LO QUE LA DOCTRINA BALZA NO DIJO

Marzo de 2005

 

Señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército
Tte.Gral. ROBERTO FERNANDO BENDINI
Presente
De mi consideración:
Hace cinco años, respondiendo a un pedido de colaboración del entonces Secretario General del Ejército, acepté honorariamente la defensa de un general y en el lapso corrido desde entonces asumí la defensa de treinta y ocho militares de los cuales sigo asistiendo a veintinueve en diferentes causas y juzgados federales por su actuación en la guerra contra el terrorismo.


Hasta ahora, las defensas de los militares sometidos a proceso y privados de su libertad, se han basado fundamentalmente en el reclamo del respeto por parte de los jueces de las garantías constitucionales de la cosa juzgada como consecuencia de la aplicación de las leyes denominadas de Obediencia Debida y de Punto Final y de los efectos generados por indultos dictados en casos específicos como así también la del Juez Natural que ha llevado en algunos casos a la negativa a declarar por desconocer la competencia de la Justicia Federal. Cuando los militares fueron llamados a indagatoria, en general se negaron a prestarla limitándose a rechazar los hechos imputados y cuando lo hicieron, fue al solo fin de demostrar que materialmente eran ajenos a los hechos imputados.


Cuando hace años la Cámara Federal condenó a los Comandantes Militares integrantes de las Juntas Militares, dijo que el proceder de las fuerzas armadas en la guerra contra el terrorismo, respondió a planes aprobados y ordenados a sus respectivas fuerzas por los comandantes militares y que la existencia de las órdenes a los subordinados a los comandantes, a su juicio su emisión resultó evidente dado que los propios comandantes alegaron haber tenido el control efectivo de sus fuerzas y negaron la existencia de grupos militares que actuaran con independencia de la voluntad del comando. Asimismo reconoció que la totalidad de los jefes y oficiales que declararon afirmaron que la lucha antisubversiva se ajustó estrictamente a las órdenes de sus comandantes superiores. Por las órdenes de servicio impartidas por los comandantes militares, ellos fueron condenados pues según el criterio de la cámara federal ellas fueron ilegales.


Lo dicho por la Cámara Federal es absolutamente cierto en cuanto a que en el Ejército nadie actuó por su cuenta. Todos sus cuadros, como más adelante lo probaré, fueron debidamente informados del plan de operaciones en la guerra contra el terrorismo ordenado inicialmente por el gobierno constitucional e instruidos para el cumplimiento de sus obligaciones en ella.- El mismo tribunal estableció que los hechos juzgados ocurrieron dentro de lo que fue calificado como “guerra revolucionaria”.

 
Durante estos cinco años, reiteradamente, he escuchado de mis asistidos que la guerra contra el terrorismo se llevó adelante conforme lo que prescribían los reglamentos cumpliendo órdenes específicas de sus superiores y que a los terroristas no les fueron aplicadas las leyes de la guerra por constituir una fuerza irregular siendo calificados como “partisanos”.- Hasta hace poco tiempo ignoraba el contenido de los reglamentos aludidos de los que solo sabía que tenían carácter de “secreto” o “reservado” y cuando mi primer defendido, el Gral.Santiago Omar Riveros, los requirió al Jefe del Estado Mayor de entonces, fue derivado a niveles jerárquicos inferiores que nunca le dieron una respuesta a su pedido formalmente concretado el 27 de marzo de 2000 por expte. N° 4 Q 004693 - 5.


He advertido que una de las características fundamentales del militar es conducirse conforme a los reglamentos y por tal razón su vida profesional esta ordenada por ellos hasta en sus mínimos detalles. Por esa razón busqué durante mucho tiempo los reglamentos “Reservados” y “Secretos” que debieron observarse durante la guerra contra el terrorismo pues me resistía a aceptar que el ejército hubiese actuado al margen de ellos pues ello era contrario a la formación y profesionalidad militar.


