional.

Existe un trasfondo económico- social de aguda incidencia en la problemática de la seguridad regional que, eventualmente, puede tener derivaciones hacia competencias específicas de la defensa. Está a la vista el tema de la gravitación, incluso paralizante, de la deuda externa, la recesión, la desocupación, el marginamiento social y la posibilidad de que se "radicalicen" los movimientos de protesta y cuestionamiento. Dicho estado de cosas tiene fuerza causal, directa o indirecta, sobre los climas de pobreza que, en ciertos lugares, presentan extremos alarmantes. No se puede considerar, pues, a buena parte de la realidad regional sin atender a los estados de anomia y fragmentación que afectan la integración social y, consiguientemente, la estabilidad de las democracias. Aunque las políticas expansivas y revolucionarias que tenían sus epicentros en la ex URSS y algunas de las denominadas Democracias Populares, así como en China y otras naciones asiáticas, hayan desaparecido como factor importante, no por ello debe descartarse totalmente el contenido ideológico revolucionario de las confrontaciones internas o transfronterizas. Así como las acciones de carácter subversivo y/o terroristas que trasladan a América Latina el conflicto de Medio Oriente.

Se habla y con fundamento, de las " nuevas amenazas" que afectan la seguridad en sentido amplio: narcotráfico, crimen organizado, flujo de emigrados ilegales y refugiados, cuestiones ecológicas y otras.

Todo ello nos señala las condiciones que deterioran la convivencia en el seno de la sociedad y, de modo especial, la gobernabilidad política. Como causa y como resultado aparece el Estado- que tiene un papel fundamental en el escenario subcontinental- en una posición declinante en cuanto a su autoridad y capacidad de control. Ello se debe, en nuestros países, sólo parcialmente a los cambios propios de la globalización; en realidad creemos que el mayor motivo de inseguridad en las comunidades nacionales refieren a las fracasos que devienen de los liderazgos políticos, la inteligencia y la capacidad para dirigir los asuntos públicos en un proceso de profundas transformaciones ad intra y ad extra de los Estados.

El dato empírico es que, en los últimos años, la actividad delictiva ha ido en aumento de manera cuantitativa y cualitativa, colocando el tema de la inseguridad como el primer tema en la agenda de las preocupaciones sociales. Entre la naturaleza cambiante del delito, entre ello la transnacionalización y sofisticación técnica y de planeamiento, y la debilidad del poder estatal para hacer frente con grados relevantes de eficacia y eficiencia, la sociedad aumenta su sensación de inseguridad y comienza a revertir su papel pasivo de " víctima del delito" para asumir, en su defensa, decisiones que van camino hacia la privatización de la seguridad ante el repliegue estatal o las manifestaciones ciudadanas como presión directa en la búsqueda de satisfacción de sus demandas: vida, libertad y seguridad de sus bienes.

Imaginar el camino de la privatización de la seguridad es recorrer el camino opuesto a la visión hobbesiana de la necesidad de la estatalidad como posibilidad de la convivencia social y retornar al mismo lugar de donde partimos hace tiempo para entrar en la civilización. Por ello , al menos para nuestros países, el sistema político debe continuar siendo quien defina, jerarquice y tome en sus manos la generación de políticas y estrategias para responder eficaz y eficientemente a las demandas de la sociedad, aunque, en función de la complejidad delictiva, incluya en el proceso de toma de decisión la participación de la comunidad como actor relevante dentro del diseño de un esquema de seguridad. Pero es imperativo que el Estado siga siendo el responsable de articular la demanda y definir los límites de la acción legítima en beneficio de la comunidad.

HACIA UNA INTEGRALIDAD DE SISTEMAS

Aún cuando los individuos busquen una salida a la problemática personal, por ejemplo la adquisición de armas, la contratación de personal de seguridad privada, todo ello sigue regulado por las normas públicas que ponen límites al camino de la privatización de la seguridad. Si esto no ocurre no se hará otra cosa que generalizar los grados de violencia de todos contra todos e implosionar aun mas al estado.

