CHINA,EL VERDADERO COMPETIDOR ESTRATEGICO
 

 Por Elizabeth Economy

 

Este año electoral puede ser una tentación para que tanto los críticos de Bush como los políticos de línea dura dentro de su gobierno ataquen la postura de Estados Unidos hacia China.

 

Eso sería un error, pues el compromiso de Beijing ha funcionado bien. El crecimiento económico de China ha alentado la liberalización política, las reformas legales, la apertura de los medios de información y el activismo popular.

 

El gobierno de Bush -- y aquellos que aspiran a sustituirlo -- no deberían permitir que sus estrategias electorales pongan en riesgo políticas que han sido acertadas. Por lo que respecta a China, esto quiere decir mantener el rumbo.

Elizabeth Economy es miembro senior del Centro C. V. Starr for the Study of the American Experience, directora de Estudios sobre Asia del Council on Foreign Relations y autora de The River Runs Black: The Environmental Challenge to China's Future.

EN LA RUTA DE CHINA
Después de casi tres años de calma, el debate sobre la política de Estados Unidos hacia China empieza a calentarse de nuevo.

 

Al igual que Bill Clinton, en cuanto llegó a la presidencia George W. Bush empezó a presionar por una política más dura hacia Beijing. Y, al igual que su predecesor, Bush pronto cambió de postura. Sin embargo, mientras el cambio observado en el gobierno de Clinton reflejaba una firme aceptación de la lógica del compromiso, el cambio en el gobierno de Bush parece ser más estratégico y refleja una apreciación realista de las alianzas por conveniencia en tiempos de crisis.

 

Ahora que han pasado las fases iniciales y más apremiantes de la guerra contra el terrorismo, es probable que la política sobre China retorne a la agenda de los políticos de línea dura, quienes consideran a ese país como un competidor estratégico. Y es posible que se les unan quienes piensan que hacer declaraciones fuertes sobre el déficit comercial y las violaciones a los derechos humanos en China beneficia a las campañas políticas.

 

Con un déficit en el comercio bilateral que asciende a 120000 millones de dólares, los retrocesos documentados de Beijing en materia de garantías individuales y su diplomacia de mano dura hacia Hong Kong y Taiwán, los críticos del compromiso con China podrían enarbolar estas banderas . Sin embargo, volver a una estrategia de censura y contención contra China sería un error. Los últimos 30 años han demostrado que el compromiso funciona, aunque no exactamente como pronosticaban sus defensores.


Quienes apoyan el compromiso argumentaron durante mucho tiempo que éste ayudaría a llevar a China a un patrón tradicional de modernización: el crecimiento económico y una mayor interrelación con el mundo exterior estimularían el desarrollo de una clase media que presionaría por capitalismo, democracia y paz. P

 

ero, de hecho, aunque China se ha vuelto un país más próspero, las reformas económicas no han llevado directamente a las de índole política. Desde luego, la liberalización económica ha permitido el surgimiento de una clase media con un nuevo conjunto de demandas, entre ellas la protección de la propiedad privada, el acceso a la información sin restricciones gubernamentales y una mayor expresión política. Sin embargo, hasta ahora la clase media no ha logrado una organización significativa para presionar por un cambio político integral.

 

En su lugar, ese cambio ocurre primordialmente en respuesta a los efectos negativos de la transición de China hacia el sistema de mercado.


Durante las últimas décadas, como los dirigentes chinos han contado con el impresionante éxito económico del país para legitimar su liderazgo, han soslayado los cambios políticos e institucionales necesarios para garantizar que los mercados funcionen sin problemas y en forma transparente, y que a los retos sociales que trajo consigo la reforma económica se les dé un trato efectivo. El resultado ha sido un drástico aumento de la corrupción y el deterioro del sistema de seguridad social del país, lo que ha producido un descontento popular generalizado y ha socavado la legitimidad del gobernante Partido Comunista de China (PCC).


