QUÉ HACER CON LA OMC PARA QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO DE LOS PAÍSES POBRES

Mayo de 2005

Por Federico Steinberg (*)

Tema: Este análisis evalúa las diferentes propuestas de reforma que se plantean para la Organización Mundial del Comercio desde la perspectiva de los países en vías de desarrollo.


Resumen: Con motivo del décimo aniversario de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un grupo de ocho especialistas en política comercial ha elaborado un informe que lleva como título “El futuro de la OMC. Una respuesta a los desafíos institucionales del nuevo milenio.” Este artículo evalúa algunas de las propuestas del informe. En particular se centra en el papel de la OMC como institución de gobernanza económica global y en los retos y oportunidades que la liberalización comercial multilateral supone para los países en vías de desarrollo.


Análisis: Desde su creación en 1995, la OMC se ha convertido en un constante foco de atención para la opinión pública internacional. Para sus defensores representa el modelo de la cooperación económica internacional porque establece un sistema de reglas de obligado cumplimiento que permiten liberalizar el comercio de bienes y servicios, promoviendo así el crecimiento y el desarrollo. Afirman que la imparcialidad de su organismo de solución de diferencias sumada a su sistema de toma de decisiones por consenso evita que los países más influyentes puedan imponerse sobre los más débiles (a diferencia de lo que ocurre en el FMI), la presentan como el paradigma del multilateralismo y aseguran que es la institución idónea para regular la globalización económica.

 

Sin embargo, sus detractores la ven como una institución peligrosa, que funciona de modo antidemocrático, representa los intereses de las empresas multinacionales, restringe la soberanía de los Estados, sobre-regula los mercados, destruye empleos, deteriora el medio ambiente y aumenta la pobreza y la desigualdad.


Es poco habitual que una organización internacional despierte opiniones tan enfrentadas. La única excepción son las instituciones de Bretton Woods, el FMI y el Banco Mundial. La OMC está recibiendo tanta atención porque además de regular uno de los elementos clave de la globalización económica (los flujos comerciales), es una institución joven que, al contrario de lo que sucede con los ya consolidados organismos de Bretton Woods, muy posiblemente experimentará importantes reformas en los próximos años.

 

La OMC todavía está buscando asentarse en el entramado institucional internacional, así como ganar legitimidad ante la opinión pública mediante la negociación de acuerdos equilibrados que mejoren el bienestar de los ciudadanos de todos sus Estados miembros, especialmente los más pobres. Recordemos que desde su creación la OMC no ha logrado concluir ningún gran acuerdo comercial y ha sufrido importantes reveses, especialmente en sus reuniones de Seattle en 1999 y Cancún en 2003. En muchos aspectos, la organización todavía no ha sido capaz de definir qué rumbo quiere tomar.

 

Debe decidir si continúa fomentando la armonización regulatoria en aspectos vinculados al comercio (como ha hecho con la propiedad intelectual y podría hacer con la política de competencia o de inversiones) o si da marcha atrás y elimina estos temas de su agenda. También necesita revisar su mecanismo de toma de decisiones para no quedar condenada al inmovilismo ahora que su número de Estados miembros se acerca a los 150. Asimismo, tiene que valorar si sus acuerdos realmente contribuyen al desarrollo de los países menos adelantados y evaluar si el sistema de solución de diferencias está funcionando de forma efectiva.
Anticipando estas futuras reformas, muchas de las cuales se están tratando en la actual ronda de liberalización comercial (la Ronda Doha), los distintos Estados, así como los nuevos actores no estatales del sistema económico internacional (empresas multinacionales y organizaciones no gubernamentales), intentan que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta.

 

En este contexto, el director general de la OMC, el tailandés Supachai Panitchpakdi creó en 2003 un grupo consultivo al que encargó un informe que identificara los éxitos, fracasos y áreas de reforma para la organización. El informe, titulado “El futuro de la OMC. Una respuesta a los desafíos institucionales del nuevo milenio” (disponible en http://www.wto.org/spanish/thewto_s/10anniv_s/future_wto_s.pdf) acaba de salir a la luz. Ha sido dirigido por Peter Sutherland, ex director general del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) y de la OMC, y redactado por un grupo de ocho expertos de distintas nacionalidades entre los que se encuentran académicos (economistas, juristas y politólogos) y prestigiosas personalidades que han ocupado cargos de responsabilidad tanto en el sector público como en el privado.

