LA ECONOMIA ARGENTINA Y EL FMI : ¿HACIA EL NACIONAL-SOCIALISMO RUMANO ?
 

Diciembre de 2004

 

El unico pais del fenecido pacto de Varsovia que honró integralmente su deuda externa con la ingenua pretensión de no tener ninguna fue el régimen de Ceasescu y su esposa Elena. El resultado fue el total aislamiento de la economía rumana de los sistemas financieros internacionales, el desequilibrio de los precios internos y la explosión visceral de las masas de obreros , campesinos, estudiantes y militares en la masacre de Timisoara. La credibilidad de los sistemas no se recupera con un solo golpe de dados. Menos aun cuando cunden los proyectos tendientes a convertir el sistema de recaudación argentino en una nueva central de inteligencia encubierta filosamente apuntada contra la expoliada clase media.


Vientos tenuemente carpáticos recorren el desangelado informe de Massot y Monteverde que transcribimos junto con un amable saludo de buenas fiestas.


¿Las ultimas tal vez ?
Veamos el informe.

 

El análisis político y económico de los doctores Vicente Massot y Agustín Monteverde
 

Nada de patear el tablero

Si al país de los argentinos le sobrasen recursos, Néstor Kirchner saldaría la deuda contraída con el Fondo monetario Internacional –de aproximadamente 15.000 millones de dólares- de un saque. Pero como se encargó de aclararlo el viceministro de la cartera económica, Oscar Tangelson, en declaraciones efectuadas al matutino cordobés “La Voz del Interior”: “No hay posibilidades financieras para una solución de ese carácter porque no tenemos excedentes de tal magnitud, aunque vale la pena pensar las opciones que se abren”.

 

En consecuencia, cuando el gobierno habla de “desendeudarse” –para utilizar el término que echó a correr Alberto Fernández en España- no apunta a conseguir en China, la Madre Patria u otro país cualquiera una cifra para cancelar, de una vez por todas, nuestros compromisos con el FMI. ¿De qué trata, entonces, la movida estratégica que llevó al jefe de gabinete y a la senadora Cristina Fernández de Kirchner a Madrid?

 

Al respecto es conveniente ir por partes. Por de pronto la idea es negociar con racionalidad, aceptando las reglas de juego vigentes en el orden internacional. Es bueno aclararlo de antemano para descartar toda tentación de ver, detrás de la jugada de la actual administración, la punta de lanza de una política cuyo final fuese un rompimiento con el Fondo o cosa parecida. En el 2005 la Argentina debe honrar una deuda de 13.500 millones de dólares, equivalentes al 9% del PBI. La misma incluye, como acreedores, al Banco Interamericano de Desarrollo; al Banco Mundial y, naturalmente, al FMI.

 

También hay vencimientos de distintas series de Boden, Bocones y Préstamos garantizados y, si acaso el canje de deuda en curso de negociación fuese exitoso, deberían pagarse los intereses correspondientes a este año y al próximo de los nuevos bonos.

 

¿Cómo hacerlo? Se hallan disponibles, por supuesto, los fondos del superávit del presente ejercicio (2004) y, andando los meses, los que se calcula obtener en el 2005. Si bien se esta casi en el límite del porcentaje que el Banco Central le puede prestar por ley a la Tesorería, no sería de extrañar que, aduciendo necesidad y urgencia, por decreto o por ley se ampliase el mismo que hoy es del 12% de la base monetaria más el 10% de los ingresos fiscales.

 

Por fin, existiría otra alternativa a la cual se podría acudir: la de tomar préstamos en el mercado interno de los bancos y de las AFJP. En una palabra, nada que a los argentinos pueda sorprendernos demasiado. Hay dos cosas que el presidente Kirchner parece tener en claro: 1) que la Argentina debe cumplir con todos y cada uno de los compromisos enumerados antes, sea pagando o refinanciando su deuda y 2) que no quiere, bajo ningún aspecto, firmar un nuevo acuerdo de entendimiento con el FMI. Respecto del primer punto no hay margen para desconocer o no honrar alguno de esos pagos.

 

Si la Argentina diese un paso en falso en tal sentido, su suerte quedaría definitivamente echada en el concierto internacional. Respecto del segundo, y contra lo que podría creerse, el Fondo es el interesado número uno en reducir su exposición con países como la Argentina. Cualquier intento, pues, de cancelar deuda siempre será bienvenido para el organismo que preside Rodrigo Rato.

 

Dicho lo anterior, es del caso preguntarse porqué Kirchner no desea someterse a los controles y exigencias del Fondo. La respuesta obvia es: porque a nadie le gusta tener que rendir cuentas trimestralmente y, además, implementar políticas públicas a contramano, muchas veces, de lo que piensa el gobierno del santacruceño.