Sus dirigentes reconocen que deben apaciguar este descontento para subsistir y han adoptado una estrategia de reforma política que recuerda el enfoque aplicado hace una generación por Deng Xiaoping para llevar a cabo la reforma económica: descentralización, experimentación y apertura al mundo exterior.

 

El presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao intentan mejorar la eficiencia del sistema mediante nuevos procedimientos e instituciones; invitan a expertos nacionales y extranjeros a participar en el proceso y realizan experimentos locales para ver qué funciona y qué no.


Con estas medidas Hu y Wen han despertado grandes expectativas populares. Amplios sectores sociales -- entre ellos periodistas, abogados, dueños de propiedades, ambientalistas e intelectuales -- presionan por más reformas. Al mismo tiempo, dentro del mismo PCC ha surgido una fuerte corriente de resistencia que teme perder su poder. Incluso a los miembros del partido que están a favor de las reformas les preocupa que los cambios sean muy rápidos y profundos, pues consideran que ello provocaría inestabilidad social o una reacción violenta de los conservadores.


Dado que a todos interesa que el régimen autoritario de China se transforme gradualmente y sin conflictos, el mensaje político para Estados Unidos es claro: hay que seguir en la ruta del compromiso y hacer lo posible para lograr la liberalización política y económica. La política de Estados Unidos no puede dirigir el cambio en China por sí sola, pero sí puede propiciar un ambiente internacional de apoyo en el cual ese cambio ocurrirá.


LAS CORRIENTES DEL CAMBIO
Para los dirigentes de China ha llegado la hora de lo esencial. Durante décadas pensaron que el crecimiento económico los exentaría de dar a la gente servicios de salud y seguridad social o de proteger los derechos humanos fundamentales o el medio ambiente. Mientras tanto, la delincuencia y la corrupción gubernamental se extendieron, y el sistema de seguridad social se deterioró. Como consecuencia, la alienación de la sociedad y la desconfianza ahora amenazan la legitimidad del Partido Comunista de China.


La corrupción estatal es percibida como un problema particularmente severo. Una encuesta elaborada por la Academia China de Ciencias Sociales con una muestra de 15000 habitantes de zonas urbanas muestra que 60% piensa que los principales beneficiarios de las reformas económicas han sido el PCC y los funcionarios gubernamentales, no el sector privado. Otra encuesta indica que 80% de los habitantes de áreas rurales y 75% de los residentes de las ciudades piensan que sus dirigentes son corruptibles.

 

En lugar de erradicar las actividades ilegales, los funcionarios han llegado a depender de ellas para financiar los gastos locales: de acuerdo con un funcionario del Consejo de Estado (la instancia gubernamental de más alto nivel en China), los gobiernos locales obtienen una parte cada vez mayor de sus ingresos de multas aplicadas a delincuentes involucrados en tráfico de drogas, prostitución y apuestas ilegales.


En respuesta, cada mes miles de trabajadores retirados y desempleados que alguna vez trabajaron en empresas del Estado realizan protestas contra la corrupción que, afirman, les ha robado sus indemnizaciones, pensiones y seguros médicos.

 

Los desalojos y la venta ilegal de tierras han provocado suicidios en público. La clase media del país, que crece en número y poder, también ha hecho escuchar su voz. Los chinos de clase media quieren instituciones legales eficaces que protejan sus recién adquiridos bienes y para ello se han organizado en asociaciones independientes (como los grupos de propietarios de viviendas) o buscan cargos públicos para influir en las decisiones que afectan sus condiciones de vida.

Los dirigentes de China saben que no pueden seguir desoyendo estas voces. (Los activos en poder de los particulares superan a los que posee el Estado por más de un billón de yuanes o 1200 millones de dólares). De acuerdo con una encuesta reciente, 30% del grupo dirigente del PCC piensa que la reforma del sistema político es la tarea más urgente de sus líderes. Sin embargo, la reforma política está lejos de ser un proceso simple y directo; ha pasado por numerosos retrasos, cambios de rumbo y retrocesos.

