“REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA” EN LA AGENDA POLITICA DEL GOBIERNO

 

Agosto 2005
Por Maria Cristina Montenegro

 

El desalentador panorama que refleja la fragmentación de la sociedad y la ausencia de una verdadera política de estado, como articuladora de los diferentes intereses que existen en el todo social, obliga a reflexionar para actuar en sentido constructivo. Es evidente que no existe ni un plan estratégico nacional ni la voluntad política de convocar a los distintos sectores que conforman la comunidad a fin de buscar una salida a la crisis. Es cierto, también, que a la depredación de la cosa pública se suma la destrucción de las instituciones de la República frente a la aceptación resignadamente insensata por gran parte de la sociedad.

El Estado, siguiendo a los pensadores clásicos, es el encargado de la organización social y quien asume, en función subsidiaria, todo aquello que la sociedad en su conjunto requiere para su desenvolvimiento. Es cierto que en nombre del Estado el siglo XX ha sido prolífico en experiencias patológicas como los totalitarismos nacionalsocialistas, fascistas o estalinistas, pero no es menos cierto que el Estado es una necesidad, dentro del marco institucional, como única organización política, conocida hasta ahora, capaz de generar las condiciones para la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos.

Nada más significativo que las demandas de recuperación del Estado referidas por Fukuyama en su última obra: La construcción del Estado. Hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI. En ella se advierte sobre las desacertadas políticas que llevaron a la “demolición sistemática del estado”. Por estas tierras se pasó de una necesaria reestructuración y modernización estatal hacia “una peligrosa debilidad estructural”.

La razón es obvia: el Estado sigue siendo necesario. El Estado, y no otra pretendida entidad política, permanece velando en un Estado de Derecho por la seguridad y libertad personal. ¡Qué más se puede pedir! Pero es que además, el progreso económico no es factible -los países de África e Iberoamérica así lo atestiguan- sin un Estado que sirva de esqueleto sustentador; que dote a la sociedad civil de una infraestructura institucional, que permita el afianzamiento de la economía de mercado, que aborde la educación, que haga real la igualdad de oportunidades y que garantice sus derechos más básicos. [1]

Asegurar la vigencia del Estado, definir su perfil y optimizar su eficacia es algo de lo que la sociedad tiene que hacerse cargo a sabiendas que no habrá progreso ni justicia social sin la acción estatal. Sobran las muestras de violencia y destrucción que generan los estados fallidos o la situación de inestabilidad de que dan muestra los estados débiles. El conflicto social, la desvertebración política y el quebranto económico es producto de un estado cuya dirigencia gubernamental lo ha convertido en un antro de corrupción y madriguera para el delito internacional en todas sus manifestaciones.

Sólo las instituciones fuertes y eficientes pueden asegurar el Estado de Derecho y la vigencia de las libertades ciudadanas. Solo las instituciones fuertes pueden prevenir contra la desvertebración política y la violencia social. Lamentablemente no es lo que parece haber entendido el sector dirigencial frente a las dramáticas jornadas que vive la ciudadanía con sus calles, universidades y hospitales tomados. El gobierno ha decidido no cumplir con sus obligaciones de mantener el orden público y tornar las cosas a los cauces que marca la Constitución Nacional.

La situación ha devenido en una creciente ola de inestabilidad política frente a la impotencia institucional. En este marco, la intención es hacer un análisis de la situación institucional del país a partir de un enfoque teórico que explica la relación existente entre las instituciones políticas y la estabilidad política, por un lado, y la lógica del poder que no se ejerce y es “apropiado por otro”. Situación que se da tanto sea en relación con el estado, los individuos o las instituciones.

ESTABILIDAD VS DEBILIDAD INSTITUCIONAL
Por estabilidad entendemos la:
Ausencia de revolución, la falta de factores internos de violencia, la inexistencia de revisiones constitucionales permanente, la ausencia de protestas contra el sistema y la inexistencia de inestabilidad institucional y gubernamental. [2]

Un sistema político estable da cuenta de altos niveles de adhesión por parte de la ciudadanía tanto para el régimen (gobierno) como para quienes se hallan en el poder en ese momento (autoridades)

Asì, sostiene Mezey, una organización política estable se caracteriza por: a) un sentido de nacionalidad compartido, b) por una continuidad de formas gubernativas y c) por una alternancia gradual y ordenada de las elites gobernantes. Estos factores, analíticamente separados, funcionan interrelacionados y cuando uno de ellos falla deviene en inestabilidad para el resto.