 

Además de realizar un diagnóstico de la situación, el informe plantea recomendaciones sobre el rumbo que debería tomar la organización.
En este artículo analizamos de forma crítica algunas propuestas de este informe. Tras resaltar de forma sintética sus concusiones en relación a las fortalezas y debilidades de la OMC, profundizamos en aquellos temas que más afectan a los países en vías de desarrollo.


La OMC: fortalezas y debilidades
El comercio internacional ha sido, junto con la integración de los mercados de capital y la revolución tecnológica, el elemento característico de la globalización económica. Tras venir creciendo de forma consistente desde la Segunda Guerra Mundial, el comercio de bienes y servicios superaba en 2004 el 30% del PIB mundial (siendo esta cifra sensiblemente más elevada para las economías más abiertas). Aunque existe un importante debate sobre cuál es la estrategia de liberalización comercial más adecuada, especialmente para los países en vías de desarrollo, los modelos económicos neoclásicos muestran que la apertura al exterior presenta beneficios (a corto y a largo plazo) en términos de mejor eficiencia en la asignación de los recursos y aumento del potencial de crecimiento. De hecho, el capítulo primero del citado informe de la OMC revisa el debate libre comercio-proteccionismo concluyendo inequívocamente que la liberalización es siempre una mejor estrategia. Además, independientemente de que los Estados sean capaces, casi siempre mediante un proceso de ensayo y error, de dar con la estrategia de liberalización correcta, lo que el aumento de la interdependencia ha hecho es incrementar el coste de oportunidad de la no apertura. Esto significa que mantener una economía altamente protegida tiene hoy unos costes (en términos de oportunidades perdidas) mucho mayor que hace unas décadas.


Como la liberalización comercial tiene importantes efectos redistributivos, impone elevados costes de ajuste a corto plazo que pueden generar tensiones sociales. Por lo tanto, aunque la apertura comercial unilateral es defendida por la mayoría de los economistas, no suele producirse. En la práctica, los gobiernos tienden a pensar en la liberalización comercial de forma mercantilista. Reducen el proteccionismo sólo a cambio de obtener acceso a los mercados de sus socios comerciales, es decir, por motivos políticos se liberaliza de forma recíproca. Y es aquí donde aparece la gran virtud de la OMC, que es un foro idóneo para avanzar en la liberalización comercial de forma multilateral apoyándose en los principios de no discriminación (nación más favorecida), reciprocidad y transparencia. La OMC permite institucionalizar y dar continuidad al proceso de cooperación entre Estados soberanos al establecer un sistema de reglas y procedimientos, tanto para la negociación como para la solución de diferencias, que amplifica la voz de los países más débiles frente a los más fuertes. Además, la OMC facilita la formación de coaliciones y la vinculación de distintas áreas sectoriales en las negociaciones, permitiendo así el intercambio de concesiones entre Estados (que es la clave para avanzar en la liberalización) y ayudando a contener las presiones proteccionistas. Al contrario de lo que sucedía con el GATT, en el que cada país podía optar por firmar o no cada uno de los acuerdos, en la OMC todos los países están obligados a firmarlos todos (single undertaking), lo que impide que la integración se produzca a diferentes velocidades (a los países menos adelantados –PMA– se les otorga un trato especial y diferenciado en algunos asuntos y se les suelen dar periodos transitorios más largos que a los demás países para poner en práctica los acuerdos). Finalmente, la OMC se ha mostrado como un poderoso instrumento para consolidar las reformas liberalizadoras que han puesto en práctica durante los años noventa muchas economías en transición y en vías de desarrollo.


Por lo tanto, la OMC sirve para regular y ordenar las transacciones internacionales, potenciar la liberalización comercial y el acceso a los mercados, está dotada del mecanismo judicial vinculante más potente del sistema político internacional y establece en qué casos es lícito establecer barreras proteccionistas temporales (dumping, motivos de salud pública, graves distorsiones en los mercados internos, seguridad nacional, etc.). Asimismo, la OMC va mucho más allá del GATT al cubrir también la agricultura y los textiles, los servicios (GATS), los aspectos comerciales vinculados a la propiedad intelectual (TRIPS) y las inversiones (TRIMs), además de otros acuerdos plurilaterales de menor importancia.


