JUEGOS DE GUERRA
Diciembre de 2005
Jorge Serrano Torres - Agencia IPI
Fuente: Voltairenet
El presente informe de la Red Voltaire permite descifrar algunos aspectos del
sistema del control interior chavista y es sumamente útil porque anticipa de
alguna manera dos operaciones convergentes La estocada final para eliminar al
ejercito combatiente de los 70 de las filas militares argentinas -confeccionada
básicamente por Bonasso y Vertbisky-los verdaderos ministros de defensa en las
sombras de este gobierno y la reconversión del sistema militar argentino en un
sistema de producción complementario con las necesidades de la defensa
venezolana y sus propias hipótesis de conflicto . Esta reconversión tiene una
presunción de peligro decimonónica que es la lucha defensiva, un mix dinamitero
entre el pensamiento de Ludendorf y el general Gyap, contra los Estados Unidos
desarrollada en una larga retaguardia sudamericana ,en la eventualidad de que
Washington, nadie entiende muy bien porque, pretendiera apoderarse
geográficamente de todo el territorio.
Es verdad que históricamente ocurrió exactamente lo inverso. Tropas argentinas
bajo el mando de Bouchard ,ocuparon transitoriamente California ,junto con
franceses ,ingleses y mexicanos en particular durante el largo reinado del
general Santa Ana ,una especie de Solano López mexicano, pero eran tiempos de
corbetas y travesías largas y aquí la inverosimilitud de la ecuación disfraza un
sugestivo negocio de producción de armas livianas con Venezuela.
Chávez producirá en la Argentina armamento mediano ya que el liviano lo
suministra Rusia y la etapa final de la operación, el misilístico, probablemente
Irán o Corea del Norte.
Es un juego multipolar en donde los objetivos venezolanos son claros y concretos
y revolucionarios en términos clásicamente totalitarios-discutir si el régimen
es fascista o marxista es absolutamente intrascendente - y los propios ,los
argentinos, difusos, empañados por la visión ideológica revolucionaria de los 70
aunque conviene notar que en las oficinas del Norte las acciones políticas
argentinas caen en picada, que el chavismo ya es analizado como una hipótesis de
conflicto real a partir de la Cumbre de Mar del Plata organizada por ese Von
Karajan de la derrota con acompañamiento de metales pesados narcomaradonianos
que es Taiana y que Nilda Garre es simplemente un frontispicio para los negocios
de De Vido en el área de producción para la defensa.
En la vida real los sistemas de armas tienen que ver con las fronteras y las
fronteras con la población y de esas dos ecuaciones sumadas al transporte y
aproximación surge la geopolítica y en ellas prima la supervivencia del país y
como elemento subsidiario su expansión.En este nuevo siglo esa expansión es
básicamente comercial. Actualmente la verdadera frontera expansiva americana es
el espacio y las telecomunicaciones que han mezclado revolucionariamente los
tiempos, bajas y costos de la guerra. Pero entre tanto en América Latina se
dibuja un peligroso juego en el cual México y Chile acaban de sancionar un
acuerdo de colaboración-no se lo conoce íntegramente- la guerrilla Colombiana
expulsa masa migratoria hacia Ecuador y la próxima victoria de Evo Morales
provocara un nuevo factor emergente chavista en la región.Ademas conociendo el
perfil de Evo Morales y sus relaciones con el narco es probable que se ubique a
la izquierda de Chávez con un inevitable efecto derrame sobre Salta.En este
tejido regional la Argentina, ya con varias prótesis gastadas en su sistema de
Defensa ,no puede prescindir de sus cuadros militares, no puede aventurarse en
extravagantes experimentos que convertirían al poder militar residual en una
especie de guardia militar plagada de civiles ideologizados meritorios de las
anárquicas brigadas internacionales de la República Española y en resumen no se
puede terminar en una irresponsable experimentación de Mundo Feliz en momentos
en que Sudamérica no solo es profundamente infeliz.
Es una tierra arrasada, plagada de iconos anticuados y mal olientes que surgen
de la escasez y frente a lo cual es necesario oponer un patriotismo calmo y
resuelto.
Pasado sombrío, presente combativo, futuro radiente, son puntos básicos del
discurso unívoco de la administración norcoreana de Néstor Kirchner.
Pero la hora del odio esta llegando calmamente al país.
Edgardo Arrivillaga.
El sistema de inteligencia venezolano, el control interior y la teoría de la
guerra asimétrica
por Jorge Serrano Torres
Una visión objetiva sobre la naturaleza y perspectivas de los servicios secretos
venezolanos durante la radicalizada gestión de Hugo Chávez, permite conocer la
sorprendente doctrina de “Defensa integral de la Nación” que implementa el
régimen venezolano para enfrentar mediante una guerra asimétrica, una hipotética
invasión directa de EE.UU o una agresión promovida por dicha potencia;
igualmente, se explora la influencia de Cuba en la reforma de la inteligencia
venezolana, en medio de los esfuerzos por desarrollar un “socialismo venezolano
del Siglo XXI” y de una alianza estratégica del eje Caracas-La Habana, ante
quien consideran una amenaza común: EE.UU..
