CIVILES Y MILITARES:
 URUGUAY

Febrero de 2005

FUERZAS ARMADAS INFORME URUGUAY

1. Cordero Prófugo
2. Editorial: Equilibrio Para Sellar la Paz
3. Gelman no recurrirá a la justicia.
4. Entrevista al Dr. Carlos Ramela
5. Nuevo Gobierno Decidió Investigar Enterramientos en Unidades Militares
6. Construcción de nueva base en el Congo
7. 150 empresas uruguayas proveen materiales a Misiones de ONU.
8. Ejército: Cdte. en Jefe Ordena Restitución de Todos los Cuadros
9. Entrevista al Dr. Carlos Ramela
10. 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
11. Familiares del “accidente” aeronaval del '71 pidieron documentos al MDN
12. Protocolo de investigación para los trabajos en unidades militares
13. Plan Nacional de Derechos Humanos
14. Reparaciones a Perseguidos por la Dictadura Cívico Militar
15. Asesor del Gobierno Brasileño se Reunirá con Ministros Uruguayos
16. Militares y Potabilizadoras Uruguayas a Sudán
17. Se reactiva el Caso Michelini-Gutiérrez
18. Aterrizaje riesgoso de avión “Hércules” e incendio en la zona de arribos
19. Opinión: Entre la Vuirtud y el Curro
20. Documento oficial compromete la situación de Blanco y Bordaberry
21. Gobierno, FFAA y Derechos Humanos

1. Cordero Prófugo
El gobierno brasileño confirmó que estudia el pedido de refugio presentado por el Cnel. (R) uruguayo Manuel Cordero, acusado por la justicia argentina de crímenes cometidos durante la coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur conocida como Operación Cóndor, que actuó en la década de los 70’. El estudio del planteo podría demorar entre uno y tres meses, y deja paralizado el pedido de extradición realizado por un juez argentino. Cordero argumenta ante las autoridades brasileñas ser víctima de persecución política. Se lo acusa de múltiples crímenes, entre ellos el asesinato en 1976 en Buenos Aires de los legisladores uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, o la sustracción de menores a detenidas. El matutino El País resume el contenido de una carta entregada por el propio Cordero donde el militar retirado da su versión de los procesos judiciales en que está inmerso. Se declara “completamente inocente de los presuntos delitos que se me imputan contra los DDHH cometidos en Argentina"
(El País Sección NACIONAL 5-03-05 y 08-03-05)

2. Editorial: Equilibrio Para Sellar la Paz
El matutino El Observador dedica su editorial del día 5-03 a analizar el tratamiento que se está dando al problema de los detenidos desaparecidos durante la pasada dictadura cívico militar. (1973-1985). “El país necesita cerrar definitivamente el tema de los desaparecidos (...) Existen ahora mejores condiciones que años atrás para lograrlo siempre que se actúe con equilibrio, midiendo los alcances y consecuencias de las decisiones y su puesta en práctica. Pese a la Ley de Caducidad, aprobada por el Parlamento y confirmada por un referendo en 1989, hasta hace no mucho toda posibilidad de solución chocaba con las demandas de familiares y grupos de DDHH por un lado y la reticencia de la estructura militar por el otro”. Y continúa “La Ministra Berruti afirmó que se investigará solo el cómo, el cuándo y el dónde de las desapariciones (aspectos en los que ya la Comisión para la Paz avanzó mucho). Pero (…) si se establece cuándo y dónde un desaparecido murió o fue sepultado, no es difícil saber quién o quiénes estaban a cargo de una Unidad Militar en esa fecha y lugar. Aunque esto no conduzca a castigo penal, como lo determina la Ley de Caducidad, puede llevar a confrontaciones que agraven la rispidez social en vez de mitigarla”. En referencia a los anuncios hechos por el Presidente de la República Dr. Tabaré Vázquez acerca de encontrar y juzgar a los responsables de tres casos emblemáticos, los legisladores uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michellini, y la joven María Claudia García, asesinados en 1976, el editorialista advierte: “El manejo atinado y cuidadoso de los muchos factores involucrados en esta cuestión es esencial para que, como prometió Vázquez, se evite reavivar odios y se restablezca la unidad y la paz de los uruguayos en torno a un tema que los agita y divide desde hace demasiado tiempo. De lo contrario, se conseguirá un resultado opuesto al que se busca”.
(El Observador Sección EDITORIAL 5-03-05)

