No cuenten con Argentina para que ayude en la lucha contra el terrorismo

Julio 2005
Por Mary Anastasia O'Grady

 

Traducción al español.
¿Está Argentina convirtiéndose en un “santuario nacional para terroristas extranjeros”?. Esa es la pregunta que se hace el sitio de internet Ambitoweb.com esta semana. Como sugiere el provocativo comentario, es una posibilidad que alarma a más de un argentino estos días.
Es también una pregunta que amerita la atención de los políticos de Estados Unidos. Argentina se parece cada vez más a la Arabia Saudita de antes del 11 de Septiembre, pero en Sudamérica. Aunque las relaciones entre Argentina y los Estados Unidos son cordiales, lo que se está cultivando en el Cono Sur difícilmente califique a Argentina como aliado en la lucha contra el terrorismo. Habiendo probado los frutos del doble lenguaje saudí cuatro años atrás, Estados Unidos no debería ser sorprendido una segunda vez.

La preocupación despertada en Ambitoweb.com llega inmediatamente después de una decisión de un juez argentino de rechazar la solicitud de Chile de extraditar a Sergio Galvarino Apablaza. También conocido por su nombre de guerra, Comandante Salvador, el chileno es un antiguo jefe del grupo extremista de izquierda llamado Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Está acusado del asesinato del senador chileno Jaime Guzmán en 1991, y del secuestro de Cristian Edwards, hijo del propietario del diario chileno El Mercurio.

El gobierno del socialista chileno Ricardo Lagos no es precisamente una junta derechista dedicada a capturar enemigos políticos, particularmente uno de la ideología de Apablaza. Lagos es famoso porque una vez desafió al General Augusto Pinochet a dejar el poder. Pese a esto, según Ambito, el juez argentino que rechazó el pedido de extradición “asumió que los crímenes atribuídos a Apablaza eran de naturaleza política”, y ordenó su libertad inmediata.

El miércoles, Apablaza se presentó en el cuartel general de un grupo de derechos humanos en Buenos Aires, proclamando que lo único que lamentaba era “no haber hecho más para terminar con la tiranía de Pinochet”.

Eso suena muy valeroso, hasta que uno se entera del hecho de que Guzmán fue asesinado mucho después de que el Gral. Pinochet voluntariamente dejara el poder en manos de un gobierno civil elegido democráticamente. Su asesino obviamente tenía algún otro objetivo en su mente, más que el de liberar al pueblo chileno. Como era de esperar, el Partido Comunista de Chile celebró la decisión argentina. El Comandante Salvador mantiene su inocencia y el jueves pidió a las Naciones Unidas que le reconozca status de refugiado político.

Lamentablemente, la decisión del tribunal federal de proteger a un terrorista chileno buscado no es un evento aislado, sino un rasgo distintivo que hoy prevalece en los niveles más altos de la política y la jurisprudencia argentinas. En Mayo la Corte Suprema rechazó la extradición de un terrorista que pertenece al grupo separatista vasco conocido como ETA, que se ha cobrado más de 850 vidas desde 1968. Jesús María Lariz Iriondo está acusado de un atentado con bomba en 1984 en Eibar. Sin embargo la corte dictaminó que el acto terrorista que le es atribuído no es un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, el delito ha prescripto y su autor ya no puede ser acusado por el hecho.

En una editorial titulada “Crímenes de lesa humanidad”, el diario La Nación, en su edición de ayer señaló que esto es directamente contrario a la resolución de 1996 de las Naciones Unidas, que define crímenes de lesa humanidad como “actos criminales con objetivos políticos cometidos o planificados con el objeto de provocar un estado de terror entre la población en general o en un grupo específico de individuos”.

Una interpretación literal de la resolución de las Naciones Unidas resulta inconveniente para el gobierno de Kirchner. El grupo terrorista argentino conocido como “montoneros”, junto al ERP (apoyado por Fidel Castro), cometió atrocidades -como las de ETA- contra inocentes durante una década, antes de y durante el gobierno militar que tomó el poder en 1976, produciendo más de 1.500 víctimas. Hoy, Argentina permite a muchos montoneros reconocidos circular por el país con impunidad. Algunos son miembros del gobierno. Esto, por supuesto, es el núcleo del problema de Kirchner: ¿cómo puede perseguirse a terroristas chilenos y vascos mientras los antiguos montoneros gozan de absoluta libertad?

