¿UN MOTÍN A BORDO ORQUESTADO POR RAUL ALFONSIN?

Mayo 2005
por Pablo Tesoriere


El capitán de fragata Antonio Pernías, detenido por orden del juez federal Sergio Torres, a cargo de la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la ESMA, mencionó por primera vez la negociación política que habría tenido lugar durante el gobierno de Raúl Alfonsín para que unos pocos oficiales subalternos de la Armada fueran seleccionados para afrontar los juicios por los excesos cometidos en ese destino militar.
Raúl Alfonsín se convirtió, en estos días, en vocero del presidente Néstor Kirchner tras su viaje a la asunción del Papa Benedicto XVI y, en silencio, aguarda que la Corte Suprema dé por tierra con su creación: las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. La novedad, que salió a la luz a partir de una declaración ampliatoria realizada ante el juez Torres la semana pasada, pone en jaque la credibilidad de la política de Raúl Alfonsín y de la conducción naval de entonces en un proceso histórico que fue el juicio a los responsables de violaciones a los derechos humanos.


Pieza clave
En aquel momento, el mando naval lo ejercía el almirante Ramón Arosa. Sin embargo, de acuerdo con los dichos de Pernías, confirmados en una carta (agregada en la declaración) que dirigió a la cúpula naval otro marino detenido, el capitán de navío Raúl Scheller, la pieza clave en la negociación con el entonces ministro de Defensa de Alfonsín, Raúl Borrás, fue el titular del organismo de inteligencia naval en 1985, vicealmirante Argimiro Fernández.


En ese manuscrito, se revela que el criterio seguido para armar la primera lista de quienes debían responder por los cargos delictivos era que «comparecerán ante la justicia aquellos que hubiesen sido reconocidos por el enemigo». Se señala al almirante Fernández como uno de los artífices de la maniobra con el radicalismo para absolver de responsabilidad a autoridades de la Armada de aquel tiempo mientras quedaban reducidos a un grupo de oficiales subalternos los implicados en los juicios.


Reunión
La declaración detalla una reunión entre Pernías, Scheller y el almirante Fernández en la que éste menciona que el gobierno radical quería inicialmente condenar a un grupo aproximado de 70 oficiales y que, después de todo, habían sido finalmente 10 o 12 los implicados. El ministro de Defensa, Borrás, le requería insistentemente que mandase oficiales a declarar. En otro punto de la declaración ampliatoria de Pernías, el juez Torres tiene una fracción de la historia sobre la promulgación de las leyes del perdón de Alfonsín. El relato corresponde al mencionado almirante Fernández, quien reconoce ante Pernías y Scheller que ambas leyes habían sido estudiadas previamente por el gobierno de Alfonsín y que el levantamiento de Aldo Rico había sido innecesario. Y Fernández se compromete ante los dos oficiales navales a obtener un pronunciamiento de Raúl Alfonsín y de Horacio Jaunarena en el que expresen la verdadera voluntad de promulgar las leyes.


Luego de su gestión en el Servicio de Inteligencia Naval, Argimiro Fernández pasó a desempeñarse como asesor del director de la Central de Inteligencia Nacional (CNI), que estaba a cargo del alfonsinista Ricardo Natale. También era miembro de la Fundación Illia, y su simpatía por el radicalismo lo proyectó como asesor en la Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación en el gobierno de Fernando de la Rúa.
 

 

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