3. Gelman no recurrirá a la justicia.
El Abogado del poeta argentino Juan Gelman dejará que el gobierno investigue el destino de María Claudia García, nuera del escritor, y recién después resolverán si recurren a la vía judicial. Según informó el Dr. José Luis González, por el momento no actuarán y esperarán los resultados de la investigación del gobierno.González explicó que técnicamente podrían optar por reanudar la causa penal puesto que el único impedimento que tuvo el Juez para seguir investigando fue que el gobierno anterior manifestó que el caso estaba comprendido en la Ley de Caducidad. "La decisión del gobierno nos posiciona para retomar la causa judicialmente. Pedirle al Juez que reabra el expediente es una posibilidad que puede tener dos efectos: individualizar a los responsables y buscar los restos", explicó. No obstante agregó que lo que más les interesa privilegiar actualmente es la búsqueda de los restos, para conocer qué sucedió con García. El caso Gelman fue archivado a fines de 2003 por el Sr. Juez Gustavo Mirabal luego de que el Poder Ejecutivo afirmara que el caso está comprendido por la Ley de Caducidad. Hasta ahora hay dos versiones sobre la muerte de la nuera de Gelman, a las que arribó la Comisión para la Paz. Esas versiones confirmadas por fuentes militares sostienen que fue muerta y enterrada en la periferia de Montevideo; y otra, que tras la sustracción de la niña (nieta de Gelman) la madre fue entregada a los represores argentinos de Automotores Orletti.
(Ver en El País Sección NACIONAL 05/03/08)

4. Entrevista al Dr. Carlos Ramela
El matutino El Observador publica una entrevista al Dr. Carlos Ramela quien presidiera la hoy disuelta Comisión para la Paz, creada por el ex Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle. Ramela recuerda que: ”el objetivo de esa Comisión fue averiguar el cómo, cuándo y dónde de las personas desaparecidas; el quién, se acordó, había que dejarlo a un lado. Y así se hizo durante tres años con buenos resultados que se hicieron públicos en el año 2003”. También puntualiza: “(...)sobre los 26 casos de desaparecidos que confirmó en Uruguay la Comisión para la Paz se entregó a los familiares un completo informe con el lugar de la muerte de esas personas, las circunstancias, la fecha en que fallecieron y las causas por las que murieron. Sobre los uruguayos desaparecidos en Argentina, se trabajó sobre 160 casos denunciados, pero se confirmaron total o parcialmente unos 80 o 90 casos(...)En el tema de los restos la Comisión(..)dio la información que había recibido de parte de fuentes militares.
Esos datos eran unánimes(...)Lo que en realidad faltó fue alguna prueba objetiva que permitiera corroborar las versiones coincidentes sobre los enterramientos y desenterramientos, la posterior cremación de los restos en hornos ilegales y que las cenizas fueron tiradas en una playa atrás del Cerro de Montevideo(...)Nadie duda de que hubo enterramientos y desenterramientos, que los cuerpos fueron quitados de los predios militares. Lo que no se pudo fue probar el detalle, cómo fueron los procedimientos, cómo fue la cremación de los cuerpos, que habrían sido exhumados hacia fines del año 1984, pero sí que el operativo ocurrió”.
(ver El Observador Sección URUGUAY 05/03/05)

