24 de marzo de 1976: un genuino golpe
cívico militar que nadie quiere escribir

Marzo de 2005

 

Las reflexiones de Samuel E. Finer están en línea metodológica con las de Curzio Malaparte, seudónimo de Sukert y contrafigura irónica de Bonaparte quien analizó la técnica de los golpes de Estado, tanto fascista como comunista, en verdad leninista. S.E. escribió, en 1962, uno de los textos básicos de todo estudio sobre golpes de Estado: 'The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics'. Existe una 2da. edición ampliada, editada en 1975 por Peregrine Books y en 1976 por Penguin Books. También una edición de 1988 por Westview Press.
La lectura de Finer permite algunas reflexiones sobre qué ocurrió en la Argentina hasta el 24 de marzo de 1976, y los golpes de Estado latinoamericanos en general. Veamos sus reflexiones que desmitifican tanto a la derecha ingenua como a la izquierda que intenta convertir el fracaso político del golpe en la cimiente genuina de la partidocracia surgida en 1983 como si tratara de tesis antagónicamente enfrentadas y la participación civil hubiera sido inexistente.


La expresión golpe de Estado (coup d’État), tuvo sus orígenes en el siglo 17 en Francia, durante la monarquía absoluta y desde allí se extendió a otros países, manteniendo un significado bastante preciso hasta comienzos del siglo 19.

Tal concepto formaba parte de la teoría de la razón de Estado y la expresión golpe de Estado se usaba para referirse a ciertas medidas extraordinarias y violentas, que el poder público (el monarca o su ministro de confianza) tomaba en forma sorpresiva e inesperada, sin respetar el derecho común ni la legislación ordinaria y violando la moral tradicional, cuando consideraba que tales medidas eran necesarias por existir amenazas a la seguridad del Estado o por el bien o la utilidad pública que de ellas se derivarían.

Se debe subrayar que, en sus orígenes, los golpes de Estado no tienen por objeto, como sí ocurrirá posteriormente, la sustitución de quien ocupa el gobierno, pues era éste, precisamente, quien sería el autor de tales medidas: eran un instrumento del que se valía el gobernante para desembarazarse de sus enemigos o, en general, de cualquier obstáculo al ejercicio de su poder.

De modo que los llamados autogolpes, de moda luego en América latina, representan una recuperación de ese significado original.

Gran parte de ese significado se conserva con el advenimiento del moderno Estado constitucional: el golpe de Estado sigue siendo obra del gobernante, pero ahora, cuando existe la división de poderes, el autor es el Ejecutivo.

El pretexto para darlo continúa siendo el resguardo de la seguridad del Estado o el bien y utilidad pública.

La forma será un cambio violento de la Constitución, especialmente violando la división de poderes, de modo que el Ejecutivo va a desconocer y se va a apropiar de las facultades que el texto constitucional atribuía al Legislativo.

Pero, como se verá cada vez más claro a medida que transcurre el siglo 19, será sobre todo una parte escogida del Ejecutivo, las fuerzas armadas, las que estarán en posición ideal para practicar con éxito tales golpes, desplazando al gobierno civil y sustituyéndolo por otro militar.

La expresión golpe de Estado se va a asociar preferentemente con la acción de los militares que se apoderan del gobierno o que prestan su apoyo a quien ocupa el Ejecutivo para asumir, violentado la Constitución, poderes que esta no le otorga.

La aparición de la Técnica del Golpe de Estado (1931) de Curzio Malaparte, marca una nueva etapa en el desarrollo del concepto.

Ahora se reconoce que también pueden ser autores del golpe de Estado personas o grupos que, aunque no pertenecen al aparato estatal (pues pueden provenir de la oposición, como es el caso de los comunistas, los fascistas y los nazis), se apoderan del gobierno, mediante una acción audaz, repentina y mediante el empleo de una técnica que se caracteriza por el uso de la sorpresa y que reduce al mínimo el tamaño y la intensidad de la confrontación armada.

Esta última característica permite diferenciar radicalmente el golpe de Estado, tanto de la guerra civil como de la insurrección revolucionaria.

Hoy en día la locución golpe de Estado, se ha convertido en un expresión genérica que se usa para referirse a cualquiera de los métodos ilegales para sustituir a un gobierno, mediante el uso o la amenaza de la violencia y que son distintos de la guerra civil y de la revolución.

De acuerdo a un modelo ideal, las fuerzas armadas nunca tendrían que intervenir en política, pues deberían comportarse como instrumentos fieles y obedientes al gobierno civil, al que estarían subordinadas completa e incondicionalmente.

