CONTRA TODOS LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE

Excelentísimo Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Cosme Becar Varela, LE 5.615.371, abogado, tomo 4 folio 308 y las personas que firman al pié haciendo suyos los términos de este escrito, todos constituyendo domicilio en Reconquista 657, 1er. Piso, a VE decimos que:


Venimos a sumarnos al pedido de juicio político efectuado por el Dr. Adolfo Casabal Elía, ya presentado en esa Cámara, ampliando los fundamentos en los términos que pasamos a exponer.


La Constitución pone a cargo del Presidente de la Nación la responsabilidad suprema de hacer cumplir las leyes y de administrar sus bienes, con la asistencia del Jefe de Gabinete y de sus Ministros (art. 99, 100 y 102 de la Carta Magna).
Un Administrador debe responder por los bienes que se ponen a su cargo. No puede disponer de ellos ni, menos aún, permitir que sean destruidos. La negligencia o, peor, la complicidad a causa de la cual esos bienes sean destruidos o dañados le es imputable como una grave falta a sus deberes y es causa de remoción.


Lo ocurrido en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ante la inacción de la Policía que está bajo el mando del Presidente y el otro funcionario aludido, revela una gravísima falta a esos deberes y, podría implicar también la comisión de varios delitos sancionados por el Código Penal.


El art. 53 de la CN dispone que en caso de "mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones" el Presidente, el Jefe de Gabinete y los Ministros puede ser removidos por juicio político del Congreso.


El Presidente tiene los medios para defender los bienes de la Nación que están a su cargo porque es el Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (art. 99, incisos 12 y 14 de la CN).


En rigor, nadie más tiene ese poder y es por eso que la orden de no reprimir a los "piqueteros" y demás vándalos que asuelan a nuestro país, podría interpretarse como un apoyo indirecto a los desmanes que ellos cometieron, cometen y cometerán. Esa orden se mantiene desde hace más de un año, a pesar de las numerosas evidencias de que los delincuentes callejeros han infringido la ley, perturbado la paz pública, lesionado personas y dañado bienes públicos y privados en varias oportunidades, y amenazan seguir haciéndolo.


Los arts. 45 y 46 del Código Penal definen como "participación criminal" la acción de quienes prestasen al delincuente una "cooperación sin la cual no habría podido cometerse el delito".
Si el Presidente y los demás nombrados no hubieran prohibido a la Policía cumplir con su deber, los delitos de los vándalos callejeros hubieran sido imposibles. Luego cabe investigar si no son cómplices de ellos.


No fue apenas una acción concomitante sino previa a los varios crímenes cometidos pues el Presidente y los demás funcionarios aludidos declararon reiterada y públicamente que no los reprimirían para no "criminalizar la protesta social".
Esa postura pública presidencial equivale a la ilícita declaración de todo el territorio nacional como "ZONA LIBERADA" para que lo "piqueteros" cometan sus delitos libremente, sin temor a ser reprimidos, al estilo de la tan repudiada práctica del régimen militar de 1976.


Peor aún. Es sabido que los jefes del "piqueterismo" pueden cometer sus desmanes porque tienen seguidores, y los tienen porque les pagan, y les pagan porque el gobierno les entrega millones de pesos en subsidios para "jefes de hogar" dándoles la posibilidad de usarlos en el reclutamiento de militantes, sin cuya paga éstos no los seguirían.


Esto es público y notorio, pero el gobierno no interrumpe sus pagos a los agitadores con lo que la complicidad parece ser activa y no meramente pasiva.


Los delitos de que el Presidente Kirchner y los demás funcionarios aludidos podrían estar haciéndose cómplices son varios: Abuso de armas, art. 106 último párrafo; coacción agravada, art. 149ter; violación de domicilio, art. 150; extorsión art. 168; usurpación de inmuebles, art. 181, con el agravante de ser bienes públicos al servicio del orden, como lo es una Comisaría; daños, art. 183, con pena agravada cuando se trate de bienes públicos, art. 184; delitos contra los medios de transporte art. 194; asociación ilícita art. 210; intimidación pública art. 211; apología del crimen, art. 213; atentado contra el orden público art. 213bis; sedición arts. 229 y 230; atentado y resistencia a la autoridad arts. 237 y 238; perturbar las sesiones de un cuerpo legislativo, art. 241, y entorpecer la facultad ambulatoria de la población es evidente la violación del art. 14 de la Constitución Nacional.


