El problema del cesarismo plebiscitario

Junio 2005
por Luis María Bandieri

“y el caballero Síndico Procurador general viendo congregado un corto número de gentes, con respecto al que se esperaba, inquirió que donde estaba el Pueblo” Actas del Cabildo, 25 de mayo de 1810


A la democracia se le ha perdido el pueblo y no acierta a recobrarlo. Desde luego, la noción de “pueblo” dista de ser unívoca. Aquí se utiliza el vocablo referido al cuerpo cívico. No estrictamente como sinónimo de padrón electoral, elenco de todos aquellos que, en una organización política determinada, están habilitados como electores para votar por quienes se postulen como candidatos a magistraturas públicas. Más precisamente, lo consideraremos como el conjunto de hombres libres que se dan entre sí el trato de ciudadanos y que pueden debatir y decidir también libremente sobre los asuntos públicos. Es su más pura acepción y, por otra parte, la más próxima a lo que se entendía por demos o populus en el mundo antiguo. Es, asimismo, la que se ha perdido en nuestro tiempo y nadie sabe dónde está.

Democracia como autocracia del pueblo

La democracia no se caracteriza porque el pueblo así definido sea gobernado (“gobierno del pueblo”), o porque quienes gobiernan afirmen que lo hacen en beneficio del pueblo (“gobierno para el pueblo”). Un grupúsculo oligárquico o un tirano, ejerciendo el mando político, proclamarían de seguro ambas afirmaciones. Lo que identifica a la democracia es que el pueblo gobierne al propio pueblo (“gobierno por el pueblo”). Es el kratos del demos, la autocracia del pueblo. Carl Schmitt precisa: identidad de gobernantes y gobernados , de los que mandan y de los que obedecen. He ahí la inmensa dificultad de la democracia y, a la vez, su profundo y permanente atractivo.

Cuando, a fines del siglo XVIII, reaparece, aureolada de prestigio, la expresión “democracia” en el vocabulario político, se presenta la imposibilidad práctica de realizar el gobierno por el pueblo en las naciones de entonces, tanto por su tamaño como por la necesidad de producir decisiones rápidas frente a problemas acuciantes y complejos. No siendo posible una democracia directa, debía implementarse una democracia indirecta, a través de la representación, no ya de intereses, funciones o estamentos concretos, sino del “pueblo” en su conjunto.

La “voluntad general” y la representación política
Juan Jacobo Rousseau había fundado la posibilidad de que el pueblo fuese su propio soberano en la “voluntad general”. El hombre, a su juicio, poseía dos voluntades: una, como individuo, apuntada a su interés particular, otra, como ciudadano, enderezada al interés general. Como ambas voluntades se expresan en un solo acto, imaginó que la suma algebraica de las voluntades particulares manifiesta la “voluntad general” . Ahora bien, si la “voluntad general” expresa la soberanía del pueblo por el pueblo, es evidente, para Rousseau, que esa soberanía no puede delegarse, ya que la voluntad resulta intransferible. Si la soberanía se delega, automáticamente se pierde y la voluntad general pasa, irrevocablemente, del pueblo al representante. Por otra parte, para Rousseau la “voluntad general” debe expresarse respecto de las cuestiones públicas, conflictos de la res publica, no sobre la elección de personas. Cuando, por medio del referendo o del plebiscito, se interroga al pueblo sobre cuestiones que atañen a todos, se expresa por la mayoría la “voluntad general” soberana. Para el ginebrino, en cambio, cuando se convoca al pueblo para elegir entre listas de candidatos, no se expresa “voluntad general” alguna sino, simplemente, una “superstición estadística” mayoritaria acerca de cuáles, entre los candidatos, resultarían los más aptos para asumir como propia y expresar en adelante aquella voluntad soberana.

Rousseau –para quien la democracia sólo convendría a un pueblo de dioses- no resolvió este problema de la abdicación del pueblo soberano en sus representantes, pero tuvo el mérito de dejarlo bien planteado. Lo cierto es que, por medio de lo que Kelsen llamó la “ficción de la representación” , se produce el primer y básico escamoteo del pueblo en el ejercicio de la democracia efectiva.