En el mensaje emitido por el Tte. Gral. Martín Balza en su calidad de Jefe del Estado Mayor General del Ejército el 25 de abril de 1995 dijo que la violencia que se inició con el terrorismo “desató una represión que hoy estremece............El ejército instruido y adiestrado para la guerra clásica, no supo como enfrentar desde la ley plena al terrorismo demencial.........Ese error llevó a privilegiar la individualización del adversario, su aplicación por encima de la dignidad, mediante la obtención, en algunos casos, de esa información por métodos ilegítimos, llegando incluso a la supresión de la vida, confundiendo el camino que lleva a todo fin justo, y que pasa por el empleo de medios justos.........Sin buscar palabras innovadoras, sino apelando a los viejos reglamentos militares, ordeno, una vez más, al Ejército Argentino, en presencia de toda la sociedad argentina, que: Nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que se aparte de las leyes y reglamentos militares.- Delinque quien imparte órdenes inmorales.- Delinque quien cumple órdenes inmorales”.


Hasta hace poco tiempo creía que el secuestro, el terrorismo, la tortura, el sabotaje y la muerte cometidos por los militares durante la guerra contra el terrorismo eran acciones que por no estar contempladas en los reglamentos de guerra, eran ilícitas y por ende no podían constituir el contenido de una orden, naciendo así mi preocupación para defender a militares que recibieron ordenes que si bien entrañaban un acto aberrante, el art. 514 del Código de Justicia Militar los obligaba a cumplirlas por haber sido legítimamente impartidas por el superior y que bajo ninguna circunstancia podían inspeccionar, resistir o desobedecer so capa de violar lo establecido por los arts. 674, 675, 677 y 678 del citado Código y ser penados incluso con la pena de muerte y había sido el propio Estado Argentino quien desde sus ingresos al Colegio Militar de la Nación, los educó y formó en el sistema disciplinario basado en el cumplimiento estricto de las órdenes impartidas por los superiores cualquiera fuere su contenido. Fue solo a partir de la ley 23.049, sancionada con posterioridad a la guerra contra el terrorismo y por lo tanto no aplicable a sus protagonistas, que los subordinados no están obligados a cumplir las que implicasen la comisión de hechos aberrantes.


Lo dicho se potencia por la circunstancia que el subordinado tiene mayores razones para creer en la legitimidad de la orden en tiempo de guerra que en tiempo de paz, ya que en tiempo de guerra resulta difícil encontrar órdenes que por sí solas puedan revelar su ilegitimidad y en relación a este punto, la Cámara Federal al condenar a los Comandantes en la causa n° 13 como ya lo recordara dijo: “en consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada, y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la república argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, éste se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria.”


Hoy, luego de larga búsqueda logré hacerme de los ejemplares de los reglamentos del Ejército Argentino “RC – 5 – 1, Reservado, “OPERACIONES SICOLOGICAS”, “RC – 8 – 3, Reservado, “OPERACIONES CONTRA LA SUBVERSIÓN URBANA”, impresos en el Instituto Geográfico Militar y puestos en vigencia por resolución del Comandante en Jefe del Ejército Alejandro Agustín Lanusse el 8 de noviembre de 1968 y el 29 de julio de 1969 respectivamente, no habiendo podido obtener todavía el RC-8-2 “OPERACIONES CONTRA FUERZAS IRREGULARES”.- El “RC – 15 – 80, Público, “PRISIONEROS DE GUERRA” por su carácter ya lo conocía.

 

Con esos reglamentos en la mano, he podido comprobar que el Tte. Gral. Martín Balza faltó a la verdad y engañó a la ciudadanía, pues el ejército fue instruido y adiestrado para la guerra contra el terrorismo y previó expresamente en sus reglamentos como métodos legítimos en la guerra, el secuestro, el terrorismo, la tortura y la supresión de la vida, por lo cual quienes cumplieron con esas disposiciones no pudieron haber delinquido.
En octubre de 1975 el Consejo de Defensa del Gobierno constitucional, impartió la Directiva 1/75 (lucha contra la subversión), de la cual cabe resaltar:
“5. Misión.- Las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales y demás organismos puestos a disposición de este Consejo de Defensa, a partir de la recepción de la presente Directiva, ejecutarán la ofensiva contra la subversión, en todo el ámbito del territorio nacional, para detectar y aniquilar las organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado”.
“6. Ideas rectoras.