 

Beijing ha emprendido algunas reformas clave, pero otras se han limitado a iniciativas aisladas o experimentos a pequeña escala supervisados por el gobierno (muchos de estos cambios fueron propuestos inicialmente por el ex primer ministro Zhao Ziyang ya desde 1987).

 

Algunas reformas han sido anunciadas y después retiradas. En 2003, la comunidad de Shenzhen tuvo la audacia de proponer que se eliminara la supervisión del PCC sobre las actividades gubernamentales, pero el proyecto fue desechado cuando su principal promotor se convirtió en vicegobernador de una provincia cercana. Otras reformas han tardado años en hacerse realidad. En 1999 se presentó por primera vez una propuesta para consagrar los derechos de propiedad en la Constitución, pero fue rechazada por la oposición dentro del PCC.

 

Sin embargo, luego de que se generó un ambiente político más favorable, la iniciativa fue aprobada en marzo de este año. No obstante, cada paso adelante parece venir acompañado de un retroceso: acciones enérgicas contra la libertad en internet, una oleada de aprehensiones de disidentes religiosos o incidentes de fraude o intimidación en elecciones locales.

INVITACIONES DEL PARTIDO
A pesar de todo, la reforma política avanza decididamente porque los dirigentes de China han entendido que fortalecer su legitimidad es una cuestión de supervivencia. Al dar a la gente una mayor participación en el proceso político, Hu y Wen hacen más transparentes las prácticas gubernamentales, amplían la base de militantes del PCC y experimentan con la reforma electoral.

En octubre pasado Hu permitió que por primera vez se publicara la agenda del Comité Permanente del Buró Político (la cúpula dirigente del PCC) y que el Comité Central (un grupo más amplio formado por funcionarios gubernamentales de primer nivel) revisara un informe de actividades del Buró Político.

 

Los gobiernos locales también han hecho sus propios experimentos, como invitar a sus ciudadanos a los congresos del pueblo (asambleas provinciales) y abrir más sus procesos al público. En fechas recientes la ciudad de Guangzhou presentó un sitio de internet con información acerca de sus actividades, desde cambios de personal hasta planeación urbana y proyectos de desarrollo de gran escala, y alienta a los ciudadanos a enviar comentarios y quejas directamente al alcalde de la ciudad. Asimismo, aprobó innovadoras medidas para solicitar cierta información gubernamental clasificada (similar a la Ley de Libertad de Información en Estados Unidos). Actualmente se analiza aplicar estas medidas en el nivel nacional.

El PCC también ha buscado ampliar sus bases de apoyo al modificar su patrón de pertenencia, en especial al dar la bienvenida a emprendedores y hombres de negocios exitosos. Una reciente enmienda a la Constitución de China reconoce la importante contribución de la iniciativa privada y la llama a participar en el partido.

 

Se calcula que entre 20 y 30% de los empresarios privados de China ya son miembros del PCC. Algunos de ellos, que también forman parte de los congresos locales o de la Asamblea Popular Nacional (la legislatura nacional de China), han creado sus propios equipos de especialistas integrados por científicos sociales y funcionarios retirados que recaban entre la población en general quejas y propuestas de reformas. Otros empresarios han ampliado las fronteras políticas de diversas maneras: Richard Chang, quien dirige la compañía Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC, por sus siglas en inglés), líder en su ramo, fundó su propia iglesia en Shangai.

No obstante, con el tiempo la fuerza más importante del cambio político será probablemente la reforma electoral. Aunque en lo inmediato no está claro cómo se pondrá en práctica el compromiso de Hu de "asegurar que el pueblo pueda realizar elecciones democráticas", hay señales promisorias de que esto se materializará. Durante más de una década ha habido elecciones directas en poblados, y en otros niveles de gobierno se ha experimentado con diversas formas de democracia representativa.

 

El año pasado, en Peixian, un poblado de la provincia de Jiangsu, 70 funcionarios contendieron por un puesto público, participaron en debates y respondieron preguntas de la comunidad. Luego de una encuesta de opinión que redujo a tres el número de candidatos, la asamblea popular local tomó su decisión.

