¿Monarquía absoluta o dictadura civil?

Abril de 2005

Por Bill O’Rites

 

Hace muchos años que nuestros gobiernos de todo signo y origen no vacilan en violar la constitución y las leyes para “preservar el bien común”, por “la crisis que vivimos”, por razones de “necesidad y urgencia”, para “preservar la democracia”, para “preservar la gobernabilidad”.

Pero cada vez más estamos gobernados por la politicocracia absoluta.

Uno de los puntales de las repúblicas modernas es la Constitución, que establece el contrato por el cual los ciudadanos le otorgan a los funcionarios (sus mandatarios, los que reciben un mandato, no los que los mandan, como lo interpretan torcidamente) su representación.

Otro fundamento de la república es el derecho. El respeto por Constitución y las leyes, de parte de ciudadanos y gobernantes, es primordial, porque sin seguridad jurídica nadie puede saber a que atenerse, y no se puede planear las actividades ni las inversiones.

Aún otro es a división de poderes. El ejecutivo administra y tiene la fuerza para hacer cumplir las leyes (cumpliéndolas él mismo) y nos representa internacionalmente. El legislativo, formado por representantes directos del pueblo, dicta las leyes que encarnan los valores de la República, y el poder judicial (y especialmente la Suprema Corte) verifica que tanto los ciudadanos como los funcionarios cumplen la ley. O eso me enseñaron en la escuela....

La Constitución y las leyes
Ningún ejemplo mejor para mostrar lo que ha pasado con la Constitución y las leyes que la pesificación.

La pesificación, que juega con “la fortuna de los argentinos”, ignora el orden legal en todos sus niveles:

• Viola la Constitución, que dice: “La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley...” (Art. 17).

• Cambia las condiciones libremente acordadas por las partes (el préstamo y devolución en una moneda específica, por ejemplo) de acuerdo a derecho en contratos privados, ignorando por lo tanto el Código Civil.

• Requiere la anulación con efecto retroactivo (¿como puede haber seguridad jurídica si las leyes que se dictan pueden desaparecer, como si no hubieran existido?) de la ley de intangibilidad de los depósitos (que por otra parte hubiera sido innecesaria en cualquier país civilizado) desconociendo elementales principios de derecho.

Y uno de los pecados de la “corte adicta”, por lo que los removieron, fue decir que la pesificación es inconstitucional. Lo es, mal que le pese a nuestro gobernantes. Pero, a quién le importan la Constitución y las leyes cuando está en juego la “gobernabilidad” y el “bien común”?

Por lo tanto, y como en una monarquía absoluta, en la práctica no existen ni la Constitución ni el Código Civil ni las leyes, sólo la voluntad de los gobernantes.


El Ejecutivo
Argentina es un país fuertemente presidencialista, pero esto se va acentuando con el tiempo.

El presidente actual gobierna sólo con el consejo de su círculo íntimo. Como aparentemente sería infalible, no usa a sus ministros (salvo a Lavagna, y a regañadientes), los que, como muñecos de ventrílocuo, sólo hablan con sus palabras (y aún así, son desmentidos, a veces groseramente, si lo que dijeron tienen repercusiones negativas). Y, aunque los nombró, porque debe hacerlo, no ha efectuado una sola reunión de gabinete en sus años de mandato.

Cuando una decisión empresaria no le gusta (Shell aumentó sus precios, lo que puede hacer legalmente) no sólo llama a un boicot (¿el presidente llama a un boicot?) sino que envía a sus mercenarios a tomar las estaciones de servicio (si bien el gobierno declaró que no dio esa orden, es sospechoso ver a supuestos opositores apoyando al gobierno contra el que dirigen sus protestas, especialmente por estar subvencionados por ese mismo gobierno).

Y como tuviese autoridad absoluta, nuestro presidente gobierna básicamente por “decretos de necesidad y urgencia”, los que sólo se deberían usar en caso de “necesidad y urgencia”, valga la perogrullada, y no como forma normal de gobernar. Además, tales decretos sólo serían validos si fueran posteriormente refrendados por el Congreso, pero la reglamentación para ese paso no se ha dictado (a más de 10 años de ser establecido por la Constitución) y duerme el sueño de la desesperanza en las manos de una comisión integrada, entre otros, por la esposa de quien los emite.

Y cuando no tiene recursos legales ni dudosamente legales para imponer su voluntad, recurre a la fuerza enviando su “guardia pretoriana”.

Una monarquía absoluta es gobernada por el Rey y la Reina, con la ayuda de unos pocos consejeros, y el apoyo de la guarda pretoriana. Y un rey emite proclamas

Desde luego, nadie puede expresar opiniones que disgusten al mandamás. Si alguien se atreve debe ser castigado, por sí mismo, como en el caso del Obispo Baseotto o a través de su marido, como en el caso de la señora María Cecilia Pando. Y ya que la Justicia no los puede castigar, porque lo que hicieron no es ilegal, el Presidente personalmente se encarga de hacerlo.

Los dictadores y los monarcas no toleran el disenso. Lo Presidentes deberían.


El legislativo
Todos sabemos que los miembros del Poder Legislativo, listas “sábana” mediante, no representan al pueblo, como dice la Constitución, sino a los dirigentes políticos de los que depende que integren esas listas. Hasta se discute descaradamente si las bancas son del legislador o del partido, es decir si el legislador puede votar en contra de las indicaciones del mandamás. En una República no habría dudas de que las bancas del congreso no son ni de unos ni de otros, sino que pertenecen, inalienablemente, a los ciudadanos representados por los legisladores, y los legisladores tienen la obligación ética y moral de votar de acuerdo a su conciencia y la voluntad de aquellos a los que deberían representar, no de acuerdo a las órdenes que reciban. Eso, si viviéramos en una república.

