Año 2 Número 14 - Junio de 2004
PANORAMA LATINOAMERICANO  /  Argentina

Entre Duhalde y los piqueteros.


Han pasado más de dos años de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa (UCR, Capital Federal) y la problemática gobernabilidad política argentina sigue siendo dominante en la agenda. Los actores políticos y económicos, sean domésticos o internacionales, evalúan todos los acontecimientos en función de su incidencia sobre la capacidad política del gobierno, en especial cuando las circunstancias en las que accedió al poder presagiaban un gobierno débil, y en exceso dependiente. Y el mes de junio ha presentado al gobierno del presidente Néstor Kirchner (PJ) asediado desde dos frentes. Por un lado, luego de un mes de mansas relaciones, los roces con el duhaldismo volvieron al centro de la escena, en esta ocasión con motivo de los tironeos por la ley de coparticipación federal. Por otra parte, el desafío de los grupos piqueteros ya constituyen una seria amenaza a la amplia credibilidad que el gobierno aun conserva entre los sectores medios independientes de la sociedad argentina. Y todo esto ocurre en un mes que comenzó enrarecido por denuncias de un supuesto complot, lanzadas desde lo más alto del gobierno, y en un contexto en el que resonantes casos policiales engordan la sensación de inseguridad y la economía comienza a mostrar algunos signos de desaceleración, lo que, en conjunto, podría comenzar a erosionar ese clima de amplia aceptación social del gobierno.

Cuando el mismo Néstor Kirchner lanzó descabelladas acusaciones de un supuesto complot que, variadas figuras políticas, estarían tramando contra el gobierno, el clima político se enrareció con rapidez. Estas acusaciones nunca tuvieron destinatarios precisos ni tampoco señalaron alguna evidencia que viniera a avalar tamañas declaraciones; a la vez, múltiples voces de funcionarios y dirigentes muy cercanos al gobierno englobaron bajo estas acusaciones a opositores de diferentes tonos políticos, jueces federales, analistas políticos conservadores, economistas de conocidas ideas liberales y sectores desplazados en purgas policiales. El gobierno instaló así un tema delicado y, de inmediato, obtuvo un fuerte rechazo de todo el arco político, incluso de sectores de la prensa que se habían mostrado hasta aquí muy afines al presidente, motivo por el cual finalmente intentó bajarle el tono a las denuncias. Sin embargo, por más que a la postre el gobierno haya negado haber hablado de un complot, el mensaje ya había sido recibido por la sociedad en términos inconfundibles; en este sentido, desde su columna dominical, Mario Wainfeld (un comentarista político con ideas afines al gobierno) decía en esos días: “El Gobierno se empaca en culpar a medios de prensa de haber instalado la palabreja. Aún cuando eso fuera exacto, si la palabra tuvo aceptación colectiva es porque encajaba con el discurso oficial. El oficialismo [...] debe cuidarse de creer que su palabra es santa, que sus dichos no requieren precisiones ni corroboración. Y debe ser más precavido con sus modales confrontativos (que le han valido consensos vastos, en muchos casos bien ganados) porque viene incurriendo en una secuencia de tropiezos ligados a las libertades públicas y al pluralismo”. En realidad, el gobierno parece tener dificultades al momento de procesar posturas opositoras (y, en ocasiones, sólo diferentes) al discurso oficial, pero también parece estar enviando por elevación al mismo duhaldismo, su principal aliado político, porque, como por lo bajo comentaban algunos dirigentes bonaerenses, nadie puede imaginar una conspiración sin que en ella incluya la participación de dirigentes del conurbano bonaerense; igualmente, desde este sector se evitaron los choques frontales sobre el tema, y el grueso de las críticas vinieron desde la oposición.