Uno de los ejemplos claros que se verifican en los llamados estados fallidos, es el de la actividad secesionista: cuando una minoría política regional genera actividades de secesión promueve la disminución de apoyo al sistema constitucional o a la dirigencia política en ese momento, los mecanismos de demolición institucional van desde aquellos activados para la acción psicológica como los utilizados en el uso directo de la fuerza. La violencia es una parte del programa de destrucción del sistema, la captación de voluntades por coacción o mediante otras formas de “lavado de cerebro” generan masas de adherentes. Los opositores tendrán dos caminos: resignarse al silencio o emigrar.

Cuando se pensó en la división de poderes como el corazón mismo de la República, los pensadores partían de referencias empíricas y de principios del realismo político. Los contrapesos institucionales fijaron las bases mismas del sistema que ha permitido a los ciudadanos salvaguardar sus libertades y clausurar las posibilidades de la instauración de dictaduras o totalitarismos.

Cuando uno de los poderes del estado deja virtualmente de funcionar se produce un avance del Ejecutivo quien logra para sí sumas importantes de poder en una suerte de “suma del poder público”. Esto se refleja en una forma de presidencialismo exacerbado. Así la situación, el sistema presenta diversos grados de inestabilidad.

Por otra parte, mirando el escenario argentino, esta “anomalía” va asociada como un sistema de partidos políticos débiles y fraccionados, lo que impide una salida de la crisis por las vías establecidas por la Constitución y la acción y eficacia del Poder Judicial para poner los remedios necesarios en tiempo y forma.

No caben dudas acerca de las maniobras que realiza el partido gobernante para imponer su hegemonía en el próximo Congreso Nacional. Tampoco se han respetado las formas establecidas para las campañas políticas, donde el partido de gobierno cuenta con los medios y los tiempos a su favor.

Por otra parte, los sistemas políticos se tornan inestables debido a la fragmentación social, brechas económicas, marginación de individuos y de regionales, escisiones políticas e ideológicas. Sistemas con instituciones políticas débiles se vuelven incapaces de estabilizar la situación y la espiral de la crisis se retroalimenta constantemente. Los esquemas institucionales del poder político reflejan esas divisiones pero no están en capacidad para influir sobre ellas porque las formas institucionales, de facto, no pueden generar estabilidad en una sociedad esencialmente inestable.

Este enfoque nos aleja de las hipótesis que sostienen que la estabilidad sistémica se halla en el modo en que sus mecanismos funcionan. Desde nuestra perspectiva los gérmenes de la inestabilidad se hallan en las características culturales del pueblo, en su cultura política, social y económica. Ellas permiten el marco de continuidad institucional o, por el contrario, su quebrantamiento sistemático.

Lo dicho explica la diferencia en el desarrollo del sistema republicano en los distintos países. Por caso la continuidad del sistema norteamericano y la discontinuidad de los sistemas en las naciones latinoamericanas. Un Ejecutivo fuerte y un Congreso fuerte proveen estabilidad sistémica.

La estabilidad política funciona cuando las instituciones políticas del régimen están en capacidad de responder, en tiempo y forma, a las demandas de los ciudadanos. A la vez que, esta capacidad es la fuente que asegura el apoyo al régimen y a las autoridades. Este tipo de apoyo se denomina “apoyo específico”.

En el largo plazo el apoyo se convertirá en “apoyo difuso”. No dependerá de la satisfacción de las demandas sino de las prácticas políticas devenidas en cultura política. Este “apoyo difuso” ayudará a mantener la estabilidad del sistema aún cuando el régimen no sea capaz de responder a las demandas más inmediatas de los ciudadanos.

Ahora bien, la demanda más inmediata de los ciudadanos es el bienestar económico. Cuando las expectativas son traicionadas por las autoridades, elegidas a partir de compromisos electorales, aumentan las demandas y aumenta la participación política en orden a presionar al gobierno para satisfacerlas. Si esta situación no se detiene los niveles de inestabilidad sistémica se intensifica derivando en conflictos intersectoriales y en una multiplicación de demandas.