5. Nuevo Gobierno Decidió Investigar Enterramientos en Unidades Militares
Durante toda la semana la prensa dedicó extensa cobertura a los anuncios gubernamentales referidos las investigaciones que un grupo de geo-arquelogía de la Universidad de la República realizará in situ en todas aquellas unidades militares donde existan sospechas respecto a la existencia de enterramientos clandestinos de personas. El Secretario de la Presidencia de la República, Dr. Gonzalo Fernández, quien está a cargo de estas gestiones en nombre del Presidente, Dr. Tabaré Vázquez, quien asumió personalmente la responsabilidad en el tema. Todos los medios se hicieron eco de una conferencia de prensa improvisada en el hall de la sede administrativa de la Presidencia y en la que el Dr. Fernández, luego de entrevistarse con el Cdte. en Jefe del Ejército, Tte. Gral. Angel Bertolotti, informó que "el Presidente de la República impartió instrucciones para iniciar el proceso que complete la investigación sobre los detenidos-desaparecidos, lo conversó con los Ctes. en Jefe. Está previsto el ingreso en los establecimientos militares donde se supone que hubo enterramientos, y en cumplimiento de esa instrucción nos hemos reunido con el Cte. en Jefe del Ejército, para comenzar a organizar eso". Junto al Dr. Fernández, quien aclaró previamente que él sería el vocero, participó en silencio el Tte. Gral. Bertolotti. "Ejecutar esa decisión tiene algunos problemas de orden legal, hay medidas cautelares de ‘no innovar’. Hay que gestionar ante los juzgados respectivos la autorización y además requiere implementarlo con garantías para todas las partes, trabajando un equipo de la Universidad de la República, junto con un equipo de antropología forense de Argentina. Ese proceso ha dado comienzo”, puntualizó el Dr. Fernández. Al igual que lo afirmó la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti (ver Informe Uruguay182), Fernández indicó que "el Ejército no mostró ningún reparo, ninguna de las Fuerzas ha mostrado reparos y están de acuerdo todos los Ctes., en dar vuelta la página y esclarecer definitivamente este asunto". Interrogado respecto a cómo trabajará el Ejército para aportar la información que el gobierno requiera, Fernández dijo: "Todavía no está diseñado el mecanismo por el cual colaborará". Esta semana, el gobierno envió el escrito al Juez Juan Carlos Fernández del Juzgado Penal de Primer Turno, para obtener la autorización de ingreso a las unidades militares –Batallón de Ingenieros Nº13 y Batallón de Infantería Aerotransportada Nº14- donde se han encontraron evidencias de posibles enterramientos clandestinos. La fiscal Mirtha Guianze, pidió que toda "evidencia" que surja de las prospecciones que se realicen en el predio militar puedan ser luego admitidas por la sede penal como "prueba", e incorporadas como tales, en el expediente que ha investigado el secuestro y homicidio en 1976 de la militante anarquista Elena Quinteros, por el cual fue procesado el entonces Canciller Dr. Juan Carlos Blanco. Por su parte el Jefe de la División IV de Ejército, Gral. Manuel Saavedra negó que existieran tensiones dentro de su fuerza por esta iniciativa, y afirmó que el Ejército colaborará con las investigaciones que tiendan a hacer cumplir el Art. 4° de la Ley de Caducidad. Dicha ley ordena investigar pero no permite juzgar a los militares o policías responsables de crímenes con móviles políticos durante la dictadura cívico militar. Por otro lado, voceros de los clubes sociales militares, que incluyen a oficiales retirados que participaron en las “acciones de lucha antisubversiva” expresaron a Búsqueda que entre ellos "Existe gran preocupación por los reiterados mensajes que ha dado el gobierno sobre la Ley de Caducidad".
(ver El País Sección NACIONAL, 05/03/05 y 08/03/05. El Observador Sección URUGUAY 05/03/05, 08/03/05 y 11/03/05. La República Sección POLITICA 05/03/05, 08/03/05 y 11/03/05. El Búsqueda Sección POLÍTICA 10-03-05)

6. Construcción de nueva base en el Congo
Un millar de soldados uruguayos que están al servicio de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, acaban de realizar un nuevo despliegue. Se trata de una concentración del Batallón Uruguay IV en la capital, Kinshasa, y de su constitución como reserva de la fuerza de mantenimiento de la paz en ese país. Fue un cambio importante para los uruguayos, la cual están abocados casi 1.600 efectivos, que representan aproximadamente el 10% del total de miembros del Ejército Nacional. Para concentrarse en la capital congoleña fue preciso hacer un gigantesco traslado tanto de personal como de materiales. Ahora están dedicados a la construcción de la nueva base, que incluye alojamientos, comedor, lavandería, oficinas, instalación eléctrica y sanitaria y caminos internos, elementos estos que hasta ahora habían escaseado en anteriores emplazamientos. El mes próximo se producirá un relevo en el Batallón Uruguay IV y para la salida de los efectivos se precisará la autorización parlamentaria correspondiente del nuevo gobierno.
( Ver en El Observador Sección TRIBUNA 10/03/05)

7. 150 empresas uruguayas proveen materiales a Misiones de ONU.
Alrededor de 150 empresas uruguayas, incluidas las estatales, abastecen regularmente de servicios, materiales y equipos para Misiones de apoyo a Naciones Unidas, según un estudio interno efectuado por el Comando General del Ejército. Los suministros de diverso tipo representan una "exportación sustantiva de producción y de mano de obra nacional", de acuerdo con el informe que abarca desde el año 1992 ¬cuando se concretó la primera misión Uruguay I a Camboya - a la fecha. Cada avión que parte con relevo, transporta un promedio de siete toneladas de productos del país. Los relevos ¬uno de los cuales se apresta a viajar a Haití el próximo fin de semana - se cumplen aproximadamente cada 9 meses. Las tropas uruguayas que viajan al exterior transportan su equipamiento bajo el sistema de "arriendo de equipo militar, con servicio de conservación", lo que implica que esos contingentes deben ser autosuficientes durante el cumplimiento de la misión, así como mantener su operatividad a lo largo del tiempo. El modo de adquisición de los distintos suministros se efectiviza a través de los mecanismos establecidos de compras del Estado. Según la nómina de empresas por rubros: 6 firmas han participado o participan como operadores logísticos en materia de transporte, 7 están relacionadas a empresas marítimas y portuarias, 2 (aeroportuaria), 9 (carpintería metálica e industria metalúrgica), 5 (talleres automotrices), 1 (raciones de combate), 6 (empresas de contenedores de carga seca y refrigerados), 11 (proveedores acreditados en el Uruguay de firmas internacionales de armamento, material de guerra y equipo militar), 12 (repuestos y accesorios de vehículos), 14 (proveedores diversos de alimentos y agua envasada) 36 (empresas farmacéuticas, laboratorios y equipos médicos), 8 (proveedores de herramientas, materiales de construcción y afines), 10 (proveedores de insumos eléctricos, electrónicos, informáticos y equipos de comunicaciones), 6 (proveedores de prendas de componentes de vestir, material de campamento y viaje e insumos de confección), 8 (materiales y útiles de oficinas) y 12 (materiales e insumos de higiene y limpieza). A estas firmas privadas, se agregan los servicios que prestan las estatales UTE, ANTEL, OSE, ANP y hasta el Banco de Seguros (asegurando al personal y equipos), junto con el transporte aéreo a través de PLUNA
( Ver en La República Sección POLÍTICA 10-03-05)