¡Patria o muerte! ¡Viva el Che Guevara, Carajo! ¡Al socialismo del Siglo XXI!
Lemas del Presidente Chávez, en el mitin contra la IV Cumbre de las Américas
(Mar del Plata, Argentina - Noviembre del 2005).
Con una mirada retrospectiva hacia los inicios de la Dirección de los Servicios
de Inteligencia y Prevención (Disip), encontraremos que en marzo de 1969, la
Dirección General de la Policía (Digepol), se transformó en la Disip durante la
gestión del Presidente Rafael Caldera, dependiendo del Ministerio de Relaciones
Interiores, aunque el cambio de nombre tuvo la intención verdadera de enterrar
el nefasto recuerdo que había dejado la Digepol, como temible policía política.
Acto seguido, la Disip sirvió como punta de lanza de operaciones contra el
régimen cubano y grupos marxistas en la zona del Caribe.
Y es que la Disip, fue organizada bajo una fuerte influencia de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. y del servicio secreto israelí (Mossad),
mediante cuadros formados por cubanos anticastristas que llegaron a dirigir los
Departamentos de Acciones Inmediatas y de Investigaciones de la Disip, donde se
albergó equipos de operaciones especiales, como el “Grupo de los anillos
negros”, dedicado a perseguir, chantajear y asesinar a opositores políticos;
pese a ello, la Disip continuó siendo empleada como instrumento represor, por
los sucesivos gobiernos venezolanos, al punto que llegó a celebrar su
aniversario en dos fechas distintas, dependiendo del partido político que
ocupara el poder (Acción Democrática o Copei).
¿Fuerzas del orden o del desorden?
Venezuela padece una proliferación de fuerzas de seguridad que causa conflictos
y duplicación de funciones en tres niveles: a escala nacional opera el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), responsable de
las investigaciones criminales, servicios forenses y otras áreas como tráfico de
drogas; la Disip al igual que la Cicpc, es un cuerpo adscrito al Ministerio del
Interior y Justicia, como principal servicio secreto nacional que también
interviene en asuntos policiales.
A la vez, hay una entidad policial militarizada, como la Guardia Nacional,
encargada de la seguridad en áreas sensibles: aeropuertos, carreteras, fronteras
nacionales, zonas de producción de petróleo o minería, cárceles y la represión
del contrabando. La Dirección General de Inteligencia Militar (Dim), es parte
del Ministerio de Defensa y conduce operaciones de inteligencia para la
seguridad nacional en las fuerzas armadas, pero además actúa en algunos casos
criminales. A ellos se añaden 95 cuerpos de policía en el país, de los cuales 71
son policías municipales y 24 estadales, gobernados por sus propios estatutos.
La Policía Metropolitana (Pm), es la principal fuerza urbana del país y sólo en
Caracas, operan 10 fuerzas diferentes: junto a la Pm, tienen organismos de
seguridad los municipios caraqueños de Libertador, Chacao, Baruta, El Hatillo,
Sucre, entre otros.
Esta superposición de fuerzas del orden y la carencia de un mando unificado en
el ámbito de la inteligencia nacional, se complica todavía más por la aparición
de grupos de movilización social paragubernamental entrelazados mediante la “Red
nacional de los círculos bolivarianos” del Movimiento Bolivariano
Revolucionario, inspirados en los cubanos, “Comités de defensa de la
revolución”; actuando como una red de inteligencia paralela que brinda
información a los servicios secretos y fuerzas de seguridad, sobre una presunta
conspiración para desestabilizar al gobierno y eventuales planes de magnicidio
contra el Presidente Hugo Chávez.
Más inquietante aún, es la presencia de equipos de operaciones especiales
interagenciales (Dim, Disip, Cicpc y Guardia Nacional) que actúan encapuchados,
fuertemente armados y en vehículos sin identificación, llegando hace unos meses
incluso al asesinato de tres estudiantes desarmados en una zona de Caracas. Y no
obstante que el crimen fue condenado por el Presidente Chávez, evidencia los
excesos cometidos por los cuerpos de inteligencia y seguridad, que a menudo son
incriminados por efectuar detenciones arbitrarias, hacer uso excesivo de la
fuerza y espiar a la oposición.
Adicionalmente, no sólo hace falta una ley de inteligencia nacional, sino que
encima, el Parlamento carece de una comisión específica para supervisar el
funcionamiento de los servicios secretos dentro del Estado de derecho, aunque sí
existe una comisión congresal permanente de “Defensa y seguridad”, pero con poca
disposición para investigar temas que afecten al gobierno.
La complicada reforma de la Disip
Dado el contexto nacional e internacional de aguda confrontación política, por
el que atraviesa la administración Chávez, es lógico que se haya fijado el
objetivo de robustecer sus servicios secretos, como una herramienta para
afianzar la seguridad nacional, pero también para el sostenimiento de un
gobierno como el venezolano, que se ha abierto múltiples y simultáneos frentes
de conflicto y tiene un enemigo declarado muy poderoso en EE.UU; ante lo cual,
incluso se ha creado una nueva doctrina de “Defensa integral de la Nación”, que
demandará un replanteamiento en la misión de los servicios secretos.
