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NARCOGATE 4 :CENTRO PARA LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA (cont)
Marzo de 2005
Acuerdo Lafsa-SW
A mediados de 2003 la situación financiera de SW tal como ya fuera descrito y en virtud de los que surge de los estados contables, se hizo
insostenible y, ante la inminencia del cese de sus operaciones, apareció la
asociación “estratégica” con la recién creada LAFSA (7), promovida , entre
otros por el Secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime.
A mediados de 2003, el Presidente de la Nación Kirchner tomó la
decisión política de no dejar caer a SW. Esta determinación, se plasmó en el
Acuerdo de Cooperación Empresaria –el cual detallaremos más adelante-.
Ahora bien, la citada decisión política intentó ser disimulada en un
cúmulo de declaraciones que resaltaban la sana –y supuesta-preocupación
del gobierno acerca del mantenimiento de las fuentes de trabajo de las ex
DINAR y LAPA y la intención de evitar un monopolio en el mercado interno
de la aeronavegación.
En esa ocasión el Presidente de la Nación afirmó que “apostamos a un
buen resultado; sabemos que los escépticos van a estar esperando que fracase,
pero nosotros estamos convencidos que la calidad empresaria y la calidad de los
trabajadores permitirá que esto pueda funcionar”. En la misma línea el Ministro
de Planificación, Julio De Vido sostuvo que “estamos asistiendo a un hecho
trascendente del transporte aéreo nacional que comienza a participar de
emprendimientos ya experimentados en otras partes del mundo, como son las
alianzas o acuerdos de cooperación empresaria como los de hoy, de los que hay
muchos en el mundo”.
Según reseñó el diario La Unión, “El Presidente aclaró que pese a los cuestionamientos a la decisión de subvencionar el combustible de Southern Winds
y los sueldos de los empleados de la ex LAPA y Dinar que incorpore, puedan
acarrearle, privilegia resolver el problema de 850 trabajadores y evitar el
monopolio en una actividad que requiere competencia”(8). Pero los hechos y el
contenido de los acuerdos demuestran que la asociación entre SW y LAFSA
era mucho más profunda de lo que se pretendía mostrar, y que excedía en
mucho el carácter de mero soporte al funcionamiento de SW. Para sostener
esta afirmación entremos al estudio del citado acuerdo.
El 3 de septiembre de 2003 se firmó el Acuerdo de Cooperación Empresaria
entre la Aerolínea estatal LAFSA y Southern Winds- ratificado por Resolución N°
191/03 de la Secretaría de Transporte a cargo de Ricardo Jaime y publicada en
el Boletín Oficial de la Nación el 30 de Setiembre de 2003, página 16-. Los puntos
salientes del acuerdo son dos: LAFSA se compromete a pagar el salario a 1000
empleados ex LAPA y DINAR, de los cuales 578 prestaban servicios en SW y 3,2 millones de pesos mensuales en combustible. Esta asociación –que es
un subsidio bastante poco encubierto- hizo posible que SW continuara
operando.
Ante esto, este equipo de investigación quiere resaltar que la propia
letra del acuerdo en su cláusula primera marca que el mismo va mucho más allá
de esto, al acordar las partes “poner en común sus esfuerzos respecto de la
explotación de servicios aéreos y propiciar la distribución de los ingresos
producidos por el mismo concertando los elementos operativos para mejorar sus
resultados mediante una labor conjunta que permita la retención de empleados y
la reincorporación de aquellos que dependen de la puesta en marcha de LAFSA”.(9)
(el subrayado es nuestro)
Aún más, en la cláusula séptima se crea un órgano de coordinación
entre ambas empresas, con un representante de SW, uno de LAFSA y un
miembro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, ejerciendo este último la presidencia de tal cuerpo.
Queda claro entonces, que ni el Ministro De Vido, ni el Secretario de
Transporte estaban en desconocimiento de la operatoria irregular en la que
estaba incursa la empresa pues tenían a su cargo la titularidad del órgano
encargado de coordinar la adopción de las decisiones comunes entre los
distintos participantes de ese acuerdo empresario.
