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“REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA” EN LA AGENDA POLITICA DEL GOBIERNO
Agosto 2005
Por Maria Cristina Montenegro
El desalentador panorama que refleja la fragmentación de la sociedad y la
ausencia de una verdadera política de estado, como articuladora de los
diferentes intereses que existen en el todo social, obliga a reflexionar para
actuar en sentido constructivo. Es evidente que no existe ni un plan estratégico
nacional ni la voluntad política de convocar a los distintos sectores que
conforman la comunidad a fin de buscar una salida a la crisis. Es cierto,
también, que a la depredación de la cosa pública se suma la destrucción de las
instituciones de la República frente a la aceptación resignadamente insensata
por gran parte de la sociedad.
El Estado, siguiendo a los pensadores clásicos, es el encargado de la
organización social y quien asume, en función subsidiaria, todo aquello que la
sociedad en su conjunto requiere para su desenvolvimiento. Es cierto que en
nombre del Estado el siglo XX ha sido prolífico en experiencias patológicas como
los totalitarismos nacionalsocialistas, fascistas o estalinistas, pero no es
menos cierto que el Estado es una necesidad, dentro del marco institucional,
como única organización política, conocida hasta ahora, capaz de generar las
condiciones para la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos.
Nada más significativo que las demandas de recuperación del Estado referidas por
Fukuyama en su última obra: La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden
mundial en el siglo XXI. En ella se advierte sobre las desacertadas políticas
que llevaron a la “demolición sistemática del estado”. Por estas tierras se pasó
de una necesaria reestructuración y modernización estatal hacia “una peligrosa
debilidad estructural”.
La razón es obvia: el Estado sigue siendo necesario. El Estado, y no otra
pretendida entidad política, permanece velando en un Estado de Derecho por la
seguridad y libertad personal. ¡Qué más se puede pedir! Pero es que además, el
progreso económico no es factible -los países de África e Iberoamérica así lo
atestiguan- sin un Estado que sirva de esqueleto sustentador; que dote a la
sociedad civil de una infraestructura institucional, que permita el
afianzamiento de la economía de mercado, que aborde la educación, que haga real
la igualdad de oportunidades y que garantice sus derechos más básicos.
[1]
Asegurar la vigencia del Estado, definir su perfil y optimizar su eficacia es
algo de lo que la sociedad tiene que hacerse cargo a sabiendas que no habrá
progreso ni justicia social sin la acción estatal. Sobran las muestras de
violencia y destrucción que generan los estados fallidos o la situación de
inestabilidad de que dan muestra los estados débiles. El conflicto social, la
desvertebración política y el quebranto económico es producto de un estado cuya
dirigencia gubernamental lo ha convertido en un antro de corrupción y
madriguera para el delito internacional en todas sus manifestaciones.
Sólo las instituciones fuertes y eficientes pueden asegurar el Estado de Derecho
y la vigencia de las libertades ciudadanas. Solo las instituciones fuertes
pueden prevenir contra la desvertebración política y la violencia social.
Lamentablemente no es lo que parece haber entendido el sector dirigencial frente
a las dramáticas jornadas que vive la ciudadanía con sus calles, universidades y
hospitales tomados. El gobierno ha decidido no cumplir con sus obligaciones de
mantener el orden público y tornar las cosas a los cauces que marca la
Constitución Nacional.
La situación ha devenido en una creciente ola de inestabilidad política frente a
la impotencia institucional. En este marco, la intención es hacer un análisis de
la situación institucional del país a partir de un enfoque teórico que explica
la relación existente entre las instituciones políticas y la estabilidad
política, por un lado, y la lógica del poder que no se ejerce y es “apropiado
por otro”. Situación que se da tanto sea en relación con el estado, los
individuos o las instituciones.
ESTABILIDAD VS DEBILIDAD INSTITUCIONAL
Por estabilidad entendemos la:
Ausencia de revolución, la falta de factores internos de violencia, la
inexistencia de revisiones constitucionales permanente, la ausencia de protestas
contra el sistema y la inexistencia de inestabilidad institucional y
gubernamental. [2]
Un sistema político estable da cuenta de altos niveles de adhesión por parte de
la ciudadanía tanto para el régimen (gobierno) como para quienes se hallan en el
poder en ese momento (autoridades)
Asì, sostiene Mezey, una organización política estable se caracteriza por: a) un
sentido de nacionalidad compartido, b) por una continuidad de formas
gubernativas y c) por una alternancia gradual y ordenada de las elites
gobernantes. Estos factores, analíticamente separados, funcionan
interrelacionados y cuando uno de ellos falla deviene en inestabilidad para el
resto.