Las pujas en las regiones más encumbradas del poder no parecen tener una solución en el horizonte próximo, y tampoco siquiera en el no tan próximo. Hoy, indiscutiblemente, Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde (PJ, Buenos Aires) son los hombres más poderosos de la escena doméstica y, en consecuencia, sus grandes protagonistas. Sin embargo, la sociedad política que entre ellos se constituyó hace ya un año y medio, parece haber encontrado un número significativo de diferencias, las cuales hacen complicada la convivencia pacífica entre ambos. Y esta vez el estallido de la crisis fue consecuencia de los airados y públicos reclamos que el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá (PJ), hizo al gobierno nacional con relación a la nunca resuelta ley de coparticipación federal. En efecto, el carácter federal del sistema político argentino obliga al establecimiento de un acuerdo sobre el mecanismo y la proporción en que se distribuyen los recursos tributarios, primero, entre el Estado nacional y los Estados provinciales, y luego dentro de este grupo. La constitución reformada en 1994, en una de sus cláusulas transitorias, exigía el establecimiento de un régimen de coparticipación antes de la finalización de 1996, pero esa exigencia nunca fue saldada, y la necesidad de cumplir con las demandas del FMI obligó al gobierno a colocar el tema en la agenda política. Pero la dirigencia bonaerense, no sólo al nivel provincial (Solá) sino también de sus representantes nacionales (Duhalde, y sus hombres en el Congreso), ven en el acuerdo la cristalización de una distribución de recursos tributarios que consideran perjudicial para sus intereses(1), y también una avanzada del kirchnerismo sobre la provincia de Buenos Aires. Mientras el gobierno nacional intentó aislar al gobernador bonaerense recibiendo uno a uno a casi la totalidad de los gobernadores y logrando de ellos su aval al borrador del proyecto, Duhalde se mostró decidido a apoyar a Solá en sus reclamos (que no sólo incluyen las diferencias sobre la coparticipación sino también una deuda de casi 500 millones de pesos del gobierno nacional con la provincia), y así se lo hizo saber a la Casa Rosada: “Hace mucho tiempo que el gobierno no dialoga con Solá. Si nos cerramos en nuestras posiciones y queremos ser los dueños de la verdad, las cosas no están bien”, advirtió Duhalde en declaraciones radiales. Kirchner no se quedó atrás, y le respondió durante una entrevista concedida a un prestigioso programa político de televisión.
Kirchner, luego de días de alta tensión política, recibió a Solá y, si bien no llegaron a un acuerdo, el encuentro sirvió para acercar las partes al diálogo. El paso del tiempo estuvo acompañado por un lento declive en los choques frontales entre dirigentes kirchneristas y bonaerenses, pero lejos estuvo de poner algún límite a las pujas, en especial cuando desde círculos muy allegados al presidente, con intensidad creciente, se intentó posicionar la candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires de la esposa del presidente, la hoy senadora por Santa Cruz Cristina Fernández de Kirchner (PJ). No existe impedimento legal alguno para que cambie de distrito, pero podría significar la ruptura entre el santacruceño y el caudillo bonaerense. La provincia de Buenos Aires es el objetivo sobre el cual, los hombres del más puro kirchnerismo, reclaman la embestida presidencial. No sólo se trata de la provincia más importante (por el peso relativo de su población, su representación política, su economía) del país, sino que se trata de la base de poder del duhaldismo, en la que se concentran sus recursos políticos tanto institucionales como también partidarios. La apuesta del gobierno es grande, y corre en paralelo con su optimismo. En esta línea, el presidente ha recibido a varios intendentes del Gran Buenos Aires con la intención de comenzar a tejer las estructuras políticas necesarias para sostener sus pretensiones, pero si bien ello no es imposible, se enfrenta a un desafío monumental. Los escenarios de resolución del conflicto son diversos: el duhaldismo puede aceptar incluir hombres del gobierno en la lista del peronismo bonaerense, el kirchnerismo puede aceptar tempranamente su derrota y retirarse de la provincia, o ambos pueden confrontar directamente en escaladas de incierta intensidad y resultado difícil de anticipar.
Pero el gobierno ha debido lidiar, a la vez, con presiones venidas desde los sectores piqueteros, las cuales necesariamente se insertan en la lógica del enfrentamiento entre kirchneristas y bonaerenses. Aparecidos a mediados de la década pasada como representación de grupos excluidos (pobres, desempleados, sin representación sindical organizada), los grupos piqueteros se han transformado en un actor político capaz de ejercer fuertes presiones sobre el gobierno por vía de manifestaciones callejeras de violencia variada (manifestaciones, cortes de autopistas, rutas, puentes y arterias urbanas, ataques a empresas, ocupación de espacios públicos y privados) y, desde la muerte de dos manifestantes en el conurbano bonaerense a mediados de 2002, el poder político se ha mostrado falto de reflejos para controlar la escalada. El gobierno de Néstor Kirchner, desde su asunción, ha optado por una estrategia de aislamiento político de los sectores más duros y cooptación de los sectores conciliadores; esta estrategia, inclusive, llevó a que varios ministros asistieran al congreso piquetero del sector dialoguista en un evidente gesto de apoyo. Sin embargo, si bien en términos generales el volumen y frecuencia de las intervenciones piqueteras ha ido decreciendo desde su pico de inicios de 2002, los últimos meses han presentado una escalada en la virulencia e importancia de sus desafíos. Y en paralelo, la opinión pública acepta cada vez menos las metodologías de directa confrontación de estos grupos, tal como señalan las encuestas.