Como está ausente la cultura política que pone límites a los modos de participación, la inestabilidad se exacerba en ausencia de una cultura cívica que postula canales de diálogo. El ciudadano ya no se reconoce como parte de una comunidad con sus derechos pero también con sus deberes dentro del sistema y se vuelve un individuo o grupo dispuesto a lograr su interés a costa de cualquier medio. Reducir un hospital infantil a una trinchera de lucha vindicativa es el hecho más significativo por estas horas

Cuando los roles de individuo y de ciudadano entran en crisis la espiral de inestabilidad deviene en anomia. Es allí el momento en que los individuos se tornan vulnerables a la influencia de personajes carismáticos que los incitan a unirse a los movimientos de masas apelando a la emocionalidad y a los grandes gestos simbólicos propio de los regímenes populistas. Reducido a ente este hombre-masa es instrumento dócil para los totalitarismos de cualquier signo porque ha perdido la dignidad que le otorga la doble calidad de individuo y ciudadano.

Masa es todo aquel que no se valora a sí mismo - en bien o en mal - por razones especiales, sino que se siente “como todo el mundo”, y, sin embargo, no se angustia, se siente a sabor de sentirse idéntico a los demás. [3]

Por el contrario, si las instituciones funcionan de manera eficaz para satisfacer las principales demandas de los ciudadanos, en especial las referida a apremios económicos, se puede evitar la inestabilidad política, encausar el dialogo y lograr satisfacciones posibles a partir de la negociación.

Ahora bien, las instituciones políticas ¿tienen capacidad para responder siempre? Samuel Huntington señala que las amenazas a la estabilidad generada por una mayor participación política sólo pueden ser manejadas por instituciones fuertes y en esto lleva razón. Cuando estas son débiles los altos niveles de participación se tornan fuerzas desestabilizadoras y disputas a un juego suma cero para obtener sus supuestos derechos.

La frustración social genera demandas sobre el gobierno y la expansión de la participación política para imponer esas demandas. Además, el atraso político del país en términos de institucionalización política, torna difícil, sino imposible, que las demandas se expresen a través de canales legítimos y sean moderados e incorporados al sistema. De ahí que el brusco incremento de la participación política da lugar a la inestabilidad. [4]

Si el argumento es que la inestabilidad política se genera a partir de la debilidad del Estado y su incapacidad para actuar frente a las demandas de los ciudadanos, será necesario fortalecer las instituciones políticas con los remedios que ofrece la normativa legal vigente y el funcionamiento normal de las instituciones republicanas. En esto el Congreso es un pilar fundamental. Por su conformación es el ámbito donde concurren los diversos sectores de la sociedad, las diferentes regiones de país y, por lo tanto, debiera actuar como conducto de las diversas demandas de individuos y grupos. Es el escenario donde se expresan las preocupaciones nacionales.

Si las políticas públicas no dan respuesta inmediata a los requerimientos, el Congreso como cuerpo representativo puede desarrollar el “apoyo difuso” hacia el régimen preservando la estabilidad. ¿De qué manera? Solo cumpliendo con su función como un factor fundamental para la rendición de cuenta de las elites gobernantes. Si tal mecanismo funciona reduce considerablemente los riesgos desestabilizadores. Si no es así, la participación política exacerbada y los conflictos sectoriales que amenazan salirse de madre aumentan las posibilidades de que el brazo represivo del Estado se vuelva absolutamente necesario so pena de convertirse en un estado colapsado como es típico en varios países africanos.

El fenómeno piquetero que surgió a partir de la desarticulación del Estado ha devenido en una suerte de galimatías: todos están en contra de las metodologías pero nadie parece ser capaz de poner límites a su accionar de “apropiación del espacio público” y de factor irritante en una sociedad que exige que se respeten los derechos de todos.

Es evidente que quienes dirigen estos grupos tienen objetivos concretos: encender mechas de descontento social y de malestar permanente valiéndose de las necesidades de los más desposeídos. Quienes, a la postre, sufrirán las consecuencias de la represión. Dirigentes ejerciendo una gimnasia prerrevolucionaria han tomado la calle y los edificios públicos. Coherente con ello Gustavo Lerer es una manifestación tangible al sostener que quería vivir los tiempos de la revolución rusa porque la democracia no le sirve. Luis D ´Elia [5] asaltando una comisaría sin que la ley le haya exigido satisfacción por semejante delito o Castells  [6] extorsionando a las empresas.