Asimismo, el Jefe de Gabinete afirmó al Congreso de la Nación en su
Informe de Julio de 2004 que dicho acuerdo implicaba el compromiso de ”operar
conjuntamente con la totalidad de su flota".( en referencia a la de SW),
Como corolario de lo expuesto, podemos sostener, sin lugar a dudas que
estamos ante una asociación dónde una empresa de capital estatal firma un
acuerdo de cooperación con SW, a través del cual se compromete a desarrollar
una operación económica conjunta, tienen un organismo de coordinación en el
cual el representante del Ejecutivo ejerce la Presidencia, el Jefe de Gabinete
acepta este carácter conjunto que tiene la explotación y que cuenta además con
otros contratos comerciales referidos a locación de aeronaves, todo esto sostenido
con información oficial que citamos oportunamente.
Estos elementos evidenciarían que el Gobierno Nacional no podía
desconocer las particularidades y la situación en que SW se encontraba. La
asociación era tan estrecha que no parece aventurado afirmar que –más
cuando LAFSA no tenia aviones- existía una cuasi-identidad entre ambas
empresas. Miente el Gobierno Nacional cuando afirma desconocer lo que
ocurría en SW, y niega la realidad cuando busca deslindar la totalidad de la
responsabilidad en la firma privada.
De los organismos que tienen responsabilidad en el control aeroportuario
La Aduana y sus responsabilidades primarias
Entre las misiones y funciones principales de la Dirección General de
Aduanas encontramos la obligación de prevenir y reprimir el contrabando.
Es por ello, que la Ley 22.415 establece que a ese Organismo le compete el
control del ingreso y egreso de mercaderías.
Para ello, crea las Zonas Primarias Aduaneras, donde la Aduana tiene la
máxima autoridad en el movimiento de personas y mercaderías. El articulo 5 del
Código Aduanero es claro cuando la define como aquella parte del territorio
aduanero habilitada para la ejecución de operaciones aduaneras o afectadas al
control de las mismas, en el que rigen normas especiales para la circulación de
personas, el movimiento y disposición de mercaderías. En su enumeración,
encontramos a los aeropuertos y pasos fronterizos, que tal como surge de la
definición, se encuentran bajo la órbita y jurisdicción donde se debería
ejercer el poder de policía del referido Organismo.
Es por eso, que nada se puede hacer en dichas zonas sin la autorización de
la Aduana que, entre otros resortes institucionales, cuenta con el auxilio de la
fuerza pública.
En la reseña referida a la actuación de la Dirección General de Aduana, el
titular de la AFIP aseguró “ ...que en ese sector los objetivos son la administración
de riesgo, la utilización de tecnologías de control no intrusivas y empezar a
trabajar sobre los controles “ex post” y la mejora de infraestructura que es una
problemática específica de la Dirección Nacional de Aduana”(10).
Después de los atentados contra las Torres Gemelas el 11/09/01, EEUU
impuso una redefinición de la seguridad a nivel internacional . Esta redefinición
incluye la instalación de más escáneres. Los tres que existen en Ezeiza fueron
donados por AA2000 y el proyecto del ex titular de Aduana, José Sbatella de
importar más scanners o pedir que los construyan en la empresa de tecnología
INVAP – la misma que vendió un reactor de investigación nuclear a Australia- fue
suspendido por su sucesor Ricardo Echegaray.(11)
Esta tecnología indispensable para una efectiva seguridad en los
aeropuertos y vuelos, evitando entre otros aspectos el contrabando de drogas y el
transporte de explosivos, tiene un costo de $ 100.000.000 para su implementación
en todo el territorio de la República.
Téngase presente que en la Aduana se pueden realizar los controles en dos
momentos: El primero se desarrolla en línea primaria, es decir, ni bien llega a la
mercadería, y el segundo después de que fue al operador. En ese sentido, la
autoridad máxima de la AFIP indicó que “...si en línea primaria no somos ágiles
estamos deteniendo el flujo de entrada o salida de mercadería, pero si no
hacemos el control perdemos la oportunidad de detectar el problema...”.(12)
El concepto de administración de riesgo es fundamental en la
Aduana. Corresponde al Director General la administración del riesgo, ya
que no es lo mismo el tipo de mercadería que se va a incorporar ni el
momento en el cual ocurrirá.
