Malvinas: ¿donde estaban los embajadores?

Mayo de 2005

Escribe Maria Cristina Montenegro

Un nuevo retroceso en materia de política exterior pone de manifiesto la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Aristóteles hubiera encontrado un buen ejemplo para aplicar a los criterios de verdad - falsedad en lo que basaba no sólo las cuestiones del conocimiento sino, y fundamentalmente, las cuestiones de ética.

Siglos más tarde, a este tipo de incoherencias, por supuesto no voluntarias sino patológicas, se dio el nombre de esquizofrenia. Pero, pensándolo bien, pueden surgir otros fundamentos más pedestres: una retorcida manera de ocultar tras los discursos, porque la palabra también sirve para mentir, otros espurios intereses. En general aquellos “ poco recomendables” de expresar en el terreno demagógico del marketing político. Pero, a la postre, en este mundo de las comunicaciones y de la globalización: todo se sabe.

A un año de la creación de la Carta Magna Europea, en pleno proceso de referéndum para su entrada en vigor, alguien dio la voz de alerta y los medios se encargaron de ponerlo en estado público: las Malvinas son parte del territorio de ultramar de Gran Bretaña y, por extensión, de la Comunidad Europea.

El ARTÍCULO IV-440 dice textualmente
Ámbito de aplicación territorial
1. El presente Tratado se aplica al Reino de Bélgica, a la República Checa, al Reino de
Dinamarca, a la República Federal de Alemania, a la República de Estonia, a la República Helénica, al Reino de España, a la República Francesa, a Irlanda, a la República Italiana, a la República de Chipre, a la República de Letonia, a la República de Lituania, al Gran Ducado de Luxemburgo, a la República de Hungría, a la República de Malta, al Reino de los Países Bajos, a la República de Austria, a la República de Polonia, a la República Portuguesa, a la República de Eslovenia, a la República Eslovaca, a la República de Finlandia, al Reino de Suecia y al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
2. El presente Tratado se aplica a Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, la Reunión, las Azores, Madeira y las Islas Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo III-424.
3. Los países y territorios de ultramar cuya lista figura en el Anexo II están sometidos al régimen especial de asociación definido en el Título IV de la Parte III.
El presente Tratado no se aplica a los países y territorios de ultramar que mantengan relaciones particulares con el Re ino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que no figuren en la citada lista.
4. El presente Tratado se aplica a los territorios europeos cuyas relaciones exteriores asuma un Estado miembro.
5. El presente Tratado se aplica a las Islas Åland con las excepciones que figuraban inicialmente en el Tratado mencionado en la letra d) del apartado 2 del artículo IV-437 y que se recogen en el Protocolo sobre los Tratados y las Actas de adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; de la República Helénica; del Reino de España y de la República Portuguesa, y de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia.
6. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 5:
a) el presente Tratado no se aplica a las Islas Feroe;
b) el presente Tratado se aplica a Akrotiri y Dhekelia, zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre, tan sólo en la medida necesaria para garantizar la aplicación del régimen establecido inicialmente en el Protocolo relativo a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Chipre, anexo al Acta de adhesión que forma parte integrante del Tratado mencionado en la letra e) del apartado 2 del artículo IV-437, y que se recoge en el Título III de la Parte II del Protocolo sobre el Tratado y el Acta de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca; c) el presente Tratado se aplica a las Islas del Canal y a la Isla de Man tan sólo en la medida necesaria para garantizar la aplicación del régimen establecido inicialmente para dichas islas en el Tratado mencionado en la letra a) del apartado 2 del artículo IV-437, y que se recoge en la Sección 3 del Título II del Protocolo sobre los Tratados y las Actas de adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; de la República Helénica; del Reino de España y de la República Portuguesa, y de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia.
7. El Consejo Europeo, por iniciativa del Estado miembro de que se trate, podrá adoptar una decisión europea que modifique el estatuto respecto de la Unión de alguno de los países o territorios daneses, franceses o neerlandeses a que se refieren los apartados 2 y 3. El Consejo Europeo se pronunciará por unanimidad, previa consulta a la Comisión.
Protocolos y Anexos
Los Protocolos y Anexos del presente Tratado forman parte integrante del mismo.


Por su parte, en el Anexo Nro. II se lee:

ANEXO II
PAÍSES Y TERRITORIOS DE ULTRAMAR
A LOS QUE SE APLICARÁN LAS DISPOSICIONES
DEL TÍTULO IV DE LA PARTE III DE LA CONSTITUCIÓN
Groenlandia,
Nueva Caledonia y sus dependencias,
Polinesia francesa,
tierras australes y antárticas francesas,
islas Wallis y Futuna,
Mayotte,
San Pedro y Miquelón,
Aruba,
Antillas neerlandesas:
Bonaire,
Curaçao,
Saba,
San Eustaquio,
San Martín,
Anguila,
islas Caimán,
islas Malvinas (Falkland),
Georgia del Sur e islas Sandwich del Sur,

Montserrat,
Pitcairn,
Santa Elena y sus dependencias,
territorio antártico británico,
territorios británicos del Océano Índico,
islas Turcas y Caicos,
islas Vírgenes británicas,
Bermudas.


