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LOS
ESTADOS ALTERADOS DE BALCARCE 50 Y LA CANDIDATURA OFF SHORE DE CRISTINA DE GUCCI
Agosto 2005
Algo ha de estar fallando en la estrategia plebiscitaria del oficialismo, a
juzgar por los recursos cada día más extremadamente confrontativos a los que
apela en el desarrollo de su campaña permanente.
Esa política de agresividad constante es resistida ya por varios miembros del
gobierno: Roberto Lavagna le saca el cuerpo a todos los compromisos
proselitistas a los que lo invitan. El vicepresidente Daniel Scioli - aunque, a
diferencia de Lavagna, concurrió al curioso acto de Rosario, provincia de Santa
Fé, donde Cristina Kirchner o Gucci según Asís, lanzó su candidatura a senadora
nacional…por la provincia de Buenos Aires- venía de cuestionar sonoramente las
campañas que se basan en agravios y no en propuestas, comentario que le valió
una reprimenda de los correveidiles presidenciales.
En Rosario, ante una audiencia formal y disciplinada, la senadora por Santa Cruz
denunció crípticamente la existencia de un “pacto desestabilizador”. Al día
siguiente, desde Bahía Blanca, su esposo se ocupó de traducir esa denuncia y,
como afirmó, ponerle “nombres y apellidos” a los desestabilizadores. Según él,
se trataría de Eduardo Duhalde (el hombre que le allanó el camino y lo impulsó a
la Casa Rosada), Luis Patti y Carlos Menem. En el febril relato oficialista,
ellos tres “están detrás” de la agitación piquetera, una preocupación recién
estrenada, lectura de encuestas mediante, por el Presidente.
La denuncia no resultó verosímil. Los encuestadores más veloces registraron que
para la mayoría de la sociedad se trataba de una estrategia propagandística
mientras para otro porcentaje significativo era lisa y llanamente falsa. La
oposición, por su parte, reclamó que el gobierno actuara con criterio
institucional: si tenía algo tan grave para denunciar debía presentarse con
pruebas ante la Justicia.
El canciller Rafael Bielsa, arrastrado por el Jefe de Gabinete a una conferencia
de prensa para sostener la denuncia oficial, probó la vía de una resistencia
sutil al apuntar lo que parecía un consejo a la oposición: “Nadie ha llamado
irresponsable al Presidente”, argumentó. En realidad, Bielsa es reluctante al
estilo confrontativo de Kirchner: como candidato a diputado por la Capital
Federal conjetura que esa nada despreciable cuota de crispación que el
Presidente aporta a la campaña terminará de dañar sus posibilidades electorales.
En cualquier caso, si su alusión a que la irresponsabilidad presidencial no
había sido mentada era una forma delicadamente sutil de tomar distancia de ese
estilo áspero, también constituía un error. El senador Eduardo Menem, por
ejemplo, sí había aludido a ella.
La denuncia de la pareja presidencial aparece como poco plausible porque tiene
escasa consistencia interna. Es cierto que Luis Patti va a ser electoralmente
convergente con la candidatura senatorial de Hilda González de Duhalde, pero ese
compromiso político no constituye ningún delito ni tiene nada de
desestabilizador. Su posibilidad está contemplada en la ley electoral y ha sido
aprobado por la Justicia. ¿Insinúa el gobierno que el mero hecho de no coincidir
con él y encarnar el rol opositor es “desestabilizante”? Por otra parte, Carlos
Menem no sólo presenta candidatos diferenciados en la provincia (a través del
Frente Popular que constituyó con Adolfo Rodríguez Saa), sino que muy pocos lo
imaginarían en un “pacto” con Duhalde, el hombre que en el Congreso de Lanas del
PJ, en 2003, le quitó la posibilidad de ser el candidato unificado del
justicialismo a través de elecciones internas (que Duhalde canceló). Si con
alguien pactó Duhalde es con Néstor Kirchner, para ayudarlo a ser presidente.
Que, con el tiempo, Kirchner quiera sacarse de encima a su aliado y benefactor,
es otra cosa.