 

Solo que la respuesta predicha parece olvidar la parte oculta de la cuestión, o sea, la posible presión del G7. Expresado, si se quiere, de otra manera: en el supuesto que se le pague, como hasta ahora, religiosamente al Fondo Monetario, nadie puede asegurar que los países más desarrollados del mundo se desentiendan del caso argentino.

 

Creer que un país irrelevante, como el nuestro, puede generar el default mas abultado de la historia y salirse con la suya sin más, es no entender lo que esta en juego. El primer riesgo del gambito kirchnerista es suponer que el FMI hace las veces del malo de la película sin considerar el peso del G7. El segundo riesgo es cancelar una deuda barata con el Fondo por razones políticas y asumir a futuro una más cara. En efecto, porque el FMI cobra las tasas mas baratas del mercado –por decirlo de alguna manera-, de modo tal que si para comenzar a cancelar su deuda la Argentina toma deuda a intereses mayores, no se ve cuál pueda ser el beneficio. De momento todas son versiones y, por lo tanto, las nuestras son especulaciones que, eventualmente, podrán afinarse a medida que transcurra el tiempo y se vuelva claro cuento todavía es oscuro.

 

El tema de salirse de la tutela del FMI obsesiona al presidente desde hace rato, lo cual no significa que ponga en marcha una estrategia de todo o nada . Es cierto que escalará, tanto él como su mujer, la beligerancia discursiva respecto de aquel organismo de crédito internacional, pero a condición de tener en claro –como dijo Alberto Fernández antes de hablar con el Rey Juan Carlos y Rodríguez Zapatero – que a nadie se le cruza por la cabeza “patear el tablero”.


Compacto y destacado


El gobierno anunció su intención de cancelar la deuda con el FMI.
Comentario 1: el Fondo es el primer interesado en reducir su exposición sobre la Argentina.


Comentario 2: la sola pretensión es contradictoria e invalida lo que ha sido el eje argumental de la irrisoria —o más bien, irritante— oferta argentina: “no podemos pagar más”.


Entonces, si hipotéticamente se le cancelara parcial o totalmente al FMI, esos pagos ¿no afectarían (como se ha aducido a los acreedores privados) el crecimiento económico? ¿O es que realmente sí estábamos en condiciones de hacer una oferta más atractiva?

Pero nuestra situación financiera no se ubica en ninguno de esos dos extremos: la Argentina tiene efectivamente fondos extras para poder hacer una mejora pero lo que de ninguna manera está en condiciones es de cancelar totalmente la deuda con el organismo.


Lo que queda claro es el excepcional privilegio que le brindamos al Fondo: del pago puntilloso de los vencimientos se pretende pasar ahora a una inaudita precancelación.


Y si la estrategia es “desendeudarse” (sic A. Fernández), ¿no conviene acaso reducir el endeudamiento más caro, precancelando entonces a los acreedores privados, y no precisamente el más barato contraído con los organismos multilaterales?


¿Éste es el precio a pagar para que los funcionarios argentinos tengan “rienda suelta” y no deban estar sujetos a las odiosas revisiones periódicas del Fondo? ¿Tan fuertes son los deseos de postergar para nunca las reformas estructurales para que todo siga igual?


¿Cuáles son los “inadmisibles condicionamientos” multilaterales de los que pretendemos liberarnos? ¿De un superávit que negamos en las palabras pero sobrecumplimos en los hechos?


¿Qué ventaja concreta proporciona ser —otra vez— “el mejor de la clase”?


La brutal presión fiscal que soportó el sector productivo argentino y el aplastamiento salarial que sufrieron los estatales para poder alcanzar un descomunal superávit, ¿se aplicarán a esta descabellada ensoñación aislacionista?

 

Serio revés para la reestructuración.
The Bank of New York notificó oficialmente —en su condición de agente fiduciario de la oferta de canje del bono Aconcagua— que los tenedores que reclaman la aceleración de los pagos han superado el 25 % necesario para tal fin.

Es probable que en los próximos días la justicia de Nueva York disponga embargos o bloqueos de fondos provinciales.

El banco ha sido responsabilizado solidariamente en una demanda contra la provincia entablada por un acreedor neoyorkino.


Tal como vinimos advirtiendo, se postergaría nuevamente el canje.
Kirchner firmó los decretos que autorizan el canje, pero sin indicación de fechas.


Sigue sin definición la entidad que trabajará como agente de cambio.

Para cumplir con la anunciada fecha del 17 de enero, Economía se vio forzada a la humillación de buscar renegociar el contrato con The Bank of New York —el “conspirador anti-argentino” hasta la semana pasada.

