Bolivia es una bomba de tiempo

Por Pascual Albanese

Enero de 2005

 

Pascual Albanese explica las claves de lo que está sucediendo hoy en Bolivia y habrá de tener inexorablemente una fuerte repercusión en todo el escenario regional y en particular en la Argentina. El autor animador de AGENDA Estratégica, pone el acento en la virtual polonización del frágil país, hipótesis ya esbozada hace mas de dos décadas por Augusto Pinochet, autor de la  convenientemente redescubierta Geopolítica de Chile. Con un agravante, los problemas de seguridad, narcotráfico y migración incontrolada se han agravado en el propio hinterland del noroeste argentino.


Veamos las reflexiones.


Santa Cruz de la Sierra, el departamento más poblado y próspero de Bolivia, limítrofe con Brasil y Paraguay, que alberga al 25% de la población, con una economía agroindustrial y yacimientos de combustibles que en su conjunto representan un tercio del producto bruto interno, se ha convertido en el detonante de una fenomenal crisis política que no solo pone en jaque la gobernabilidad sino que amenaza con provocar el desmembramiento territorial del país del altiplano.

En la década del 60, un entonces oscuro coronel chileno, Augusto Pinochet, desarrolló una hipótesis acerca de la “polonización” de Bolivia. La metáfora aludía a la repartición territorial de Polonia entre Alemania y la Unión Soviética, ocurrida en 1940 a raíz del pacto Stalin-Hitler, quienes acordaron la desaparición del estado polaco. Pinochet argüía que, sobre todo después de su derrota en la guerra del Pacífico (1879-1883), que la relegó a la condición de país mediterráneo, Bolivia carecía de viabilidad nacional y que lo mejor que podía ocurrir era que su territorio fuese distribuido entre Chile, Perú, Brasil y la Argentina.

Cuarenta años después, la cuestión de la posible disolución de Bolivia vuelve a entrar en el terreno de lo posible, aunque esta vez no como resultado de una confabulación internacional sino como consecuencia de la creciente desintegración del poder político. Esta debacle institucional se acentuó a partir de la caída del presidente Gonzalo Sánchez de Losada, que fuera el resultado de una insurrección popular que hace quince meses colocó en el Palacio de Quemado a su vicepresidente, Carlos Mesa. El actual mandatario es un periodista televisivo a quien el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) eligió tácticamente como compañero de fórmula extrapartidario de Sánchez de Losada por su imagen pública altamente positiva, reflejada en los sondeos de opinión.

Paradójicamente, el MNR es la fuerza política fundada por Víctor Paz Estenssoro, aquel legendario jefe de la revolución boliviana de 1951, autora de la reforma agraria y la nacionalización de los yacimientos mineros, y que luego, a mediados de la década del 80, durante un nuevo mandato de Paz Estenssoro, y precisamente con Sánchez de Losada como Ministro de Economía, privatizó esos mismos yacimientos. Muchos de los ex-mineros despedidos en aquella época fueron los primeros plantadores de coca en la zona de Chapare, hoy fuerte del líder cocalero Evo Morales, jefe del Movimiento al Socialismo (MAS).

Lo cierto es que, tras un "cabildo abierto" que concentró a más de 100.000 personas (una multitud jamás vista en la historia política de Bolivia), el Comité Cívico de Santa Cruz, que congrega a las principales organizaciones empresarias y civiles del departamento, luego de ocupar pacíficamente las oficinas públicas y de provocar la renuncia del prefecto designado por Mesa, materializó su propósito de instaurar una "asamblea provisional preautonómica" de doscientos miembros, integrada entre otros por los tres senadores nacionales de la región, sus veintitrés diputados nacionales, los titulares de los 56 consejos municipales y representantes de etnias indígenas.

El primer objetivo declarado del flamante organismo autonómico es garantizar la elección popular del nuevo prefecto, equivalente boliviano del gobernador (hasta ahora designado por el gobierno central de La Paz), y la administración de los propios recursos económicos. Pero los sectores más radicalizados de la movilización cruceña reivindican la propiedad del subsuelo y la existencia de una "nación camba", diferenciada de la cultura colla predominante en la mayor parte de Bolivia. En el "cabildo abierto" se agitaron miles de banderas verdes y blancas (los colores propios de Santa Cruz) y se entonaron con fervor las estrofas de un himno local.

Mesa se vio obligado a aceptar el hecho consumado y convocó a elecciones para que el 12 de junio próximo no sólo Santa Cruz sino los nueve departamentos de Bolivia elijan sus respectivos prefectos. Como la constitución boliviana es centralista y unitaria, hasta su modificación por la futura asamblea constituyente, a realizarse en agosto, el primer mandatario asumió el compromiso de refrendar con su nombramiento a los prefectos que hayan surgido de las urnas. Este giro presidencial generó una inmediata reacción adversa de Morales, quien convocó a realizar movilizaciones populares en contra de ese llamado a elecciones. Para Morales, la autonomía de Santa Cruz implicaría una inadmisible cesión de poder por parte del gobierno central, cuyo asiento aspira a ocupar a la brevedad.