Pero quien generó el estado de situación fue el mismísimo gobierno que ahora intenta que fiscales y jueces apaguen el incendio.

Yo creo en la democracia, pero espero que los fiscales actúen como corresponde y que los jueces también lo hagan. Sepan los argentinos que estamos sometidos a una extorsión y a una provocación... [7]

Ante esto, los piqueteros piden, o ironía, sensatez al Presidente y agregan sin ningún eufemismo la amenaza de rigor de Juan Cruz Daffunchio, del MTD Aníbal Veròn

Si se judicializa la protesta, se va a provocar una espiral de violencia. La Argentina y la lucha popular se van a salir de cauce

En este juego van cayendo uno a uno los principios constitucionales y los bárbaros asaltan encapuchados los espacios ciudadanos ante la impotencia ciudadana y la inoperatividad gubernamental. Tristemente, la experiencia muestra que mientras más tarde la imposición de la ley más dramático resultará evitar el colapso institucional.

CONCLUSION

De acuerdo con el enfoque teórico existe un modelo de conexión entre estabilidad política e instituciones políticas. De esta relación se pueden deducir tres principios:

- La estabilidad política se ve amenazada cuando el descontento popular se dirige contra las instituciones políticas y los titulares del poder político.
- Las instituciones fuertes y eficientes, capaces de gobernar, pueden manejar el descontento antes que este llegue a desestabilizar el sistema.
- Las instituciones débiles son menos capaces de manejar el descontento y la inestabilidad.

Los representantes del pueblo deben aumentar la legitimidad del régimen reforzando la capacidad de respuesta a las demandas y dar a los ciudadanos las señales de que las demandas están siendo escuchadas.

Ahora bien, la desdichada maniobra gubernamental, empeñada en perpetuarse en el poder, sin límites en su ejercicio, está muy lejos de reflexionar sobre la construcción de un Estado eficiente y eficaz, que devuelva en bienes públicos los impuestos que el ciudadano paga por ellos. Poner límites al ejercicio de peticionar no es un atributo gracioso del gobernante, antes bien es un imperativo ético y político de quien es sólo el inquilino de la Casa Rosada.

No es aventando brujas y fantasmas con que se conservará el orden institucional, mucho menos cuando quienes anuncian pretendidos pactos son maestros en la profesión de armarlos, o estaban ajenos al golpe de estado donde sucumbió el gobierno de De La Rùa?.

Quiero hablar de un pacto, tal vez más oculto. El pacto de desestabilización, que consiste en crear poco antes de las elecciones cierto clima de violencia, usando gente que hasta no hace mucho era invitada a la quinta de Olivos. [8]

Claro, quien juega con fuego tarde o temprano suele quemarse. No sería preocupante si el daño lo sufrieran quienes sumieron al país en esta situación. Lo preocupante es que son ellos quienes siempre salen ilesos mediante compromisos de padrinos y ahijados, alternativamente.

 

[1] Pedro González-Trevisano: Providencia del Estado en la España constitucional. Diario ABC


[2] Michael  Mezey: El Congreso en el marco del sistema presidencial norteamericano


[3] Josè Ortega y Gasset: La rebelión de las masas


[4] Samuel Huntington: Political Order in Changing Societies


[5] Debería estar procesado por el asalto a la Comisaría de la Boca.


[6] El dirigente piquetero está procesado por tentativa de extorsión por una protesta que realizó frente al local de McDonald´s de Corrientes y Carlos Pellegrini en diciembre pasado. Diario La Nación


[7] Presidente Néstor Kirchner en referencia a integrantes de Polo Obrero y la Corriente Combativa que tomaron del Hospital Garrahan


[8] Cristina Kirchner abrió anoche la campaña para octubre con una bomba política: frente al Presidente, casi todo el gabinete y 15 gobernadores, denunció que hay un "pacto oculto de desestabilización" para "crear un clima de violencia" en el país…¿A quién se refería con la gente que entraba en Olivos? La referencia pareció cantada: esta semana el ministro del Interior, Aníbal Fernández, había declarado que él mismo, cuando era funcionario de Duhalde, había llevado al piquetero intransigente Raúl Castells a la residencia presidencial.   Diario La Nación 25-08-05

 

 

 

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