Narcogate 3: la diputada radical Stobilzer apunta contra el vértice del gobierno

Marzo de 2005


En declaraciones a la agencia NOVA la diputada nacional, Margarita Stolbizer analiza las responsabilidades que le corresponden a cada uno de los actores políticos en el mayor escándalo que afronta el gobierno de Néstor Kirchner. La intervención de la diputada no es casual si se tiene en cuenta el reciente triunfo del radicalismo en una provincia tradicionalmente peronista y a la vez las versiones que indican que la llamada transversalidad de la derecha –hoy entorpecida por las vacilaciones de Macri y López Murphy podría resolverse con una remozada Hora del Pueblo. Un pacto programático entre radicales, neoconservadores y peronistas enfrentados al desmanejo del esperpento nacional que quiso ser la llamada transversalidad.


En esencia la maniobra apunta tanto contra el movimientismo de la presidencia, ya debilitado y cada vez con menos piketeros activos - las subvenciones no los movilizan, por el contrario, los desmotivan -  como contra el arcaico seudo progresismo de sectores medio nacionales que finalizan sistemáticamente comprometidos en causas exogenas y poco importantes para el país real. Se trataría de recrear por derecha la Alianza de 1999 pero buscando consensos en torno a acuerdos programáticos de forma similar a los que Perón y Balbín forjaron en los años iniciativos de la restauración democrática en el país.


Que el gobierno haya querido minimizar el problema del narcogate con una purga aérea impensable e irresponsable y que al mismo tiempo haya lanzado a su alfil ideológico, Horacio Verbitsky para lanzar vitriolo contra los católicos y como remate el presidente haya atacado al periodismo internacional demuestra el autismo de la estructura de poder comprometida con el escándalo. Al mismo tiempo se sabe que se han dado instrucciones a la embajada argentina en Washington para negociar aceleradamente la radarización aceptando la oferta americana frente a la europea como forma de compensación que –según los estereotipos locales – aflojaría la presión americana sobre el esperpento.


Se trata de otro rasgo de ingenuidad gubernamental. Trafico de drogas, terrorismo y gobiernos poco confiables se encuentran en la mira de la administración Bush que apunta a consolidar triunfos geopolíticos o de extensión de influencia similares a los desarrollados por Teodoro Roosevelt, tal vez el verdadero inspirador histórico de la administración republicana. Además tanto los americanos como sectores argentinos esclarecidos saben que el escándalo de Ezeiza tapa el verdadero suministro de droga que entra en containers simplemente por el puerto de la Ciudad de Buenos Aires.


Pero veamos lo que dice la diputada que constituye-en esencia-las razones de los radicales.


STOBILZER.
Lo primero que hay que hacer es deslindar todo lo referente a la investigación penal del delito de contrabando de droga, que corre por cuenta de la justicia federal, que no deberá dejar ninguna relación sin investigar para dilucidar con precisión la naturaleza e implicaciones de un delito propio de organizaciones criminales muy extendidas dentro y fuera del país.

Dicho esto, corresponde al Congreso Nacional, analizar las responsabilidades políticas en torno al episodio que conmociona hoy al Gobierno y a los argentinos, aunque aquellos quieran hacer creer que no es así.

Esto quiere decir, las responsabilidades de los funcionarios que, con su conducta han creado condiciones objetivas para facilitar la comisión de aquel delito. O bien, aquellos que, teniendo a su cargo la tarea de control, no han cumplido eficazmente su cometido.

El caso toca tan de cerca al Gobierno porque la operatoria empresaria no le podía ser ajena, ya que la empresa Southern Winds está asociada con el Estado a través de un Convenio de Cooperación Empresaria entre aquélla y LAFSA, la empresa estatal de aeronavegación, virtual, a través de la cual el Gobierno transfiere recursos públicos a la privada SW.

La empresa hoy investigada por narcotráfico no podría volar si el Presidente no hubiera decidido que se le pagaran (reitero, con recursos del pueblo de la Nación), el combustible y los salarios de los empleados: aproximadamente $ 7,5 millones por mes, o sea, $ 90.000.000 al año.

Esa transferencia de recursos se hace por medio de Lafsa, cuyo directorio está integrado por una persona muy allegada al Ministro De Vido, por el consuegro del Ministro Roberto Lavagna y por el hermano del Vicepresidente Daniel Scioli.

