HACIA UN TSUNAMI JURÍDICO

Mayo 2005
Por Dr. Luís María Bandieri

 

Estimado Arrivillaga:
Quisiera poner a su consideración, y a la de los lectores de su magazine, algunas reflexiones y, también, alguna información precisa sobre el fallo de la Cámara del Crimen que, por mayoría, otorgó la excarcelación a Omar Chabán.

La información se vuelve imprescindible ante un periodismo, especialmente el televisivo, que sólo opera, en estos casos, con el rudimentario y peligroso método del asalto a la emoción colectiva.

El Código Procesal Penal que nos rige establece la posibilidad de que un procesado por un delito obtenga la excarcelación, en el curso de su proceso. Para ello, exige básicamente que el delito que está en curso de investigación tenga determinada escala penal, esto es, que el máximo de la pena que podría imponérsele al procesado, de encontrárselo culpable al momento de dictarse la sentencia condenatoria definitiva no exceda de determinado número de años. Si el delito prevé penas por encima de este número de años establecido por la ley, no puede hacerse lugar a la excarcelación.

La interpretación jurisprudencial ha ido variando este esquema básico. Y lo ha hecho teniendo en cuenta las garantías contenidas en la primera parte de nuestra Constitución y varios tratados internacionales que, según la misma Constitución, tienen un valor superior a la ley, es decir, en este caso, el Código Procesal Penal. El punto de inflexión de la jurisprudencia puede encontrarse en el fallo "Barbará" (noviembre de 2003), uno de cuyos votos fue formulado por el doctor Gustavo Bruzzone. Posteriormente, el tribunal superior en grado a la Cámara del Crimen, esto es, la Cámara de Casación, confirmó esta interpretación jurisprudencial. De este modo, se ha ido abriendo paso la doctrina de que el procesado tiene la garantía de permanecer en libertad mientras dure su proceso, salvo que se acredite debidamente su "peligrosidad procesal", es decir, que se va a fugar y eludir a la administración de justicia durante el curso del proceso. Miembros de la Corte Suprema de Justicia en su actual composición, como los doctores Argibay y Zaffaroni, comparten abiertamente ese criterio. Y el mismo tribunal, salvo una disidencia, parece haberlo aceptado en el reciente hábeas corpus correctivo preventivo por el cual se considera contrario a la Constitución la detención preventiva en comisarías.

Debe tenerse en cuenta que, aplicando esta doctrina, se han ordenado excarcelaciones en casos fuera de toda resonancia, como me consta por mi ejercicio de la abogacía. No sólo Giselle Rímolo o María Julia Alsogaray han sido favorecidas por ella. Y, cualquiera sea la opinión que al respecto se tenga, es evidente que tanto el dr. Gustavo Bruzzone como al dra. Garrigós de Rébori han votado a favor de la excarcelación de Omar Chaban según su ciencia y conciencia. sin que puedan imputárseles en lo absoluto móviles subalternos.

Creo que tanto el garantismo absoluto como la "mano dura" brutal representan dos extremos ideológicos que manifiestan, en uno y otro caso, la carencia de una virtud cardinal del juez y, también, del político. Me refiero a la prudencia. Una adecuada ponderación de la repercusión social de una excarcelación, de la "peligrosidad procesal" del sujeto en cuestión y del monto de las cauciones reales establecidas podría volver mucho más colectivamente aceptables este tipo de fallos. Lo que es cierto es que el garantismo tiene, sobre la "mano dura", un argumento superior no por la filosofía que lo nutre sino por la dura necesidad: nuestros establecimientos de detención han colapsado hace tiempo, a lo que se suma la corrupción en la administración penitenciaria. La necesidad, como suele decirse, tiene cara de hereje y, entonces, es preferible el garantismo erróneo, ya que no hay lugares donde mantener detenidos con un mínimo de seguridad y decencia, a la mano dura que sólo podría ser eficaz mediante el exterminio liso y llano del presunto delincuente, cosa que, supongo, nadie puede razonablemente aceptar ni sugerir.

Tenemos, pues, una administración judicial desbordada, donde los juicios duran una eternidad, para lo cual, además, pretendemos que no prescriban nunca. A ello se suma un sistema carcelario inhumano que multiplica la delincuencia. Agreguemos una constante y bronca petición de justicia por los afectados por delitos y maltratos, cuando la justicia, según la filosofía o los restos de ella aún vigente entre los juristas, resultaría meramente una ilusión y sólo debemos atarnos a la norma. Como las instituciones no responden ante las demandas sociales, se desata la peste emocional, azuzada por los movileros y multiplicada por las cámaras, se rompen vidrios, se patean puertas y se trivializan en imágenes repetidas hasta el cansancio la crispación, el dolor y la frustración. Sólo el linchamiento asegura la justicia, nos dicen las imágenes. Entonces comparecen ante las cámaras el ministro del Interior y el jefe de gabinete, para no perderse los restos de la presa, proclaman su horror ante el fallo, anuncian una persecución a los jueces que lo firmaron, y en un ejercicio republicano de separación e independencia de poderes, manifiestan que, en nombre del presidente, han pedido al Procurador General de la Nación que lo apele. Ahora bien, el abogado Kirchner, que fue convencional constituyente en 1994, debería saber que el Ministerio Público, según la Constitución, es un "órgano independiente" (art. 120), extrapoder, al que no le puede dar órdenes. Por otra parte, resulta curioso que el Poder Ejecutivo le pida mano dura al procurador Esteban Righi, cuyo más notable antecedente, como ministro del Interior del presidente Cámpora, en 1973, fue presidir la suelta por decreto de indulto, primero, y ley de amnistía posterior, de los guerrilleros presos y condenados, junto con los cuales se escaparon algunos delincuentes comunes, como el narcotraficante corso Chiappe.

Creo que estamos creando las condiciones para un tsunami social y político de proporciones asiáticas. Como sugerencia final, y antes del diluvio: ¿por qué no implantar de una vez por todas, como ordena la Constitución, el juicio por jurados? El veredicto de un jurado no es mejor, ni más justo, ni más rápido ni más barato que el de un tribunal técnico. pero tiene la ventaja de inmiscuir al pueblo en la administración de justicia. Mejor que el hombre de la calle pateando las puertas de tribunales es elevarlo a jurado popular. Ahora bien, si nuestros políticos y nuestros jueces, que no han demostrado hasta ahora mucha maña para cumplir con prudencia sus deberes, consideran aún que el pueblo llano resulta incapaz de cumplir esas funciones, sólo nos queda la ley de Lynch, en vivo y en directo. Tinelli debe estar registrando ya la "Videolynch".
Cordialmente

Luis María Bandieri
 

 

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