Madison y la “república representativa”
La política, como dimensión del hombre que vive asociado a otros hombres y busca las fórmulas más adecuadas para la convivencia en una morada común, y los políticos, como operarios de un arte de ejecución tendiente a obtener esa convivencia armónica y ordenada, sobrevivieron por cierto a estos obstáculos casi insalvables de la teoría democrática. Como el principio y finalidad de esta última, esto es, la identidad entre gobernantes y gobernados, permanecía como referencia ideal, se aceptó, como un mal menor e inevitable, la versión representativa de la democracia, una interpretación “débil” pero eficaz, que James Madison llamó “república” para diferenciarla debidamente de la democracia “pura” en la interpretación “fuerte” de filiación rousseauniana. Apenas puede dejarse apuntado en este trabajo que la versión representativa de la democracia se enraiza en la tradición política de los pueblos germánicos y anglosajones, mientras que la versión directamente participativa enlaza con la tradición política de los pueblos grecorromano-latinos. Montesquieu habrá de convertirse en el difusor de la interpretación “débil” de la democracia, y del modelo británico de la división y separación de poderes o funciones entre el ejecutivo y el legislativo, que no es –precisamente- independencia, sino campo, ya de disputas ya de colaboraciones informales, sobre la porción efectiva de gobierno que toca a cada uno. La interpretación “débil” consuena con las llamadas “libertades de los modernos”, es decir, las que pertenecen al ámbito de la vida privada y alcanzan su culminación actualmente en la expansión de los human rights. Las constituciones escritas, desde la norteamericana de 1787 (adoptada en lo fundamental por la nuestra de 1853), habrán de consagrar esta versión de la democracia. La interpretación “fuerte” de la democracia, planteada por Rousseau, se relaciona, en cambio, con las “libertades de los antiguos”, esto es, las referidas a la participación directa en la cosa pública y en la toma de decisiones respecto de ella. Sus manifestaciones en la modernidad se pueden advertir en la Confederación Helvética y las Provincias Unidas , con formas de democracia directa por procedimientos referendarios múltiples e iniciativas del pueblo “soberano”. Su influencia en el constitucionalismo decimonónico será muy tenue, prestándose atención a fórmulas de democracia directa o semidirecta, dentro de esquemas originariamente representativos, sólo a partir de la segunda mitad del siglo pasado. La fundamentación jurídica reposa, desde la interpretación “fuerte”, más que en la constitución en el pacto (foedus), preexistente a aquélla y que le sirve de zócalo.

La clase política autorreferencial
La ficción representativa, esto es, la versión “débil” de la democracia, funcionó exitosamente mientras que la instauración de prácticas democráticas efectivas fue apenas un anhelo de la mayor parte de los países, a excepción del algunos pocos en el arco del Atlántico norte y en Europa continental. La planetarización de la democracia representativa, que ha seguido como una sombra a la red globalizadora tendida por la razón tecnológica, ha terminado por desnudar aquella ficción basilar. Los órganos de la democracia representativa, especialmente los parlamentos, han dejado de ser la caja de resonancia de la voluntad popular para transformarse en el reñidero donde disputan, por interpósito legislador, los “poderes indirectos”, que nadie elige, pero que casi todo pueden ganar, arriesgando muy poco. Un reino de antecámaras por donde se pasea el lobby feroz. Los partidos políticos se han convertido en máquinas para adquirir y gestionar la renta política, esto es, el botín de cargos y despojos; el reparto de planes asistenciales entre la clientela; prebendas y sinecuras; el cobro de un “peaje” por el dictado de las normas orientadas al incremento de la renta económico-financiera, etc. Una ideología básica y autorreferencial une al “partido único de los políticos”, más allá de la dicotomía de antigualla entre izquierda y derecha, y consiste en asegurar su reproducción y supervivencia. Todo ello bañado en una emulsión corruptiva, ya que sobrevivir en la lucha en el barro de la competencia interpartidaria exige, ante todo, “hacer caja”.