Tomando el concepto tripartito de seguridad, que desde la semántica de la ciencia política ha relacionado las esferas de Estado, sociedad y ciudadanía, podemos unir sus componentes para incorporarlos a un esquema de seguridad integral tomando como eje articulador la seguridad ciudadana.

Desde la perspectiva clásica los Estados tienen competencia en tres ámbitos de la seguridad:

· Seguridad externa que constituye la primera instancia que el Estado debe resguardar: la soberanía territorial frente a fuentes de amenazas potenciales provenientes del exterior. Para ello cuenta con el instrumento fundamental: las Fuerzas Armadas.

· Seguridad interna o pública la responsabilidad de mantener el orden público y el imperio de la ley en su territorio nacional. Dispone de la Policía a nivel provincial y de las Fuerzas de Seguridad a nivel federal.

· Seguridad ciudadana, es quizás la asignatura pendiente en la elaboración de un sistema de seguridad integral y que siempre se la asoció a la seguridad pública. Dado el nuevo contexto, éste nivel adquiere relevancia toda vez que implica la noción de ciudadanía en tanto agente activo en el programa de seguridad. Este concepto adquiere su verdadera dimensión en los Estados democráticos y en una versión participativa de dicha democracia. Es decir los ciudadanos no sólo tienen derechos a demandar distintos bienes sociales sino que tienen, por el mismo hecho, responsabilidades con la sociedad y con el Estado. Consideramos que la intervención de la

ciudadanía tiene una particular trascendencia en el aspecto de prevención del delito.

Un esquema de seguridad ciudadana medianamente razonable y adecuadamente operativo deberia estar conformado por:

a) El Estado, como Sistema Político, nacional, provincial, municipal.

b) La comunidad.

Desde una perspectiva relacional lo municipal es un espacio fundamental en la práctica de deberes y derechos del ciudadano. Allí, el ejercicio de participación democrática más directa y eficiente

revalorizar el vínculo solidario tantas veces advertido, a nivel teórico y propositivo, en una suerte de "moda intelectual". Pero, desde la faz empírica, no es otra cosa que un volver a la fuente al

recordar aquella definición que colocaba a " la municipalidad como sinónimo de escuela de civismo".

Este es el nivel, en estrecha vinculación con la ciudadanía, caja de resonancia directa, de las demandas de la comunidad.

En materia de seguridad, esta vinculación se ha tomado en la piedra angular para repensar la seguridad en términos de seguridad ciudadana, como principio y fin del concepto de "seguridad humana". La seguridad ciudadana se define como " un medio que permite alcanzar las finalidades sociales y humanas trascendentales, esenciales para la coexistencia en sociedad, dando énfasis al desarrollo de la persona en su dignidad individual y su responsabilidad social, dentro del respeto a la libertad de las personas y a los derechos fundamentales que las amparan"

En varios de los países de la región se han realizado avances al respecto. Ecuador, Chile, Perú, facilitan elementos a tener en cuenta en la elaboración de un proyecto de seguridad integral para nuestro país en el escenario actual. " Las municipalidades, como unidades del sistema político diferenciados en ámbitos comunales, han constituido un actor central en la discusión de la Seguridad Ciudadana y en la elaboración y aplicación de políticas, planes de prevención y control de la delincuencia en la escala local. Este subsistema del aparato administrativo del Estado opera sobre la base de distinciones de poder circunscrito territorialmente. En la tradición sociopolítica, el municipio se orienta a la administración de la comuna entendida típicamente como una unidad social espacialmente delimitada. Más allá de los particularismos institucionales vigentes en una sociedad, la municipalidad, municipio o ayuntamiento, normalmente ejerce el poder local como representante del Estado dentro de los límites de una jurisdicción comunal. La cercanía física y social que se establece con la ciudadanía, así como la mayor visibilidad que poseen los factores que inciden en la inseguridad, unido a la capacidad de presión que puede ejercer la comunidad sobre el municipio, ha implicado que en muchos países la temática de la Seguridad Ciudadana

haya encontrado mayor aplicabilidad en el ámbito local."