Y en cuanto a los piqueteros, ¿no resulta claro para todo el mundo que fue este
gobierno el que sostuvo durante más de dos años una política permisiva, renuente
a poner límites al desorden de las demostraciones de ese signo? ¿No es el
gobierno el que ha acogido en su seno a varios de los dirigentes piqueteros,
convirtiéndolos en funcionarios, candidatos o voceros informales (como es el
caso de Luis D’Elía)? ¿Quién le ha garantizado indemnidad a D’Elía después de la
toma violenta de la comisaría de La Boca?
La comparación entre los hechos y la denuncia es tan elocuente, que le resta
verosimilitud a ésta.
Para colmo, se trata de un recurso del que el gobierno tiende a abusar. En mayo
del año último, el oficialismo ya proclamó la existencia de un complot. El
disparador de aquella denuncia de 2004 fue el “descubrimiento” de un locro en el
que coincidían militares retirados y civiles para celebrar la fecha patria.
Luego de la precipitada denuncia se supo que a ese locro estaban invitadas
autoridades civiles y castrenses, que no se trataba de ninguna actividad
clandestina, sino de la reiteración de un festejo que se hace todos los años. No
obstante, la propaganda oficial insistió durante varios días con la idea del
complot. El diputado kirchnerista Miguel Bonasso declaró en el recinto de la
Cámara Baja que había “una conspiración” destinada a “limar al Presidente”
inspirada por “la derecha salvaje” y sectores de la prensa, entre los que
mencionó al periodista Mariano Grondona y al diario La Nación. Vale la pena
recorrer los diarios de quince meses atrás para recordar el antecedente. La
interpretación pública del gobierno enlazó nombres y circunstancias y los
dispuso, como dice el tango, “en el mismo lodo, todos manosea’os”; tras el
presunto objetivo de dañar o acortar la gestión del Presidente se tejió una red
imaginatva que unía un incendio provocado, el incremento del delito y su reflejo
en los medios de comunicación, las opiniones de políticos opositores, los
juicios de economistas profesionales, indefinidas presiones de empresas
privatizadas, el cuestionamiento al manejo de la crisis energética; en la
volteada cayeron, entre otros, Ricardo López Murphy, el politólogo Rosendo
Fraga, Mauricio Macri, la periodista Nancy Pazos, el fiscal federal Carlos
Stornelli.
Cuando, como en esta ocasión, se reclamaron pruebas, los voceros habituales del
gobierno (Alberto y Aníbal Fernández) comenzaron a relativizar los dichos. El
Presidente, invitado a formular la denuncia en sede tribunalicia por el (ahora
sancionado) juez Juan José Galeano, se abstuvo de hacerlo.
Ahora comienza a ocurrir lo mismo: después de los rayos y centellas de la
denuncia de la pareja presidencial, el oficialismo elude la presentación de
pruebas y le quita envergadura a las palabras pronunciadas. Sólo se habría
tratado de una constatación: Patti respalda la candidatura de Chiche Duhalde.
¡Chocolate por la noticia!
La alteración oficial responde, asimismo, a la circunstancia de que, en
convergencia con el proceso electoral, se manifiestan con más intensidad las
luchas salariales de sectores obreros y los reclamos contra la pobreza de los
sectores más maginados. Ciertamente, cuando el INDEC informa que la mitad de las
personas empleadas cobran salarios de menos de 500 pesos, esa situación tiene
explicaciones menos imaginativos que la denuncia de un complot.
Sucede que el gobierno está verificando que le cuesta penetrar con la
candidatura de Cristina Kirchner en los sectores más humildes de la provincia de
Buenos Aires –los que residen en el segundo y tercer cordón del conurbano, y
procura entonces asegurarse el voto de las clases medias más acomodadas. Las
encuestas revelan que estos sectores son los que más censuran al gobierno por su
actitud permisiva hacia el desorden urbano. He aquí el motivo por el cual el
oficialismo insinúa en los últimos días un cambio de política frente al fenómeno
piquetero.
Si los estados estuvieran menos alterados y las urgencias electoralistas no
fueran tan acuciantes, quizás sería más fácil descubrir que la inequidad social
no se soluciona con desorden o que el orden no se resuelve con reacciones
intempestivas. Pero no hay nada que hacer: la alteración y las urgencias de
campaña son las que dictan la agenda
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