Uno de los ejemplos claros que se verifican en los llamados estados fallidos, es
el de la actividad secesionista: cuando una minoría política regional genera
actividades de secesión promueve la disminución de apoyo al sistema
constitucional o a la dirigencia política en ese momento, los mecanismos de
demolición institucional van desde aquellos activados para la acción psicológica
como los utilizados en el uso directo de la fuerza. La violencia es una parte
del programa de destrucción del sistema, la captación de voluntades por coacción
o mediante otras formas de “lavado de cerebro” generan masas de adherentes. Los
opositores tendrán dos caminos: resignarse al silencio o emigrar.
Cuando se pensó en la división de poderes como el corazón mismo de la República,
los pensadores partían de referencias empíricas y de principios del realismo
político. Los contrapesos institucionales fijaron las bases mismas del sistema
que ha permitido a los ciudadanos salvaguardar sus libertades y clausurar las
posibilidades de la instauración de dictaduras o totalitarismos.
Cuando uno de los poderes del estado deja virtualmente de funcionar se produce
un avance del Ejecutivo quien logra para sí sumas importantes de poder en una
suerte de “suma del poder público”. Esto se refleja en una forma de
presidencialismo exacerbado. Así la situación, el sistema presenta diversos
grados de inestabilidad.
Por otra parte, mirando el escenario argentino, esta “anomalía” va asociada como
un sistema de partidos políticos débiles y fraccionados, lo que impide una
salida de la crisis por las vías establecidas por la Constitución y la acción y
eficacia del Poder Judicial para poner los remedios necesarios en tiempo y
forma.
No caben dudas acerca de las maniobras que realiza el partido gobernante para
imponer su hegemonía en el próximo Congreso Nacional. Tampoco se han respetado
las formas establecidas para las campañas políticas, donde el partido de
gobierno cuenta con los medios y los tiempos a su favor.
Por otra parte, los sistemas políticos se tornan inestables debido a la
fragmentación social, brechas económicas, marginación de individuos y de
regionales, escisiones políticas e ideológicas. Sistemas con instituciones
políticas débiles se vuelven incapaces de estabilizar la situación y la espiral
de la crisis se retroalimenta constantemente. Los esquemas institucionales del
poder político reflejan esas divisiones pero no están en capacidad para influir
sobre ellas porque las formas institucionales, de facto, no pueden generar
estabilidad en una sociedad esencialmente inestable.
Este enfoque nos aleja de las hipótesis que sostienen que la estabilidad
sistémica se halla en el modo en que sus mecanismos funcionan. Desde nuestra
perspectiva los gérmenes de la inestabilidad se hallan en las características
culturales del pueblo, en su cultura política, social y económica. Ellas
permiten el marco de continuidad institucional o, por el contrario, su
quebrantamiento sistemático.
Lo dicho explica la diferencia en el desarrollo del sistema republicano en los
distintos países. Por caso la continuidad del sistema norteamericano y la
discontinuidad de los sistemas en las naciones latinoamericanas. Un Ejecutivo
fuerte y un Congreso fuerte proveen estabilidad sistémica.
La estabilidad política funciona cuando las instituciones políticas del régimen
están en capacidad de responder, en tiempo y forma, a las demandas de los
ciudadanos. A la vez que, esta capacidad es la fuente que asegura el apoyo al
régimen y a las autoridades. Este tipo de apoyo se denomina “apoyo específico”.
En el largo plazo el apoyo se convertirá en “apoyo difuso”. No dependerá de la
satisfacción de las demandas sino de las prácticas políticas devenidas en
cultura política. Este “apoyo difuso” ayudará a mantener la estabilidad del
sistema aún cuando el régimen no sea capaz de responder a las demandas más
inmediatas de los ciudadanos.
Ahora bien, la demanda más inmediata de los ciudadanos es el bienestar
económico. Cuando las expectativas son traicionadas por las autoridades,
elegidas a partir de compromisos electorales, aumentan las demandas y aumenta la
participación política en orden a presionar al gobierno para satisfacerlas. Si
esta situación no se detiene los niveles de inestabilidad sistémica se
intensifica derivando en conflictos intersectoriales y en una multiplicación de
demandas.