Pero vayamos a la realidad, aunque duela. Los representantes del partido gobernante votan lo que les mandan votar. Los legisladores de la oposición votan (también según sus órdenes) lo que les conviene políticamente (o, tal vez, personalmente, según permite sospechar el muy meneado y aún no aclarado caso de las ventas de votos). El bien del país y de los representados no parece pesar en las decisiones. Cuando el Ejecutivo se digna enviar al Congreso un proyecto de ley, en lugar de firmar un decreto, éste es votado afirmativamente por los legisladores de partido gobernante en masa y dócilmente, muchas veces sin siquiera discutirlo. ¿Quien le discute a su soberano?

Y eso incluye algunas leyes claramente inconstitucionales, como las de los “poderes extraordinarios”. La Constitución es clarísima al respecto. No hace falta (ni deja lugar para) una interpretación. La constitución dice, en su artículo 29, “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna”. Y finaliza en forma terminante: “Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria

Y los poderes que otorgó recientemente el Legislativo no son triviales. El jefe del gabinete tiene ahora el poder de modificar los destinos de las partidas presupuestarias, dejando al antojo del ejecutivo lo que en una república sería la “ley de leyes”, el presupuesto, la decisión estratégica de decidir en que se gasta o en qué se invierte, que es poder que el pueblo otorga en forma indelegable a sus representantes. Por lo tanto, deja en las manos del Ejecutivo el manejo de la fortuna de los argentinos.

En una monarquía, el Rey decide, y los cortesanos aprueban. No veo la diferencia.


La Corte Suprema y el Poder Judicial
De la misma forma que a los gobernantes con vocación absolutista les molestan los límites que les impone la Constitución, les molesta el poder encargado de hacérselos respetar. La Corte siempre fue molesta.

La Constitución, al establecer el mandato vitalicio de los jueces de la Corte, hace que éste órgano se renueve muy lentamente, haciendo difícil que un gobernante dado tenga la mayoría a su favor, favoreciendo el control ciudadano.

Una solución para esa molestia fue modificar la Constitución para poder aumentar la cantidad de jueces que la componían. Al aumentar su número de cinco a nueve, los mismos partidos y muchas de las mismas personas que nos gobiernan ahora permitieron al presidente Menem nombrar a cuatro miembros, todos simpatizantes, para, con un sólo voto más, tener a su favor la “mayoría automática” (era obvio, pero lo aceptaron)

Como la “mayoría automática” que interpretaba la Constitución a gusto del presidente peronista Menem no votó “automáticamente” a gusto del presidente peronista Kirchner, lo que hizo de la Corte nuevamente una molestia, era necesario reemplazarlos. Y se usó un mecanismo previsto por la Constitución, que infortunadamente no previó que el poder legislativo sería corrompido por las listas sábana, “las tarjetas Banelco” y el manejo discrecional de las bancas.

Se hizo juicio político a sus miembros, que fueron removidos, sin que la ciudadanía supiera realmente de que se los acusaba o porque se los condenó. Aparentemente, por no satisfacer al presidente con sus fallos (a pesar de que un juez no puede ser condenado por sus fallos, porque eso les quitaría la libertad de fallar. Pero ¿que le hace una mancha más al tigre?). Y curiosamente, fueron los mismos que en su momento los nombraron porque el presidente Menem lo ordenó, los que ahora los removieron por orden del presidente Kirchner.

Desde luego, de ahora en adelante la Corte ve a fallar lo que el presidente quiera, porque cualquier juez al que se le ocurriera disentir sabe que eso lo conducirá al juicio político, lo que automáticamente significará condena y remoción, con razón o sin ella. ¿Será que reemplazamos la “Corte adicta” con una “Corte genuflexa”?

Y desde luego, si eso le pasa a la Corte, ¿que podemos esperar de los jueces comunes?

En una monarquía, no existe algo como la Suprema Corte o una justicia independiente. En nuestra “República”, ¿existe?


Finalmente
Nos gobierna un presidente absoluto, que puede ignorar las leyes, que puede ordenar que deben votar los miembros del legislativo, que puede castigar al que lo disgusta, que puede usar la fuerza para hacer cumplir su voluntad y que, gracias a su “mayoría automática” en el Congreso, ha obtenido un poder indiscutible sobre la Corte Suprema y la Justicia.

No se respeta ni la Constitución, el orden jurídico, ni los derechos humanos establecidos en la Constitución. (Parece que violar algunos derechos es condenable, mientras que violar otros es legítimo. O tal vez depende de la razón para violarlos, o de quien los viola. El fin ¿justifica los medios?)

Y no hay, no puede haber, nada menos “necesario y urgente”, ninguna “crisis” mayor, nada que afecte tanto la “gobernabilidad”, o que perjudique más el “bien común” (sin mencionar, obviamente la “preservación de la democracia”) que retroceder 300 años al pisotear uno de los grandes avances de la humanidad, el estado de derecho.

Y me pregunto ¿cuanto más haría falta para pensar que en lugar de vivir en una República vivimos bajo una monarquía absoluta? ¿O deberíamos decir bajo una “dictadura civil”?


 

 

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