A), 1) La complejidad de la subversión y las características del enemigo, imponen la necesidad de emplear los medios disponibles en forma simultánea y concurrente a través de los niveles siguientes: a) Nacional: a cargo del Consejo de Seguridad Interna, en lo relativo a la estrategia general.....b) Conjunto: a cargo de Consejo de Defensa con la asistencia del EMC en la implementación de la estrategia militar y conducción del Poder Militar.- c) Específico: a cargo de cada Fuerza, con su jurisdicción territorial, en lo relativo al cumplimiento de la misión impuesta”.-
“6, B) 1) Efectos a lograr. Las acciones deben tender a: 1) Obtener una clara información, sobre los elementos que integran el aparato político-administrativo y sus elementos subversivos clandestinos y abiertos”
“6, B) 3) Aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas (el subrayado es mío) a través de una presión constante sobre ellas.-”


“6, D), 1) Las operaciones a desarrollar por las Fuerzas serán bajo el concepto del accionar conjunto. Para ello las Fuerzas establecerán los acuerdos necesarios para lograr un inmediato y efectivo apoyo mutuo”.-
“7, a) Ejército.- a), 2) Conducirá con responsabilidad primaria, el esfuerzo de inteligencia de la comunidad informativa contra la subversión, a fin de lograr una acción coordinada e integrada de todos los medios a disposición”


“11, f), 2) Informe semanal.- Los días viernes antes de las 12.00 horas conteniendo la síntesis de las operaciones realizadas y resultados obtenidos”.


Del contenido del último punto transcripto y del punto 6, B), 3), surge clara e inequívocamente que se ordenó aniquilar a los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas, es decir a sus integrantes, que por ello fueron ejecutados cuando fueron individualizados y detenidos y que todas las operaciones documentadamente fueron informadas semanalmente.

 
De las órdenes impartidas inicialmente por el gobierno constitucional y mantenidas por el de facto a partir del 24 de marzo de 1976, fueron debidamente informados todos los oficiales del Ejército.


No existieron “centros clandestinos de detención” como corrientemente por mala fe o ignorancia se afirma.- El Reglamento (ROP – 30 5 (Ex RC – 15-8) “Prisioneros de Guerra”, en el Capítulo IV, “Reunión y evacuación”, a partir del art.4001, trata el tema que se inicia con los detenidos en la zona de combate donde por ejemplo el art. 4008 dice: “Las acciones de un “procesamiento de campaña” incluirán generalmente: registro personal, clasificación médica (determinación de heridas o enfermedades que impidan caminar) y el interrogatorio de inteligencia para la selección de prisioneros”.- El art. 4010 establece “El interrogatorio de inteligencia para seleccionar los prisioneros de guerra en la zona de combate será responsabilidad del oficial de inteligencia (G2/S2) y se realizará según lo determinado en el RC – 16 – “Examen de personal y Documentación”.- El art. 4012 ordena “Personal de las unidades de inteligencia militar que operen en apoyo de las fuerzas, será responsable de conducir los interrogatorios de los prisioneros de guerra en la zona de combate”.- El art. 4015 “Las unidades (tropas de captura), desarmarán, separarán y registrarán a los prisioneros en busca de documentos de valor militar....”- El art. 4017 “Los prisioneros de guerra serán separados tan pronto como sea posible especialmente por su jerarquía, y entregados a la policía militar, en los lugares de reunión establecidos por las tropas capturantes”.
El paso siguiente era su traslado a los lugares de reunión de cada una de las brigadas conforme al art. 4018 y siguientes y luego al lugar de reunión central de la división en los términos del art. 4023 y siguientes, culminando con el traslado a los LDT (lugares de detención temporaria) a nivel de Cuerpo de Ejército conforme a lo autorizado por el art. 4028 o del Ejército cuya operación es responsabilidad del Comandante del Ejército conforme a lo ordenado en el art. 4033.- El art.4034 determina donde deben establecerse los lugares de detención temporaria del ejército y el 4037 indica que la separación de los prisioneros “será practicada de acuerdo a su nacionalidad, sexo, categoría, grado y otras especificaciones que expresamente determina el comandante del ejército” y siguientes del citado reglamento.- Posteriormente los prisioneros de acuerdo a lo dispuesto por el art. 4039 son evacuados desde los lugares de detención del ejército a la zona de comunicaciones con la menor demora posible.-
De lo expuesto queda claro que cuando como consecuencia de las operaciones ordenadas se realizaba la captura de una persona, ella inicialmente era llevada a un LRD conforme a lo dispuesto por el art. 4017 del reglamento antes analizado, siendo allí interrogada por personal de inteligencia (art.4010) y si su situación no era rápidamente aclarada, el detenido pasaba a los LDT dependientes del Comandante del Ejército conforme lo dispuesto por el art. 4033 del reglamento con los antecedentes documentados del caso, remitiendo e informando de todo ello por escrito al Jefe del Estado Mayor General del Ejército. Los LRD se creaban en dependencias o lugares que se destinaban para tal fin y cesaban conforme a las necesidades generadas por las operaciones durante la guerra contra el terrorismo, no siendo elementos permanentes sino transitorios determinados por tales circunstancias como surge del reglamento considerado.