Es la única entidad en condiciones de llevar a cabo esas funciones en tan breve plazo.

El banco exige ahora honorarios por U$ 5 MM —antes estaba dispuesto a hacerlo por U$ 2 MM— y un pago por adelantado.

También exige que se le asegure indemnidad.

La Consob italiana formuló nuevos requerimientos que hacen temer demoras adicionales.
La oferta aun no ha sido presentada al órgano de contralor japonés.

El Comité Global intimó a los bancos organizadores (Merrill Lynch, UBS y Barclays) a obligar a que Argentina actúe de buena fe, responsabilizándolos solidariamente.

Una salida de Lavagna erosionaría seriamente la ya escasa confiabilidad que brindan Kirchner y su gabinete político a los agentes económicos.

Cualquiera sea la suerte del canje, las tratativas con el Fondo no se podrán postergar más allá de junio.

A ese momento se llevarán cancelados unos U$ 3000 MM con el Fondo y otros organismos, pero para pagar los abultados vencimientos de deuda regular del tercer trimestre será indispensable contar con un nuevo acuerdo vigente.

En el poco probable caso de cerrarse el canje en el primer trimestre, para cancelar el primer servicio de intereses de los nuevos bonos el gobierno se verá forzado a refinanciar los vencimientos de BODEN y Préstamo Garantizado del segundo trimestre.

Esto absorberá fondos que se le negarán entonces al sector productivo.

La cancelación de vencimientos con los organismos multilaterales incidirá negativamente en la evolución de los depósitos bancarios por la caída de las cuentas oficiales al aplicar el superávit acumulado a esos pagos

Exorbitante superávit primario proyectado: 4,2 % del PBI.

Cabe agregarle 1,3 % correspondiente al consolidado de provincias.

Se cumpliría, así, el pronóstico que efectuamos a mediados de julio.

Al ser consecuencia del incremento de los ingresos y no de una reducción del gasto, llevará inevitablemente a un enfriamiento de la actividad por transferencia de ingresos del sector productivo al público.

Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago: mientras nos negamos a aumentar la pauta de superávit, duplicamos lo comprometido para terminar ofreciéndoselo al Fondo, “culpable de todos nuestros males” al que no obstante se lo busca premiar con una hipotética precancelación.

La ilusión de superávit —en un país que lleva tres años sin pagar ni capital ni intereses de su deuda— junto al tipo de cambio alto alientan una visión aislacionista y rupturista con la comunidad financiera internacional.

El incremento de los ingresos públicos es, a su vez, consecuencia del tipo de cambio alto y no de un aumento de la productividad. La devaluación posibilita ingresos extra vía retenciones e impuesto a las ganancias.
 

Varios factores pueden sumarse a la presión fiscal para deteriorar la actividad en 2005.
El significativo crecimiento de la economía mundial, las tasas extraordinariamente bajas, y los elevados precios de los commodities fueron fenómenos concurrentes durante este año que amenazan no repetirse en el 2005.

Solo en el caso de la soja, la caída del precio entre ambas temporadas bordea el 30 %.

El aumento de utilización de la capacidad instalada —que permitió un crecimiento sin un esfuerzo de inversión mayor— ha alcanzado su límite en la mayoría de los sectores beneficiados por el modelo productivista. En estos casos, para incrementar la producción se necesitará un significativo aporte de capital.

Pero la escasez de financiamiento de largo plazo, el desfavorable clima de negocios y el encarecimiento de los bienes de capital originado por el artificialmente elevado tipo de cambio convierten en utopía toda expectativa de inversión significativa.

Con este modelo “productivista” la IED (inversión directa) anual en la Argentina no alcanza el valor de tan solo un mes en Brasil, con su modelo “pro-mercado”.

El faltante de energía es otro elemento que podría sumarse para complicar el panorama.

 

Las subas en la tasa de referencia dispuestas por la Fed comienzan a erosionar el atractivo de invertir en emergentes.
Toda suba en la tasa del bono a diez años tendrá una muy negativa incidencia en el resultado final de la reestructuración de nuestra deuda.

 

La valuación de la oferta es fuertemente dependiente de esta tasa debido a la prolongada duración de los nuevos bonos.
 

La otra pata del modelo económico, el tipo de cambio alto, limita la sustentabilidad de la oferta a los acreedores.

Cuanto más depreciado el peso, más difícil o costoso comprar las divisas necesarias para el pago de los vencimientos.

Por otro lado, solo un peso estable y fuerte permite financiarse a tasas razonables.

La política de tipo de cambio alto no ha servido para impulsar con fuerza las exportaciones y comienza a fracasar en el plano de la sustitución de importaciones ante el vertiginoso crecimiento de las importaciones.