Como está ausente la cultura política que pone límites a los modos de
participación, la inestabilidad se exacerba en ausencia de una cultura cívica
que postula canales de diálogo. El ciudadano ya no se reconoce como parte de una
comunidad con sus derechos pero también con sus deberes dentro del sistema y se
vuelve un individuo o grupo dispuesto a lograr su interés a costa de cualquier
medio. Reducir un hospital infantil a una trinchera de lucha vindicativa es el
hecho más significativo por estas horas
Cuando los roles de individuo y de ciudadano entran en crisis la espiral de
inestabilidad deviene en anomia. Es allí el momento en que los individuos se
tornan vulnerables a la influencia de personajes carismáticos que los incitan a
unirse a los movimientos de masas apelando a la emocionalidad y a los grandes
gestos simbólicos propio de los regímenes populistas. Reducido a ente este
hombre-masa es instrumento dócil para los totalitarismos de cualquier signo
porque ha perdido la dignidad que le otorga la doble calidad de individuo y
ciudadano.
Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo - en bien o en mal - por razones
especiales, sino que se siente “como todo el mundo”, y, sin embargo, no se
angustia, se siente a sabor de sentirse idéntico a los demás. [3]
Por el contrario, si las instituciones funcionan de manera eficaz para
satisfacer las principales demandas de los ciudadanos, en especial las referida
a apremios económicos, se puede evitar la inestabilidad política, encausar el
dialogo y lograr satisfacciones posibles a partir de la negociación.
Ahora bien, las instituciones políticas ¿tienen capacidad para responder
siempre? Samuel Huntington señala que las amenazas a la estabilidad generada por
una mayor participación política sólo pueden ser manejadas por instituciones
fuertes y en esto lleva razón. Cuando estas son débiles los altos niveles de
participación se tornan fuerzas desestabilizadoras y disputas a un juego suma
cero para obtener sus supuestos derechos.
La frustración social genera demandas sobre el gobierno y la expansión de la
participación política para imponer esas demandas. Además, el atraso político
del país en términos de institucionalización política, torna difícil, sino
imposible, que las demandas se expresen a través de canales legítimos y sean
moderados e incorporados al sistema. De ahí que el brusco incremento de la
participación política da lugar a la inestabilidad. [4]
Si el argumento es que la inestabilidad política se genera a partir de la
debilidad del Estado y su incapacidad para actuar frente a las demandas de los
ciudadanos, será necesario fortalecer las instituciones políticas con los
remedios que ofrece la normativa legal vigente y el funcionamiento normal de las
instituciones republicanas. En esto el Congreso es un pilar fundamental. Por su
conformación es el ámbito donde concurren los diversos sectores de la sociedad,
las diferentes regiones de país y, por lo tanto, debiera actuar como conducto de
las diversas demandas de individuos y grupos. Es el escenario donde se expresan
las preocupaciones nacionales.
Si las políticas públicas no dan respuesta inmediata a los requerimientos, el
Congreso como cuerpo representativo puede desarrollar el “apoyo difuso” hacia el
régimen preservando la estabilidad. ¿De qué manera? Solo cumpliendo con su
función como un factor fundamental para la rendición de cuenta de las elites
gobernantes. Si tal mecanismo funciona reduce considerablemente los riesgos
desestabilizadores. Si no es así, la participación política exacerbada y los
conflictos sectoriales que amenazan salirse de madre aumentan las posibilidades
de que el brazo represivo del Estado se vuelva absolutamente necesario so pena
de convertirse en un estado colapsado como es típico en varios países africanos.
El fenómeno piquetero que surgió a partir de la desarticulación del Estado ha
devenido en una suerte de galimatías: todos están en contra de las metodologías
pero nadie parece ser capaz de poner límites a su accionar de “apropiación del
espacio público” y de factor irritante en una sociedad que exige que se respeten
los derechos de todos.
Es evidente que quienes dirigen estos grupos tienen objetivos concretos:
encender mechas de descontento social y de malestar permanente valiéndose de las
necesidades de los más desposeídos. Quienes, a la postre, sufrirán las
consecuencias de la represión. Dirigentes ejerciendo una gimnasia
prerrevolucionaria han tomado la calle y los edificios públicos. Coherente con
ello Gustavo Lerer es una manifestación tangible al sostener que quería vivir
los tiempos de la revolución rusa porque la democracia no le sirve. Luis D ´Elia
[5]
asaltando una comisaría sin que la ley le haya exigido satisfacción por
semejante delito o Castells [6] extorsionando a las empresas.