Desde junio del 2004, la Disip se integra al Viceministerio de Política Interior
del Ministerio de Interior y Justicia, para asistirlo “en la formulación de
políticas y planes que garanticen la vigencia del estado democrático, social, de
derecho y justicia”; así como elaborando diagnósticos por medio de la producción
de inteligencia, contrainteligencia e información; la Disip coopera además en la
represión del narcotráfico, el diseño de la política antidelictiva y apoya a los
cuerpos policiales en la conservación del orden y la seguridad de funcionarios
públicos, pudiendo intervenir a nivel nacional e incluso detener en sus
prisiones a presuntos delincuentes.
Con un presupuesto de 36 millones de dólares en el 2005 (en la década de los 80
era de 77 millones de dólares), la Disip ha estado integrada por unas 3.000
personas y unidades operativas de elite, como la dirección de acciones
inmediatas, junto a las direcciones de: inspectoría, inteligencia interior,
investigaciones, administración, personal y recursos humanos, control de
aprehendidos, antiexplosivos, inteligencia exterior, operaciones, inteligencia
económica, antiterrorismo, contrainteligencia, bienestar social, patrullaje
(función de vigilancia que ha estado ocupando al 35% del personal de la Disip);
y la dirección de las 36 bases regionales de apoyo a la inteligencia, entre
otros.
¿Una misión imposible?
El actual jefe de la Disip, general del ejército en actividad, Henry Rangel
Silva, asumió el cargo en junio del 2005 y es oriundo del Estado de Trujillo,
graduado en ingeniería de sistemas, antes se desempeñó como “Viceministro de
vivienda” y “Director del consejo nacional de la vivienda”; pero sus detractores
lo recuerdan por que durante el proceso electoral del 2004, siendo comandante
del Regimiento de Comunicaciones del Ejército, un soldado a su mando que
resguardaba un centro de votación, mató a la ciudadana Katerina Blanco, en un
confuso incidente.
La reforma de la Disip -que pasaría a llamarse “Dirección nacional de
inteligencia” y se trasladará a un nuevo local donde se invertirá 5.5 millones
de dólares en su adquisición e implementación- ha sido anunciada hasta en cuatro
ocasiones durante la gestión de Hugo Chávez, por sus jefes militares anteriores:
Jesús Urdaneta, Carlos Aguilera, Eliécer Otaiza y Miguel Rodríguez; sin embargo
en esta oportunidad, el proceso de cambio ya está en marcha, aunque todo indica
que será un duro reto para el general Rangel Silva consolidarlo, ya que él mismo
fue nombrado, tras la destitución de su antecesor, debido a un escándalo
suscitado por la fuga del narcotraficante colombiano y colaborador de las Farc,
José Corredor Ibagué, alias “El Boyaco”.
Corredor Ibagué escapó en junio del 2005, burlando seis anillos de seguridad en
“El Helicoide”, sede principal de la Disip ubicada en la Roca Tarpeya (Caracas),
donde estaba recluido desde el 2004, luego de ser arrestado por fuerzas
antidrogas venezolanas y la DEA de EE.UU.; pero lo más grave, es que varios
agentes de la Disip, han sido acusados por las autoridades, de haber recibido
unos 3 millones de dólares para facilitar la huida del criminal, cuya
extradición había sido solicitada por el gobierno de Bush.
En esa coyuntura, el nuevo jefe de la Disip desarrolla desde julio del 2005, una
política institucional orientada a “plasmar una organización moderna, eficiente,
proactiva y cohesionada, fundamentada en las cualidades éticas y morales, en el
patriotismo, el ideario bolivariano y la profesionalización de su talento
humano”, que contribuya a garantizar la seguridad, la defensa y el desarrollo
integral de la “República Bolivariana de Venezuela”. Mas allá de la retórica, lo
concreto es que las modificaciones anunciadas han causado gran expectativa e
inquietud en la comunidad de inteligencia.
El régimen de Chávez intenta que la Disip se dedique a la seguridad del Estado,
reconociendo que con el paso del tiempo ha adquirido excesivos roles que están
muy alejados de lo que es el trabajo de inteligencia estratégica y
contrainteligencia para la seguridad nacional; en consecuencia, las actividades
policíacas de la Disip, podrán ser asumidas por el Cicpc y otros entes
policiales regionales.
Luego de diseñar el perfil de los funcionarios de la “nueva” Disip, se prevé
depurar al personal y reducir algunas direcciones, principalmente en el ámbito
operativo y en menor medida en el de análisis; siempre conservando a los cuadros
más experimentados no ligados con acciones dolosas y que hayan demostrado
profesionalismo así como eficiencia en el cargo, ya que ningún servicio secreto
prescinde de esta clase de personal en forma masiva sin menoscabar gravemente su
operatividad, por cuanto el proceso de su formación y capacitación es muy
difícil y lento, debido a las características especiales del trabajo de
inteligencia, al tiempo que la adaptación del personal nuevo a la idiosincrasia
institucional de los servicios secretos, es complicada.