El “Estado de Derecho” y su transformación
Sobrevive, es cierto, y no poco, el Estado de Derecho. Si lo señalado es el costado oscuro de la democracia representativa, este parece su costado luminoso. Estado de Derecho, conforme la mentalidad jurídica europea que le dio nacimiento, presupone en sus inicios una identificación entre justificación de la actividad estatal y legitimidad legal, esto es, que la primera sólo puede ser regida por leyes y ejercida de conformidad con la última. La voluntad del soberanos estatal se impersonaliza en el acatamiento a la generalidad de la ley. La teoría política se comprime a teoría del Estado y la teoría jurídica a teoría de la legalidad, y ambas acaban confundiéndose. Con ello, se procura obtener para el ciudadano una zona de libertad amurallada por la norma legal. Ello condujo de la mano a la asimilación entre Estado de Derecho y Constitución escrita, por ser ésta última la norma que regula la producción de la legalidad en un sistema jurídico dado. La constitución se transformó así no sólo en el ápice de la geometría legal, sino en una suerte de norma moral superior de la cual, con cierto arte, se extraen los principios destinados a regir tanto la vida jurídica y política como, de modo genérico, la coexistencia entre quienes habiten un determinado territorio, incluido el ámbito privado. La constelación de valores básicos de aquella norma moral superior, se condensó en los “derechos humanos” y sus sucesivas declaraciones a partir de la universal del 10 de diciembre de 1948. Se fue conformando así, en una nueva vuelta de tuerca en esta serie de transformaciones, una suerte de “parte dogmática” constitucional universal, apenas diferente en matiz de ordenamiento a ordenamiento, formada por los “derechos humanos”. Ellos no son ya “derechos del ciudadano” sino derechos válidos desde siempre y en todas partes, invocables por la sola pertenencia a la especie humana, a la Humanidad, incluso antes de entrar en relación con otro ser humano y desprendidos, por consiguiente, de la noción correlativa de deber. Al mismo tiempo, en el proceso de globalización impulsado por la razón tecnológica, entra en un cono de sombra la noción de Estado nacional, producto de la modernidad. Se desfiguran así los dos términos en la expresión “Estado de Derecho”. Del estado, nos queda una sociedad global, formada por la muchedumbre solitaria de los titulares individuales de human rights, enfocados por el colimador del consumo y bajo la lógica del costo/beneficio, que los vincula en una red virtual. Del derecho, nos queda la citada “parte dogmática” como constitución planetaria. Es la base de un “derecho cosmopolítico” que tiene como sujeto al individuo de la especie, en tanto miembro de la Humanidad. Del Estado de Derecho, pasando por el Estado Constitucional, hemos llegado a unas declaraciones constitucionales sin Estado.

Reaparece la “razón política”
En ese punto, reaparece la razón política soterrada. No ya como “razón de Estado”, sino como voluntad de configurar una sola unidad política planetaria, esto es, reducir la pluriversidad política a la dimensión unitaria. Ello ha provocado una transformación tanto del jus ad bellum (derecho a hacer la guerra) como del jus in bello (derecho que rige en las hostilidades). “Ingerencia humanitaria”, “guerra preventiva”, “guerra humanitaria”, “eje del mal”, etc., son algunas de las expresiones que se utilizan para justificar el uso indiscriminado de la fuerza militar, el allanamiento de fronteras territoriales, el tratamiento a prisioneros fuera y a contrapelo de las convenciones internacionales, la tortura, etc., por parte de la superpotencia que se considera legibus solutus, esto es, no atada por las normas del derecho internacional, y que manifiesta la voluntad soberana de establecer, por sí y ante sí, en la terminología de Carl Schmitt, un nuevo “nomos de la tierra” .

El pueblo ausente
En todo este proceso, el pueblo, tal como lo caracterizamos más arriba, está ausente. Se lo ha convertido en la “gente”, esto es, en percentil estadístico de los incesantes sondeos de opinión. Ha quedado reducido a público del espectáculo político. Un público condenado a soportar la reiteración de ese espectáculo monótono, atornillado a su sitio. Un ejemplo notable de esta ausencia del pueblo y de que se procede en el escenario político como si él llanamente no existiese, es la llamada “constitución” de la Unión Europea (UE), que a lo sumo puede considerarse un tratado al que se le asigna un valor constitucional. No fue proyectada, discutida o aprobada por una convención constituyente en regla elegida por los ciudadanos de la UE sino por un comité de expertos bajo presidencia francesa, que se apresuró a sepultar en el olvido el concepto de “poder constituyente” que los propios franceses había redondeado más de doscientos años atrás. Porque el poder constituyente originario podía y debía expresar la decisión de un pueblo –el europeo, en este caso- acerca de la forma y modo de organizar su vida política. Una decisión tal, que implica haber encontrado y reconocer al sujeto político “pueblo” no es considerada, en nuestro tiempo, correcta ni aceptable. Ratificado directamente en algunos países de la UE, en otros, como en España, aquel texto, farragoso y difícil de leer aun para los expertos, fue sometido a referéndum, al que concurrió el 41,5% del electorado, y en el que fue aprobada por el 78,5% de los votantes, es decir, el 32,6% del padrón. Parece comenzar así una era de constituciones elaboradas por técnicos, para ser comprendidas sólo por técnicos, y aplicadas por ellos al “vulgo municipal y espeso” de la masa ciudadana.