Cuando el 17 de septiembre del año pasado, las valijas conteniendo casi 60kg de cocaína y con una etiqueta que decía “Embajada Argentina en España” llegaron al Aeropuerto de Madrid, la Guardia Civil española comunicó el episodio a dicha Embajada, a la Policía Federal y a la SIDE. Sin embargo, ninguno de los funcionarios destinatarios de la información reparó en la importancia de la misma y entonces nadie tomó medida alguna. Recién fueron tomadas cuando el escándalo se desató en la primera página del Diario La Nación.

Entre octubre y noviembre el Congreso Nacional debatió el Presupuesto. Los funcionarios más encumbrados del Gobierno desfilaron entonces para insistir sobre el mantenimiento del subsidio del Estado a Southern Winds y ocultaron que la empresa estaba siendo investigada por el delito de contrabando de droga, lo que era ampliamente conocido para ellos.

Sin embargo, el subsidio no es la única demostración del tratamiento preferencial recibido por la empresa investigada. También había sido beneficiada en la adjudicación de rutas aéreas, en la excepción de la obligación de renovar flota de aviones, y especialmente en el tratamiento que se le daba en el Aeropuerto de Ezeiza, ya que SW podía sacar valijas sin pasajeros porque así también algunos funcionarios como el Secretario de Turismo enviaba documentación a España en esas aeronaves.

El secretario de Transporte tienen la obligación legal (Ley de Ministerios) y por el Convenio de empresas, de fiscalizar toda la operatoria de ambas. No hay duda que no cumplió.

Está objetivamente claro que el Gobierno ha disimulado u ocultado todo este enredo que lo vincula y compromete a varios de sus funcionarios. Por eso buscó la espectacularidad de un título que dijera “Descabezamiento de brigadieres”. Parecía estar haciendo algo y cortaba el hilo por lo más delgado. Ha sido preocupante ver al Presidente mentir para decir que la empresa era solo privada y que el Gobierno nada tiene que ver. Si él ha tenido que salir es porque las responsabilidades políticas llegan demasiado alto y los funcionarios “tocados” son de su más estrecho círculo.

Por todo esto es que se hace imprescindible que comparezca el Jefe de Gabinete, Alberto Fernández frente al Congreso de la Nación a dar explicaciones. Las que exige el art.100 de la Constitución Nacional que también ha depositado en su cabeza la jefatura de la administración central de la Nación. Y porque el escandaloso episodio toca a casi todos los ministerios del gabinete, no solo a alguno de ellos. Es cierto que hay responsabilidad de la Fuerza Aérea. Pero cualquier chico de escuela sabe que cualquier valija, paquete, bulto o persona que pasa por un Aeropuerto debe ser controlado por la Aduana. Y de ésta nada se ha dicho. Está involucrado el Ministerio de Relaciones Exteriores, el de Infraestructura, el de Interior, el de Economía. Y por supuesto, la SIDE y la Defensa.

Hemos presentado con diputados y senadores nacionales de la UCR una denuncia penal contra el Secretario de Transportes, Ricardo Jaime, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, art.248 del Código Penal; la que deberá hacerse extensiva a todos aquellos que aparezcan finalmente involucrados luego de la investigación judicial que solicitamos.

Este episodio por supuesto, reviste gravedad institucional por la inexplicable desidia del Gobierno que recién ha tomado medidas 5 meses después cuando la prensa lo puso en conocimiento público. Pero es especialmente grave porque el contrabando era droga.

No es suficiente reconocer la vulnerabilidad de los controles. Argentina tiene muchas deudas también por falta de políticas de prevención y por la falta de controles frente al financiamiento de organizaciones criminales y el lavado de dinero.

Se ha tocado la credibilidad social de una comunidad que necesita volver a creer en sus representantes.

Por eso también es necesario que el Presidente aclare en qué concepto ha incluido en la rendición de los gastos de campaña, los viajes realizados dentro y fuera del país en aviones de SW, si éstos fueron pagados, con qué recursos y por quién; o si han sido un aporte privado a la campaña electoral. En cualquier caso, está establecido con certeza que había una relación preexistente entre algunos funcionarios y la empresa investigada.

Queda mucho todavía por analizar, por explicar.

El gobierno tiene la palabra. Pero debe decir la verdad.


 

 

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