Las operaciones eran ordenadas en base a las instrucciones que impartía el Jefe del Estado Mayor General del Ejército a través de la Jefatura III – Operaciones, peracionesOperaciones quien contaba con la información de Inteligencia de todo el país allí centralizada lo cual le permitía marcar los blancos de cada una de ellas.- Las detenciones practicadas por los grupos operativos como consecuencia de ellas, fueron conformes a la legalidad de entonces toda vez que estaban autorizadas no solo por los reglamentos militares sino por el estado de sitio que se implantó por decreto n° 1368 del 6 de noviembre de 1974 por el gobierno constitucional, prorrogado por el decreto 2717 del 1° de octubre de 1975 por el mismo gobierno y ratificado con posterioridad al 24 de marzo de 1976 por el gobierno de ipso.


Todas las operaciones que ordenadas fueron documentadas e informados sus resultados por escrito al Comandante en Jefe del Ejército a través del Jefe del Estado Mayor General del Ejército a los fines de alimentar el informe semanal ordenado en la Directiva del Consejo de Defensa 1/75 de octubre de 1975, punto 11, f) 2).


Lo dicho en los párrafos precedentes desde el análisis de la Directiva del Consejo de Defensa 1 / 75 ya ha sido puesto en conocimiento suyo por el Gral. Santiago Omar Riveros el 21 de diciembre último mediante nota que yo personalmente entregué en Estado Mayor General a su cargo.-
El Reglamento del Ejército RC – 5 – 1, Reservado, “OPERACIONES SICOLOGICAS” establece las bases doctrinarias para la conducción de las operaciones sicológicas en TODO TIPO DE GUERRA y tiene el carácter de rector y coordinador para los reglamentos que de él se deriven.- (pag. 1, II).- Establece que el método de acción compulsiva actuará sobre el instinto de conservación del hombre.- La presión, insta por acción compulsiva, apelando casi siempre al factor miedo.- La presión sicológica engendrará angustia; la angustia masiva y generalizada podrá derivar en terror.- La fuerza implicará la coacción y hasta la violencia mental.- Por lo general, este método será impulsado, acompañado y secundado por esfuerzos físicos o materiales de la misma tendencia.- En él la fuerza y el vigor reemplazarán a los instrumentos de la razón.- La técnica de los hechos físicos y los medios ocultos de acción sicológica, transitarán por este método de la acción compulsiva.- (pags.14 y 15).- La técnica de los hechos físicos es una técnica compulsiva a la que se deberá recurrir cuando se desee obtener un objetivo específico y de gran importancia.- (pag. 35).- El oficial de inteligencia coordinará con el oficial de operaciones sicológicas el interrogatorio de prisioneros de guerra.- (pag.52).- Las operaciones contra fuerzas irregulares serán aquellas conducidas contra los elementos irregulares enemigos e incluirán las medidas políticas y militares planeadas para combatir y eliminar a los elementos irregulares.- (pag. 143).- Los comandantes (jefes) serán responsables de todos los asuntos relacionados con prisioneros de guerra en su zona de responsabilidad, así como de la instrucción, operación y administración del personal en las instalaciones para prisioneros de guerra.- (pag. 151).- Entre los medios de acción sicológica, se describen “3 - OCULTOS” y en su punto 4) “COMPULSIÓN FÍSICA, TORTURAS, 3ER. GRADO.- En el 5) “COMPULSIÓN SÍQUICA”: 1 – ............AMENAZAS, CHANTAJES.- 2 – SEGUIMIENTO FÍSICO...........4 – SECUESTROS, RAPTOS,.........- En el 6) TERRORISMO, DESMANES, SABOTAJE.- (Anexo 2 pag. 165).