8. Ejército: Cdte. en Jefe Ordena Restitución de Todos los Cuadros
Luego de comunicarlo al Secretario de la Presidencia, el Cdte. en Jefe del Ejército Tte. Gral. Angel Bertolotti ordenó restituir las imágenes en las galerías de honor de todos los Oficiales que hayan estado al frente de Comandos de División, Brigadas o unidades y que habían sido retiradas durante el régimen militar. La razón de dicho retiro había sido la oposición de varios oficiales al régimen dictatorial cívico militar. En Julio de 2004, días antes del fallecimiento del co-fundador del Frente Amplio, Gral. (R) Liber Seregni, el Gral. Francisco Wins había repuesto ese retrato, adelantándose a la resolución institucional que en ese momento todavía no había sido ejecutada, y generando así fuertes polémicas al interior de la Fuerza. Sobre tal reposición, el Gral. Saavedra, Cdte. de la División IV de Ejército señaló que “Los que fueron Jefes, o los segundos Jefes o los Directores que cumplieron una función – más allá de la valoración que pueda tener cada uno – cumplieron con la historia y por lo tanto van a ocupar el lugar que le corresponde”.
(La República Sección POLÍTICA 8-03-05 y El País Sección NACIONAL 9-03-05)

9. Entrevista al Dr. Carlos Ramela
El matutino El Observador publica una entrevista al Dr. Carlos Ramela quien presidiera la hoy disuelta Comisión para la Paz, creada por el ex Presidente de la República, Dr. Jorge Batlle. Ramela recuerda que: ”el objetivo de esa Comisión fue averiguar el cómo, cuándo y dónde de las personas desaparecidas; el quién, se acordó, había que dejarlo a un lado. Y así se hizo durante tres años con buenos resultados que se hicieron públicos en el año 2003”. También puntualiza: “(...)sobre los 26 casos de desaparecidos que confirmó en Uruguay la Comisión para la Paz se entregó a los familiares un completo informe con el lugar de la muerte de esas personas, las circunstancias, la fecha en que fallecieron y las causas por las que murieron. Sobre los uruguayos desaparecidos en Argentina, se trabajó sobre 160 casos denunciados, pero se confirmaron total o parcialmente unos 80 o 90 casos(...)En el tema de los restos la Comisión(..)dio la información que había recibido de parte de fuentes militares.
Esos datos eran unánimes(...)Lo que en realidad faltó fue alguna prueba objetiva que permitiera corroborar las versiones coincidentes sobre los enterramientos y desenterramientos, la posterior cremación de los restos en hornos ilegales y que las cenizas fueron tiradas en una playa atrás del Cerro de Montevideo(...)Nadie duda de que hubo enterramientos y desenterramientos, que los cuerpos fueron quitados de los predios militares. Lo que no se pudo fue probar el detalle, cómo fueron los procedimientos, cómo fue la cremación de los cuerpos, que habrían sido exhumados hacia fines del año 1984, pero sí que el operativo ocurrió”.
(ver El Observador Sección URUGUAY 05/03/05)

10. 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.
El nuevo gobierno conmemoró el Día Internacional de la Mujer con anuncios de medidas tendientes a la igualdad de género, que aplicarán sus diferentes Ministerios. En el Ministerio de Defensa, su Ministra la Dra. Azucena Berrutti, ordenó que el personal femenino de su cartera cuente con el día libre. Por su parte, Oficiales del Ejército se manifestaron sorprendidos por la circular interna ordenada por la Ministra, según la cual el 8 de marzo, será feriado no laborable para las funcionarias de esa Secretaría de Estado. El 15% de los miembros del Ejército son mujeres, la mayoría de las cuales trabaja en tareas administrativas. Se estableció que cada Repartición regule el licenciamiento del personal femenino, para prevenir distorsiones.
(Ver en La República POLÌTICA 05/03/08 y en 08/03/05. El Observador Sección URUGUAY 05/03/05 y 08/03/05)

