LA METRÓPOLIS QUE VOLTEÓ A IBARRA
 

Por Edgardo Arrivillaga.
 

Cuando Aníbal Ibarra derrotó a Domingo Cavallo perceptivamente hace ya casi algunas décadas en la puja por el control de la Ciudad de Buenos Aires, la mayor parte de los sectores progresistas pensaron que habían encontrado un islote de moralidad y laicismo en esta deslumbrante pero decadente cabeza de Goliat, que posee un producto bruto igual al de Bélgica. Pero las cosas no fueron así. Ibarra no poseía la fuerza de Giuliani, quien aniquiló la delincuencia en Nueva York, no es la figura progresista como Rutelli, el hombre que quiso dar un matiz ecológico a la Ciudad de Roma ni tampoco es un extremista de la estética constructivista como Albert Speer, el arquitecto procesado en los juicios de Nuremberg. Ibarra es simplemente un ex PC prestado a la justicia, un hombre de la justicia prestado a la política y esencialmente un pasivo y flemático administrador de la corruptela ciudadana que aniquiló las posibilidades de crecimiento equitativo de la capital argentina en los últimos veinte años.

Lo que la mayor parte de los ciudadanos ignoran, y el allanamiento a las oficinas de Abel Fatala en febrero del 2005 fue un claro indicio premonitorio de las cosas ocultas de la ciudad, es que una paciente arquitectura jurídica montada con inteligencia, con paciencia y con refinamiento permite que sectores esenciales de la Ciudad, financiada por todos los contribuyentes, funcionen como verdaderas empresas privadas dentro la enorme máquina de la producción de obras y servicios capitalino. Y no estamos hablando simplemente de los normales, por lo menos para los códigos paramafiosos argentinos, retornos en los sectores de compra. Estamos hablando de algo mucho más complejo que implica a Subterráneos de la Ciudad de Bs. As., Ceamse, Corporación de Puerto Madero, y las Autopistas Urbanas que no son exactamente las autopistas del sur de Francia que describieran Julio Cortazar o Ballard en sus historias de existenciales embotellamientos. También el subdesarrollado asunto de la recolección de la basura, saturada de residuos patológicos, de SIDA e infectologías derivadas de perros, gatos y excrecencias de aves, sobre todo murciélagos.

Es cierto que la Ciudad posee por lo menos un sistema de contralor, que depende de la Legislatura local pero la estructura del organismo de carácter pluripartidario poco puede hacer con ensayos de laboratorio que se enfrentan con el muro del dinero de los intereses concretos.

LA FABRICA DE HIELO DE LAS LEYES

La mayor parte de los abogados sabe que el espíritu de las leyes no es aséptico. Sonríen. Son amables. Sostienen ambiguamente que los resortes del derecho son acompañados por la mitad de sus bibliotecas, pero que poseen exactamente en la otra mitad de sus bibliotecas, una adecuada panoplia de argumentaciones que invalida a las primeras.

Este aspecto gélido de la ley es lo que permite que empresas que operan en el marco de la Ciudad de Buenos Aires, que se encuentran encuadradas jurídicamente dentro del marco del derecho privado puedan funcionar de forma paralela, subrepticia y subterránea como simples seudopodos del enorme pulpo conformado por la Administración Pública capitalina.

Cuál es el soterrado negocio de todo esto?

Es una virtual tercerización de trabajos que posee los adecuados resortes legales en si mismo como para evitar todo control legislativo y permite que alguien disfrute de inevitables dividendos clandestinos

Cuál es el procedimiento?

Ocurre que las obras no corresponden a un plan de desarrollo urbano concebido e integrado desde la racionalidad que contemple las necesidades de una población con un crecimiento vegetativo importante sino que se realizan en forma discrecional mediante un artilugio administrativo que equivale a las viejas ordenanzas virreinales. En lenguaje técnico esto equivale a utilizar procedimientos que esquivan sea la promulgación de decretos como el contralor legislativo de las obras encomendadas.