Entonces, todas las problemáticas tienen que ser analizadas ya que definen
el riesgo y el canal por vienen o van las mercaderías.
En ese sentido Abad informó a los diputados”... hay que analizar 330.000
canales rojos y 220.000 canales naranjas, es decir, desde el control de la
documentación, apertura de los bultos o de los contenedores a control de la
documentación sola, y todo esto en función del riesgo que se estime que tenga la
operación en particular.”
Téngase presente que durante todo el 2003, en todo el territorio aduanero,
se realizaron solamente 223 procedimientos antidrogas. Las estadísticas
reflejaron durante los primeros cinco meses del 2004 se realizaron 97
procedimientos.
Ricardo Echegaray-Antecedentes
Ricardo Echegaray, es un hombre de confianza de Néstor Kirchner, es por
eso que en julio de 2004 ante las denuncias cruzadas entre el titular de la AFIP
Alberto Abad y del entonces Director Nacional de Aduanas José Sbatella, respecto
de la responsabilidad en una causa de contrabando, el presidente decide
desplazar al titular de la Aduana y reemplazarlo por Echegaray, quien hasta ese
momento se encontraba al frente de la Delegación Regional en Comodoro
Rivadavia.
Echegaray, llega al gobierno de Kirchner de la mano de Rudy Ulloa Igor , un
puntero político del Barrio El Carmen de la ciudad de Río Gallegos, que oficiaba
de Secretario privado cuando el Presidente era Gobernador de su provincia.
A pesar de sus orígenes humildes, Ulloa tenía a su nombre un importante
depósito bancario por más de U$S 1 millón en el Banco de Santa Cruz, que según
el mismo declaró pertenecería a Kirchner.
Para entender este esquema de relaciones hay que mencionar que Rudy
Ulloa fue uno de los armadores de la estructura partidaria del Frente Para la
Victoria en la Provincia de Santa Cruz. Cuentan las crónicas que en ese grupo
inicial militaban también Alicia Kirchner, su esposo Armando Mercado, y Carlos
Zannini, actual Secretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación.
Para construir las bases del poder territorial kirchnerista Rudy Ulloa Igor
armó en el barrio El Carmen una Cooperadora y empezó a distribuir planes
asistenciales que le enviaba Alicia Kirchner , siempre a cargo de la política social
en las distintas gestiones de su hermano.
En el mismo sentido, el 1° de agosto de 1997, en presencia de Kirchner, se
inauguró la FM comunitaria Estación del Carmen, que ocupó el 104.9 del dial.
La Opinión Austral informó el 2 de agosto del mismo año que la radio: “...trabajará
en la difusión de la importante barriada”. Se supone así, que desde el Estado
Provincial se habría facilitado la obtención de las autorizaciones correspondientes,
independientemente de la importante publicidad oficial.
No obstante esto, año y medio después, la 104.9 modificó su persona
jurídica comunitaria para pasar a control de una S. R. L, entre cuyos accionistas se
destacaba Ricardo Echegaray.
Una prueba de ello es el edicto publicado con fecha 8/02/01 donde se
informa que por escritura pública N° 242/00, Ricardo Echegaray casado con
Silvana Oviedo, transfiere la cuota de capital que le correspondiere de la
Estación Del Carmen S.R.L, en la irrisoria suma de $ 16.000. No obstante
esto, su esposa continuaría trabajando para la barriada El Carmen al frente
de la Fundación Ayudemos a Mamá dependiente del Centro Comunitario.
Entre los antecedentes laborales de Ricardo Echegaray encontramos que
ejerció la abogacía como asesor legal del Centro Comunitario. También asistió en
su defensa a Miguel López, director de un diario asociado a Ulloa denominado “El
Periódico”.