El gobierno dispuso nuevos aumentos salariales por decreto.
Son $ 100 no remunerativos para todos los empleados del sector privado y solo para los estatales con ingreso menor a $ 1250. Y se incorporaron al salario los $ 50 no remunerativos ordenados anteriormente.

La UIA rechazó la decisión. Fuertes quejas de los pequeños y medianos empresarios.

El decreto incrementa la capacidad de consumo —que se puede licuar por la inflación resultante— pero contribuye a erosionar el efecto ajuste de la devaluación. Debe recordarse que el fruto de la devaluación fue un fuerte ajuste en el ingreso real de los trabajadores, ajuste que financió —por reducción del gasto corriente— el superávit estatal y la rentabilidad empresaria. El costo fiscal de la medida supera los $ 260 MM al año.

Significa una nueva intromisión en la ecuación de negocio y consiguiente desaliento a la inversión —para invertir se requiere controlar o al menos poder estimar el costo de los factores. La rentabilidad empresaria es ahora fijada por el estado.

Este tipo de medidas hacen caso omiso de las diferencias en la productividad entre los distintos sectores y compañías y vulneran las escalas salariales.

Tendrán un efecto regresivo sobre la distribución de riqueza pues alcanzan de manera exclusiva a los trabajadores registrados, que son precisamente los de mayores ingresos. Se estima que al menos tres cuartas partes de los recipiendarios están fuera de la frontera de pobreza.

El efecto regresivo se potencia al estimular el empleo en negro.

Otra forma de inequidad es que el estado, principal beneficiario de la devaluación y aplastamiento de los ingresos, carga con un aumento restringido mientras que se castiga al sector privado, donde muchas empresas se encuentran con precios “administrados” o lisa y llanamente congelados.

El salario de los trabajadores registrados del sector privado tiende así a recuperar el poder adquisitivo previo a la devaluación mientras que el de los estatales se encontrará aún un 20 % por debajo y el de los no registrados se retrasa cada vez más.

De todas formas, diciembre podrá mostrar una transitoria disminución en el índice de pobreza del orden de los diez puntos.

El efecto sobre los ingresos es relativo en muchos casos porque el aumento decretado es absorbido por otros incrementos voluntarios ya otorgados a cuenta.

El decreto computará como incrementos a cuenta de este aumento a todos los convenios firmados en los últimos tres meses

Se insiste con la política de forzar la distribución antes de lograr la generación de riqueza y el crecimiento.

El camino elegido desalienta el mecanismo de las negociaciones colectivas ante la incertidumbre que genera sobre eventuales nuevos aumentos forzosos.

 

Los aumentos salariales impulsados por el gobierno juegan en contra de la sustentabilidad fiscal del actual modelo económico.

El modelo es una combinación de superávit fiscal primario holgado con tipo de cambio alto.

Para que funcione, se requiere necesariamente del aplastamiento salarial para que no se licuen los mayores ingresos del estado.

Salarios y jubilaciones representan dos quintos del gasto público.

Corregido por inflación, esos rubros han caído desde la ruptura de la convertibilidad un 15 % en términos reales (inicialmente la reducción fue de casi el doble).

 

Sigue el atropello del gobierno de F. Solá contra los contribuyentes al fisco bonaerense.
Los exabruptos verbales y las efectistas medidas anunciadas exhiben un marcado autoritarismo y desprecio por las garantías constitucionales.

La campaña de acción psicológica montada inicialmente intentó mostrar al estado provincial en condiciones de eludir los procedimientos judiciales normales para asegurarse el cobro de impuestos.

La difusión de un listado de contribuyentes (morosos pero no evasores) y cifras improcedentes —incluían períodos ya prescriptos— constituye un agravio a su buen nombre y honor y una violación de la privacidad.

Para justificar los anuncios, se difundieron cifras de evasión cuando en todo caso se trata de montos adeudados pero de ninguna manera evadidos.

La pretensión de que bancos y compañías telefónicas provean información sobre esas personas entraña una franca violación de las normas que regulan la transferencia de información (habeas data).

El amedrentamiento formó parte de la ilícita estrategia recaudatoria: “A los bancos que nos nieguen la información les vamos a tirar con todo” (¿?).

El voraz fiscalismo de los políticos argentinos les impide notar que casos como este muestran límites a una presión fiscal reconocidamente confiscatoria: no se trata de gente que oculta o disminuye artificialmente sus deberes tributarios sino de personas que, habiendo reconocido tales obligaciones, aún las deben.

El problema es el gasto corriente: la duplicación durante los últimos quince años de sus ingresos, tanto propios como de origen federal, no evitó que la provincia incurriera en abultados déficit fiscales y que sus habitantes sufran serios problemas de seguridad y falencias del sistema educativo
 

 

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