CLAROS Y SOMBRAS DEL
JUICIO POR JURADOS


Por Luis María Bandieri
Diciembre de 2004

 

El jueves 1º de abril de este año Juan Carlos Blumberg, padre de un joven secuestrado y asesinado, reunió una multitud frente al Palacio del Congreso para exigir, entre otras cosas, una reforma de la administración de justicia. El lunes 19 de abril de 2004 el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Béliz, anunció un Plan Integral de Seguridad y Justicia. Uno de sus puntos era la implementación del juicio por jurados. Tres días después, Juan Carlos Blumberg reunía cerca de 90.000 personas frente a los Tribunales y se difundía una petición de renovaciones en la administración de justicia. Entre ellas figuraba la de “implementación inmediata” del juicio por jurados para delitos graves y aberrantes y aquellos cometidos por funcionarios públicos. Se calcula que a la fecha cinco millones de personas la han suscripto. El ministro Béliz concurrió al Congreso y se reflotó uno de los tantos proyectos sobre justicia popular presentados en nuestro discurrir legislativo. En este caso, fue el S-2314, de 2003, del que es autor el senador Jorge Yoma. Defenestrado el ministro Béliz, su sucesor, Horacio Rosatti, escogió continuar con este punto del Plan arriba recordado. Hoy, el proyecto se encuentra bajo tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con promesa de ser discutido en el recinto antes de fin de año.

Este recordatorio de acciones y reacciones explica porqué una cuestión cuyas ingresos, egresos y regresos jalonan buena parte de nuestra historia, por lo menos desde que el juicio por jurados fuera propuesto en proyectos constitucionales presentados a la Asamblea del año XIII(1) , esté de nuevo en el tapete.

Si hay un dato nuevo sobre ocasiones anteriores, reside, quizás, en que hoy se cuenta con una petición popular suscripta por un número significativo de ciudadanos. Rodolfo Rivarola(2) , entre otras objeciones al jurado popular, observaba que nadie lo pedía, fuera de la discusión académica. Hoy, esta objeción está salvada.

¿Qué se busca con el juicio por jurados? La finalidad que se persigue nos alumbrará sobre la conveniencia o no de implementar una forma de justicia popular. No es éste, todavía, un punto puesto en claro.

  • ¿Una impartición de justicia más rápida?

  • ¿Una impartición de justicia más económica?

  • ¿Una impartición de justicia más eficaz que la proveniente de la agencia judicial de jueces técnicos?

  • ¿Una erradicación o, cuando menos, limitación radical de conductas corruptas en la administración judicial?

  • ¿Una participación popular directa en la impartición de justicia?


Adelanto mi opinión en el sentido de que la implantación del jurado popular no permitirá contestar afirmativamente las tres primeras preguntas. La agencia judicial con jurados legos puede demandar tiempos procesales aún más extendidos que la de jueces técnicos, puede ser más aún cara y no garantiza en absoluto que los veredictos resulten más satisfactorios en el primer caso que en el segundo. En cuanto a la cuarta pregunta, creo que poco podrá contribuir el jurado popular a erradicar en su campo la corrupción generalizada en nuestro país, en tanto esta última -al parecer- no tiene el alcance periférico resultante de la conducta de algunos descarriados, sino, más bien, el de una entronización medular de comportamientos difundidos por la sociedad toda, hasta el punto que en muchas críticas contra la corrupción difusa parece verse el resentimiento por no haber podido participar de sus beneficios.

Queda la quinta pregunta. Ella sí puede contestarse afirmativamente. El jurado popular, con todas las reservas que al respecto puedan formularse, introduce efectivamente al pueblo en la impartición de justicia. Porque el jurado, antes que una institución jurídica es una institución política, como vio hace mucho Tocqueville(3) . La cuestión es, pues, ponderar si aquellas desventajas compensan esta ventaja- También en este punto adelanto mi opinión positiva. Pero sujeta a condición. A la democracia, en el mundo como en la Argentina, se le ha perdido el pueblo y no sabe bien dónde está. Encontrarlo en el jurado de poco valdrá si no lo recobramos en el resto de nuestra vida política. En otras palabras, sin una reforma que permita la reapropiación de la actividad pública y política por los ciudadanos, el juicio por jurados degenerará rápidamente en una parodia como otras tantas cataplasmas procesales o de fondo aplicadas bajo presión en los últimos tiempos (suspensión del juicio a prueba, juicio abreviado, aumentos de escalas penales, etc.)


 (1) Proyecto de constitución de la Comisión Especial, 1812, cap. XXI, inc. 22; proyecto de constitución de la Sociedad Patriótica, 1812, art. 175. En ambos casos, sólo referido a juicios criminales. En “Asambleas Constituyentes Argentinas”, Emilio Ravignani, Buenos Aires, 1939, tº VI, ps. 612 y 622.
(2) Rodolfo Rivarola, “Diccionario Manual de Instrucción Cívica y Práctica Constitucional Argentina”, Buenos Aires, 1934, p. 322 y sgs.

 (3) Alexis de Tocqueville, “De la Démocratie en Amérique”, Idées, Galliard, édité par J.P. Mayer, p. 171
 

 

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