La apertura de las elecciones locales a candidatos sin partido también promete lograr un impacto significativo de largo plazo al movilizar a la población en general. Durante las elecciones de 2003 y 2004, ciudadanos sin partido se presentaron como candidatos "independientes" y en algunos casos realizaron campañas formales con carteles, volantes, discursos de campaña y páginas en internet.

 

Muchos de ellos eran intelectuales o dueños de propiedades ansiosos de ampliar la participación pública en la política. Un candidato de Beijing declaró a un reportero occidental: "No estoy interesado en ganar las elecciones. Lo que quiero es usarlas para mostrar a la gente que tiene el derecho (a postularse), que puede hacerlo sin terminar en la cárcel o tener problemas". Aunque sólo un puñado de candidatos independientes fueron electos para los congresos distritales, su activa labor de campaña inspiró a una población más amplia: algunos celebraron que por primera vez China realizara elecciones como las de Occidente que sólo habían visto por televisión.

DERECHO DE TRÁNSITO
La reforma legal en China ha estado en marcha desde la muerte de Mao Zedong, hace casi 30 años. El impresionante crecimiento de la economía nacional, su transición a una economía de mercado y su integración a la economía global guiaron la primera reforma legal: un movimiento hacia un ambiente de rendición de cuentas, con leyes bien definidas y jueces y abogados debidamente capacitados.

 

Sus resultados han sido impactantes. Desde 1978 el número de abogados en China ha aumentado vertiginosamente de 2000 a 120000 y en la actualidad hay más de 230 escuelas de Derecho que están preparando a 80000 futuros abogados. Más de 70% de los jueces chinos han recibido alguna educación formal en derecho (en este grupo figuran dos jueces de la corte suprema de China que han estudiado en Harvard y Yale).

 

Ya no son ciudadanos ordinarios o militares retirados. Subcomités especializados de la Asamblea Popular Nacional ahora estudian Derecho desde el extranjero y confían en expertos para elaborar proyectos de leyes complejas y llenas de matices.


En los últimos años la reforma legal se ha concentrado en otros objetivos urgentes: atacar la corrupción, aquietar el malestar social y, en el proceso, fortalecer la legitimidad de la dirigencia política en China. En un discurso ante la Conferencia Consultiva del Pueblo Chino, el otoño pasado, el presidente Hu sostenía que era urgente una reforma judicial para garantizar la equidad y la justicia social.

 

En China hay más demandas legales que nunca: a principios de la década de los noventa, sólo cerca de 40% de las querellas contra el gobierno prosperaban; hoy día es casi de 75%. Los despachos de abogados independientes han proliferado y se especializan en demandas ambientales, protección a trabajadores inmigrantes y apoyo a los indigentes.

 

En el campo, los "abogados descalzos" -- ciudadanos sin educación formal -- leen libros de Derecho y orientan a sus vecinos sobre cómo defenderse de funcionarios rapaces. Como resultado, ciudadanos antes indefensos ahora utilizan el sistema legal para obtener compensaciones. En un caso reciente, un tribunal de Beijing ordenó a una compañía constructora pagar a trabajadores migratorios un retroactivo de 608000 dólares. Después de dar a conocer el fallo, el presidente de la corte declaró con orgullo: "La corte es el arma para salvaguardar sus intereses legales".

China parece estar lista para entrar en la tercera y más revolucionaria fase de la reforma legal, que cuestionará conceptos básicos sobre el alcance de los derechos individuales y la relación entre el PCC y la Constitución. Hace poco, Hu y Wen reanudaron un largo debate sobre si el PCC también debe sujetarse a la Constitución y las leyes o si es la máxima autoridad. Ellos insisten en que el partido debe acatar el estado de derecho. Otros temen que pierda su única autoridad si acepta una condición legal similar a la del resto de la sociedad china.

Mientras continúa este debate, Hu y Wen se han anotado varias victorias importantes al lograr más derechos para la población por medio de reformas constitucionales. En marzo de 2001 el partido reformó la Constitución para consagrar el derecho a la propiedad privada y aprobó un compromiso para "respetar y proteger los derechos humanos".