Pero la OMC también presenta limitaciones. Como se pone de manifiesto, la organización no está siendo capaz de evitar la erosión del principio de no discriminación. Ante la rigidez del sistema de toma de decisiones, que requiere el consenso, las negociaciones en el seno de la OMC avanzan con lentitud, lo que está incentivando a distintos Estados a negociar acuerdos comerciales preferenciales (regionales o bilaterales), que son discriminatorios. Desde 1995, han aparecido más de 130 nuevos acuerdos preferenciales, por lo que en 2004 había aproximadamente 300, que cubrían más de un tercio del comercio mundial. La proliferación de estos acuerdos responde principalmente a motivos geoestratégicos y de seguridad, no contribuyen a incrementar la eficiencia y en muchos casos resultan poco ventajosos para los países en vías de desarrollo, que tienen que aceptar las condiciones que les imponen los países ricos a cambio de tener acceso a sus mercados. En este sentido, en el inconcluso debate teórico que existe entre los académicos sobre si los acuerdos preferenciales fortalecen o menoscaban el sistema comercial multilateral, el informe se decanta claramente por la segunda opción y denuncia que una maraña de acuerdos preferenciales amenaza con convertir el principio de no discriminación en la excepción en vez de en la regla. Valga como ejemplo que la proliferación de los acuerdos preferenciales discriminatorios hace que en 2004 tan sólo cinco países tuvieran acceso a los mercados de la Unión Europea al nivel arancelario pactado en la OMC. Como afirma Bhagwati, en la práctica, el nivel arancelario de la cláusula de nación más favorecida debería rebautizarse como el arancel de la nación menos favorecida.


Por otra parte, el informe realiza algunas tímidas recomendaciones para reformar el mecanismo de toma de decisiones con el fin de evitar el inmovilismo, la rigidez de los tratados y la fatiga negociadora. En concreto, se sugiere que para impedir que un sólo país esté capacitado para vetar propuestas para las que existe un amplio apoyo, solamente pueda bloquear una decisión si declara por escrito y de forma argumentada que dicha cuestión reviste para él un interés nacional vital. También recomienda que se realicen nuevos estudios para determinar si sería posible no exigir consenso en lo que respecta a las decisiones meramente procesales e investigar si extender los acuerdos plurilaterales (en los que sólo algunos países participan) permitiría hacer avanzar las negociaciones sin menoscabar el multilateralismo.


Otro tema por el que la OMC ha recibido duras críticas es que reduce la soberanía de sus Estados miembros al obligarles a adoptar medidas regulatorias que van más allá de las fronteras y que afectan directamente al sustrato institucional de sus sistemas jurídicos. Este problema aparece porque mientras que el GATT se dedicó casi exclusivamente a reducir los aranceles y las cuotas, algunos acuerdos de la OMC (TRIPS, GATS, TRIMS, procedimientos de valoración en aduanas, barreras técnicas al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias) requieren que sus Estados miembros adopten su legislación nacional a las normas de la OMC. La fortaleza del mecanismo de solución de diferencias, que puede dictar sentencias en contra de aquellos países que no respeten estas normas, asegura además que ningún país escape de la reforma regulatoria si no quiere exponerse a sanciones comerciales y, en último término, verse obligado a abandonar la OMC. Este problema es especialmente grave para los países en vías de desarrollo por dos motivos. Primero, porque la armonización regulatoria no es más que un eufemismo para no decir que lo que se ha hecho es obligarles adoptar la regulación existente en los países avanzados, independientemente de que esto les perjudique. Por ejemplo, todos los estudios coinciden en que el acuerdo TRIPS implica una transferencia de rentas desde los países pobres hacia los ricos y reduce el margen de actuación de los gobiernos de los países en vías de desarrollo para poner en práctica políticas de crecimiento. Segundo, porque la mayoría de los países pobres no tienen los recursos técnicos ni financieros necesarios para llevar a cabo estas reformas y no han recibido prácticamente ninguna financiación adicional ni de los países ricos ni de los organismos internacionales.