Entre sus actividades públicas su currículum da cuenta de su paso por el
Banco de la Provincia de Santa Cruz, en su etapa estatal, para posteriormente
incorporarse a la Aduana donde sus importantes y sucesivos ascensos fueron
contrarios a lo establecido en la carrera administrativa, avanzando varios cargos
sin concurso previo, sin evaluación de desempeño y sin la antigüedad necesaria .
Ingreso a la Aduana de Río Gallegos en el año 1991 como abogado, cumpliendo
tareas de guarda aduanero.
En agosto de 2003, es nombrado Administrador de la Aduana de Río
Gallegos sin evaluación ni propuesta de su superioridad inmediata. Su
nombramiento fue impulsado directamente por el Subdirector General de
Operaciones Aduaneras del Interior, personal de planta política en la Aduana.
En febrero de 2004, es designado Director Regional, teniendo bajo su
control todas las aduanas de la Región Patagónica, con sede en la ciudad de
Comodoro Rivadavia.
En agosto de 2004, es nombrado finalmente, Director General de la
Aduana, quedando bajo esta circunstancia con la responsabilidad del control
aduanero en todo el Territorio Nacional.
Con la llegada del presidente Kirchner al poder, la Dra. Carballal, titular por
concurso de la Dirección Regional de Comodoro Rivadavia, fue apartada de la
Dirección Regional para ubicar allí al Dr. Echegaray, quien a partir de su asunción
como titular de la Región, desmanteló la División de Investigaciones.
Como ya fuera denunciado por el equipo de investigación del ARI en su
informe sobre la Gestión de los Recursos Pesqueros, la Dra. Beatriz Carballal
había detectado una importante maniobra de contrabando que involucraba a la
firma CONARPESA. Esta investigación fue parcialmente desactivada al llegar
Echegaray a la Regional.
Contrario a lo esperable de un titular de uno de los Organismos de Control
más importante de la Argentina, el 4/05/04 en el diario Crónica de Chubut, y antes
de que finalice la investigación, sale en defensa de CONARPESA expresando que
“...no era culpa de las empresas sino de la falta de controles de la Aduana...”.
Finalmente, podemos agregar que Ricardo Echegaray fue nombrado
Director General de Aduanas teniendo una denuncia penal radicada en el
Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia en la que se lo investiga por
encubrimiento de contrabando(13).
La vinculación de la Aduana con el caso SW
Entre las misiones y funciones de la Dirección Nacional de Aduana, se
encuentra prevenir y reprimir los ilícitos aduaneros. Para ello, tiene entre sus
potestades el control de personas y mercaderías en las Zonas Primarias
Aduaneras, entre ellas, el aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Es por eso que en su estructura cuenta con la Policía Aduanera y otras
dependencias de investigaciones.
Que conforme surge de los dichos del gremio que nuclea al personal
aduanero la repartición ha sufrido un importante desmantelamiento, que limita el
cumplimiento de sus funciones.
El mismo Director General Ricardo Echegaray expone que “para practicar
controles en Ezeiza estamos (sic) pidiendo permanentemente permiso a
Aeropuertos Argentina 2000...no bastan las credenciales aduaneras(14). Esta
confesión del Director Nacional no hace más que confirmar la ineficacia de la
Aduana para prevenir y controlar el tráfico de drogas evitando o sancionando
maniobras de contrabando. Su ineficiencia al frente de ese Organismo de Control
queda demostrada al no ejercer debidamente las atribuciones de su cargo para
evitar el avasallamiento de un empresario poderoso e influyente.
Según lo dicho, le cabría como funcionario público y con anterioridad a esta
exposición mediática , apenas asumido en sus funciones, presentarse en la
justicia y denunciar lo que ahora y al solo efecto de exculparse pregona por los
medios.
No puede un funcionario de un gobierno con casi dos años en ejercicio de
funciones argumentar que “... creo que es la oportunidad para volver a
reestablecer el Estado presente en el control aeroportuario...". Esta situación
evidencia que el gobierno del Presidente Kirchner no controló el Aeropuerto
donde ingresan más del 25% (en monto) de las importaciones de
mercaderías del país, que hacen de éste la segunda Aduana en importancia y
una estación de alto riesgo, con las implicancias descritas “ut supra”.