El humor social ha comenzado a cambiar, y la ausencia de respuestas oficiales puede desgastar la popularidad del gobierno. Pero no es sólo una cuestión de apoyo popular, sino que este tema ha comenzado a dividir las filas del mismo gabinete, al punto que varios ministros (como el ministro de Defensa, José Pampuro –PJ, Buenos Aires–; o el ministro de Economía, Roberto Lavagna) han manifestado públicamente la necesidad de tomar medidas al respecto, agravando las tensiones. La ineficacia de la estrategia de aislamiento se volvió manifiesta cuando un centenar de piqueteros, encabezados por el principal líder dialoguista Luis D’Elía (FTV) tomó por asalto una comisaría en plena Capital Federal y la mantuvo ocupada por horas, en reclamo por el asesinato de un dirigente piquetero ocurrido apenas unas horas antes. Estos hechos, ocurridos mientras Kirchner se encontraba en viaje por extremo oriente [ver: abajo], fueron no sólo repudiados por todas las fuerzas de oposición, sino que merecieron la condena de los principales funcionarios políticos oficiales, y no sólo descolocaron por completo al gobierno sino que principalmente lo dejaron en ridículo. En este contexto, las presiones piqueteras han colocado al gobierno en una posición muy incómoda: sin capacidad de reacción, objeto de las críticas venidas desde los más diversos sectores, con un gabinete dividido alrededor de temas relevantes, y con una opinión pública que pretende más que meras declaraciones altisonantes, en especial cuando la agenda de gobierno parece relegada.
Más allá de la lucha por el poder, el gobierno.
En realidad, todas estas disputas por el poder entre importantes actores políticos (ya sea por su representatividad o por su capacidad de destrucción) han relegado a un segundo plano a algunos de los temas más importantes de la agenda como los reclamos de seguridad, la renegociación de la deuda pública en default, la necesidad de cumplir con compromisos internacionales como el envío de tropas a Haití o una recuperación económica que comienza a debilitarse y que en el primer trimestre del año apenas si redujo el desempleo. Centrémonos en dos áreas de esta agenda, como la política económica y la política exterior, y dejemos una breve nota final sobre la Corte Suprema.

En el frente económico, por primera vez desde que comenzó la recuperación argentina, han asomado las primeras dificultades, tal como varios analistas habían anticipado. Por el lado fiscal, luego de la mega-recaudación de mayo (mes en el se liquida el impuesto a las ganancias, y por ese motivo el pico anual de los ingresos fiscales), la recaudación de junio alcanzó los 9,470 millones de pesos y, así, saltó un 46,1% respecto al mismo mes del año pasado, lo cual implica, por vigésimo sexto mes consecutivo, un resultado interanual positivo. Este fuerte y sostenido crecimiento de los ingresos fiscales permitió un superávit fiscal de $4,378 millones en mayo pasado (los cálculos preliminares del Ministerio de Economía apenas esperaban de $3,500 millones) y de $10,037 millones en los primeros cinco meses de 2004 (últimos registros disponibles), lo cual ha superado ampliamente las metas pactadas con el FMI para tal período; en los primeros seis meses, el Estado argentino no sólo ha cumplido con lo pactado con el organismo para todo el año, sino que podría llegar a duplicarlo. En contra partida, el nivel de actividad ha comenzado a resentir su recuperación. La actividad económica creció un 6.3% en abril pasado (último registro disponible) respecto al mismo mes de 2003, lo que significa no sólo una fuerte desaceleración luego de diez meses consecutivos con incrementos superiores al 8.5%, sino también la primer caída de la actividad (desestacionalizada) de un mes a otro desde julio de 2002 (-1.5%).
Algunos indicadores parciales dejan entrever que la actividad se habría comenzado a recuperar en mayo, pero esta debilitada situación refleja el impacto de factores internos, como la crisis energética, y externos, tales como la incertidumbre alrededor de la situación del mercado brasileño o el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos. La dinámica de las exportaciones, no obstante, brinda un importante soporte al desempeño económico. Gracias a un mes de mayo récord en exportaciones ($3,350 millones, +20.3% respecto a mayo de 2003), en los primeros cinco meses el monto exportado alcanzó los $13,660 millones y así completa un saldo positivo de $5,600 millones en ese lapso(2). Nada hace pensar que la economía argentina, en el corto plazo, detenga su crecimiento, pero la situación exige alguna atención para evitar que las tasas de crecimiento comiencen a declinar. Sin embargo, la fuerte recuperación económica del primer trimestre, en el que el PBI creció 11,2% en términos interanuales, no se reflejó en una mejora equivalente en las condiciones del mercado laboral: el desempleo se mantuvo en los niveles del ultimo trimestre de 2003 (-0.1%), mientras que la subocupación tuvo una leve caída (-0.6%). En consecuencia, la tasa de desocupación se mantuvo en un 14.4% y la subocupación se redujo al 15.7%, lo que implica a unos 4.4 millones de personas con problemas de empleo.