En todo caso, los trabajadores excedentes serán reubicados en otras
instituciones estatales de seguridad, para su reclasificación o cese definitivo
respetando los derechos laborales. Otra circunstancia que obliga a poner mucho
interés en el personal, es conocida a nivel internacional y fue confirmada ante
el Congreso por el ex jefe de la Disip, Carlos Aguilera: los agentes secretos
venezolanos son vulnerables a ser reclutados por entidades privadas o
gubernamentales nacionales y extranjeras, debido a la corrupción y a la ausencia
de una ley de inteligencia que enmarque su labor.
A propósito, con un visible escepticismo los críticos del gobierno manifiestan
que la reforma de la Disip servirá para que el régimen chavista afiance el
control total del organismo, colocando a oficiales del Ejército y partidarios
incondicionales en cargos directivos y puestos claves, facilitando igualmente,
una peligrosa injerencia de la Dirección General de Inteligencia de Cuba.
Por lo pronto, recortes presupuestarios aplicados por el régimen de Chávez en la
partida de “gastos secretos”, a raíz de objeciones planteadas desde la
Contraloría General de la República, provocó que la Disip modificara su “Plan
Operativo Anual 2005” y redujera su capacidad de respuesta operativa y
funcional, dificultándole por ejemplo, la adquisición de software para los
sistemas de seguridad y comunicaciones, así como otros equipos para potenciar la
plataforma tecnológica.
Logros en medio de la inestabilidad
En esencia, el proyecto: “Reestructuración, para la modernización y
transformación institucional de la Disip”, comprende la renovación del sistema
de comunicaciones, adquisición de nuevos equipos de inteligencia tecnológica,
desarrollo de laboratorios de investigaciones propios, actualización del parque
computacional, interconexión de las brigadas territoriales y alcanzar un elevado
nivel de interoperatividad con los otros cuerpos de seguridad del Estado.
En paralelo, la Disip trabaja en la redefinición de la estructura organizativa,
con el objeto de mejorar los salarios y seguridad social, la eficacia y el
profesionalismo del personal, apuntando a un nuevo modelo de servicio secreto
nacional, que garantice óptimos resultados en materia de inteligencia
estratégica y contrainteligencia para la seguridad del Estado; en esa ruta, la
agencia formuló proyectos como: Red de comunicaciones Tetra-Disip, laboratorio
de criminalística y equipamiento electrónico, comunicacional y aeronáutico,
unido a la automatización de los procesos de administración y personal.
Consciente que uno de sus puntos más débiles es la fuga y venta de información,
la Disip pone énfasis en perfeccionar los sistemas tecnológicos de información y
comunicación que permitan, por un lado, la prevención y detección de la
infiltración electrónica y la salida de información; y por el otro, proveer una
interconexión con las “Bases regionales de apoyo a la inteligencia y
contrainteligencia” y demás cuerpos de seguridad.
En otro plano e intentando reforzar la autoestima del personal de la Disip y
cambiar la actitud de desconfianza y hasta temor, que subsiste en muchos
sectores de la sociedad respecto a dicho servicio secreto, desde el 2001, la
División de Bienestar Social de la entidad, realiza acciones cívicas en barrios
urbanos pobres (atención médica, infraestructura básica y mercados populares),
proveyendo asimismo, técnicas de planificación y asesoría jurídica, para
ejecutar proyectos de desarrollo comunal con recursos del Ministerio de Salud y
de Desarrollo Social.
En los rubros: “Acciones de inteligencia, investigación criminal y
contraterrorismo”, la Disip ejecutó durante el último año, operativos en la
vital industria de hidrocarburos, gracias a su “Brigada Petrolera”; del mismo
modo, rescató a diversos ciudadanos secuestrados en los Estados de Apure,
Barinas, Zulia, Táchira, Portuguesa, Lara y Aragua; mientras incautó mercancías
de contrabando y explosivo tipo C-4, dinamita y detonadores; habiendo allanado
en el Estado Zulia, un local del partido Movimiento al Socialismo, requisándole
material que lo vincularía con el Frente Guerrillero Bolivariano.
Confirmando su inclinación hacia lo operativo antes que a lo estratégico, la
Disip ha neutralizado grupos de ultraderecha conformados por oficiales de la
Policía Metropolitana y civiles armados, que pretendían atacar una marcha cívica
en Caracas, para adjudicarle la responsabilidad al gobierno nacional y más tarde
intervino un campamento al Sur de Caracas, haciendo fracasar un supuesto plan
para desestabilizar al país, con la participación de paramilitares colombianos.
Por si fuera poco, confiscó más de dos toneladas de cocaína en el Estado
Guárico, frente al Mar Caribe, en el Aeropuerto Simón Bolívar, Maiquetía y en
otros lugares.