Finalmente, recordemos que es el mismo funcionario quien reconoce
que durante el año 2004 la aduana realizó un solo control sobre los aviones
de la firma SW.(15)
Esta declaración del propio Echegaray resulta coincidente con lo
expresado por Joaquín Morales Solá cuando afirma “...Un tercer control más
aleatorio, el de la Aduana, no era riesgoso para los traficantes; ese
organismo no revisaba los vuelos de Southern Winds desde hacía mucho
tiempo.”(16)...
Por otra parte , los ciudadanos españoles detenidos en Cádiz durante el
mes de diciembre hicieron un segundo viaje a Argentina, luego del embarque del
mes de Setiembre , cuando ya había sido formulada la denuncia y tampoco fueron
detenidos por los controles aeroportuarios de Aduana.
Téngase presente que éste funcionario tanto en su gestión a cargo de la
aduana de Río Gallegos como en su función a cargo de la regional Patagonia, era
el máximo responsable de controlar el contrabando de droga en el Puerto de
Caleta Paula, situación ya denunciada por éste equipo de investigación en su
informe sobre gestión de recursos pesqueros y gestión de obra pública en la
provincia de Santa Cruz.
Por último el citado funcionario no puede desligarse tan fácilmente de las
responsabilidades del caso, ya que existen indicios firmes que la Aduana también
tenía conocimiento de los acontecimientos de Septiembre desde la segunda
quincena de Octubre de 2004, dado que consultado un importante funcionario
aduanero por la fiscal del caso este habría respondido que dicho organismo ya se
encontraba investigando el caso.
MINISTERIO DE DEFENSA - POLICIA AERONAUTICA NACIONAL (PAN). SU
RESPONSABILIDAD EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA
La Ley Nacional Nº 21.521 de creación de la PAN, que data del año 1977
establece, en su artículo 12 , que entre las funciones de ésta fuerza están:
· Vigilar y fiscalizar el aeroespacio.
· Vigilar el cumplimiento de las normas sobre zonas de actividad aérea
prohibida o restringida.
· Ejecutar los compromisos previstos por convenios internacionales en
materia de policía de la aeronavegación según las órdenes que
especialmente se le impartan.
· Ejercer las facultades previstas en relación con las aeronaves que infrinjan
las normas legales en vigencia.
· Vigilar y mantener la seguridad y el orden; prevenir, investigar y
reprimir la comisión de delitos y faltas, dentro de los ámbitos
territoriales referidos en los incisos 1) y 2) del artículo 4.
· Intervenir en la prevención y represión del apoderamiento de
aeronaves e interferencias ilícitas a la aviación civil.
· Prevenir y reprimir el contrabando con intervención de las autoridades
judiciales y administrativas competentes. · Controlar o verificar personas, aeronaves, tripulaciones y cosas
transportadas, en cuanto se refiera a seguridad.
· Vigilar el cumplimiento de las normas sobre marcas de nacionalidad y
matriculación en las aeronaves.
· Controlar el transporte, tenencia, portación o empleo de armas, explosivos
u otros elementos de peligro potencial, sensores, registros y demás objetos
que sean materia de reglamentaciones especiales.
· Instruir sumarios con intervención de juez competente y practicar las
diligencias necesarias para comprobar los hechos ocurridos, descubrir y
detener a sus autores y partícipes.
· Dar cumplimiento a mandatos judiciales.
· Evacuar informes y prestar la colaboración que las Fuerzas Armadas, otras
fuerzas de seguridad y autoridades policiales le requieran.
· Prestar, en cuanto se relacione con sus funciones específicas, el auxilio que
le requieran las autoridades competentes.
· Velar por el cumplimiento de las prescripciones legales vigentes y ejercer
las facultades que se acuerdan a la autoridad aeronáutica, sin perjuicio de
las atribuciones conferidas a otras competencias.