En materia de política exterior, luego de lograr que el Congreso aprobara el envío de tropas a Haití, Kirchner cierra el mes con una larga visita oficial a China, acompañado por más de 250 empresarios nacionales, en busca de profundizar las relaciones entre Argentina y el ascendente gigante asiático. El viaje presidencial a Extremo Oriente, indica la apertura de la estrategia comercial exterior argentina hacia mercados históricamente relegados, y ello ocurre a pocos días que el Jefe de Estado brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), hiciera una visita equivalente. En lo que se refiere al envío de tropas, las negociaciones en el Congreso fueron complejas y encontraron más obstáculos que los esperados en un principio (en especial en la Cámara de Diputados), a lo cual se sumó un esfuerzo moderado del gobierno para cumplir con el pedido de los Estados Unidos. Finalmente, Argentina tomará parte en la misión multilateral en el golpeado país caribeño, con un contingente de unos 600 efectivos; la autorización del Congreso es por seis meses, renovable en tres ocasiones por decreto del Poder Ejecutivo, lo que significa que las tropas podrán permanecer hasta dos años. Si bien las dimensiones del contingente son escasas en comparación a las aportadas por países más pequeños (por ejemplo, los 550 efectivos uruguayos), puede también interpretarse como un giro en la política exterior del gobierno de Néstor Kirchner, luego de esquivar varios convites a participar en misiones de paz.
Y, para concluir, hay que un apunte final sobre la conformación de la Corte Suprema. A poco de asumir, acusándolos de ser dependientes del ex presidente Carlos Menem (PJ, 1989-1999), Kirchner embistió contra varios jueces del Alto Tribunal [ver: PAPER no. 3, no. 7 y no. 9]: dos renunciaron sintiéndose acorralados, otro fue removido por el Senado, y el expediente de un cuarto se encuentra en estudio de la Cámara de Diputados (aunque es difícil anticipar que el desenlace sea el mismo). Luego de una transición de algo más de un año de duración, la Corte Suprema volverá a estar integrada por nueve miembros gracias a los nombramientos de Eugenio Zaffaroni (ocurrido hace algunos meses), Elena Highton de Nolasco y Carmen Arguibay (la primera ya ha asumido; la segunda está a un paso de obtener la aprobación de sus pliegos en el Senado). Más allá de algunas polémicas de escasa envergadura, la nueva conformación de la Corte, gracias al amplio reconocimiento profesional de los nuevos integrantes, ha merecido una generalizada aprobación de todo el espectro político y ha sido vista como un importante progreso en el afianzamiento de la independencia del Poder Judicial.

(1) Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (UCR, 1983-1989), la provincia de Buenos Aires vio reducida su participación sobre el total de recursos coparticipables, de 30 a 22%. Estos recursos no fueron devueltos en las posteriores administraciones peronistas, sino que fueron compensados con partidas transitorias.
(2) En dólares, las exportaciones de mayo significaron 1,150 millones, y el monto exportado en los primeros cinco meses alcanzó los 4,615 millones; así, completa un saldo positivo de 1,900 millones.
Fuentes: La Nación y Clarín, de Buenos Aires, ediciones varias; Página/12, de Buenos Aires, 6 de junio; Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [http://www.indec. gov.ar/].
 

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