Coadyuvando a reforzar el trabajo de inteligencia nacional, por su parte el
gobierno venezolano, sigue impulsando el “Sistema de vigilancia del Orinoco y
Amazonía” (Sivoram) -interconectado al “Sistema de vigilancia de la Amazonía del
Brasil” (Sivam)- que proveerá de información a la Disip y a otros servicios de
seguridad nacional, para vigilar la frontera a fin de detectar y neutralizar
incursiones de guerrilleros, narcotraficantes, contrabandistas de armas,
paramilitares y mineros ilegales.
Adicionalmente, después de firmar el acuerdo con la República Popular China para
la adquisición del satélite comunicacional “Simón Bolívar” (funcionará desde el
año 2008), destinado a lograr un “manejo absoluto y seguro de la información” en
las áreas de telefonía, transmisión de datos y acceso a Internet; el Presidente
Chávez anunció la compra de un segundo satélite “de observación y monitoreo
territorial” y la construcción de un centro de control satelital en Venezuela,
que sin duda le otorgará una ventaja estratégica frente a los países de la
región.
La Disip y sus recursos humanos
Como un caso destacable en Latinoamérica y remontando una aparente inestabilidad
institucional, la Disip ascendió en los últimos meses a 265 funcionarios y
reclasificó a 65 de ellos; en simultáneo y dentro de una activa política
orientada a incentivar los recursos humanos, se adjudicaron -a través de un
fondo estatal- 99 viviendas al personal de la Disip, en los Estados de Aragua,
Carabobo, Barinas y Portuguesa.
Al mismo tiempo, unos 400 integrantes del organismo y sus familias, recibieron
jornadas de salud y nutrición, reforzadas por la suscripción de un contrato con
la compañía de seguros, “GEH Asesores Integrales de Salud” y otro de afiliación
a la proveedora de medicamentos, Locatel; en esa misma senda, la Disip siguió
pagando primas por riesgo fronterizo al personal operativo en áreas
especializadas de despliegue táctico.
Finalmente privilegiando la capacitación constante, 484 integrantes de la Disip,
recibieron cursos de pre y postgrado en la Universidad Santa María; Universidad
Nacional Abierta; Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional;
Universidad Simón Rodríguez; Escuela Nacional de Hacienda Pública; Instituto de
Estudios Superiores Administrativos; Universidad Central de Venezuela y el
Instituto Universitario de Policía Científica, entre otros. Conjuntamente,
pilotos y técnicos aeronáuticos, así como oficiales de contrainteligencia, son
capacitados en la Federación Rusa, Cuba y España.
Convulsión en el frente interno y externo
Cabe recordar, que un reciente informe de Amnistía Internacional recomienda a
Venezuela, vigorizar la administración de justicia y acabar con la impunidad;
despolitizar a las fuerzas armadas y de seguridad (ante una extendida
militarización de la administración Chávez); garantizar la libertad de expresión
y el derecho a la información y abordar las causas subyacentes de la crisis
política, es decir, la pobreza y la marginación; haciendo un llamado para que
todos los sectores sociales, incluidos el gobierno y la oposición, participen en
este programa de derechos humanos a fin de salvaguardar el Estado de derecho.
También arrecian las denuncias de grupos antagónicos del gobierno, sobre la
presunta existencia de unos 300 consejeros militares, políticos y de
inteligencia cubanos en Venezuela, entre los 12,000 médicos cubanos que han
llegado al país en una misión denominada “Barrio Adentro”, de asistencia a los
suburbios pobres, a los que se añaden técnicos deportivos, agrícolas y maestros,
a cambio de unos 70 mil barriles diarios de petróleo que provee Venezuela a Cuba
a precios subsidiados. Según esta versión, los “consejeros” estarían liderados
por el agregado militar de La Habana en Caracas, el Capitán de la Marina cubana,
Sergio Cardona, y bajo su comando, adicionalmente dirigirían la guardia
presidencial de Chávez y asesorarían a los Círculos Bolivarianos.
Otros políticos, periodistas y analistas, están convencidos que en la Embajada
de Cuba en Caracas, trabaja un equipo con expertos en planificación y
movilización política a favor del régimen de Chávez, dirigido por Felipe Gil
Chamizo, Consejero Político de la Embajada cubana, uno de los más importantes
analistas del Área de América del Comité Central y de los servicios secretos de
Cuba, muy vinculado a la izquierda latinoamericana, las organizaciones del Foro
de Sao Paulo y el Foro Social Mundial.
En lo concerniente a la Sociedad Interamericana de Prensa (Sip), ésta expresa su
repudio a “la conducta autoritaria del gobierno venezolano orientada a coartar
las libertades democráticas, que deteriora el Estado de derecho y por esa vía
restringe gravemente la libertad de expresión”. En consecuencia, la Sip exhorta
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a su “Relatoría para la
libertad de expresión” en la OEA, a mantener una permanente vigilancia sobre la
administración Chávez.