11. Familiares del “accidente” aeronaval del '71 pidieron documentos al MDN.
Un grupo de familiares de los ocho muertos y los 40 lesionados que arrojó el aún inexplicado "accidente" entre dos helicópteros de la Armada Nacional, el 14 de noviembre de 1971 en la Playa de Pocitos, pidieron el viernes al Ministerio de Defensa Nacional (MDN) que desclasifique los documentos "reservados" que obren en su poder. Los peticionantes solicitaron a la Ministra Berrutti que releve a los documentos pedidos el carácter de "reservado" que tuvieron hasta el momento. Estiman que entre los expedientes aparezca pericias que permitan explicar el accidente que ocasionó amputaciones. El accidente se produce cuando la Armada Nacional realizó una exhibición de buques, aeronaves y armamento para celebrar un nuevo aniversario de la creación de la fuerza de mar. Fueron utilizados dos helicópteros que, por razones nunca esclarecidas, entrechocaron luego de que uno de ellos quedara sin control. Los familiares peticionantes que buscan esclarecer los hechos tienen serias "dudas" respecto al contexto político de la época que, según versiones, permitió que la Armada Nacional trajera los dos helicópteros de Estados Unidos mediante "una compra directa" sin que, al parecer, se hiciera un correspondiente llamado a licitación. Los helicópteros, además, eran "desecho de guerra" para Estados Unidos, ya que habían sido utilizados en su guerra contra Vietnam.


No obstante, y de acuerdo a investigaciones de familiares de las 48 víctimas, el presunto "accidente" podría deberse a un sospechoso "defecto de fabricación" que habría sido detectado en su momento en el guinche que se pretendió usar para levantar el jeep. A pesar de las sospechas, la fuerza de mar mantuvo cerrado hermetismo.
(Ver en La República del 07/03/08, Sección Política)

12. Protocolo de investigación para los trabajos en unidades militares
El equipo de geo-arqueología de la Universidad de la República elabora un detallado protocolo de investigación que establezca las mayores garantías en sus trabajo, mientras el gobierno presenta una solicitud destinada a levantar la medida de “no innovar” que estableció la justicia en setiembre 2004 para los terrenos del Batallón de Ingenieros Nº13. Dicha resolución estaba destinada a impedir que trabajos de saneamiento de la ciudad de Montevideo que debían atravesar los terrenos de la unidad militar pudieran afectar las zonas donde se sospecha existen enterramientos clandestinos. Antes de iniciar las excavaciones, el Rectorado de la Universidad de la República deberá aprobar, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), un "Protocolo de Procedimiento" que garantice a civiles y militares la objetividad científica del trabajo. Entre otras normas del Protocolo aún en elaboración, se prevé que las excavaciones sean filmadas durante las 24 horas en presencia de un escribano público. Quienes participen deberán cambiar sus ropas al entrar y al salir del predio, donde sólo podrán utilizar un uniforme que, al estar sin uso, estará bajo custodia permanente. Similares medidas de seguridad se implementarán con todas las herramientas y la maquinaria que ingrese o egrese del terreno. "Nadie podrá colocar en las excavaciones un elemento extraño que no haya estado enterrado durante décadas. Para la arqueología es tan importante el elemento como el contexto, ya que el elemento se puede fabricar, pero no se puede fabricar el contexto que determina la validez del elemento", explicó un allegado al estudio. Por su parte, miembros del equipo de geo-arqueología de la UdelaR se manifestaron de acuerdo con compartir su trabajo con técnicos forenses argentinos “que ya tienen experiencia en esto trabajos”. Asimismo, señalaron que se tomarán todo el tiempo necesario para realizarlo, sin aceptar presiones de ningún tipo.
(ver La República Sección POLITICA, El Pais Sección NACIONAL y El Observador Sección URUGUAY 07/03/05, 08/03/05 y 09/03/05)