El líder indigenista Felipe Quispe, un ex-guerrillero sospechado de vinculaciones en Perú con elementos de Sendero Luminoso, ya había advertido con anterioridad que, de prosperar esa pretensión autonómica de Santa Cruz, la denominada “nación aymará” haría lo propio y que, en tal caso, aquello que definió sugestivamente como la “llamada Bolivia” tendría tres presidentes. Vale la pena consignar que, en la visión de Quispe, la "nación aymará" incluye partes del sur de Perú y hasta a pequeñas porciones del norte de Chile y de la Argentina. Algunos consideran incluso que las rebeliones indígenas que meses atrás desencadenaron el linchamiento de dos alcaldes en sendos pequeños municipios meridionales peruanos, próximos a Bolivia, no son ajenas a la estrategia de Quispe.

En materia institucional, Quispe también acuñó otra propuesta original. Sostiene que la convocatoria a la asamblea constituyente tendría que regirse por un inédito mecanismo de división electoral del país en 54 "circunscripciones étnicas", que no siempre serían geográficamente contiguas. De ese modo, estima que las etnias indígenas, que agrupan a alrededor del 65% de la población boliviana, podrían asumir directamente el poder político.

En contraposición a Quispe, el Frente Cívico de Tarija, el departamento meridional de Bolivia limítrofe con Paraguay y Argentina (formó parte de la provincia de Salta hasta 1826), dueño de más del 80% de las reservas de gas, también avanza en su intención de recorrer un camino semejante al de Santa Cruz. Hay que recordar que los tarijeños estuvieron a favor del controvertido proyecto de exportación de gas natural boliviano a Estados Unidos a través de Chile, iniciativa que fue el detonante del derrocamiento de Sánchez de Losada.

Hasta ahora, Mesa había intentado convencer a santacruceños y tarijeños de postergar sus demandas de autonomía hasta la realización de la asamblea constituyente orientada a la “refundación institucional de Bolivia”. Pero éstos exigían que, antes de la materialización de una constituyente en la que saben que se encontrarán en minoría, se aprobasen sus respectivos estatutos de autonomía. Esa exigencia acaba de ser virtualmente aceptada por Mesa y promueve ahora la contraofensiva de Morales, Quispe y los demás sectores de la izquierda boliviana.

Mientras tanto, el Congreso boliviano, expresión de una fragmentada pléyade de partidos políticos afectados por una seria crisis de legitimidad (en las recientes elecciones municipales en la mayoría de los distritos triunfaron candidatos independientes), trata de recuperar protagonismo político a través de una “mediación institucional” entre el Poder Ejecutivo y el Comité Cívico de Santa Cruz.

Es obvio que las bancadas del MNR y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), comandado por el ex-presidente Jaime Paz Zamora, que integraban la coalición de Sánchez de Losada, más sus aliados tácticos de la derecha, la Acción Democrática Nacionalista (ADN), fundada por el dos veces ex presidente Hugo Banzer, y la Nueva Fuerza Republicana (NFR), liderada por el mayor retirado Manfred Reyes Villa, están siempre decididos a pasarle a Mesa la cuenta por sus facturas impagas. Y esa coalición, ahora opositora, es ampliamente mayoritaria en ambas cámaras legislativas.

En ese contexto, los presidentes del Senado, el senador santacruceño Hormando Vaca Diez, del MIR, y de la Cámara de Diputados, Mario Cossio, del MNR, entablaron un diálogo directo con los dirigentes santacruceños, al margen de la autoridad presidencial. Es un secreto a voces que Vaca Diez y Cossio gustarían de hacer con Mesa lo que el actual mandatario hizo con su antecesor: acompañarlo hasta la puerta del cementerio pero sin enterrarse con él.

En este complicado tablero político, Morales oscila entre el apoyo táctico a Mesa, frente a lo que califica como una “conjura oligárquica” con asiento principal en Santa Cruz, y el pedido de elecciones presidenciales anticipadas.

El dirigente cocalero recibe el inequívoco apoyo del mandatario venezolano Hugo Chaves, convertido en el abanderado internacional de la reivindicación de la salida al mar de Bolivia. Morales llegó a calificar a Chile como el "Israel de América del Sur", caracterización referida al supuesto papel del país trasandino como "peón" de Estados Unidos en el Cono Sur americano, similar al presuntamente desempeñado por Israel en Medio Oriente.

La exacerbación de un nacionalismo anti-chileno, atizado por Chaves, quien tiempo atrás declaró su deseo de "bañarse en una playa boliviana en el Pacífico", no puede menos que generar adhesión en algunos sectores de las Fuerzas Armadas bolivianas, preocupadas además por la posible fragmentación de Bolivia. De hecho, el riesgo de desintegración del Estado boliviano ha favorecido la reaparición del factor militar como un actor principal del juego político.

La situación boliviana repercute sensiblemente en el escenario regional. Estados Unidos teme que el agravamiento de la crisis fortalezca el creciente poder político del narcotráfico. El general James Hill, ex-jefe del Comando Sur del Ejército norteamericano, acaba de acusar a Morales de mantener también vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La Argentina, por su parte, depende ahora fuertemente del gas boliviano para su abastecimiento energético. Chile observa con aprehensión el eventual rebrote de una oleada belicista anti-chilena en el inestable país del altiplano. Perú, que también padece un serio problema de desintegración de poder, agrega un factor adicional de desestabilización en su frontera sur. Brasil tampoco puede contemplar pasivamente lo que allí ocurra.

Bolivia es hoy una bomba de tiempo.

 

 

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