En el interesante trabajo Milton Escobar expresa "La gobernabilidad democrática y la seguridad ciudadana, como modelo de seguridad en un gobierno democrático es perfectamente viable en cualquier esquema de ciudad que busque el bien común de sus ciudadanos, debemos tomar conciencia de aquella hasta alcanzar altos niveles de autoseguridad individual y colectiva."

El Estado nacional cuenta con instrumentos necesarios para conformar un sistema de seguridad integral. Se agregaría a ello el rol activo de la ciudadanía para hacer efectivo aquello de que la seguridad y la defensa es un asunto de todos.

Ahora bien, en una sociedad como la argentina donde el deterioro se manifiesta en todos los planos de la vida nacional, es perentoria la tarea de recuperación y fortalecimiento del Estado a partir de la reconstrucción de la convivencia social, como tarea compartida y responsable de una concertación social, en base a fundamentos básicos tales como el respeto a los derechos propios del ser humano, a una vida digna, donde las mayorías satisfagan sus necesidades. Esto

es, en última instancia, lograr la convivencia nacional en un ambiente de paz y seguridad.

Ahora bien, dada la profundidad de la crisis resulta importante preguntarse ¿ por dónde comenzar? Creemos que una de las respuestas estaría en iniciar la tarea desde lo local a fin de replantear la práctica política desde el sentido común.

En este marco, la seguridad aparece como una cuestión integral, donde todos los instrumentos del Estado y la participación de la comunidad formen parte de una tarea compartida. La crisis argentina demanda más que nunca tener presente que no hay lugar para ideologismos o partidismos en esta y otras materias de orden público y que la seguridad abarca múltiples campos y demandan varios cursos de acción.

Como sostiene Escobar " La seguridad no se refiere solamente al aspecto delictivo sino también al campo social, puesto que la inseguridad se genera cuando la sociedad está en crisis, cuando hay desempleo, corrupción, salarios insuficientes, niñez desamparada." Por esto es que el tema de la seguridad hay que tratarlo también desde el aspecto socio-económico con el fin de proveer políticas encaminadas a la solución de las necesidades de sectores postergados y, desde el punto de vista cultural, para buscar caminos de salida a la cultura de la violencia que, a través de diversos medios, se ha incorporado al imaginario colectivo, sobre todo de nuestra niñez y juventud.

LAS FUERZAS DE LA SEGURIDAD

En sentido integral, la seguridad constituye una demanda de las sociedades latinoamericanas como consecuencia del aumento de la delincuencia común asociada al narcotráfico, el terrorismo, y la corrupción, que tienen características transnacionales, en un ambiente caracterizado por condiciones socioeconómicas que fragmentan las estructuras comunitarias nacionales y generan

extrañamiento y desarticulación en diversos grupos sociales La estrecha vinculación entre diversos factores concurrentes en un mismo escenario hacen de la seguridad una problemática compleja, sobre todo por el crecimiento de los principales centros urbanos y la caída de las condiciones socioeconómicas, la porosidad de las fronteras nacionales por donde fluye lo ilegal sin demasiado control Todo lo cual ha generado una dinámica delictual de características multidimensionales, generalmente con intereses entrelazados, y con grados de poder creciente en sociedades que, por la reprobación de un pasado de dictaduras militares, han debilitado los aparatos coercitivos de la fuerza estatal. Este desguarnecimiento del poder represivo del Estado frente a las amenazas y la adopción apresurada de modas jurídicas, van generando reacciones sociales a los que se debe responder con hechos a través de la ecuación sustantiva: norma jurídica- fuerza legítima.

El Estado nacional ha sido afectado en uno de sus pilares fundamentales: la seguridad y, para subsistir como tal, debe recuperar el terreno perdido frente a la delincuencia nacional e internacional. Y esto no es un dato menor: es la recuperación de lo estatal sin lo cual no puede haber ni ejercicio soberano ni gobernabilidad.

Llegado a este punto, la penetración del delito en los ámbitos policiales y de seguridad han enajenado parte del poder estatal por lo que no es, ya, una mera cuestión de seguridad interna sino, en esencia, una cuestión de defensa y de seguridad nacional en el sentido imperativo del término.