La ilusión del populismo
Alberto Buela, con su agudeza característica, aborda en un trabajo reciente el problema del populismo y ensaya un distingo entre el populismo europeo, que se manifiesta actualmente bajo un registro preponderantemente xenófobo, y lo que denomina el “popularismo” periférico, fundamentalmente latinoamericano, cuyo zócalo basilar es el mito integrador del pueblo como fuerza regeneradora, centro de inspiración y referencia y depositario exclusivo de valores positivos.

Creo que todas las formas de populismo, muy diversas entre ellas, de este o de aquel lado del charco atlántico, el “popularismo” de Buela incluido, tienen una nota en común y es la concepción romántica del pueblo –primero revolucionaria con Rousseau, luego reaccionaria con Adam Müller- según la cual aquél, como un gran individuo colectivo, con su espíritu generoso, noble, bueno y su instinto infalible, expresa el inconsciente colectivo de una nación determinada. Esta concepción romanceada del pueblo, anotaba Carl Schmitt , obstruye la recta decisión política y lleva a la inoperancia o al simple oportunismo. El pueblo romántico, como masa, aureolado con un espíritu particular –Volkgeist- se hizo un supraindividuo histórico donde se manifiesta la identidad nacional, encarnada necesariamente en el Estado. La Nación personifica al Pueblo y el Estado expresa a la primera. El pueblo concreto se pierde en esta expropiación sucesiva en beneficio del Estado Nacional, que hoy se nos cae a pedazos . En el camino, se le perdió el rastro a ese pueblo concreto, que ahora sólo puede ser imaginado como “populismo”.

Frente a esta concepción políticamente romántica del pueblo, se levanta una concepción clásica, romana, del populus. El populus, conjunto de hombres libres organizados en familias, integrado por los ciudadanos con capacidad para la vida pública, comicial y militar, y para la gestión de sus negocios privados, poseía la maiestas, esto es, la dignidad y la soberanía no porque fuera más sabio, más estoico o más bueno, sino porque aquélla era el atributo propio de los hombres libres. La maiestas popular se conjugaba con el imperium de los magistrados, la auctoritas del Senado y la intercessio o poder de veto de los tribunos, que obraban como un poder negativo, que nada puede hacer pero todo puede impedir. Tal el cuadro de la democracia de la respublica romana, que conforma el modelo constitucional latino, diverso del modelo constitucional germano-anglosajón fundado en la representación y en la división de poderes.

El populismo es la ilusión romántica del pueblo plebiscitando en la plaza pública a un césar, como describe Buela: “esa especie de democracia directa que es la movilización popular convocada por un líder carismático”. Pero ya no hay césares sino mediocres outsiders del partido único de los políticos, a los que se proveen dosis de carisma envasadas por medio del marketing político. Y el pueblo está constituido por una masa clientelística, súbdita de planes y repartos, que llega a las plazas y estadios en caravanas de vehículos alquilados con los vueltos del botín. Así se produce el efecto perverso de que los marginados y excluidos deben ser congelados en su caída de la sociedad, para formar, ellos y sus hijos, las huestes de reserva de la clientela.