La violación extrema y más flagrante de esa norma ideal ocurre con el típico golpe de Estado, en que las fuerzas armadas intervienen abierta y violentamente, derrocando al gobierno civil y estableciendo en su lugar un gobierno militar.

Se trata de los típicos golpes de Estado. Pero frecuentemente los modos de intervención de los militares en la política son latentes e indirectos y su nivel de intervención no llega a suplantar en todas las ocasiones al poder civil (Sauel E. Finer, 1964).

De modo que sin llegar al golpe de Estado extremo y típico, hay una amplia variedad de posibles intervenciones militares ilegítimas.

Finer ha distinguido 4 niveles de intervención de los militares en la política, de los cuales solo el primero puede considerarse como legal y legítimo, en una democracia constitucional y que van subiendo en magnitud hasta culminar en el golpe de Estado propiamente dicho.

> El primer nivel de intervención es la presión, a través de la cual los militares tratan de influir en la política que debe adoptar el Estado.

No existe ningún país en el que los militares sean totalmente pasivos en esa materia, pues al igual que los otros sectores de la burocracia estatal participan en la elaboración de las políticas que les conciernen dando su opinión y colaborado con la elaboración de diversos proyectos y propuestas.

De modo que, incluso en los países más democráticos y con tradiciones de gobiernos civiles plenamente consolidados, los militares tratan de 'presionar' para que se adopten las políticas que corresponden a sus preferencias, usando para ello argumentos basados en la razón o mediante llamamientos a las emociones.

Lo cual es perfectamente constitucional y legal, siempre que se haga a través de los procedimientos y canales regulares y con pleno sometimiento a la autoridad civil, que es a la que, en definitiva, corresponde tomar la decisión.

> En un segundo nivel de intervención, es posible que los militares acompañen sus proposiciones y consejos con amenazas de una sanción al gobierno civil, en caso de no ser complacidos.

Así se traspasa el límite de las presiones legítimas y se ingresa en el terreno ilegítimo de la extorsión o del chantaje. Es difícil establecer el limite preciso entre lo legal y lo ilegal, entre la advertencia y la amenaza, entre la presión lícita y la extorsión ilegítima, especialmente cuando muchas amenazas pueden ser tácitas o indirectas pero, pese a las dificultades, sin duda tal límite existe.

Finer ha señalado la extensa variedad de actos de los militares frente al gobierno, que pueden incluir acciones tales como la amenaza de dimitir o de retirarle el apoyo; el anuncio público de su desacuerdo; la crítica pública; el rehusarse a ejecutar sus órdenes; y la amenaza de levantarse en armas.

Y cualquiera que haya examinado las actuaciones y declaraciones públicas de muchos de los altos militares venezolanos el día 11 de abril, podrá elaborar un catálogo difícilmente superable en variedad y riqueza, que traspasa frecuentemente los límites de la presión legítima para caer en el chantaje o la extorsión.

En todo caso, cuando la extorsión sistemática tiene éxito, las fuerzas armadas pueden estar gobernando en forma oculta, sin necesidad de desplazar al gobernante, por lo que podríamos hablar de un golpe de Estado tácito.

> El tercer nivel de intervención se da cuando las fuerzas armadas, mediante la violencia o la amenaza de la violencia, desplazan a un gobierno civil para sustituirlo por otro gobierno también civil.

Un ejemplo reciente de este nivel de intervención fue la captura y privación de libertad del presidente venezolano Hugo Chávez Frías, seguida de la instauración del gobierno interino del empresario Pedro Carmona.

> El cuarto nivel de intervención, se produce cuando los militares, mediante el uso o la amenaza de la violencia, suplantan al gobierno civil para sustituirlo por otro militar.

Se trata de la forma de intervención más difícil de justificar, y por eso se procura sustituir al gobierno civil derrocado con una junta cívico-militar.

En la Argentina
El 24 de marzo de 1976, la intervención civil en el golpe militar resultó importante. En las dos líneas principales 'pro-golpe' que tenía el Ejército Argentino para aquella oportunidad, existían civiles.

Por ejemplo, en el eje 'jacobino' o 'duro' de Luciano Benjamín Menéndez-Ramón Genaro Díaz Bessone, se aglutinaban Carlos Dietl y Armando Braun Menéndez, entre otros. Y tenían una extraordinaria influencia sobre esos militares.

En el eje 'blando' de Jorge Rafael Videla-Roberto Eduardo Viola, se enrolaron José Alfredo Martínez de Hoz, Juan Alemann, Alfredo Fortabat, Luis María Otero Monsegur, Guillermo Walter Klein y otros (aunque más tarde Viola iría girando hacia una posición bastante diferente que concluyó en la antítesis ideológica de estos, con la designación de Lorenzo Sigaut, Jorge Aguado, Carlos García Martínez y Guillermo Livio Kühl en su gabinete inicial).