La base de pensamiento de Kirchner es de extrema izquierda, antiamericana, y durante los últimos dos años se ha movido rápidamente para llenar el máximo tribunal argentino con jueces que piensen como él. En nombre de la justicia la corte recientemente anuló la amnistía otorgada a los militares en 1986 y 1987 por sus crímenes durante la “guerra sucia”. Pero no ha dicho nada respecto de investigar a antiguos terroristas de ERP y montoneros que utilizaron el mismo tipo de tácticas observadas ayer por la mañana en Londres, hasta que fueron acallados por el gobierno militar.

Hoy en día Argentina tienen poco en común con países serios como Chile, y más en común con Nicaragua, que está nuevamente bajo el ataque sandinista. En mayo, jueces nicaragüenses se negaron a extraditar a Italia a Alessio Casimirri, acusado del secuestro y asesinato del ex Primer Ministro Aqldo Moro en 1978.

Para entender el porqué de las simpatías del gobierno de Kirchner, es válido prestar atención a uno de sus más importantes aliados políticos, Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, que festejó lo sucedido el 11 de Septiembre. Informes periodísticos en Buenos Aires dicen que Bonafini luchó duramente para que le fuera otorgado asilo político a Lariz Iriondo. El mes pasado estuvo en La Habana con Fidel Castro, Hugo Chávez y el guerrillero salvadoreño Shafik Handel, protestando contra Estados Unidos por no haber extraditado al anticastrista Luis Posadas Carriles a la provincia cubana de Venezuela, para ser juzgado por terrorismo.

Argentina tiene una historia de haber protegido a algunas de las figuras más oscuras del mundo, incluyendo fugitivos nazis luego de la 2° Guerra Mundial. El Hezbollah, patrocinado por Siria e Irán, está sospechado de haber orquestado en 1992 el atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, y en 1994 contra el centro comunitario judío AMIA. Nadie ha sido llevado ante un tribunal por esos terribles eventos. Kirchner dice estar investigando nuevamente aquellos atentados, pero los 11 años transcurridos no dan muchas esperanzas.

A pesar de esa promesa, Kirchner se niega a condenar a Chávez pese a que en 1994, el niño malo venezolano atacó de palabra a la comunidad judía de su país, y apañó un ataque a una escuela judía de Caracas. Según el sitio web del Departamento de Estado americano, en el año 2004, volantes antisemitas estaban “disponibles al público en la sala de espera de los ministerios del Interior y Justicia”.

Cuando la Secretaria de Estado Condi Rice se reunió en Abril con el ministro argentino de Relaciones Exteriores, la agenda contemplaba el tema de los derechos civiles en Venezuela. Pero un vocero del ministro argentino dijo que, en lugar de eso, la conversación se centró en lo que Argentina quiere: más préstamos del FMI, presumiblemente para mantener a los simpatizantes de Kirchner provistos de banderas americanas para quemar. Los Estados Unidos deberían haber aprendido más de su experiencia saudí.

Original en inglés
Don't Count on Argentina to Help Fight Terror
By MARY ANASTASIA O'GRADY


July 8, 2005; Page A11

Is Argentina becoming a "national sanctuary for foreign terrorists?" That's the question posed on the Argentine Web site Ambitoweb.com this week. As suggested by the provocative commentary, it's a possibility that alarms more than a few Argentines these days.

It is also a question worth the attention of U.S. policy makers. More and more, Argentina is looking like the pre-9/11 Saudi Arabia of South America. While official engagements between the U.S. and Argentina are cordial, what is being cultivated on the Southern Cone home turf hardly qualifies Argentina as an ally in the war on terror. Having been served the fruits of Saudi double talk four years ago, the U.S. would be well advised to be twice shy.

The concern raised on Ambitoweb.com came on the heels of a decision by an Argentine judge to reject Chile's request to extradite Sergio Galvarino Apablaza. Otherwise known by the nom de guerre Commandante Salvador, the Chilean is a former leader of a left-wing extremist group called the Manuel Rodriguez Patriotic Front. He stands accused of the assassination of Chilean Senator Jaime Guzman in 1991 and the kidnapping of Cristian Edwards, the son of the owner of Chile's El Mercurio newspaper.

The Chilean government of Socialist Ricardo Lagos is hardly a right-wing junta out to nail political enemies, particularly anyone of Mr. Apablaza's persuasion. Mr. Lagos is famous for once having challenged Gen. Augusto Pinochet publicly to step aside. Nevertheless, according to Ambito, the Argentine judge who rejected the extradition request "took the view that the crimes attributed to Mr. Apablaza were political in nature" and ordered his immediate release.

