LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DE KIRCHNER

 

Agosto 2005
Por: Edgardo Aguilera – Edgardo Arrivillaga


En una silenciosa maniobra de carácter vagamente gestapista - en el fondo un simulacro de totalitarismo que se degusta despaciosamente, con una cuchara de mango corto y un tono vagamente homeopático, el gobierno del joven K y la reina Cristina Gucci, han dado vía libre a la detención de militares comprometidos con desapariciones de personas en la guerra civil de los 70. Para que la cosa no resulte demasiado embarazosa para el candidato Pampurro - un médico de la familia Duhalde recalado en un área estratégica no se sabe aun muy bien porque, como ocurre en general con varias figuras del gabinete,Icazurriaga y tantos otros - las detenciones se hacen con el estilo koestleriano de oscuridad a media día . En silencio, con poca resonancia mediática en un gobierno aficionado al rating y a los movileros comprados sin mencionar el silencio de ese significativo ministerio en que se ha transformado el diario nacional y popular.
A propósito, serán sinapeados los periodistas de Clarín se sugiere irónicamente en la jefatura de Gabinete ?

La idea no es del todo mala. Así, un jefe de redacción pasaría a revistar como un A1, un editor naturalmente A8 y para un amable redactor quedaría exagerar su inevitable oficialismo hasta arañar la codiciada C.

Ya llegaremos a eso - la domesticación masiva de la prensa en aras del interés nacional pero solo de algunos pocos - pero todo dependerá de Octubre. El mes donde se juega a suerte y verdad el destino de los colaboracionistas del régimen o la bifurcación del peronismo en una nueva pirueta transformadora que lo alejaría de la pareja real para acercarlos a una nueva transfusión sanguínea.

Transfusión nacional y popular teñida del RH duhaldista, pero también alfonsinista, lavagnista y probablemente algo mas.

Lo cierto es que las detenciones de las que informa inteligentemente Edgardo Aguilera en esta nota, muestran el carácter semiclandestino de las operaciones judiciales que semejan a los operativos de los 70 – también en esos años las detenciones apuntaban, a veces, a los claustros universitarios - pero con la mascara jurídica responsable que los tiempos exigen.

Frente a estas imbecilidades de ideología marchita .Los militares cuando se los cita se presentan con valijita, libros, crucifijo y fotos de mujer e hijos para soportar el ostracismo hay un problema de fondo.

Sectores del gobierno agazapados en los cubículos ligeramente pestilentes del poder usurpado - K tiene comparativamente menos votos que el brigadier Ezequiel Martinez y de lejos muchísimos menos que Francisco Manrique en 1973 - consideran que el tema piquetero, la conflictividad social, en síntesis, los problemas del mundo real obligaran a endurecer la posición represiva y habría que compensar esa represión hacia las fuerzas populares subvencionadas con una razzia antimilitar. Parafraseando a Thomas Mann quién decía que solo lo exhaustivo es realmente interesante “el puñado de inadvertidos analfabetos pretende equiparar a los piketeros con los Montoneros de los 70, replantearse como defensores del orden y relanzar la apuesta con los desteñidos colores del fascismo revisitado por los altisonantes voceros de los Derechos Humanos. En esta jugada hay variables económicas inevitables. El gobierno esta convencido de que ya hay sectores empresarios pactando con las diversas oposiciones y últimamente la agenda de De Vido, el verdadero Eje del Triangulo de Oro del gobierno presenta huecos incomprensibles. Cierta inercia comienza a instalarse en Casa de Gobierno y eso realmente preocupa.

Otros, mas conocedores del asunto, poseedores de cortex algo mas sutiles ya preanuncian que la represión por izquierda y por derecha a la vez costara capital político, desautorizara a las planas mayores de piqueteros y fuerzas de seguridad simultáneamente y precipitara al electorado en una confusión aun mayor que la actual apatía antipartidocrática que circula en el país.

Lo cierto es que los colaboracionistas lo serán exactamente hasta la noche de los recuentos entre el 23 y el 24 de octubre. Luego - como a los vichystas,o al recuerdo desflorado de la Cenicienta menstrualmente sangrante – no se los encontrara mas por ninguna parte.

Pero veamos lo que dice Aguilera.
Edgardo Arrivillaga.

A pesar de la discreción que rodeó el operativo, tal como aspiraba José Pampuro, la detención de tres oficiales del Ejército argentino conmocionó al corazón del arma que comanda el teniente general Roberto Bendini.