Así, penetrados y desbordados los organismos policiales y de seguridad, el Estado debe recurrir a la capacidad militar como uno más de los componentes políticos, tecnológicos, económicos y culturales que concurran a un mismo objetivo: "afianzar la seguridad interior y proveer a la defensa común", tal seindica en terminos exquisitamente constitucionales.

En consecuencia, la subordinación de las fuerzas armadas al orden constitucional expresado en los gobiernos legítimos, supone una clara conciencia de los fundamentos y metas de las políticas de seguridad y defensa. Lo que implica participación militar en asesoramiento y asistencia en la elaboración de dichas políticas.

La falta de Estados consolidados- y con ello eficaces- priva a las comunidades latinoamericanas de una herramienta fundamental para dar soluciones a la problemática interna y para fortalecer a la nación frente a condiciones externas que pueden ser negativas, en un escenario de riesgos y amenazas intermésticas propias del Siglo XXI.

En esa misión política, los gobiernos, tienen un variado instrumental. En el caso particular de la seguridad la colaboración de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, puede ser de complementación pero no de sustitución. El peligro está en que los fallos de los gobiernos frente al delito puede derivar en una escalada que deje a aquellas constreñidas a papeles represivos. Cuando tal cometido se hace extenso y continuado, manteniéndose vigente el régimen democrático, el vacío que se produce entre la sociedad y el Estado puede requerir ser llenado por el poder militar y policial. Si esto tuvo sentido, aunque no justificación, en la historia de los estados latinoamericanos, hoy resulta sumamente problemático para la posición institucional de dicho poder.

En presencia de semejante dilema, no tiene razonabilidad, sin embargo, que las Fuerzas Armadas y de Seguridad no colaboren activamente con los gobiernos brindándoles información y asesoramiento, debidamente procesado en términos estratégicos, en relación a los conflictos y riesgos que emergen de las condiciones socioeconómicas y políticas de orden interno y de la amenaza exterior. Incluso, llegado el caso, en acciones de sostenimiento mediante el empleo de medios físicos.

Para ello es necesario revisar la legislación vigente y proceder en consecuencia para enfrentar el " estado de emergencia" a partir de todos los factores de poder del Estado, en cumplimiento de los preceptos constitucionales y en salvaguardia de la vida, los bienes, y el futuro de la comunidad.

UNA AGENDA CON FINAL ABIERTO

La crisis en materia de seguridad ha colocado a esta en el primer lugar de la agenda de preocupaciones de la ciudadanía y derivado en una inédita manifestación multitudinaria en demanda de mayores penas para los actores de delitos.

Un largo camino sembrado de víctimas del delito no ha conducido sino a una encrucijada donde, los funcionarios, se debaten entre la "ideologización" de las políticas de seguridad y la presión definitiva de la comunidad para obtener lo que le corresponde. Los hechos que registran los medios de comunicación social, las manifestaciones de personas y entidades culturales, sociales, políticas respecto de la degradación del orden público, la fragmentación del tejido social y la ineficacia de la dirigencia para poner límites al delito, a partir de normas jurídicas que establezcan claramente las sanciones para quien viole la ley, no traerá automáticamente la solución.

Ella no pasa por el mero cambio de las penas o las "purgas" arbitrarias en la jefatura de las fuerzas policiales y de seguridad.

La solución vendrá de la mano de una lectura inteligente y la participación de funcionarios lúcidos, capaces y eficientes, que comprendan la complejidad del fenómeno y arbitren los instrumentos estatales necesarios para hacerle frente.

En esto va la capacidad del Estado para recuperar la iniciativa, en esta verdadera guerra comunal en la que ha derivado la convergencia del delito doméstico y el delito internacional, con todas sus manifestaciones.

Los instrumentos son basicamente cuatro: normativa legal, fuerzas policiales, de seguridad y armadas. Por su parte, la ciudadanía, a través de su rol activo en esta materia, tiene un lugar importante en un sistema de seguridad integral coparticipando y fortaleciendo sus objetivos en un sistema de reciproca retroalimentacion.

Y, probablemente, este sea el desafio mas dificil que nos plantee una cotidianeidad en la cual la páz forme parte de un equilibrio natural y armonicamente homeostatico del páisaje nacional.

 

 

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