LA NUEVA POLÍTICA HA QUEDADO REDUCIDA A LOS SALDOS Y RETAZOS DEL DUHALDISMO

Análisis político de Vicente Massot y Agustín Monteverde

¿ Quién se acuerda de Cabezas ?

Los incidentes que culminaron, la semana pasada, con el asesinato de un joven suboficial de la policía de Santa Cruz, en la localidad de Las Heras, admite, a mi juicio, distintas interpretaciones independientes entre sí, aunque, a la vez, complementarias. La primera, de la cual se han hecho eco todos los medios periodísticos en estos días, es la que toma en cuenta la reacción salvaje en contra de una comisaría y la saña puesta de manifiesto a expensas del cabo Jorge Alfredo Sayago.

El gobierno obró, inicialmente, con arreglo a un libreto ya conocido: incapaz de hallarle explicación al problema, apeló al conspiracionismo. Es, por supuesto, una forma de distraer a la opinión pública y, paralelamente, de ganar tiempo a la espera de que se encuentre a los culpables o, como de ordinario sucede en la Argentina, que el incidente pierda presencia en los medios y se evapore casi sin dejar rastros. Al fin y al cabo ¿quién se acuerda de Cabezas? Nadie que no sea su familia.Tal cual lo hemos dicho en otras oportunidades, en nuestro país la muerte de una persona tiene, en punto a sus consecuencias políticas, distintas categorías. No es lo mismo llamarse Kosteki o Santillán, formar parte de un grupo insurreccional urbano y morir baleado por la policía en el Puente Pueyrredón, que llevar por apellido Sayago, ser miembro de una fuerza de seguridad santacruceña y resultar asesinado en un lejano pueblo patagónico. La mencionada asimetría no resulta una cuestión, es específicamente política. Lo cual no significa que si Sayago hubiese sido abatido en el Gran Buenos Aires Kirchner habría tenido que adelantar las elecciones -a igualdad de Eduardo Duhalde- y pensar en un sucesor. La situación del 2002 poco o nada se asemeja a la actual, entre otras razones porque Duhalde ni por asomo tenía entonces el poder que hoy reivindica exitosamente Néstor Kirchner y, además, porque el viento de cola de la economía mundial aun no soplaba con la fuerza que, sin solución de continuidad, ha mantenido desde comienzos del año 2003 a la fecha.

Salvando las distancias de tiempo, lugar y personajes involucrados, ¿acaso la administración alfonsinista no hizo algo por el estilo cuando, en 1985, inventó una conspiración que parecía tener ramificaciones internacionales? ¿Kirchner, a su vez, hace un par de años no transformó una reunión de amigos dispuestos a comer locro con un complot cívico militar gestado en el comedor del Regimiento de Patricios? En la Argentina estos avatares no se resuelven en la justicia. Si el presidente de la República -cualquiera sea- tiene el suficiente poder y el manejo de los principales medios, podrá, como Alfonsín o Kirchner en su momento, acomodar la realidad a sus deseos. Luego las medidas tomadas por el gobierno y el tiempo harán el resto. ¿Qué ha decidido Néstor Kirchner para tapar lo de Santa Cruz y salir airoso del trance? Asumir como propio el principal reclamo de los petroleros en conflicto y subir, desde el próximo mes de abril, el mínimo no imponible para que el impuesto a las ganancias alcance a menos trabajadores. No cabe ninguna duda que la medida -que parece no haber contado con el apoyo de algunos de sus colaboradores más encumbrados, debido al costo fiscal- fue adoptada por el presidente a consecuencia de los graves incidentes ocurridos en su provincia. De no haber escalado el conflicto como lo hizo, seguramente las razones técnicas habrían primado sobre las políticas y el reclamo gremial no habría sido satisfecho. Pero la dimensión del episodio obligó al presidente a actuar en paralelo: por un lado, como se dijo antes, enarboló la imagen del complot; por el otro, aceptó introducir cambios en el impuesto a las ganancias. Lo que en definitiva quedará en la opinión pública y, ni que decir tiene, en quienes se beneficiarán por el citado cambio, será la solidaridad demostrada por el gobierno y no el desmanejo que se evidenció en Santa Cruz. En tanto, los otros dos problemas que tiene entre manos el gobierno marchan por carriles diferentes. Mientras el conflicto con Uruguay sigue vigente sin que existan soluciones a la vista, la aprobación de la polémica reforma del Consejo de la Magistratura -que el oficialismo confía obtener, el 22 de este mes, cuando se ponga a votación en la cámara baja- parece cada vez mas cercana. En realidad la suerte del gobierno ha quedado en manos de los saldos y retazos del duhalismo: asegurados unos 120 votos, necesita 9 más, que sólo pueden provenir de las filas del diezmado aparato que hasta las elecciones de octubre respondía en cuerpo y alma al hoy borrado caudillo de Lomas de Zamora.