13. Plan Nacional de Derechos Humanos
Según La República, la flamante Presidenta de la Dirección de Derechos Humanos(DDDHH), Dra. María Elena Martínez, anunció ayer la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos que implicará particularmente los programas de educación y en el marco del cual se coordinarán acciones con otras dependencias del Estado. Al realizar el primer acto público de la DDDHH, que actúa en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura, con el lanzamiento del libro "Los Derechos Humanos de la Mujer", editado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Martínez definió el trabajo de la comisión que dirige como una articulación de políticas con todas las dependencias del nuevo gobierno. La jurista anunció que el Plan Nacional de Derechos Humanos implicará una coordinación con el Codicen(Consejo Directivo Centralde la Enseñanza) y los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional en la implementación de programas de estudio y abarcará desde los problemas de salud a la marginación social. Martínez también anunció la implementación de políticas de derechos humanos en la Administración pública, no sólo a nivel de funcionarios policiales, sino de todo el funcionariado el cual será capacitado en problemas de discriminación de género y equidad. Por otra parte, en su última edición, el Semanario Búsqueda dedica su contratapa a una entrevista con la Dra. María Elena Martínez. Allí, la Directora explicó que el Poder Ejecutivo se plantea enseñarla historia de "lo que ocurrió realmente" durante la dictadura militar (1973-1985) tanto en la enseñanza estatal, incluso en la formación de militares y policías, como en la privada. "Hay que enseñar la historia como fue verdaderamente y no decir que de tal año a tal año hay un desastre y no sabemos qué pasó", sostuvo Martínez. Precisó que (...)”éste es un tema transversal, no es un tema de este Ministerio sino que es un tema de todo el gobierno. Es una de las opciones básicas del nuevo gobierno. Tenemos que crear conciencia de que los Derechos Humanos son mucho más que muertos y presos. Eso es una consecuencia de la triste herencia del reciente pasado. Esto se cambia fundamentalmente con educación y por eso el primer punto de mi plan es la educación en Derechos Humanos y esto obviamente lo tenemos que trabajar con los responsables de la educación”. Aclaró también que “el plan va a tener que ser una base sobre la que se van a articular los programas porque nosotros no podemos trabajar en esto por la autonomía de los organismos de la educación. Lo que tenemos claro es que la educación en Derechos Humanos tiene que aplicarse en todos los niveles de la enseñanza”. Interrogado específicamente sobre la enseñanza militar aseguró”(...)creo que nuestro Ejército es muy culto. Tenemos que distinguir esos Jefes que quedaron muy sentidos, pero para abajo no es así. Yo no creo que haya problemas. Lo que pasa aquí es que a los militares los han tratado de poner como segregados del resto de la población y no es así, no tiene por qué”.
La República SECCION POLITICA 08/03/05 y Semanario Busqueda Sección CONTRATAPA 10/03/05)

14. Reparaciones a Perseguidos por la Dictadura Cívico Militar
De acuerdo con lo mencionado por el Presidente la República, Dr. Tabaré Vázquez durante su reciente asunción, el nuevo gobierno está trabajando sobre una norma que declara la ausencia forzada de las personas desaparecidas durante la dictadura militar y otra que establece reparaciones para sus familiares. El Subsecretario de Educación, Felipe Michelini, informó a El Observador que espera que el Poder Ejecutivo envíe rápidamente el proyecto que crea la figura jurídica de la ausencia forzada de los desaparecidos, que está bastante avanzado. Empero, sobre las reparaciones, afirmó que “está todo para conversar”, aunque admitió que pueden incluir a quienes padecieron el exilio. Señaló que esas reparaciones no necesariamente tienen que ser en dinero. Al respecto, el abogado integrante de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, Dr. Javier Miranda señaló que “Sería una ley que tienda a una reparación integral. (...) Tal vez se bajen los montos de la indemnización económica, pero se hagan otro tipo de prestaciones de parte del Estado, como en salud o reparaciones simbólicas”.
(El Observador Sección URUGUAY 8-03-05)

15. Asesor del Gobierno Brasileño se Reunirá con Ministros Uruguayos
Uno de los principales asesores del Presidente brasileño Luiz da Silva, Marco Aurelio García, se entrevistó esta semana con varios ministros uruguayos, entre ellos la Ministra de Defensa Nacional, Dra. Azucena Berrutti. En dichas reuniones, García analizó temas vinculados a las relaciones comerciales entre ambos países, el transporte, obras de infraestructura, las posibilidades de acceder a líneas especiales de financiamiento, el proceso de integración regional y la eventual aceptación de Cuba como Estado asociado al MERCOSUR, la posibilidad del retorno del Banco do Brasil a la plaza financiera uruguaya, la situación energética y la conformación del anillo energético y la lucha contra la pobreza.
(El País Sección NACIONAL 09-03-05)

16. Militares y Potabilizadoras Uruguayas a Sudán
El Ejército Nacional prevé enviar en unos tres meses cuatro o cinco Observadores Militares a Sudán como parte de la Misión de Paz que Naciones Unidas (ONU) desplegará en ese país africano, según informaron ayer a El Observador fuentes castrenses. También se mandarán seis UPA (Usina Potabilizadora de Agua) que necesitarán de la preparación y el despliegue de unos 100 efectivos entre Ingenieros y Personal Subalterno, agregaron los informantes. La ONU ofreció al Ejército Nacional participar con un contingente, pero dado el elevado despliegue actual de cascos azules uruguayos (más de 2.500), se consideró apropiado colaborar en primera instancia con Observadores y Personal Técnico para el manejo de las potabilizadoras de agua.
(El Observador Sección URUGUAY 9-03-05)