Según lo ordena la resolución que puso en vigencia al reglamento, el mismo tenia carácter “Reservado”, la autoridad ejecutora es el Comandante en Jefe, el Estado Mayor General y su Jefatura III (Operaciones).- El reglamento debía ser adquirido obligatoriamente por “Comandos, institutos, unidades y Oficiales de Estado Mayor.-
El Reglamento RC-8-3 “OPERACIONES CONTRA LA SUBVERSION URBANA” ordena la represión militar para restablecer el control y el orden de una zona determinada, eliminando los elementos que hayan provocado la conmoción interior y que no hayan podido ser persuadidos por otros medidos. (pág.45).- La represión militar se llevará a cabo como una operación ofensiva contra los elementos subversivos con el fin de su neutralizarlos o destruirlos.- (pág. 70).- Las actividades de investigación y detención se destinarán a allanar un edificio, instalación y aún un área más amplia, con el fin de arrestar a miembros de la subversión y descubrir o capturar elementos tales como armas, explosivos.....En una zona urbana, las actividades de investigación y detención, las llevarán a cabo equipos constituidos a tal efecto. Para ello, se dividirá la zona en distintas áreas a cargo cada una de ellas de un equipo correspondiente (pág. 90).- El activista, el perturbador del orden, etc. no será considerado prisionero de guerra y, por tal motivo, no tendrá derecho al tratamiento estipulado en las convenciones internacionales (pág. 93).-
De lo expuesto surge clara e inequívocamente que medios atroces o aberrantes, que recién a partir de la sanción de ley 23.049 no deben ser cumplidos por los subordinados cuando integran una orden, en la época de la guerra contra el terrorismo estaban expresamente permitidos por el derecho positivo vigente en ese momento desde el año 1968 y como hemos visto, los oficiales de Estado Mayor, comandos, institutos y unidades tomaron conocimiento de ello con obligación de cumplirlo por lo cual ningún militar puede alegar desconocimiento.- Cuando sus camaradas que asisto me decían que se combatió con el reglamento y la doctrina en la mano he podido probar que decían la verdad.- El Tte. Gral. Martín Balza obviamente conocía estos reglamentos que son la prueba plena de su mendacidad, ocultamiento y engaño.- Igualmente los han conocido los Presidentes, Ministros de Defensa y Jefes de Estado Mayor desde 1968 y 1969 como así también los miembros de las Comisiones de Defensa de ambas cámaras del Congreso Nacional y hasta donde yo pude llegar, no tengo conocimiento de que ellos hayan sido formalmente derogados.