· Colaborar en la observación aérea de incendios de bosques, inundaciones
u otros siniestros, a solicitud de la autoridad competente.
· Colaborar en la búsqueda, asistencia y salvamento de aeronaves, como así
también en toda otra situación de emergencia.
Para los controles, Southern Winds tenía contratada una empresa privada
denominada TAS ( Top Air Security) S.R.L., encargada de operar los scanners,
por lo tanto, según la Fuerza Aérea, la responsabilidad por el tráfico de cocaína no
es suya sino de TAS y, obviamente, de SW.
Ahora bien, tal como surge del párrafo supra, la manipulación de dichos
aparatos fueron efectuadas por una privatizada, pero la intervención de la PAN
quedó demostrada en dicha operatoria cuando su titular admitió que sus hombres,
habitualmente, intervienen en dicho proceso.
A mayor abundamiento, podemos mencionar que los scanners identifican
las sustancias orgánicas –y la cocaína lo es–, por lo tanto, de haber funcionado los
sistemas la carga debió detectarse, emitiendo el dispositivo una especie de
alarma que hubiera alertado de la maniobra que se pretendía realizar.
Está claro entonces, que las valijas no pasaron por los scanners, o que los
scanners solo “aparentaban “ estar funcionando , o que de lo contrario hubo
“ayuda” para esquivar los controles.
Al decir de Página 12, el envío de cocaína a España demostró que:
- Es posible llenar valijas de drogas, explosivos o material bacteriológico y
subirlos a un avión, evadiendo todo control.
- Es posible introducir esas valijas a un avión sin que, además, pertenezcan
a un pasajero. Es decir que se trata de valijas sin dueño.
- Es posible que un terrorista entre a la Argentina y a los 32 días no quede
ningún rastro que sirva realmente para la investigación, salvo el formulario
de Migraciones con nombre falso. Se habrán perdido las imágenes de cómo
llegó al aeropuerto, en qué auto, quién lo acompañó, cuáles fueron los
cómplices que estuvieron con él.
- La historia oficial es que de todo esto tienen la culpa una serie de empresas
privadas, no los hombres de uniforme que deberían representar al Estado. En
verdad, esos hombres de uniforme no parecen estar allí para garantizar la
seguridad de los argentinos sino para cuidarle el negocio a esos privados
En la cadena de responsabilidades penales que el juez tiene que desentrañar,
una de las pistas principales que siguen los investigadores es la relación entre
Southern Winds, Aeropuertos Argentina 2000 y Top Air Security SRL.
Top Air Security S.R.L. CUIT N° 30-69532126-7 tiene como accionistas a
Santiago Adolfo Donda y Albert Alexandre Adem y su actividad principal son los
servicios de investigación y seguridad. Donda es hijo de Adolfo Miguel “Palito”
Donda Tigel. Capitán de fragata retirado, Donda Tigel estuvo procesado por 62
crímenes de lesa humanidad por sus tareas dentro de la patota de la Escuela de
Mecánica de la Armada y empleado de Alfredo Yabrán.
La responsabilidad de la Fuerza Aérea encuentra su fundamento en que
dicha Repartición, tiene jurisdicción sobre la seguridad en el aire, incluso cuando
se trata de vuelos no militares.
Notas:
(7) Decreto 1238/03 21/05/03- sólo 4 días antes que asumiera el presidente Kirchner- (8) Kirchner defendió la política de intervención estatal, en el Diario La Unión. 4 de septiembre de 2003.
(9) Clausula Primera del Acuerdo citado, Boletín Oficial de la Nación Nº 30245, pag. 17. (10) Versión taquigráfica 19/10/04-Comisión de Presupuesto-HCDN
(11) Diario Clarín-Suplemento Zona-pag.33 20/02/05
(12) Versión taquigráfica 19/10/04-Comisión de Presupuesto-HCDN (13) Expediente N° 6698/04-Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia
(14) Diario Crónica 18/02/05. Edición Nacional
(15) Clarín Domingo 20 de Febrero de 2005. (16) Diario La Nación 23/02/05 pág. 11
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