Indudablemente los territorios en disputa de soberanía, tal como lo entiende las dos Resoluciones de Naciones Unidas sobre descolonización, y específicamente, sobre usurpación territorial, han quedado de hecho incorporados a la Unión Europea como parte de las posesiones coloniales del Reino Unido. A esto se agrega la porción antártica en disputa con Argentina

La inestabilidad permanente, que los europeos no quieren, saben o les interesa poner fin en materia de reclamos territoriales tras doscientos años de descolonización, tiene en el Atlántico Sur un nombre. Evidentemente no bastó una guerra para mensurar la magnitud que tiene para la ciudadanía de este país la Cuestión Malvinas.

La solución definitiva y en orden a los principios de justicia al que tan adscriptos se han declarado los gobiernos progresistas de Europa Occidental, es el único camino civilizado para superar el conflicto. Esos principios avalan la postura argentina en su constante reivindicación de los territorios soberanos, recordarlos y defenderlos es el imperativo constitucional de los gobiernos.

La Doctrina Utti Possidetis Juris

La mayoría de las experiencias de descolonización durante los 200 años anteriores, ha dado motivo a múltiples investigaciones académicas sobre la construcción de principios jurídicos valiosos para la estabilidad del sistema internacional.

Si se revisa la literatura referida a las consecuencias económicas, políticas, sociales de la descolonización o a las diferentes formas que adquirió el legado colonial, según la metrópoli o la región en la que se focalice el análisis, se podrá inferir los tipos de conflictos post coloniales ocurridos en América, Asia y África. A diferencia de los dos últimos, el proceso de descolonización desarrollado en el Siglo XIX, en América del Sur, desde 1810, y en América Central, desde 1821, no tienen las mismas características. Esto se debe, creemos, al principio en el que se basó la construcción de los estados nacionales.

El principio que sustentó la independencia de los países americanos es el de utti possidetis juris, construcción legal y legitima que se incorporará a los principios jurídicos del derecho internacional. Aunque existieron y aún subsisten diferencias fronterizas entre los países americanos, la mayoría por indefiniciones administrativas de tiempos hispánicos, a no dudar este principio fue fundamental para la estabilidad del sistema interamericano.

Pero, existe en América un conflicto territorial desde hace más de 170 años que amenaza la estabilidad del Sur Continente. Este conflicto tiene raíces en dos cuestiones fundamentales de orden histórico- jurídico:
a) la violación del principio de utti possidetis juris, que es base del sistema de estabilidad post colonial
b) la continuidad de la usurpación territorial, por medio de la fuerza, de una nación extracontinental.

Respecto del primer punto, la doctrina del utti possidetis juri sostiene que las viejas fronteras administrativas coloniales se transforman en fronteras internacionales cuando los estados logran su independencia. Numerosos autores angloparlantes han trabajado sobre el particular [1]

Este principio proviene de la antigua jurisprudencia romana que sostenía “uti possidetis, ita possideatis,” . Este hecho de poseer lo que poseía no sólo principio para las ex colonias españolas de América, sino que se aplicaron a las fronteras con Brasil, ex colonia lusitana.

Por otra parte, bajo este principio, aceptado como norma internacional, no había posibilidades de reclamar, en América, territorios terra nullius o estos ser reclamados por estados extraregionales.

La Corte Internacional de Justicia le dio relevancia a este principio cuando en 1986, en el caso Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali), lo invoca para resolver la cuestión en disputa de la frontera entre Mali y Burkina Faso, que formaban parte del sistema colonial francés.

En el juicio sobre el caso de la Frontera en Disputa, la CJI sostiene que debe atenerse al principio legal de uti possidetis juris en tanto principio de derecho internacional público. En el mismo texto agrega que el objetivo del principio es mantener la estabilidad e independencia de los nuevos estados evitando, de esta manera, las luchas fratricidas provocadas por el desafío de las fronteras heredadas de la administración anterior. Además, señala, este principio deberá ser aplicado a cualquier situación de descolonización.

Respecto del segundo punto: la usurpación con el uso de la fuerza de territorio argentino. Es necesario recordar que Naciones Unidas fue un escenario central en la reivindicación de los derechos soberanos sobre el Archipiélago.


Sorteada la negativa de la URSS para la incorporación argentina al seno de la ONU, la reclamación de Argentina por la soberanía en Malvinas ha sido una constante frente a Gran Bretaña.