El cesarismo democrático
Hagamos un poco de historia. La generación de la Independencia, obligada a una traumática ruptura con el imperio español, mientras por un lado se vio obligada a inventarse un pasado mítico -"se conmueven del Inca las tumbas", etc.- por otro intentó implementar instituciones liberales que no estaba preparada para manejar y en las que creía de la boca para afuera. Resultado: bellas proclamaciones y autoritarismo en los hechos, es decir, la "mentira constitucional" hispanoamericana que señalara Octavio Paz, realizada a través del trasplante acrítico del modelo iuspublicístico germano-anglosajón. Los caudillos aparecen entonces en Latinoamérica, y duran hasta bien entrado el siglo XX, autoritarios por cierto, algo patriarcas y algo padrillos, como una especie de calamidad natural casi benigna después de los desastres de las guerras civiles desatadas a raíz de aquella "mentira constitucional", que era también mentira vital, Lebenslüge. Y no faltaron por cierto, a partir del positivismo comtiano, de Taine, y de Le Bon, quienes hicieran una "teoría del caudillismo", del autoritarismo vernáculo, como, p. ej., el historiador venezolano Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936) en una obra de sugestivo título: "Cesarismo Democrático" (1923), donde propicia, de acuerdo con la experiencia de nuestros países, el gobierno autoritario o, como dice, el "gendarme necesario".

Ernesto Palacio y los catilinarios
Saltemos unos años. En octubre de 1935, Ernesto Palacio publica “Catilina contra la Oligarquía”. En enero de 1946 apareció la segunda edición, titulada ahora ”Catilina, una revolución contra la plutocracia en Roma”. En el prólogo, Palacio explica la particular ecuación personal y política que dio origen a la obra. Año 1931. Aquel joven septembrino, que había sido por algún tiempo ministro de Educación en San Juan, y era por entonces codirector, con Rodolfo Irazusta, de “La Nueva República”, se había desilusionado de una revolución que veía como la simple reposición de una clase política en conserva desde 1916. Ahora se buscaba la”fuerza nacionalista del radicalismo” para oponer a De la Torre-Repetto. Triunfó Justo, sin que ese triunfo debiera nada al apoyo reticente de “La Nueva República” y perdieron automáticamente sus redactores. En noviembre de 1931 se imprimió el último número. En ese retiro político obligado, Palacio relee el Bellum Catilinae, de Salustio. Según Nietzsche, la historia puede ser “un remedio contra la resignación”. Advierte la posibilidad de una alegoría: contar la República de Justo bajo los rasgos de los finales de la República romana. El partido democrático, los populares, representaría a los radicales. Mario, el general vencedor de Yugurta, los cimbros y los teutones, sería otro modo de nombrar a Yrigoyen. Uriburu aparecería bajo los rasgos de Lucio Cornelio Sila; la alianza entre el Senado y el ordo equester, entre el patriciado y la oligarquía financiera, le serviría para retratar la alianza entre el Círculo de Armas y la UIA, que veía gestarse en los 30. Cicerón representaría al oligarca reclutado entre los ”hombres nuevos”, esto es, la cepa inmigratoria, como De Tomaso, por ejemplo. Y Catilina: “en él se encarnaba sin esfuerzo mi propia decepción, mi propia indignación, mi propia rebeldía. ¡Sus enemigos eran mis enemigos! ¡Su drama era mi drama!”-

Aquella relectura de Salustio permitió a nuestro escritor la comprensión de un fenómeno político vernáculo que ya había sido examinado desde las páginas del periodismo nacionalista. Me refiero al cesarismo plebiscitario. Según Palacio, las reacciones a lo Sila terminan aliadas a las altas finanzas, cuyos intereses defienden abogados a lo Cicerón. Se conforma una plutocracia blindada, dirigida por gerontes, que no puede ser removida mediante los remedios institucionalizados. Antes bien, requiere el remedio extraordinario de la “dictadura popular”, ejercida a lo César, que oprimiría a la oligarquía para “libertar a la masa del pueblo”. Esa dictadura cesárea permitiría la circulación de las dirigencias políticas: la juventud tomaría el relevo. Cuando la República romana degeneró en plutocracia senil, Catilina tomó las armas contra ella, resultando el precursor de la dictadura imperial de César. Rodolfo Irazusta había ya señalado que el régimen ochentista, una democracia minoritaria de notables, había sido sustituído, a partir de 1916, por una democracia movimientista, personalista y plebiscitaria, que creía encarnar a la nación según los dictados de un César que duraba seis años.