Siendo éste un tema tan controvertido, resulta llamativo que el informe del Grupo Consultivo de la OMC, tras dedicar el capítulo 3 íntegramente a este asunto, no lo presente como un problema. El informe reconoce que se ha producido una cesión de soberanía desde los Estados-nación hacia la OMC, pero sostiene que este proceso ha sido positivo porque otorga a todos los Estados miembros de la OMC más beneficios que pérdidas y porque les permite recuperar parte de la soberanía que de facto habían perdido como consecuencia de la globalización. Añade además que el balance de costes y beneficios tenderá a ser incluso más beneficioso en el futuro. Esta visión presenta a la OMC como una institución de gobierno económico global que avanza en la armonización regulatoria sin que se produzcan conflictos y suponiendo por tanto que los intereses de todos sus Estados miembros son convergentes. Resulta evidente que esto no se corresponde con la realidad. Además, como veremos en la próxima sección, si la armonización regulatoria se extendiera a áreas como los estándares medioambientales y laborales, la política de competencia y la de inversión, los países en vías de desarrollo saldrían claramente perjudicados. Pero haciendo un guiño a los países pobres, el informe sugiere que ningún nuevo tema debería incluirse en la agenda de la OMC si la mayoría de sus miembros se oponen, de lo que puede extraerse que el Consejo Consultivo se opone a que los países más adelantados fuercen estos asuntos dentro de la organización, al tiempo que aleja la posibilidad de que la OMC se convierta a corto plazo en la “gran” organización de gobernanza económica global.


La OMC y el desarrollo
Aunque la OMC intenta que las reglas se impongan sobre la ley de la selva en las relaciones comerciales multilaterales, las decisiones de la organización continúan reflejando en mayor o menor medida la estructura de poder del sistema internacional. Los países desarrollados tienen mayor peso económico e influencia política que los países en vías de desarrollo y en la OMC ninguna decisión sale adelante con la oposición de Estados Unidos y la Unión Europea. Asimismo, con la creación de la OMC y el establecimiento del single undertaking se ha impuesto la lógica del libre mercado sobre las tesis desarrollistas con fuerte participación del Estado y sustitución de importaciones que los países en vías de desarrollo defendieron y practicaron (con desigual éxito) durante los años sesenta y setenta.