En 1960 se aprueba la Resolución 1514 (XV) “ Declaración sobre la concesión de la Independencia a los países y pueblos coloniales”. Esta Resolución se convierte en un hito dentro del proceso de descolonización y se establece que anualmente se evaluará la marcha de concesión de Independencia en cumplimiento de la Resolución a aquellos territorios que se hallaban bajo tutela delas potencias coloniales. Es en ese ámbito donde Argentina tiene la oportunidad de plantear el problema de soberanía en Malvinas.

Pero la cuestión argentina no era similar al del resto de las colonias puesto que allí existía una población autóctona que deseaba su autodeterminación. Caso diferente al enclave sudamericano donde el hecho había surgido de una lisa y llana usurpación con repoblamiento foráneo.

Esta situación fue presentada mientras era Canciller el doctor Zavala Ortiz, en 1964. Los objetivos argentinos fueron:
a) obtener el restablecimiento de la unidad territorial argentina mediante el reconocimiento de la soberanía ( de acuerdo con Resol. 1514)
b) oponerse a todo intento de sugerir la autodeterminación de los colonias ingleses. Gran Bretaña y los kelpers podían sugerir la independencia.
c) Conseguir que el Subcomité III del Comité Especial recomendase alguna resolución para encaminarse al primer objetivo. [2]
Al carecer Malvinas de población propia no podía establecerse el principio de autodeterminación. Es decir no había otra posibilidad que hablar de integridad territorial.

El relator del Subcomité III elaboró el informe por el que se insta a Argentina y Gran Bretaña a resolver el `problema de la soberanía. Esa fue la carta magistralmente jugada por Argentina con el acompañamiento de varios países de América que se coronó con la Resolución 2065 (XX), de 1965, primera Resolución de Naciones Unidas referida específicamente a la cuestión Malvinas.

Teniendo en cuenta la existencia de disputa entre los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte acerca de la soberanía sobre dichas islas,
I. invita a los gobiernos de Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales a fin de encontrar una solución pacifica al problema, teniendo debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Resolución 1514 ( XV) de la Asamblea General, así como los intereses de la población de las Islas Malvinas ( Falkland Islands);

La usurpación territorial ha sido debidamente receptada por Naciones Unidas, esto ha permitido centrar la cuestión en el tema de la soberanía, instando a las partes a resolverla. En concordancia con esto no es pertinente hablar de autodeterminación ni, como lo establece la Resolución, de los deseos de las habitantes.

La actividad diplomática, que amerita la situación y corresponde a una Nación civilizada, será poner en conocimiento de la Unión Europea de los antecedentes correspondientes a la cuestión Malvinas y reclamar en Naciones Unidas la revisión de la Carta de la Unión Europea para buscar enmendar el error.

La lección que nos deja esta situación es de orden práctico y debiera responder a la siguiente pregunta: Cuántos embajadores argentinos hay en la Comunidad Europea, cuántos funcionarios de distintos niveles hay en Cancillería ?. Ninguno de los Sres. leyó la Constitución de la Comunidad Europea para darse cuenta que había algo que nos involucraba de semejante manera.

Hace doce meses que la Carta Magna Europea ha sido publicada, estando ya en proceso de referéndum nacionales para su ratificación, el gobierno argentino toma nota recién ahora de esa situación?. Es cierto que el eufemismo de “ se esta trabajando por los carrilles discretos de la diplomacia” es un vago intento justificatorio del los Sres. de Cancillería. La verdad que tal respuesta es increíble y ofende a la ciudadanía.

Nuevamente: que los otros hagan lo suyo en consecución de sus intereses es lo corriente, que nosotros no hagamos lo nuestro en la misma dirección es lo reprochable. Me pregunto: de quien será la culpa? Seguramente el mundo se ensaña con nosotros, somos sus victimas... lamentable manera de intentar ser un país en serio e insertarnos en el mundo.

Afectos al espíritu de campanario y a los “ negocios” aldeanos en las maneras de ver la política exterior hemos retrocedido décadas en el aprecio de propios y extraños. Sólo tiene conciencia de la defensa nacional quien cree que tiene algo valioso que defender, no con discursos altisonantes sino en la prudente y constante tarea cotidiana de conservar lo propio, munidos de conciencia y conocimiento de la realidad nacional e internacional, sabiendo distinguir lo estratégico de lo coyuntural. Sabiendo, en definitiva, que de lo que se trata es de intereses nacionales que nos son los de una sino de todas las generaciones pasadas y presentes que mantienen para sí el sentido de pertenencia a la Nación Argentina.
 

[1] Garner 1999: 1544; Brownlie 1998: 133, Malanczuk 1997: 162-163, Prescott 1987: 105-106, Ratner 1996; Shaw 1997: 216

[2] Ver Archibaldo Lanus: De Chapultepec al Beagle

 

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