Ante estos juicios de valor que ponen en duda la libertad de expresión, es
pertinente mencionar una realidad: Venezuela tiene 15 periódicos a nivel
nacional (14 en Caracas y 1 en Maracaibo); 77 diarios regionales; 89 revistas y
periódicos semanales; 34 corresponsales extranjeros; 47 agencias de noticias de
radio y televisión nacionales e internacionales; 344 estaciones comerciales y
150 emisoras de radio comunitarias de FM y AM; 31 canales de televisión, 23 de
ellos en el interior del país. Tanto los medios oficiales como los privados
están fuertemente politizados y casi todos los principales diarios son
contrarios al gobierno de Chávez, con excepción de uno en Caracas, que goza de
ingente publicidad estatal.
Por otro lado, las inculpaciones no cesan: la administración Bush y
ex-presidentes defenestrados que están sintonizados con la política exterior de
EE.UU. como Lucio Gutiérrez (Ecuador) y Sánchez de Lozada (Bolivia), denuncian
sin exponer pruebas, que el gobierno de Chávez tiene vínculos con el terrorismo
internacional y financia grupos radicales en Ecuador, Perú y Bolivia. La verdad,
es que el gobierno chavista ha retado a EE.UU., comprando armas defensivas a
Rusia y España, cuestionando la política de EE.UU. ante la comunidad
internacional, estrechando lazos con Fidel Castro y realizando visitas de Estado
a Siria, Libia, Irak e Irán para firmar tratados de cooperación.
En respuesta, el gobierno de EE.UU. bloquea la venta de armas de Israel, España
y otros países hacia Venezuela; promueve y apoya movimientos que enfrentan al
régimen de Chávez, mediante tres instituciones privadas norteamericanas que
operan desde Caracas con un fuerte financiamiento: Development Alternatives
Incorporated, International Republican Institute, National Democratic Institute
y el poderoso National Endowment For Democracy.
En este clima tormentoso, el gobierno venezolano rompió relaciones con la DEA
(agencia antidrogas de EE.UU), tras denunciar en agosto del 2005, que sus
agentes realizaban operaciones de espionaje contra el Estado venezolano, bajo la
cubierta del combate al narcotráfico. Claro que esta acusación es rechazada por
el régimen de Bush, que mas bien sindica a Venezuela por una supuesta falta de
cooperación antinarcóticos.
¿El revólver humeante?
Respecto a este tema, en el libro “El Código Chávez: descifrando la intervención
de los EE.UU. en Venezuela” (2005), la jurista Eva Golinger y el investigador
Jeremy Bigwood, revelan documentos obtenidos bajo el amparo de la “Ley de
libertad de información de los EE.UU”. donde se probaría que los EE.UU. sí
estaban enterados con anticipación de los detalles del golpe contra el
Presidente Hugo Chávez en abril del 2002, que incluía planes para generar
violencia durante las manifestaciones, el arresto del Mandatario y una
participación activa en la asonada golpista.
Según esta pesquisa, en el documento clasificado: “Senior Executive Intelligence
Brief”, del 6 de abril del 2002, cinco días antes del abortado golpe contra
Chávez, la CIA informó lo siguiente: “Facciones militares disidentes, que
incluyen algunos altos oficiales descontentos y un grupo de oficiales radicales
de menor rango, intensifican esfuerzos para organizar un golpe contra el
Presidente Chávez, probablemente durante este mes”. No obstante que EE.UU.
asegura que avisó del golpe al gobierno venezolano, este último lo niega.
En cambio, el diario venezolano Últimas Noticias, difundió los nombres de dos
oficiales de EE.UU. que se encontraban en el Fuerte Tiuna -sede de la
Comandancia del Ejército venezolano- el 11 de abril del 2002, junto a los
militares golpistas, lo cual fue confirmado por el entonces ministro de Defensa
venezolano, general Jorge García Carneiro, quien estuvo el día del golpe en el
recinto militar e identificó a los militares norteamericanos: el teniente
coronel James Rodgers, asistente del agregado militar de EE.UU. en Caracas y el
coronel Ronald McCammon, oficial de Inteligencia.
Otros indicios razonables de la injerencia norteamericana: el entonces Embajador
de los EE.UU. en Caracas, Charles Shapiro, fue el primero en entrevistarse con
Pedro Carmona, el efímero Presidente de facto; mientras, los golpistas se
beneficiaron con las “recomendaciones” de una consultora privada, Phoenix
Consulting Group, que emplea a antiguos agentes de la CIA, y durante las horas
del golpe, el territorio venezolano fue asediado por embarcaciones y aeronaves
norteamericanas que ingresaron en forma irregular, llegando a sobrevolar los
alrededores de la isla La Orchila, donde estaba detenido el depuesto Presidente
Chávez.
Sobre este espinoso asunto, el diario inglés The Guardian, el 19 de abril del
2002, reveló declaraciones de Wayne Madsen, ex agente de los servicios secretos
de la Marina de EE.UU., quien afirmó que “desde junio del año pasado los EE.UU.
han considerado la posibilidad de un golpe para deponer al Presidente Chávez”. Y
enfatizó: “La Marina de los EE.UU. ayudó al golpe de Estado del 11 de abril del
2002 con el envío de información secreta a los golpistas, desde sus navíos en el
Caribe”. Más allá de estos señalamientos, EE.UU. no oculta su desprecio por el
régimen de Chávez, al tiempo que impulsa su aislamiento y desestabilización.