Todos los artículos citados y los que se citarán de aquí en adelante, salvo que se diga lo contrario, son del Código Penal.
Por su parte, el Presidente, el Jefe de Gabinete, los Ministros y los Secretarios de Estado responsables de guardar el orden público podrían estar cometiendo el delito de complicidad (arts. 45 y 46) con los delitos antes citados ya que están avisando a los delincuentes, desde hace mucho tiempo, que pueden actuar a voluntad ya que no los reprimirán.


El art. 249 sanciona al funcionario que "ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio". Y el art. 274 pena al "funcionario público que, faltando a la obligación de su cargo, dejase de promover la persecución y represión de los delincuentes".


El Presidente y sus ministros tienen, como dije, el monopolio de la fuerza pública. Si ellos inhiben a la policía de intervenir para detener la violencia desatada en las calles, y los violentos dañan a una persona (cosa previsible en vista de que los "piqueteros" van armados con grandes garrotes y cubren su cara con capuchas para asegurarse la impunidad), esos altos funcionarios podrían estar cometiendo el delito de abandono de persona reprimido por el art. 106: "El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro ... colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba...cuidar...será reprimido con prisión de dos a seis años".


El art. 144 cuarto sanciona con 3 a 10 años de prisión al funcionario que "omitiese evitar la comisión de alguno de los hechos del artículo anterior, cuando tuviese competencia para ello". Y el artículo anterior, el 144 tercero pena con "reclusión o prisión de 8 a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua al funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de torturas. Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquella poder de hecho."


Cuando los vándalos atacaron la Legislatura torturaron a centenas de empleados y funcionarios al sitiarlos durante varias horas y mantenerlos en la incertidumbre de si morirían achicharrados en el incendio del edificio que, ostensiblemente, trataron de cometer.


La incertidumbre y la amenaza de perder la vida o de sufrir un daño grave en su persona constituyen, indudablemente, una tortura. No es la picana eléctrica, pero es una tortura.
Esas personas estaban privadas de su libertad y el gobierno las tenía bajo su poder de hecho pues podría haberlas liberado rápidamente, si hubiera cumplido con su deber. Si sólo hubiera enviado la fuerza policial a su rescate eso ya hubiera sido un alivio y una esperanza para los torturados.


En cambio, cuando los sitiados comprobaron que la policía no intervenía, las víctimas tuvieron una sensación de desamparo que aumentó el sufrimiento causado por la tortura.
No es descabellado sospechar que el gobierno podría estar en infracción de estas varias normas penales.


Marchamos hacia una guerra civil pero no entre dos campos opuestos, como han sido las guerras civiles hasta ahora, sino de todos contra todos. Una guerra civil en la que una violencia absurda y desmesurada se adueñará del país y en la que "pagarán justos por pecadores" y muchos inocentes matarán y morirán defendiéndose y otros inocentes serán abatidos en el fuego cruzado entre contendientes desconocidos.


La Constitución Nacional pone en manos del Congreso resolver esta situación anómala. Para eso esta previsto el juicio político al Presidente, Jefe de Gabinete y Ministros, que venimos a solicitar en este acto. Si así no lo hicieren los Señores Legisladores, por solidaridad partidaria o por el motivo personal que fuere, serán responsables del abandono de la Patria a su triste suerte y de todos los crímenes que se cometen de aquí en adelante.


Que Dios y la Patria se lo demanden.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

Cosme Beccar Varela, LE 5615371, TE: 4315-2444. Fax:4312-6241.
Ernesto Martín Rodríguez DNI 7.640.011
Carlos Alberto Bralo, DNI 4.377.658, TE: 4391-0883

 

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