En este contexto general, el papel de algunos países en vías de desarrollo en las negociaciones comerciales multilaterales ha cambiado radicalmente en las últimas décadas. Hasta la Ronda Uruguay (1986-1994) prácticamente ninguno participaba activamente en las negociaciones del GATT. Se beneficiaban de las reducciones arancelarias que pactaban los países adelantados mediante la cláusula de nación más favorecida y quedaban excusados de cumplir con el principio de reciprocidad, al tiempo que obtenían un trato especial y diferenciado. En la práctica no liberalizaban sus mercados, seguían estrategias de sustitución de importaciones y se comportaban como free riders, operando en los márgenes del sistema. Esta estrategia les permitía eludir ciertas obligaciones, pero al mismo tiempo les condenaba a no ser influyentes en las negociaciones y a no poder obtener acceso a los mercados de los países ricos en algunos productos en los que tenían importantes ventajas comparativas, principalmente la agricultura y los textiles. Desde los años ochenta, un grupo de países en vías de desarrollo comenzó a jugar un papel más activo. El dinamismo de los sectores exportadores de los mercados emergentes asiáticos y el atractivo que para los países industrializados comenzaron a tener India, China, Brasil o Sudáfrica, permitieron a estos países de renta media darse cuenta de que podían comenzar a influir en los acuerdos de la OMC. Además de lograr introducir la agricultura en las negociaciones con el apoyo de algunos países avanzados (grupo de Cairns), fueron capaces de bloquear las negociaciones en la cumbre de Seattle de 1999, impedir el inicio de una ronda con cuya agenda estaban en desacuerdo, influir en los temas de la Ronda Doha o frenar las negociaciones en la cumbre de Cancún de 2003, cuando los países adelantados se negaron a avanzar en la liberalización agrícola. Sin embargo, los países en vías de desarrollo no son un grupo homogéneo. La mayoría de los PMA siguen sin participar en la OMC, tanto por falta de recursos (algunos tienen tan sólo dos diplomáticos en Ginebra responsables de cubrir las negociaciones de la OMC y de otras diez organizaciones internacionales) como porque en muchos asuntos no tienen una posición definida o temen la confrontación con la OCDE. Por otra parte, las coaliciones entre países en vías de desarrollo suelen formarse en torno a temas determinados como la liberalización de algún producto agrícola o la oposición a la introducción de estándares laborales o medioambientales en la OMC, pero no puede hablarse de cooperación fluida entre ellos. De hecho, el así llamado comercio sur-sur sufre de los aranceles más altos de sistema comercial mundial, muchos países en vías de desarrollo compiten para atraer inversión y exportar manufacturas y China, sin duda el más importante de los países de renta media-baja, es reacia a formar coaliciones más allá de temas específicos.
Sin embargo, es posible identificar a grandes rasgos qué tipo de OMC beneficiaría a un gran número de países en vías de desarrollo. Primero, resulta necesario equilibrar algunos de los desequilibrios de la Ronda Uruguay, cuyos acuerdos favorecieron desproporcionadamente a los países industrializados. De hecho, las negociaciones iniciadas en Doha en 2001 fueron bautizadas precisamente como la “Ronda del Desarrollo”, aunque algunos, como el galardonado con el premio Nobel Stiglitz, defienden que la agenda de Doha dista mucho de concentrarse en avanzar los intereses de los países en desarrollo. Los países de renta media y baja están encontrando enormes dificultades para poner en práctica los acuerdos de la Ronda Uruguay porque no cuentan con los recursos suficientes. Necesitan mayor financiación, apoyo técnico y períodos transitorios más largos, tanto para adaptar sus regulaciones nacionales (por ejemplo con respecto a TRIPS), como para suavizar los costes de ajuste que se derivan de la liberalización. De hecho, el informe del Grupo Consultivo llega a afirmar que el éxito de la Ronda Doha depende en buena medida de que tanto la propia OMC como los países avanzados brinden un mayor apoyo técnico, financiero y de creación de capacidad a los países en vías de desarrollo, especialmente a los PMA. Sin embargo, por el momento, esto no está sucediendo, lo que está poniendo de manifiesto que hay una falta de coherencia entre las distintas políticas de desarrollo que impulsan los distintos organismos multilaterales. Por ejemplo, para que la liberalización comercial contribuya al crecimiento y a la reducción de la pobreza deben fortalecerse las instituciones y establecerse redes de protección social para que aquéllos que pierden a corto plazo con el libre comercio no caigan en la indigencia. Pero cuando los países que se abren al exterior están altamente endeudados o reciben insuficiente ayuda exterior, no son capaces de financiar estas redes de cobertura, por lo que la liberalización comercial es percibida como un lastre que incrementa la desigualdad y la pobreza y no genera crecimiento. Aunque el informe del Consejo Consultivo menciona algunas iniciativas de coordinación entre la OMC y otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas, reconoce que la coherencia entre las distintas organizaciones (más allá de la defensa del liberalismo) es todavía muy limitada. Ésta es sin duda una de las asignaturas pendientes de la comunidad internacional y supone un obstáculo para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente el número 8, que pretende “construir un partenariado global para el desarrollo”.


Un segundo aspecto de gran interés para los países en vías de desarrollo en la OMC es la liberalización textil y agrícola. En el caso del textil, gracias a la presión ejercida por algunos países en vías de desarrollo durante la Ronda Uruguay, la liberalización se completó definitivamente en enero de 2005. Este histórico evento ha puesto fin a más de tres décadas de proteccionismo en los mercados textiles de los países avanzados, lo que se conocía como el acuerdo multifibras. Desde este año, las manufacturas textiles pasan a formar parte del acuerdo general de bienes (GATT 1994), por lo que los aranceles disminuirán de forma considerable, beneficiando a los consumidores en los países de la OCDE y a los productores en los países en vías de desarrollo, sobre todo en Asia. Pero el temor de algunos países en vías de desarrollo es que los países desarrollados sustituyan la protección que les otorgaba el acuerdo multifibras por medidas antidumping contra sus exportaciones. Por lo tanto, sería deseable revisar los procedimientos antidumping para evitar el abuso de este instrumento como proteccionismo encubierto. Aunque existe un amplio consenso sobre las ventajas de la liberalización textil, la liberalización agrícola resulta mucho más controvertida. Los países industrializados (y algunos países en vías de desarrollo) protegen fuertemente sus mercados agrícolas mediante aranceles (que frenan las exportaciones) y subvenciones a la producción y a la exportación, en las que según el Banco Mundial los países de la OCDE gastan 330.000 millones de dólares anuales, seis veces más de lo que invierten en ayuda al desarrollo. Estas subvenciones deprimen los precios en los mercados internacionales y los elevan en los países desarrollados, perjudican a los productores de los países más pobres con capacidad exportadora y a los consumidores de los países ricos y favorecen a un reducido grupo de agricultores bien organizados y con influencia política. Por lo tanto, la liberalización agrícola ha sido el caballo de batalla de algunos países en vías de desarrollo, que son además los que tienen una actitud más activa en la OMC. Pero también conviene señalar que la liberalización de este sector perjudicaría en el corto plazo a 45 de los 49 PMA, que son importadores netos de productos agrícolas, y en particular a los 33 PMA que son importadores netos de todos los productos agrícolas. En este complejo debate lo que sí puede afirmarse es que la reducción de los aranceles sería una estrategia más efectiva (y menos controvertida políticamente) que la eliminación de los subsidios. Ésta es la dirección en la que están avanzando las negociaciones de Doha.