Práctico como es a la hora de ejercer presión y administrar el poder, la estrategia kirchnerista es clara: sólo los ex-duhaldistas que voten el proyecto del gobierno recibirán el perdón correspondiente y tendrán un lugar bajo el sol. De lo contrario, serán considerados enemigos. Blanco o negro; así razona el santacruceño y hasta el momento su política confrontativa a ultranza le ha reportado buenos resultados. Vistas las cosas desde su óptica, no tiene por qué cambiar. Hasta la semana próxima.

¡Bienvenida la querida aftosa!

Aunque negado, el brote de aftosa trajo alivio al gobierno. La carne constituye un mercado atomizado, difícil de controlar. Pese a la retórica oficial anti-oligopolio, a la hora de regular precios el gobierno es el primer beneficiario de la concentración de oferentes. Con este evento y la batería de trabas y castigos a la exportación del sector se consigue un recorte de precios que no garantizaba ningún "acuerdo". o La demanda creciente -externa y también interna- de carne provocó una suba de 28,8 % durante 2005. o Es el producto con mayor ponderación en el índice de precios al consumidor, con un 4,53 %.

La caída de ventas al exterior se estimó inicialmente entre 20 % y 30 % pero la posibilidad de que el cierre de mercados se circunscriba a carne proveniente de la región afectada podría morigerar el daño comercial. Ante el dramático cambio de situación, los exportadores reclamaron la urgente derogación del registro de exportaciones, la devolución de los reintegros quitados semanas atrás y la reducción de las retenciones al nivel previo (5 %).

o Pero el gobierno mantuvo las trabas e implementó el registro de operaciones de exportación de carne.

o Las exportaciones deberán ser aprobadas por la Oficina de Control Comercial Agropecuario. Si bien con la caída de la carne el índice de febrero podría ubicarse por debajo del 1 %, los productos no controlados muestran importantes aumentos. Regulaciones universales carecen de efectividad pero aquellas acotadas a un conjunto de productos son inocuas para el amplio espectro que queda libre de control. En alimentos no incluidos en las listas, las subas en los primeros días del mes van desde el 2 % al 18 %, según relevamientos del CEC. Se detectaron subas en más de la cuarta parte de los 165 artículos relevados, con un incremento promedio del 3,45 %. Los productos bajo control son en su mayoría de limpieza y tocador; los alimentos incluidos en los acuerdos representan menos del 2 % de la oferta alimentaria. El control de precios, además de inconducente, desalienta la producción y ahuyenta la inversión. Además de sólo maquillar el costo de vida y durante un corto lapso, los precios regulados provocan recortes en la producción al alterarse la ecuación del negocio.

En diciembre la circulación creció 11,5 % mensual ($ 5001 MM) en saldos y 6,5 % en promedio. En saldos promedio, en un año (enero 2005 contra enero 2006) el circulante ha saltado 29,6 % ($ 10773 MM). Al 8 de febrero, si bien la base caía, el circulante crecía otro 1,7 % en saldos ($ 764 MM). La recomposición de reservas a los niveles previos al pago al FMI implicaría una expansión monetaria superior a la del 2005. Las tasas pasivas fuertemente negativas (del orden de -7 %) desalientan el ahorro e incentivan el consumo, impulsando la suba de precios. La política oficial parece combinar un creciente control con subsidios sectoriales tendientes que permitan mantener el artificio de los precios congelados. Un ejemplo es lo ocurrido con la carne y los lácteos. Implementaron subsidios por más de $ 300 MM en líneas de crédito para ganaderos y tamberos. Subsidios a las compañías de servicios públicos -particularmente a los reemplazantes de las empresas que se van- son también el instrumento para seguir demorando la suba de tarifas y constituyen, de hecho, una reestatización paulatina. Preocupa una nueva intromisión estatal en los alquileres de inmuebles. Aquí el problema no es con el valor de la renta mientras rige el contrato (la indexación fue prohibida). Lo que se pretende es complicar o demorar el desalojo en caso de no acordarse la renovación del contrato. E implica una vulneración del derecho de propiedad. Esto puede provocar un serio déficit habitacional: ya se está retirando oferta del mercado

La aftosa y las trabas a la exportación de carnes, las pérdidas en las cosechas de maíz, trigo y soja y el conflicto con Monsanto amenazan las exportaciones agropecuarias. Como consecuencia de su demanda de pago de regalías por la venta de soja con gen RR, la semillera estadounidense frenó nuevos embarques. La UE -donde Monsanto ha tenido éxito en obtener las medidas cautelares- compra el 53 % (unos U$ 2000 MM) del total de nuestras exportaciones de harina de soja.