 

El activista por la democracia Liu Xiaobo dijo que con las nuevas disposiciones sobre las garantías individuales "China renunciará a su reciente insistencia en definir los derechos humanos como el derecho a la subsistencia. Al dejar de calificar los derechos humanos como aquellos 'con características chinas', China los acepta como un conjunto de valores universales". La legislación para revisar las sentencias de pena de muerte y mejorar las condiciones de vida en los campos de trabajos forzados aún está en análisis.

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CUARTA HERENCIA

Los medios también se han convertido en un factor clave de la campaña anticorrupción de Beijing y de su esfuerzo por ser más transparente. La cobertura actual de los medios en China es impresionante: hay 2000 diarios y 900 estaciones de televisión por cable que dan servicio a 90 millones de usuarios.

 

Durante los últimos años, los medios han contribuido a garantizar la rendición de cuentas del gobierno al investigar el ocultamiento de información oficial sobre la epidemia del síndrome respiratorio agudo grave (conocido como SARS), han informado sobre las fallidas campañas del gobierno para limpiar el ambiente y erradicar la corrupción, y han perseguido con tenacidad a funcionarios y empresarios que se burlan de la ley y de las garantías individuales.

 

 A principios de 2004 la ciudad de Shenzhen incluso presentó un proyecto de reglamento que estipula que los periodistas tienen derecho a una "desconfianza razonable", es decir, a sospechar del gobierno, y que los funcionarios deben respetar esa prerrogativa.

Internet ha sido un catalizador especialmente potente para la discusión política. El crecimiento del uso de internet ha sido asombroso: en 1999 había cuatro millones de usuarios en China y se calculaba que para 2003 habría alrededor de 33 millones. En realidad, el año pasado había 79.5 millones de usuarios, cifra que incluye 20 millones de nuevos usuarios. Aproximadamente 64% de los usuarios de internet en China leen noticias en línea; además, 40% de los usuarios jóvenes y 24% de los adultos visitan con frecuencia sitios de otros países. Actualmente hay más de 350000 sitios de internet establecidos en China y los contenidos de algunos de ellos son polémicos. P

 

or ejemplo, el sitio web de Aizhi, una organización fundada por Wan Yanhai, activista mundialmente famoso que defiende los derechos de las personas con sida, denuncia la discriminación contra pacientes con VIH, y el sitio www.nongyou.org informa sobre las elevadas tasas de suicidio entre las mujeres chinas del campo y los elevados impuestos que se cobran a los campesinos. En 2004 los diputados de la Asamblea Popular empezaron a utilizar la red para discutir en línea con el público acerca de temas como el tránsito vehicular, la piratería, la educación y el manejo de la basura.

La apertura de los medios también ha contribuido a que el público se interese en el debate sobre el sistema judicial y los derechos individuales. En un caso reciente que atrajo la atención de la opinión pública, las autoridades se negaron a presentar cargos contra Liu Di, una estudiante universitaria que criticó al gobierno chino por no promover la libertad de expresión, entre otras cosas.

 

Después de que la joven fue detenida, intelectuales chinos lanzaron una campaña nacional por medio de internet para conseguir su liberación. Al principio sufrieron algunas derrotas: el verano pasado Beijing tomó represalias contra un grupo de intelectuales que abiertamente propuso reformas radicales y, poco después de que Liu fue liberada, otro cibernauta disidente fue aprehendido.

 

Sin embargo, sólo siete meses más tarde los intelectuales volvieron a solicitar al gobierno que revisara la ley contra la subversión para delimitar con más claridad los alcances de la libertad de expresión de acuerdo con la Constitución china.

Los medios han utilizado su creciente libertad no sólo para atacar al gobierno, sino también para hacer llamados a la prudencia. Por ejemplo, dieron una cobertura notablemente equilibrada al juicio contra Liu Yong, un conocido mafioso que fue ejecutado en diciembre por homicidio y otros delitos.