Ernesto Palacio aceptó la filiación histórica argentina e hispanoamericana del cesarismo democrático. Para él era la única forma posible contra las plutocracias en que degeneran tanto los regímenes constitucionales como los golpes convencionales. Palacio plantea la vía catilinaria hacia el cesarismo democrático. Pero si César es la culminación del proceso, es notable el atractivo que en Palacio ejerce la figura del precursor Catilina. Incluso en el prólogo a la última edición, fechado en diciembre de 1945, con un César inminente, el protagonista sigue siendo Catilina. Lo que propone Palacio, pues, es que una minoría juvenil decidida asuma la representación del demos para imponer una dictadura cesárea. Por el partido armado a la dictadura popular, podría decirse que afirmaba Palacio haciendo suya, románticamente, la causa de Catilina. Creía que de ese modo habría de producirse la circulación de las élites esclerosadas y la ascensión política de las nuevas dirigencias. La vía catilinaria implicaba el partido armado. En 1945, cuando se reedita su libro, Palacio es todavía un catilinario a la espera de un César. Pero cuando publica “Teoría del Estado”, en 1962, es un hombre que está de vuelta del cesarismo plebiscitario. Sobre todo, de la ilusión de que él permitiría el relevo de una clase política agotada por otra en ascenso. Esta sería la función básica de un poder personal, pero aquí los césares plebiscitarios –Perón está, sin nombrarlo, en el fondo del planteo- se han cuidado mucho de dejar crecer una nueva élite. Se dedicaron, más bien, a reclutar elementos subalternos, promover cortesanos y posponer a los hombres de mérito, todo lo cual llama “demagogia inorgánica”. Los césares plebiscitarios argentinos prefieren ignorar el régimen mixto, en que se equilibran el líder, la élite y la masa, sistema descripto por Polibio, alabado por Cicerón y preconizado por Palacio e Irazusta, que creía que Rosas lo había hecho suyo. El cesarismo nativo se mueve con mayorías legislativas genuflexas y una corte de funcionarios corruptos. La atrofia del cesarismo produce catilinarios del todo tipo; entre ellos, el mesías militar del caso. Palacio escribe una teoría del Estado porque quizás ha advertido que a su generación, a la de los padres fundadores del nacionalismo, le había faltado una noción del Estado, la que había creído poder recuperar en el ejemplo de Rosas. Les había faltado una noción del Estado y habían creído que se lo podía construir desde el golpe de Estado. Sin embargo, al pivotear el núcleo de su propuesta sobre el “Estado nación”, los nacionalistas, que coincidían con las críticas antimodernas del pensamiento católico de los 30, ponían paradójicamente como piedra angular de su edificación política un mito moderno.

Es, quizás, en la figura de Ernesto Palacio donde, emblemáticamente, se manifiestan las contradicciones de la generación nacionalista fundadora, una vez que el César –Juan Domingo Perón- aparece en el escenario. Elegido diputado en las listas del Laborismo y la UCR (Junta Renovadora), esa mente brillante se mantuvo en silencio durante todo su mandato legislativo. Habló, mas tarde, por el texto que se cita más arriba. A principios de los 70, este padre fundador del nacionalismo iría a morir, por algún sarcasmo encerrado en las vueltas del destino, en el Club de Residentes Extranjeros. Su reflexión sobre catilinarios y cesaristas, sin embargo, mantiene gran actualidad.

¿Cómo se rescata al pueblo?
Si el pueblo no aparece y el populismo no es la vía para encontrarlo, ¿deberemos resignarnos a este presente donde la democracia no tiene lugar? Para rescatar al pueblo hay que partir del hombre libre. Allí donde haya una comunidad de hombres libres que decidan libremente sobre los asuntos públicos habrá pueblo. Lo que quiere decir que, hoy, el pueblo resulta invisible en la dimensión macropolítica, donde la libertad de participación en la construcción de la morada común no existe o resulta mera impostura. Hay que comenzar a rescatar al pueblo en la dimensión micropolítica, aprovechando el resquebrajamiento continuo e imparable del Estado nación. Quizás el terreno más propicio para esta regeneración democrática sea nuestra Latinoamérica. Tenemos que constituirla como una ecúmene federal y confederal, edificada sobre la piedra angular de la subsidiariedad, por donde fluya efectivamente la participación política real, la democracia de la respublica. El pueblo no está tan lejos.-
 

 

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