Por supuesto que existió el apoyo de los altos dignatarios de la Iglesia Católica Argentina y de varios gobiernos extranjeros, comenzando por el de los Estados Unidos, gobernado por el Partido Republicano y que tenía en Henry Kissinger un personaje gravitante, probablemente tanto como hoy día lo es Condoleezza Rice.

La situación político-económica-institucional argentina era insostenible, en parte por la impericia de María Estela Martínez de Perón y quienes la rodeaban (comenzando, por entonces, por los sindicalistas 'ortodoxos'), y por la incapacidad de Ricardo Balbín y los políticos opositores liderados por la Unión Cívica Radical para hacerse del poder.

Podría identificarse un 3er. eje en la Armada Argentina, a través de Emilio Eduardo Massera, quien mantuvo una relación permanente con civiles y de los jefes militares del golpe fue el único que llegó a tener su propio partido político, llamado Democracia Social, suerte de neo-justicialismo que también reunió a gente vinculada al Movimiento de Integración y Desarrollo y otras agrupaciones que, paradójicamente, participaron del Frejuli (Frente Justicialista de Liberación) que ganó los comicios de 1973, y contra el que se dio el golpe de Estado de 1976.

Por lo tanto, afirmar que en la Argentina existió un golpe militar, es un error metodológico e histórico. En la Argentina existió un golpe cívico-militar que fue apoyado por bolsones importantes, y probablemente mayoritarios de la opinión pública.

Existen 2 datos importantes: la popularidad que llegó a tener Videla en determinados períodos de su gestión 'de facto'; y la escasa popularidad de las organizaciones armadas, ya fuese Montoneros o Ejército Revolucionario del Pueblo.

Uno de los mayores errores de los militares, en todo caso, fue el desprecio de la opinión pública, al punto de no utilizar ese favoritismo que habían logrado, para darle un cauce legal a su represión del terrorismo. Esto hubiese afianza el Estado de Derecho, indispensable para edificar una República moderna.

En cambio, tan soberbios como ignorantes de los conceptos esenciales de la política -a la que habían ingresado por decisión propia, de lo contrario tendrían que haber convocado a elecciones de inmediato-, los militares aprovecharon su acceso al poder para romper todas las reglas, lo que terminaron pagando sus propias instituciones castrenses.

La regla más importante que transgredieron fue la que dice (Finer lo explica desde el inicio de su ensayo) que los militares son incapaces para la gestión o administración de un Estado. Esto ha seguido ratificándose desde la Alemania ocupada tras la 2da. Guerra Mundial hasta Irak.

En cambio, imaginaron que el único conflicto a resolver sería el de la seguridad. En teoría, el resto de las actividades las delegarían en los civiles que los acompañaban. Pero, a poco de comenzar el gobierno y coincidiendo con su decisión de permanecer por largo tiempo, sin calendario, irrumpieron puntos de vista diferentes entre los militares acerca del rumbo elegido por los civiles.

Resulta curioso que, hasta ahora, la sociedad argentina no ha provocado un trabajo de investigación importante sobre el golpe de Estado de 1976, existiendo solamente las historias escritas por quienes estuvieron del lado del terrorismo, que intentan honrar la memoria de sus mártires o héroes, o algún ensayo de quien procura explicar lo injustificable: que el Estado apele a la ilegalidad para proteger la legalidad del Estado.

Las academias nacionales de Historia y de Economía mucho podrían hacer para ayudar a la reconstrucción histórica, y sin embargo se encuentran atónitas o peligrosamente silenciosas frente al desafío que les propone la coyuntura. Mucho podrían aportar equipos multidisciplinarios de académicos que, con algún desapasionamiento, podrían reconstruir los acontecimientos.

Lamentablemente Néstor Kirchner nada ha aportado a esto. Su torpe demagogia es llamativa por el insulto a la memoria de lo ocurrido, y que dejó en evidencia el ex jefe montonero, Mario Eduardo Firmenich, cuando recordó que Kirchner estuvo en la Juventud Peronista Lealtad, que respondía a María Estela Martínez de Perón y José López Rega, pero no a la que él dice que perteneció.

Así, Kirchner y la mayoría de los jefes justicialistas ocultan su verdadero rol no sólo en las jornadas previas y durante el golpe de Estado sino después.

Por lo tanto, no está en claro qué es lo que recuerda la sociedad argentina el 24 de marzo de cada año. Incapaz de explicar su historia y hasta de apelar a su propia memoria, prefiere vivir envuelta en mentiras, una forma poco honorable de morir.


Golpes de Estado, poder y cambio político

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