 

Al principio había sido condenado a muerte por un juzgado de primera instancia. Luego el tribunal de la provincia de Liaoning le conmutó la sentencia, lo que desató un escándalo y acusaciones de corrupción. Sin embargo, cuatro meses después, cuando la Corte Suprema del Pueblo revocó la sentencia de la segunda instancia y restableció la condena original, los medios advirtieron que no debían adelantarse conclusiones hasta que se investigaran a fondo las acusaciones de corrupción contra el tribunal de apelaciones y las versiones de que Liu había sido presionado por la policía.

MIL LUCES (CHINAS) DE ESPERANZA
A medida que China se mueve hacia una economía de mercado, el gobierno ha renunciado a gran parte de sus funciones de seguridad social. En lugar de haber desarrollado un sistema universal e integral para sustituir el que alguna vez ofrecieron las empresas estatales y la agricultura colectiva, los dirigentes de China han promovido la participación de individuos, organizaciones no gubernamentales (ONG), iglesias y asociaciones de mujeres.

 

Ciudadanos y organizaciones privadas ofrecen servicios que van desde el reciclaje hasta el apoyo a mujeres maltratadas. Con frecuencia los funcionarios locales llaman a las iglesias para que se encarguen de los pobres y los ancianos, las ONG educan a la población y defienden a las personas con VIH/sida, el medio ambiente y los derechos de los trabajadores. En todo el país, estos individuos se han convertido en consejeros informales e independientes que ayudan a sus conciudadanos a protestar contra la injusticia social.

La sociedad civil en China es aún muy diferente de la que existe en Occidente, donde las asociaciones de voluntarios, los grupos religiosos, los sindicatos y las ONG operan al margen del Estado. En China las ONG deben estar registradas ante el gobierno y sus miembros y actividades deben ser aprobados por un organismo oficial. Se les prohíbe operar en más de una provincia, una medida cuyo objetivo es impedir la actividad política interregional (el Club de Leones, que ha tenido dos oficinas de representación desde 2002, es una excepción notable). Solamente las religiones reconocidas y registradas pueden realizar ceremonias legalmente. Los grupos de especialistas y los institutos privados de investigaciones pueden ser cancelados o proscritos en cualquier momento.

No obstante, las fronteras de aquello que está permitido en China se han ampliado considerablemente. De acuerdo con Anthony Saich, profesor de Relaciones Internacionales de la Harvard University, en el país existen no menos de 700000 organizaciones privadas o no lucrativas que no están registradas y ofrecen servicios de salud, protección ambiental y educación. Además, sus proyectos se expanden
continuamente, sus metas se vuelven más ambiciosas y sus tácticas más combativas.

El progreso del movimiento ambientalista en China durante la última década es un buen estudio de caso debido a los cambios que han ocurrido en el país y los que se vislumbran. A mediados de los noventa las ONG ambientalistas se concentraron en la educación y en la protección de la biodiversidad, temas que no se consideraban como políticamente subversivos.

 

Sin embargo, poco a poco los activistas individuales empezaron a influir en la política al canalizar informes y recomendaciones a funcionarios de alto nivel del PCC para mejorar la calidad del aire en Beijing o poner en marcha programas locales de reciclaje. En un decenio, la principal corriente de este movimiento empezó a cuestionar abiertamente la voluntad del gobierno para cumplir sus promesas de protección del ambiente. Greenpeace abrió una oficina en Beijing. Los medios, la comunidad científica y los ciudadanos empezaron a investigar e informar sobre desastres ambientales, emprendieron campañas de limpieza y condenaron la falta de continuidad de las actividades del gobierno. Las ONG empezaron a presentar -- y a ganar -- demandas contra empresas contaminantes y funcionarios corruptos.

Entonces ocurrió un hecho decisivo. En octubre de 2003, funcionarios de la provincia de Sichuan cancelaron la construcción de una presa en el río Min, uno de los principales afluentes del río Yangtse, luego de una campaña masiva que condenó el proyecto por poner en riesgo el Dujiangyan, que es probablemente el sistema de irrigación más antiguo del mundo aún en funcionamiento.