No puedo dejar de destacar para no sorprenderse, que acciones de guerra como las señaladas han sido ejecutadas por todos los ejércitos tanto en el pasado como en la actualidad y así se puede citar al francés en Indochina y Argelia, al norteamericano en Vietnam, (maestros de nuestras Fuerzas Armadas en misiones especiales habidas a tal fin) y a las que se llevan a cabo en el marco del conflicto israelí-palestino, en Irak y Afganistán (Guantánamo) o en Chechenia según nos informamos por la prensa cotidianamente.


Usted mismo y los militares hoy bajo su comando, tanto en actividad como en retiro, que lucharon activamente en la guerra contra el terrorismo, conocen la verdad de todo lo dicho y saben que actuaron cumpliendo estrictamente con las órdenes que recibieran y que tenían la obligación de acatar pues ellas eran conforme al derecho vigente, mas allá de la opinión que nos quepa sobre su contenido.- Con coraje debe reconocerse y decirse esa verdad.- Quien cumple con una orden legalmente impartida no puede ser tenido como autor de un delito y en este sentido cabe recordar que el art. 11 de la ley 23.049 expresamente establece que el art. 34 inc. 5° del Cód. Penal deberá ser interpretado conforme a la regla del art. 514 del Código de Justicia militar respecto de los hechos cometidos por el personal que actuó sin capacidad decisoria cumpliendo órdenes o directivas que correspondieran a planes aprobados y supervisados por los mandos superiores orgánicos de las Fuerzas Armadas y por la Junta Militar, debiendo asimismo recordar que como lo dijera la Cámara Federal en la causa n° 13, en la guerra contra el terrorismo nadie actuó por su cuenta sino que los efectivos de las Fuerzas Armadas lo hicieron conforme a los planes y órdenes impuestos por los respectivos Comandantes en Jefe que por ello fueron condenados por ese tribunal.


No existe duda alguna que los militares hoy procesados y detenidos están exentos de responsabilidad criminal por las acciones cometidas durante la guerra contra el terrorismo.


Usted, como Jefe del Estado Mayor General del Ejército, tiene por lealtad debida a sus subordinados, honor militar y responsabilidad ante la ciudadanía, la obligación legal y moral de hacer oficialmente público que el secuestro, el terrorismo, la tortura, el sabotaje y la muerte eran entre otras similares, acciones de guerra expresamente previstas en los reglamentos militares de la época de la guerra contra el terrorismo y en consecuencia, al frente de sus camaradas, demandar ante sus superiores y poderes públicos el reconocimiento de la legitimidad de sus procederes.- En ese sentido en mi carácter de abogado defensor de subordinados suyos y para ser empleado como prueba en defensas que en su momento me requirió el propio Ejército, le solicito que con la mayor urgencia posible certifique u ordene la certificación respecto a la autenticidad y a la vigencia durante la guerra contra el terrorismo de los Reglamentos Reservados “OPERACIONES SICOLÓGICAS” y “OPERACIONES CONTRA LA SUBVERSIÓN URBANA” cuyas copias a tal fin acompaño al presente, haciéndole saber que no agrego los originales pues se encuentran depositados en una escribanía pública.-
Lo peticionado se funda en las obligaciones que tengo como abogado de obtener todos los elementos de juicio contribuyentes a servir al sagrado ministerio de la defensa para que impere la justicia de la ley.- No deseo que lo que usted voluntariamente debiera reconocer sin ambagues como Jefe del Ejército, deba solicitar que le sea exigido por los jueces civiles que arbitrariamente tienen presos a decenas de sus camaradas que, de hecho, aparecen abandonados a su propia suerte no obstante que las situaciones que padecen, provienen de haber cumplido estrictamente con su deber con lo cual se han convertido en acreedores del propio Estado por el daño que les ha y esta causando, toda vez que ese Estado ha ocultado normas por el dictadas que preveían las acciones de guerra que ellos, al igual que usted, llevaron a cabo y por las cuales se encuentran privados de su libertad.

 


Saludo a Ud. atentamente.-
Alem 470 (1642) San Isidro
Tele-Fax 4743-7236 / 9025


E-mail <florenciovarela@fibertel.com.ar>


 

 

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