On Wednesday, Mr. Apablaza appeared at the headquarters of an Argentine human rights group in Buenos Aires, proclaiming that his only regret is "not having done more to cut short the [Pinochet] tyranny".

That sounds brave until you take note of the fact that Guzman was assassinated long after Gen. Pinochet had voluntarily handed power over to an elected civilian government. His killer obviously had some goal in mind other than the liberation of the Chilean people. Not surprisingly, Chile's Communist Party celebrated the Argentine decision. Commandante Salvador maintains his innocence and on Thursday asked the U.N. for political refugee status.

Sadly, the federal court decision to protect a wanted Chilean terrorist is not an isolated event but rather part of an ethos now prevailing at high levels in Argentine politics and jurisprudence. In May the Supreme Court rejected the extradition of an alleged terrorist belonging to the Spanish Basque group known as ETA, which has claimed more than 850 lives since 1968. Jesús Maria Lariz Iriondo stands accused of a 1984 car bombing in Eibar. Yet the court ruled that the terrorist act attributed to him is not a crime against humanity. Therefore the statute of limitations applies and he cannot be held accountable.

In an editorial titled "Crimes Against Humanity," yesterday's La Nacion newspaper pointed out that this is directly contrary to the 1996 U.N. resolution which defines crimes against humanity as "criminal acts with political ends committed or planned in order to provoke a state of terror among the population in general or a specific group".

A literal reading of the U.N. resolution is however inconvenient for the Kirchner government. The Argentine terrorists known as "Montoneros," along with the Castro-backed ERP, committed ETA-like atrocities against innocents for a decade, before and during the 1976 military government takeover, racking up over 1,500 victims. Today, Argentina allows many known Montoneros to go about Argentina with impunity. Some are even in government. This, of course, gets to the heart of the problem for the Kirchner set: How can ETA or Chilean terrorists be prosecuted while former Montoneros enjoy complete freedom?

Mr. Kirchner's base is a hard-left, anti-American sect and in the past two years he has moved swiftly to pack the Argentine high court with similarly-inclined judges. In the name of justice the court recently lifted the amnesty granted to the military in 1986 and 1987 for its crimes during the "dirty war." But it has said nothing about prosecuting former Montonero and ERP terrorists who practiced the kind of tactics observed in London yesterday morning until they were put down by the military takeover.

Today Argentina has less in common with serious countries like Chile and more in common with Nicaragua, which is again under the sway of Sandinistas. Nicaraguan judges in May refused to extradite Alessio Casimirri to Italy to stand trial for the 1978 kidnapping and murder of former Italian Prime Minister Aldo Moro.

To understand the sympathies of the Kirchner government it is worth turning attention to one of its most important political supporters, Hebe de Bonafini of the Mothers of the Plaza de Mayo, who celebrated 9/11. Buenos Aires press reports say that she lobbied hard for political asylum for Mr. Lariz Iriondo. Last month she was in Havana with Fidel, Hugo Chávez and Salvadoran guerrilla Shafik Handel to complain that the U.S. has not extradited anti-Castroite Luis Posada Carriles to the Cuban province of Venezuela to be tried on terrorism charges.

Argentina has a history of harboring the world's darkest figures, including Nazi fugitives after World War II. The Iranian and Syrian sponsored Hezbollah is widely suspected of orchestrating the Buenos Aires bombing of the Israeli Embassy in 1992 and the Jewish community center in 1994. No one was ever brought to justice in those horrific events. Mr. Kirchner claims to be investigating those attacks again, but 11 years leaves a rather cold trail.

Despite that promise, Mr. Kirchner refuses to condemn Chávez even though in 1994 the Venezuelan bad boy verbally attacked the country's Jewish community and approved a raid on a Jewish day school in Caracas. According to a U.S. State Department Web site, in 2004 printed anti-Semitic leaflets were "available to the public in an Interior and Justice Ministry office waiting room."

When Secretary of State Condi Rice met with the Argentine foreign minister in April, civil rights in Venezuela was on the agenda. But an Argentine foreign ministry spokesman said that instead the conversation centered on what Argentina wants: more handouts from the IMF, presumably to keep the Kirchner base supplied with American flags to burn. The U.S. ought to have learned more from the Saudi experience.
 

 

Háganos llegar su opinión sobre este artículo

Si utiliza nuestro material, por favor cite la fuente 

© Copyright 2000-2005 Harrymagazine (www.harrymagazine.com)

Mantenimiento: C & E asociados (www.ceasociados.com)     

 Portada