Ibarra: la no interpelación no descarta el juicio político o la revocación ciudadana del mandato

 

Por el Dr. Alfredo Carella

Enero de 2005

El Dr. Alfredo Carella es el ex vicepresidente segundo de la Comisión de Redacción de la Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires


La situación creada por el “HOLOCAUSTO JUVENIL DEL 30/12” es susceptible de distintos enfoques. Uno de ellos es el jurídico, que brinda la posibilidad de una evaluación del funcionamiento de las normas e instituciones destinadas a ejecutarlas, con prescindencia de composiciones entre grupos políticos en competencia por el poder (1) .

La actitud del ánimo no debe estar presa ni por temeridad ni por exasperación, avaricia en los procederes, cobardía ni oportunismo, porque como dice Aristóteles en su “Ética a Nicómaco”, unos pecan por exceso en tanto los otros lo hacen por defecto. Hay que prevenirnos siempre del desenfreno, más aún cuando las circunstancias exacerban su percusión.

Reclamar prudencia no es convocar a la pasividad. Por el contrario, es estimular la puesta en funcionamiento de los mecanismos institucionales que permitan canalizar, racionalmente, la desesperación. Sólo así se arribará a resultados apreciables como justos y sólo así el desasosiego de la pérdida y el irreparable dolor, encontrarán algún sosiego.

En los momentos trágicos es cuando los pueblos ponen a prueba su templanza y excitan los resortes constitucionales y legales para probar la eficiencia y eficacia de la organización que construyeron con su voto. Si nos encontramos en un sistema republicano y democrático auténtico, hay que recurrir a las instituciones para que ellas acerquen respuesta a la desolación enorme.

Estamos ante un hecho inédito, un hecho del hombre catastrófico, que pudo ser evitado. Hay daños irreparables por negligencia y desaprensión que llevaron a que esta inenarrable calamidad se encuadrara en tres esferas de responsabilidad: la penal, ya actuante, con un imputado; la civil, que dispondrá las reparaciones patrimoniales a la que todos concurriremos como contribuyentes, y la que incumbe a la responsabilidad política, anudada en el órgano legislativo de nuestra ciudad que ya ha tenido un primer pronunciamiento.

La “no interpelación” no descarta el juicio político

En la reunión extraordinaria del viernes último al amparo del artículo 74 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (CCBA) frente a la existencia de la gravedad de los hechos del 30/12, la Legislatura, no alcanzo la mayoría de los dos tercios del total de sus miembros para requerir la presencia del gobernador (interpelación) a tenor del articulo 83.1 (CCBA).

Esta decisión indica que los representantes del pueblo de la Ciudad han entendido que son innecesarias las explicaciones que pueda brindar sobre su responsabilidad en la materia pero de ella no se deduce su exculpación.

Tal resolución no clausura sino que habilita de manera directa la posibilidad de que, frente a “situaciones excepcionales deba recurrirse a remedios excepcionales”, y poner en marcha el instituto del juicio político dispuesto en el Capítulo Cuatro de la CCBA donde el artículo 92 prevé la destitución del Gobernador fundada en “mal desempeño”.

Dos razones procesales:

a) La “interpelación”, no es sucesiva ni excluyente del juicio político de quien por disposición del articulo 102 (CCBA) es responsable de la dirección de la administración pública y de procurar “su mayor eficacia”. No hay “fusibles” ni sistemas redundantes de protección que permitan interrumpir su compromiso directo en el tema.

El Código Civil, es contundente cuando reza; “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos” (art. 902) y que por el hecho de ser funcionario público “en ejercicio de sus funciones por no cumplir sino en forma irregular las obligaciones legales que le están impuestas” está comprendido en las que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos (art. 1112).

El doctor Juan Álvarez, recién designado secretario de seguridad de la Ciudad, encuadró esta situación cuando dice: “el Estado tiene una responsabilidad de control indelegable. Cuánto de esa responsabilidad, QUIÉN (destacado nuestro) es algo que tendremos que saber. Sería gravísimo si yo dijese que el Estado no tiene nada que ver. Obviamente sin bengalas y sin Chabán no había incendio, pero el Estado también tiene su responsabilidad” (Infobae, 8/1/05)

b) La pretensión que puedan tener los legisladores de impulsar el juicio político no es contradictoria con la conducta expuesta por el cuerpo en su resolución de “no interpelar” ya que esa conducta anterior no se opone con la alegación de promoverlo.

Causa genérica y específicas del juicio político

Los legisladores pueden por lo tanto propiciar el inicio del proceso inculpatorio del gobernador de la ciudad por la causa genérica de “mal desempeño” y las específicas de la Norma Fundamental de nuestra urbe a saber:

a. Falta de dirección de las políticas públicas y ejecución de leyes (104.2),

b. Incapacidad para el ejercicio del poder de policía (art. 104.11),

c. Negligencia en el control de permisos y habilitaciones (104.21),

d. Abandono e incumplimiento de las normas de higiene, seguridad y orden público (art.105.6)

e. Violación de la garantía constitucional de protección integral de los adolescentes (art. 39), norma que destaca por sobre todas las demás, dadas las características de “holocausto” del evento dañoso analizado.

El citado art. 39 en orden a la protección integral de los adolescentes, no emplea los verbos “promover” o “fomentar”, sino garantizar. La inflexión en que la CCBA emplea este último verbo -GARANTIZA- obliga a la Ciudad a responder patrimonialmente y al funcionario a responder políticamente cuando la garantía no funcionó o fue conculcada.


La revocación del mandato
Finalmente hay otra posibilidad constitucional. Si la Legislatura no actúa, la ciudadanía puede requerir la revocación del mandato del Gobernador o Jefe de Gobierno de la Ciudad, impulsada con la firma de por lo menos el 20 por ciento del padrón electoral (art. 67 CCBA).



Buenos Aires, enero de 2005


(1) El autor se adscribe a la tipología de Max Weber y de Francisco Linares y entiende la política arquitectónica como la dirigida a lograr la concordia de la sociedad desde el gobierno y la agonal como la que apunta a la lucha (agón) por el gobierno.

 

 

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