Pero quien generó el estado de situación fue el mismísimo gobierno que ahora
intenta que fiscales y jueces apaguen el incendio.
Yo creo en la democracia, pero espero que los fiscales actúen como corresponde y
que los jueces también lo hagan. Sepan los argentinos que estamos sometidos a
una extorsión y a una provocación... [7]
Ante esto, los piqueteros piden, o ironía, sensatez al Presidente y agregan sin
ningún eufemismo la amenaza de rigor de Juan Cruz Daffunchio, del MTD Aníbal
Veròn
Si se judicializa la protesta, se va a provocar una espiral de violencia. La
Argentina y la lucha popular se van a salir de cauce
En este juego van cayendo uno a uno los principios constitucionales y los
bárbaros asaltan encapuchados los espacios ciudadanos ante la impotencia
ciudadana y la inoperatividad gubernamental. Tristemente, la experiencia muestra
que mientras más tarde la imposición de la ley más dramático resultará evitar el
colapso institucional.
CONCLUSION
De acuerdo con el enfoque teórico existe un modelo de conexión entre estabilidad
política e instituciones políticas. De esta relación se pueden deducir tres
principios:
- La estabilidad política se ve amenazada cuando el descontento popular se
dirige contra las instituciones políticas y los titulares del poder político.
- Las instituciones fuertes y eficientes, capaces de gobernar, pueden manejar el
descontento antes que este llegue a desestabilizar el sistema.
- Las instituciones débiles son menos capaces de manejar el descontento y la
inestabilidad.
Los representantes del pueblo deben aumentar la legitimidad del régimen
reforzando la capacidad de respuesta a las demandas y dar a los ciudadanos las
señales de que las demandas están siendo escuchadas.
Ahora bien, la desdichada maniobra gubernamental, empeñada en perpetuarse en el
poder, sin límites en su ejercicio, está muy lejos de reflexionar sobre la
construcción de un Estado eficiente y eficaz, que devuelva en bienes públicos
los impuestos que el ciudadano paga por ellos. Poner límites al ejercicio de
peticionar no es un atributo gracioso del gobernante, antes bien es un
imperativo ético y político de quien es sólo el inquilino de la Casa Rosada.
No es aventando brujas y fantasmas con que se conservará el orden institucional,
mucho menos cuando quienes anuncian pretendidos pactos son maestros en la
profesión de armarlos, o estaban ajenos al golpe de estado donde sucumbió el
gobierno de De La Rùa?.
Quiero hablar de un pacto, tal vez más oculto. El pacto de desestabilización,
que consiste en crear poco antes de las elecciones cierto clima de violencia,
usando gente que hasta no hace mucho era invitada a la quinta de Olivos. [8]
Claro, quien juega con fuego tarde o temprano suele quemarse. No sería
preocupante si el daño lo sufrieran quienes sumieron al país en esta situación.
Lo preocupante es que son ellos quienes siempre salen ilesos mediante
compromisos de padrinos y ahijados, alternativamente.
[1] Pedro González-Trevisano: Providencia del Estado en la España
constitucional. Diario ABC
[2] Michael Mezey: El Congreso en el marco del sistema presidencial
norteamericano
[3] Josè Ortega y Gasset: La rebelión de las masas
[4] Samuel Huntington: Political Order in Changing Societies
[5] Debería estar procesado por el asalto a la Comisaría de la Boca.
[6] El dirigente piquetero está procesado por tentativa de extorsión por una
protesta que realizó frente al local de McDonald´s de Corrientes y Carlos
Pellegrini en diciembre pasado. Diario La Nación
[7] Presidente Néstor Kirchner en referencia a integrantes de Polo Obrero y la
Corriente Combativa que tomaron del Hospital Garrahan
[8] Cristina Kirchner abrió anoche la campaña para octubre con una bomba
política: frente al Presidente, casi todo el gabinete y 15 gobernadores,
denunció que hay un "pacto oculto de desestabilización" para "crear un clima de
violencia" en el país…¿A quién se refería con la gente que entraba en Olivos? La
referencia pareció cantada: esta semana el ministro del Interior, Aníbal
Fernández, había declarado que él mismo, cuando era funcionario de Duhalde,
había llevado al piquetero intransigente Raúl Castells a la residencia
presidencial. Diario La Nación 25-08-05
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