El ministro - candidato había comunicado a los tres jefes de Estado mayor que se esperaban decisiones de los jueces federales que llevan adelante procesos por delitos contra los derechos humanos en dos megacausas: Cuerpo I del Ejército a cargo del juez federal Daniel Rafecas y la de la ESMA que instruye el juez federal Sergio Torres. Pero el operativo que llevó adelante la Policía Federal, la semana pasada, en dependencias de la Escuela Superior de Guerra del Ejército y del Instituto de Inteligencia Conjunto de las Fuerzas Armadas, sorprendió a todos pues las detenciones se vincularon con otra megacausa dormida hasta ahora: la del III Cuerpo del Ejército con asiento en Córdoba. Ese proceso lo lleva adelante la jueza Cristina Garzón de Lascano y recuperó actualidad luego de que la Cámara Federal de Córdoba dispusiera la inconstitucionalidad de las leyes del perdón el 18 de agosto pasado, en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de la Nación. El principal imputado es el general retirado Luciano Benjamín Menéndez, preso en domicilio, quien se desempeñaba como comandante del Tercer Cuerpo.

Sin testigos
No hubo movileros ni cámaras que registraran el momento en que eran esposados los tenientes coroneles retirados Carlos Villanueva y José Tofalo, ambos profesores de la Escuela Superior de Guerra, dirigida por el coronel Raúl Aparicio. Tampoco los hubo en el procedimiento del mayor retirado Aldo Chechi, profesor del Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, ubicado en el mismo edificio de la Escuela de Guerra. Todos están sospechados de violaciones cometidas en el centro de detención clandestina conocido como La Perla. De acuerdo con los organismos de derechos humanos, se calcula que unos tres mil secuestrados habrán pasado por allí camino a la desaparición, por lo que está considerado como el primer campo de la muerte de la dictadura.

Si la intención del gobierno fue quitar connotaciones políticas al operativo para no mezclarlo con las denuncias de campaña sobre «pactos desestabilizadores», el efecto se cumplió en parte. Pues cientos de los alumnos militares presentes en la escuela Teniente General Luis María Campos, ubicada en Palermo - la mayoría, oficiales de rango intermedio - algunos preparados en inteligencia, quedaron absortos ante el cuadro del traslado a un celular de los que hasta ese momento eran sus instructores en cátedras profesionales. Lo último que desea el ministro de Defensa ahora que está formalmente en el rol de candidato es una reacción castrense por las detenciones cuando ni siquiera la tuvo por los sucesivos descabezamientos de las fuerzas tras la asunción de Néstor Kirchner.

Denuncias
Vaivenes de la política; este teniente coronel Villanueva encarcelado es el mismo cuyo pliego de ascenso a coronel defendió el teniente general Martín Balza - actual embajador en Colombia - cuando era titular del arma en 1997. La versión taquigráfica de la Comisión de Asuntos Constitucionales por entonces a cargo del senador Jorge Yoma ofrece un comentario de antología: «No nos vamos a comer ese garrón», ya que la subsecretaria Alicia Pierini (de Derechos Humanos) «me confirmó las denuncias que pesan sobre ese militar». Para aventar sospechas, Balza llegó a difundir un radiograma interno en el que explicaba que no se había ocultado información ni al ministro de Defensa (Jorge Domínguez) ni al Presidente de la Nación (Carlos Menem), ni a los conciudadanos, sobre el pasado de Villanueva.

En línea con el fallo de la Corte Suprema del 14 de junio pasado, la Cámara cordobesa se basó en la causa que se tramita por los secuestros y asesinatos de Humberto Brandalisis, Carlos Enrique Lajas e Hilda Palacios y Raúl Cardozo durante un simulacro de enfrentamiento con fuerzas de seguridad en diciembre de 1977, en Córdoba y dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Este caso, conocido como «Brandalisis y otros, averiguación de ilícitos», había sido apelado por la defensa de los procesados con el argumento de que estaban amparados por las leyes del perdón.

La decisión de la Cámara Federal cordobesa reactivó la acción penal contra Villanueva, Tofalo y Chechi, todos señalados por testimonios de ex detenidos como integrantes de los grupos de tareas de La Perla y numerados en ese índex - un Veraz para el sector castrense - confeccionado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), creada durante el gobierno de Alfonsín.

De la Sota no
La Cámara cordobesa tomó distancia de su homóloga porteña, la primera en resolver la inconstitucionalidad de las leyes de Raúl Alfonsín, en un punto crítico para el gobierno de Kirchner. Declaró inconstitucional la Ley 25.779, por la cual el Congreso de la Nación había resuelto la nulidad de las leyes de impunidad en agosto de 2003. El camarista Ignacio Vélez Funes opinó en su voto que la referida resolución del Parlamento argentino «afecta la división de poderes que caracteriza al sistema republicano de gobierno» y que, por ello, «carece de ningún efecto jurídico retroactivo respecto de ninguna persona».


 

 

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