Un nuevo elemento de tensión surgió entre Venezuela y EE.UU., cuando en
noviembre del 2005, la Fiscalía General venezolana aseguró que “transnacionales
del delito y agentes de la CIA”, participaron desde Panamá y Miami, en el
asesinato con explosivos, del fiscal Danilo Anderson (2004), que investigaba a
quienes complotaron en el pretendido golpe del 2002; homicidio por el que además
se ordenó la captura de la periodista opositora Patricia Poleo, un empresario
televisivo, un cubano anticastrista y un general retirado, entre otros.
A la par, subsiste la desconfianza y fricción entre los servicios secretos de
Venezuela y Colombia: en noviembre del 2005, la revista colombiana Cambio,
destapó la existencia de una red de espionaje que habría operado desde el
Consulado venezolano en Bucaramanga (Colombia), entre los años 2000 y 2005, a
órdenes del coronel Carlos Hernández, del Departamento de Inteligencia Militar
de Venezuela (Dim), para monitorear a las Fuerzas Armadas colombianas en la
frontera y proponer estrategias que contrarresten a militares y políticos
colombianos opuestos al Ejecutivo venezolano.
Como réplica, el Mandatario Chávez acusó al Departamento Administrativo de
Seguridad de Colombia (Das), de “fabricar conspiraciones” contra su gobierno y
de actuar junto a las Fuerzas Armadas colombianas como entes autónomos de los
jefes de Estado; esta inculpación surge en medio de una grave crisis en el Das,
que llevó a la destitución de sus jefes y a una amplia purga, al descubrirse que
ha sido penetrado por grupos paramilitares.
La Disip y la sorprendente “Guerra asimétrica”
En el “Primer foro militar sobre guerra de cuarta generación y conflicto
asimétrico”, que organizó la Comandancia del Ejército venezolano a inicios del
2005, por disposición del gobierno se fijó la nueva doctrina de “Defensa
integral de la Nación” -que regirá la misión de los servicios secretos y de las
otras instituciones de seguridad nacional- como reflejo de una corriente
ideológica estimulada por la intelectual marxista chilena, Marta Harnecker,
directora del centro de investigaciones “Memoria popular latinoamericana” de La
Habana, recibiendo un sólido aval político y doctrinario de Fidel Castro.
Convertida ahora en una de las personas más influyentes en el entorno ideológico
del gobierno venezolano, Harnecker (viuda del comandante Manuel Pineiro, ex
Director General de Inteligencia de Cuba en los años sesenta) destacó por la
difusión de sus libros de inspiración althusseriana, entre los años 70 y 80.
Últimamente se ha dedicado a estudiar las experiencias de los gobiernos locales
del Partido de los Trabajadores de Brasil y la trayectoria política del
Presidente Lula.
Con esa misma orientación se aprobó en setiembre del 2005, la Ley Orgánica de la
Fuerza Armada Nacional (FAN), donde se establece seis componentes: Ejército,
Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. A los que se añaden, la Reserva
Nacional y la Guardia Territorial, que operarían desde el 2006 al mando del
Presidente Chávez, orientados a la resistencia local. Porque todo el esquema
cívico-militar está diseñado en función de una hipótesis de guerra, que el
gobierno ha definido como “Guerra asimétrica”.
Ya antes el Mandatario Chávez había activado el “Comando general de la reserva
de la FAN”, con la misión de organizar a las milicias populares conocidas como
“Unidades de defensa popular”; las cuales ya tendrían unos treinta mil
reservistas del Ejército, Armada, Guardia Nacional y Fuerza Aérea; y se prevé
convertirlas en el quinto brazo armado de la FAN, incrementando su pie de fuerza
en más de 100 mil reservistas.
Para lograr esto, el gobierno venezolano intensificará la formación militar de
ciudadanos en barrios populares, y como complemento en diciembre del 2005 llegan
30.000 fusiles de guerra AK-103 y 104, y en marzo del 2006, los restantes
70.000, comprados por Venezuela a Rusia; con lo cual se crea también un
contrapeso frente a la institución militar y un factor de disuasión ante un
posible golpe de Estado contra el régimen de Chávez.
Dicha estrategia -que incorporará la Disip- de resistencia ante una posible
invasión externa, le da cabida a cuatro hipótesis de guerra. Una: conflicto
regional (“Andinización del Plan Colombia II”) como extensión del conflicto de
países vecinos, aduciendo la necesidad de contrarrestar factores generadores de
violencia. Dos: la posibilidad de intervención de una fuerza multinacional con
autorización de las Naciones Unidas o de la OEA. Tres: la posibilidad de un
golpe de Estado promovido por organizaciones transnacionales o “predadores
corporativos”. Y cuatro: la posible intervención militar de EE.UU. en Venezuela,
con el objetivo final de controlar los recursos petroleros y “acabar con la
revolución bolivariana”.