17. Se reactiva el Caso Michelini-Gutiérrez
La justicia argentina enviará hoy al Juez Roberto Timbal pruebas que pueden ser decisivas para la causa penal por las muertes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.
El matutino El País, citando fuentes judiciales, informa que el Juez argentino Rodolfo Canicoba Corral remitirá al magistrado uruguayo pruebas que demuestran que los pasaportes de los legisladores uruguayos fueron retenidos por orden del gobierno de Montevideo. Una vez que sea agregada esa información al expediente que fue pedido por la Fiscal Mirtha Guianze, se procederá a citar a las personas vinculadas. Por otra parte, se está buscando la forma de traducir los archivos desclasificados del gobierno de Estados Unidos sin que implique un costo para el Poder Judicial. En total los archivos ocupan unas tres mil fojas pero Uruguay sólo está mencionado en algunos párrafos que se traducirán. Por otra parte, fuentes políticas señalaron a El País que si bien las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército no pondrían obstáculos para que el Ejecutivo investigue qué ocurrió con los detenidos desaparecidos y dónde fueron enterrados, las eventuales citaciones a militares a la Justicia tanto por este caso como por el de Gelman generarían resistencia. Por otra parte, el Presidente de la República, Dr. Tabaré Vazquez había afirmado que el caso de los legisladores Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini no está comprendido en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, porque los asesinatos ocurrieron en Argentina. En su discurso central del 1º de marzo pasado, Vázquez afirmó que entre las prioridades de su gobierno estará cumplir con el artículo 4º de la Ley de Caducidad que determina que el Poder Ejecutivo es el encargado de investigar los hechos vinculados a los detenidos desaparecidos, precisando además que la norma no contempla la desaparición de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, por entender que la muerte de María Claudia García fue un acto "criminal". "Que quede claro que para nosotros no entran en la Ley de Caducidad" ninguno de estos dos casos, dijo enfáticamente el mandatario en una entrevista realizada por el periodista argentino Jorge Lanata y emitida por TV Canal 12 de Montevideo. Con esa afirmación, el Presidente marcó distancia de lo que hasta ahora había sido el discurso oficial en el tema.
(ver El País Sección NACIONAL 10/03/05)

18. Aterrizaje riesgoso de avión “Hércules” e incendio en la zona de arribos
Dos inusuales episodios ocurridos en la mañana de ayer activaron el alerta en el Aeropuerto de Carrasco. El primero de los casos, fue un principio de incendio registrado en el área de arribos que generó un estado de pánico entre los pasajeros que esperaban en la fila el momento de tomar el vuelo. La rápida acción de los bomberos, permitió apagar las llamas, que amenazaban con extenderse hacia otros sectores. Según los peritos de bomberos, el origen del siniestro fue un cortocircuito en la instalación eléctrica de un local comercial. Casi al mediodía y cuando ya el calor de las llamas había sido prácticamente olvidado, la torre de control recibió una llamada desde el avión Hércules de la Fuerza Aérea, informando que tenía el motor derecho averiado y que debería realizar una peligrosa maniobra para aterrizar. Otra vez el cuerpo de bomberos se formó sobre la pista, pero esta vez para prevenir cualquier desastre que podría ocasionar la impresionante aeronave militar. Inmediatamente se elevó un alerta de seguridad a categoría dos, y fue despejada la pista de aterrizaje principal y la de emergencia. En ninguno de los dos incidentes ocurridos en la agitada mañana de ayer en el Aeropuerto de Carrasco se registraron heridos.
(Ver en La República del 11/03/05, Sección JUSTICIA, pág.15)