 

Con esta victoria, el movimiento ecologista pasó de la educación ambiental políticamente inofensiva al cabildeo combativo. Algunos de los primeros dirigentes del movimiento, como Tang Xiyang y Dai Qing, y sus discípulos más jóvenes (quienes tuvieron sus primeras experiencias políticas en las manifestaciones estudiantiles de 1986 o en las protestas de la plaza Tiananmen en 1989), afirmaban que la protección del ambiente no podía lograrse sin democracia.

 

Por ello impulsaron otros movimientos populares en China, se convirtieron en modelos para reformistas dedicados a causas como el cuidado de la salud, la educación y la protección de los trabajadores, y los alentaron a presionar más enérgicamente para conseguir cambios.

CÓMO MANTENER EL RUMBO
Aunque los dirigentes de China parecen estar claramente decididos a continuar por el camino de la reforma, gran parte de su estrategia sigue siendo ambigua. Hu y Wen son cautelosos cuando hablan sobre el futuro de la reforma en China. Hu ha declarado que buscará la reforma política en forma "inquebrantable, activa y cautelosa". En una entrevista con The Washington Post, en noviembre pasado, Wen se comprometió a desarrollar la democracia, garantizar los derechos humanos y mejorar el sistema judicial de China. Sin embargo, rechazó cualquier proyecto de reforma del sistema de partido único y argumentó que, con una población tan grande y un nivel educativo tan bajo China no debería apresurar su reestructuración política.

Además, las opiniones de los intelectuales chinos acerca de cuál es el rumbo más deseable o factible para reformar el país están divididas. El analista político Liu Junning sostiene que la reforma política será el resultado natural de más reformas de mercado y de una mayor libertad económica. Pan Wei, profesor adjunto de ciencias políticas en la Universidad de Beijing y asesor del gobierno, está a favor de un sistema que aísle al Estado de la influencia del PCC y que reglamente las libertades de expresión, reunión y prensa. Sin embargo, sostiene que China "no está lista" para convertirse en una democracia pluripartidista y advierte que "democratizar el país sin la base de una división social o de clases clara y estable puede conducir a la guerra hobbesiana de todos contra todos y no a la estable política partidista de las democracias occidentales".

 

Pensadores más audaces, como el constitucionalista Cao Siyuan, han trazado un mapa detallado para llegar a una democracia pluripartidista representativa con elecciones frecuentes y competidas y con un sistema de pesos y contrapesos entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial similar al de Estados Unidos. Pero incluso Cao recomienda la cautela. Él está a favor de retirar gradualmente al PCC de su posición de partido único. Para ello habría que cambiar su nombre al de Partido Socialista de China, separarlo del Estado y permitirle aceptar donaciones privadas.

China tampoco tiene un modelo claro de democratización que imitar. Hong Kong y Taiwán podrían parecer ejemplos obvios, pero sus sistemas políticos son demasiado inestables para servir de guía. El año pasado hubo dos manifestaciones masivas en Hong Kong: una para demandar la autonomía de Beijing y otra para rechazar una iniciativa de ley contra la subversión. En Taiwán, el presidente Chen Shui-bian consiguió que los legisladores aprobaran una reforma constitucional que permite el referendo popular. Al principio, Beijing advirtió a Taipei que no llegara demasiado lejos y envió equipos de expertos para asesorar al gobierno de Hong Kong sobre la constitucionalidad de las demandas de los manifestantes. Sin embargo, más recientemente ha asumido una postura más rígida. La ambigüedad de Beijing puede ser una señal de que le resulta cada vez más incómodo lidiar con estos elementos voluntariosos mientras lucha por hacer lo propio en China continental.

Mientras tanto, aunque Beijing ha avanzado mucho en la promoción de los cambios recomendados por Washington aún falta mucho por hacer y las reformas en proceso podrían estancarse antes de que China se convierta en una democracia pluripartidista madura. El compromiso de Estados Unidos ayudó a llevar el desarrollo económico y la libertad política a Corea del Sur, Taiwán y Tailandia, pero sólo después de varias décadas de esfuerzos continuos. De la misma forma, Washington debería mantener activa y pacientemente su relación con Beijing, por dos razones: porque el compromiso ha funcionado y porque se necesita más. Las campañas electorales no deben distraer a los encargados de las políticas públicas de los beneficios reales que se han producido.