Tercero, todos los países en vías de desarrollo saldrían beneficiados si se liberalizara el movimiento transfronterizo de trabajadores temporales para la prestación de servicios, algo que se conoce como la modalidad IV del acuerdo GATS y que todavía no ha sido desarrollada. Se trataría de que los países desarrollados habilitaran esquemas de trabajo temporal, otorgando visados para que los inmigrantes fueran contratados en sectores específicos relacionados con los servicios por un periodo de tiempo limitado, entre tres meses y cinco años. Esta modalidad, que rebajaría los costes de las empresas, mejoraría la asignación de recursos e incrementaría sensiblemente la cantidad de remesas de los inmigrantes que recibirían los países pobres, no permitiría a ningún trabajador entrar en otro país sin un contrato de trabajo ni abriría la puerta a que los trabajadores obtuvieran permisos de residencia indefinidos ni ciudadanía. Pero como esta iniciativa obligaría a la OMC a coordinarse con la política de inmigración de los países ricos (algo que es políticamente muy sensible) y podría dar lugar a una revisión de la regulación laboral y sobre el salario mínimo, es poco probable que se generalice a corto plazo. En cualquier caso, éste es otro tema en el que se requiere mayor coherencia entre las políticas que impulsan las distintas organizaciones internacionales.


Por último, todos los países en vías de desarrollo se oponen enérgicamente a la ampliación de la agenda de la OMC. En particular, consideran que tres de los cuatro Temas de Singapur (inversiones, competencia y compras públicas), así como la armonización de estándares laborales y medioambientales, les perjudicarían. La inclusión de estos temas en la OMC reduciría su ventaja comparativa al incrementar sus costes, supondría nuevos costes de implementación de los acuerdos para gobiernos que ya están sobre-endeudados y, lo que es más importante, reduciría la autonomía política, la flexibilidad y el margen de maniobra para que los países pobres pudieran poner en práctica políticas de desarrollo. Como afirma Rodrik, una de las claves del desarrollo consiste en encontrar el marco institucional que para cada país resulta más adecuado, pero esto requiere autonomía política para innovar y experimentar, algo que la armonización regulatoria que impulsa la OMC no permite.


Conclusión: La OMC es una de las instituciones clave para establecer normas que permitan a los Estados aprovechar las oportunidades que ofrece la globalización económica y mitigar sus efectos adversos. Aunque el balance general de su actuación en su primera década de existencia es positivo, la OMC puede y debe hacer más a favor de los países en vías de desarrollo. Su legitimidad aumentaría si fuera capaz de promover políticas que, además de liberalizar el comercio, favorecieran el crecimiento y la reducción de la pobreza. Si la OMC contribuyera de forma más efectiva al desarrollo de los países pobres y a alcanzar los ODM, su imagen ante la opinión pública internacional mejoraría sensiblemente y, con ella, podría aumentar el apoyo a la globalización.


En este análisis hemos sostenido que algunas de las potenciales áreas de actuación y reforma de la OMC en este sentido son la liberalización agrícola, el desarrollo del modo IV del acuerdo GATS para la movilidad de trabajadores temporales, el aumento de recursos técnicos y financieros para los PMA y la coordinación con otros organismos internacionales. Asimismo, hemos argumentado que sería importante que la OMC no ampliara su agenda y no avanzara en la armonización regulatoria porque esto reduciría las posibilidades de innovación institucional, que son esenciales para los países pobres.


(*)Profesor del Departamento de Análisis Económico, Universidad Autónoma de Madrid

 

 

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