19. Opinión: Entre la Virtud y el Curro
El Dr. Carlos Ramela, ex integrante de la Comisión para la Paz y secretario del ex Presidente de la Repùblica, Dr. Jorge Batlle (Partido Colorado), cuestiona el tratamiento que algunos miembros del nuevo gobierno del Encuentro Progresista-Frente Amplio estàn dando al tema de las violaciones a los DDHH durante la pasada dictadura cìvico militar. Advierte que el tema se presta para lo que entiende es la bùsqueda de réditos ilegítimos por parte de actores políticos: “Esa comprobación no impide que mucho se pueda y deba hacer en esta materia. No sólo porque el país necesita encontrar la forma de dejar atrás uno de los capítulos más negros de su historia, sino además, fundamentalmente, porque nunca será demasiado lo que se pueda hacer para mitigar el dolor de las familias de las víctimas. Por esas razones, bienvenida sea toda iniciativa que pretenda sumar en el camino correcto, a condición de que respete, íntegramente, la letra, esencia y espíritu de la Ley de Caducidad”. Y culmina: “...la designación del actual Secretario de la Presidencia para dirigir las nuevas tareas otorga tranquilidad y certeza. No sólo porque Fernández conoce del tema y como integrante de la Comisión para la Paz sabe lo que es posible y lo que no, lo que es leyenda y lo que es verdad, lo que se obtuvo y cómo se obtuvo y hasta dónde es posible avanzar, sino porque se trata de una persona con sobradas credenciales morales, que siempre encaró y trató esta materia con la sensibilidad que corresponde. No está tan claro, sin embargo, el discurso que al respecto tiene el Presidente Vázquez. En más de una oportunidad, lamentablemente, ha parecido inclinado a seguir los pasos de (el Presidente argentino Néstor) Kirchner y a hacer política con la causa, hablando sin la certeza, ponderación y objetividad que el tema requiere”.
(El Observador Sección TRIBUNA 11-03-05)

20. Documento oficial compromete la situación de Blanco y Bordaberry
Una copia de un expediente de la autoridad de Migraciones de la República Argentina, que ya obra en poder del Juez Penal de 11º Turno uruguayo, Roberto Timbal, revela que el Canciller de la dictadura civil y militar, Dr. Juan Carlos Blanco, ordenó invalidar el pasaporte de Zelmar Michelini, y que el entonces Presidente de facto Juan María Bordaberry supo de una requisitoria contra Héctor Gutiérrez Ruiz. Ambos trámites fueron concretados en 1976, días antes de que los dos legisladores uruguayos fueron secuestrados, torturados y asesinados en Buenos Aires por efectivos militares uruguayos y argentinos. Sin pasaporte, Michelini no pudo viajar a Estados Unidos donde iba a denunciar ante el Senador Edward Kennedy las violaciones a los Derechos Humanos que había cometido el gobierno de Bordaberry. La requisitoria obstaculizó también los movimientos de Gutiérrez Ruiz. El Juez Timbal espera ahora una "copia certificada" del mismo documento que está incorporado al expediente judicial que por ese caso también sigue en Argentina el Juez Federal argentino Guillermo Montenegro.
(La República Sección POLÍTICA 11-03-05)

21. Gobierno, FFAA y Derechos Humanos
El periodista Samuel Blixen realiza esta semana una extensa lectura del impulso que han tomado las investigaciones de algunos crímenes cometidos por fuerzas de seguridad uruguayas durante la dictadura cívico militar, y las reacciones que ello despierta en sectores políticos y de las FFAA. A continuación se reproduce parcialmente la nota. “Los cortesanos civiles de los dictadores -; políticos, periodistas, Abogados, magistrados-; están tan habituados a la genuflexión que ni siquiera advierten los cambios de humores: la comandancia del Ejército y el Generalato ven con buenos ojos la decisión de (el Presidente de la República, Dr). Tabaré Vázquez de impulsar la investigación sobre los desaparecidos. El Tte. Gral. Ángel Bertolotti coincidió, en conversaciones previas con el entonces Presidente electo, en la necesidad de resolver el problema que cuestiona a la institución desde hace treinta años. Aunque según (el matutino) Últimas Noticias algunos Generales interpretaron como un “balde de agua fría” los anuncios de Vázquez, y efectuaron llamados telefónicos a oficiales retirados para “ponerse a las órdenes”, tales trascendidos contrastan con las afirmaciones explícitas de otros Generales, como el Jefe de la División IV, Manuel Saavedra, quien no sólo descartó que exista tensión en el Ejército, sino que ratificó el compromiso de realizar los máximos esfuerzos para cumplir con el artículo 4”. Según Blixen “El punto de inflexión en este nuevo esquema de la solución del “problema” de los Derechos Humanos radica en los casos de Michelini-Gutiérrez Ruiz y de la nuera del poeta Juan Gelman, María Claudia García de Gelman. Vázquez afirmó en su discurso del 1 de marzo -; y reiteró en una entrevista al periodista Jorge Lanata que se emite hoy, viernes, por Canal 12 -; que los tres asesinatos (en realidad cinco, porque junto con los dos legisladores fueron ejecutados William Whitelaw y Rosario Barredo) no están amparados por la Ley de Caducidad: el caso de los dos legisladores, porque ocurrió en Buenos Aires; y el de María Claudia, porque fue un acto “criminal”, es decir, un asesinato con la finalidad de robar una recién nacida. Ello implica que los dos casos pueden ser ventilados en la justicia, que eventualmente puede condenar a los criminales, aunque éstos sean Oficiales y Personal Subalterno del Ejército”.
(Semanario Brecha 11-03-05)

 

 

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