Estados Unidos puede ayudar más a promover las reformas en China si comprende tanto las posibilidades como las limitaciones de su influencia. Primero debe tener una visión clara de los cambios que están sucediendo en China y cuáles son los más factibles en el futuro. Una mejor comprensión de las actuales reformas en China ayudará a Estados Unidos a crear un ambiente propicio para lograr más progresos en lo sucesivo.


A la inversa, la estrechez de miras pondrá en riesgo las oportunidades. Tomemos como ejemplo los esfuerzos de Washington por cambiar el sistema penal de China. Para corregir los abusos existentes desde hace mucho tiempo -- terribles condiciones de vida en los campos de trabajos forzados, tortura en las cárceles y un elevado número de ejecuciones -- , Estados Unidos ha presionado reiteradamente a China para que acepte las inspecciones de un visitador de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializado en casos de tortura, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias y del Comité Internacional de la Cruz Roja.

 

Aunque estas inspecciones ayudan a llamar la atención sobre los abusos más graves, su efecto puede ser limitado o contraproducente si no se manejan con gran diplomacia. Un enfoque diferente, basado en una mejor comprensión de los cambios internos en China, sería más efectivo. Por ejemplo, Estados Unidos podría usar como punto de arranque las reformas en los campos de trabajos forzados y la revisión de las sentencias de muerte, asuntos que han generado un debate creciente desde hace un año. También puede involucrar a sus propios expertos en las discusiones locales, lo que ayudaría a China a modificar sus prácticas en sus propios términos. Quizás con el tiempo esto convenza a Beijing de institucionalizar el tipo de reforma general y sistémica que desea la comunidad internacional.

En otras palabras, el compromiso requiere ser atendido. El gobierno de Estados Unidos debería reconsiderar la forma en que analiza e informa sobre el progreso de las reformas en China. El Departamento de Estado publica informes anuales en los que registra detalladamente el comportamiento de China en cuanto a derechos humanos y libertad religiosa. Estos informes identifican problemas actuales de violaciones a las garantías individuales, pero dicen muy poco sobre cómo está cambiando el comportamiento de China.

 

Sería muy útil complementar esta información con la que aparece en tres de los últimos cinco informes anuales, que muestran cambios significativos en la situación de los disidentes y transformaciones más amplias en el sistema judicial, el uso de internet y el debate sobre las reformas. Por ejemplo, la Comisión del Congreso y el Ejecutivo sobre China publica testimonios de expertos que muestran amplias perspectivas de la política china sobre el VIH/sida, la protección del medio ambiente, la libertad religiosa y el cumplimiento de las normas de la Organización Mundial del Comercio, e identifica las tendencias en cada caso.

La extraordinaria integración de China en la economía internacional ha hecho al país cada vez más receptivo a las presiones del extranjero y ha atraído a diversos sectores del electorado chino que coinciden con los intereses internacionales de transparencia política, reformas legales y protección a los derechos humanos.

 

El clamor internacional fue responsable en gran medida de haber convencido a China de cambiar su política de negación por una de transparencia ante la epidemia de SARS el año pasado; pero ello se debió en parte a que la comunidad médica, los medios y funcionarios de primer nivel en China también propugnaron por una mayor apertura. El efecto combinado de la movilización de las ONG chinas y la presión y estímulo de la comunidad internacional fueron lo que recientemente rompió la reticencia de China a reconocer la gravedad de la pandemia del sida en su territorio.

 

Mientras China lucha por convertirse en una fuerza beneficiosa para la región y en un competidor mundial la atención internacional seguirá influyendo en sus políticas internas. La integración económica internacional ya ha estimulado la liberalización política en China. Estados Unidos sólo necesita mantener su compromiso para impulsar este progreso.

 

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