Complicado escenario para la Disip
Según esta lógica, eso explicaría por que desde el 2005 se han redoblado las
acusaciones desde la administración Bush contra el gobierno de Chávez,
supuestamente, por comprar armas de manera “no transparente”, violar los
derechos humanos, socavar el sistema democrático-representativo, desestabilizar
gobiernos de la región, y hasta por tener una presunta actitud permisiva frente
a grupos terroristas.
La Disip, acogerá otras apreciaciones similares del “Taller de alto nivel: El
Nuevo Mapa Estratégico”, organizado por Marta Harnecker (noviembre del 2004),
donde asistieron Hugo Chávez y los principales líderes de su gobierno. A partir
de este cónclave donde se trazaron los objetivos estratégicos del régimen
chavista, se identifica más nítidamente como “amenaza permanente” y potencial
invasor, al gobierno de EE.UU.. Por ende, se reconoce la posibilidad de encarar
una guerra asimétrica de carácter cívico-militar, que dispondría de una “red de
inteligencia social”; en tres niveles superpuestos: a) el regular,
correspondiente a la FAN; b) el cívico-militar institucional (Reservistas) y, c)
el popular, integrado por unidades de resistencia civil contra la potencial
invasión.
Al respecto, se sabe que el libro: “Guerra sin restricciones” de los coroneles
chinos, Qiao Liang y Wang Xiangsui, a propósito de la invasión de EE.UU. a Irak
(2003), es considerado por los jefes de la Disip y estrategas castrenses
venezolanos, una obra de consulta esencial sobre las guerras asimétricas
futuras. En ella los militares chinos analizan el empleo de toda forma de lucha
no convencional y sin frenos éticos, ante un enemigo superior en fuerza,
tecnología e influencia política y económica.
Esta nueva concepción venezolana también se nutre de las teorías militares sobre
la “guerra popular prolongada” de Mao Tse Tung y Ho Chi Minh; la “guerra del
pueblo, ejército del pueblo” del general vietnamita Vo Nguyen Giap contra
Francia y EE.UU.; así como la “guerra de todo el pueblo” que Cuba plantea frente
a una posible invasión militar estadounidense.
Claramente, el anuncio de que la forma defensiva a emplear sería la guerra
asimétrica, permite inferir que el régimen de Chávez considera que puede perder
el control del Estado, tal como ocurrió con los talibanes en Afganistán o con el
partido Baath en Irak.
Desde esa perspectiva, si la hipotética invasión se torna fulminante como parte
de una “Guerra de tercera generación” donde se imponga la tecnología y potencia
bélica o deriva en un despliegue posicional de fuerzas, como “Guerra de segunda
generación”, la FAN venezolana se transformaría en un sistema defensivo de
fuerzas irregulares que pudieran incorporar fuerzas externas, para no presentar
blancos fijos tal como ocurre en las guerras simétricas, evitando así repetir la
fatal experiencia del Ejército de Saddam Hussein en su choque contra las fuerzas
de EE.UU. en Irak.
En ese marco, se potenciaría la resistencia popular y comenzaría la guerra
asimétrica o “Guerra de cuarta generación”, denominada por Chávez: “Guerra de
los cien años”. Según este razonamiento, guerra asimétrica es la de los
mujaidines de Afganistán contra el Ejército invasor soviético; la de la
resistencia subversiva iraquí contra la intervención de EE.UU.; los ataques
terroristas del 11-S contra EE.UU.; el conflicto en Chechenia y la escalada
bélica que se perfilaría en Colombia. De acuerdo a este enfoque, para los
estrategas de la nueva Disip y de la FAN, el gobierno de Chávez se debe preparar
para la guerra asimétrica, toda vez que EE.UU. podría invadir Venezuela.
Reflexión final
Mientras se profundiza la estrategia de EE.UU. para aislar y deslegitimar a la
administración Chávez, acusándola -hasta ahora sin pruebas concretas- de
desestabilizar a la región latinoamericana, el gobierno venezolano radicaliza su
postura de confrontación con el régimen de Bush y con grupos opositores internos
ante los cuales muestra rasgos autoritarios.
En ese panorama, el Ejecutivo venezolano reformula la misión de sus servicios
secretos como parte de una nueva doctrina de “Defensa integral de la Nación”,
que le permita enfrentar mediante una guerra asimétrica, una hipotética invasión
directa de EE.UU. o una agresión promovida por dicha potencia; consecuentemente,
es previsible que se opte por un modelo mixto de central de inteligencia
nacional, compuesto por un órgano que produzca inteligencia estratégica y otro
dedicado a la inteligencia operativa o táctica.
Finalmente, en medio de una progresiva militarización del régimen de Chávez, se
avizora un continuo fortalecimiento del sistema de inteligencia venezolano -que
podría entrañar roces de mayor magnitud con Colombia- incluyendo una
intensificación del asesoramiento cubano, buscando aprovechar la experiencia de
La Habana en su prolongado conflicto con EE.UU., considerado una amenaza común
por dos aliados estratégicos: Chávez y Castro.