Y entonces recordamos que las leyes son fábricas de hielo

En el caso concreto de sociedades de las cuales el Gobierno de la Ciudad resulta ser accionista mayoritario como ser la Corporación de Puerto Madero o Autopistas Urbanas, el esqueleto jurídico es el de sociedades comerciales de derecho privado, que pueden realizar cualquier construcción u obra que le encargue el GCBA ya que como sociedades, pueden realizar cualquier emprendimiento que se encuentre dentro de su objeto social -siempre que sea lícito el mismo-, y consecuentemente de ese modo, los mismos no necesitan ningún tipo de clasificación de prioridad o costo. La empresa se limita a ejecutar lo que le piden como cualquier empresa privada.
 

Desde el punto de vista legal dirigido a las corporaciones esto es impecable, pero desde la óptica de la Ciudad que es quien encarga o encara sus emprendimientos esto es inevitablemente cuestionable, ya que hay una tácita impunidad con respecto a la evaluación y control por parte del poder legislativo. Tampoco se conoce el criterio que prioriza la necesidad de las obras no pudiendo determinarse si en la zona sur resulta más indispensable equipar un hospital o construir un atractivo shopping de alto consumo.

También hay que considerar que el problema de la tercerización de los emprendimientos a través de empresas del gobierno tracciona cuestiones de orden impositivo, ya que las empresas que son sociedades anónimas deben tributar impuesto a las ganancias, IVA, Ingresos Brutos y si son sociedades anónimas del estado sólo pueden gozar de la exención impositiva si lo solicitan expresamente a la Afip, cosa difícil en estos tiempos de penuria recaudatoria.

Lo cierto es que los ciudadanos financian un Gobierno capitalino que posee secretarías que están en capacidad de ejecutar obras, o concesionar servicios sin necesidad de hacerlo a través de sociedades. Esta claro que esto evitaría la falta de control en el gasto existente actualmente, la discrecionalidad en los emprendimientos, y la exención impositiva en forma directa que redundaría en mayor porcentaje de ingresos para la Ciudad. Sintéticamente podemos decir que lo que no se paga en impuestos ingresaría a las arcas comunales, otorgaría mayor autarquía financiera a una Ciudad que todavía no sabe como pagar su poder judicial y policial propio y equivaldría a un inevitable mejor aprovechamiento de los recursos.
 

Pero fuera de lo jurídico hay dos elementos que llaman la atención: la ausencia del control en sectores claves que conforman los ganglios retroalimentadores del control efectivo de lo que se hace en la Ciudad y el ascenso político de ex menemistas y gente que revisto en el gobierno de Isabel Perón en cargos inexistentes pero bien pagos. Telerman es simplemente uno de ellos, prueba concreta de que la transversalidad es como la mascara de Fernando VII y nada tiene ni de socialdemocrata ni de genuinamente progresista. 

Si esto es lo que ha emergido y no se ha modificado de las elecciones capitalinas y de este juicio, la República de Weimar se encuentra a la vuelta de la esquina y la mujer robot, emblema de la estética prehitleriana del mejor Fritz Lang tiene peligrosas posibilidades de clonación.

Pero lo cierto es que todos los artilugios legales desplegados por el Gitanillo Ibarra se estrellaron contra la lógica de la Presidencia -apuesta siempre a ganador y arruga ante las políticas de Estado -y el fuego cruzado entre Alberto Fernandez y Julio De Vido,  otro off-shore que pretende ser gobernador de la Ciudad con el apoyo de Jorge Pereyra de Olazabal, un personaje del liberalismo de los Hirchs que descubrió muy recientemente que es necesario seguir una politica de poder, sin explicar muy bien de que se trata la cosa. Y el final de CROMAGNON era previsible. Pagina 12 hoy exalta a la democracia de las plazas, de las asambleas pagas y hasta del populismo carismático de estirpe vienesa para contrarrestar a las victimas que jamás serán devueltas

Y el recurso de Strassera fue el recurso del general Videla, los desmadres no son de su incumbencia, son problemas administrativos y no políticos.  Y como a la opacidad política de la defensa de Videla el gitanillo Ibarra feneció por obra de la presión de los Padres de Plaza de Mayo y de una inteligente e implacable acción de la clase media que resucita los mejores momentos de la epopeya blumberiana.

Hoy Ibarra es un cadáver y a la vez un pésimo antecedente para un gobierno tan poco funcional para administrar la Ciudad. Un gobierno que ha elegido pagar sus propios sueldos antes que encarar obras de urbanismo y de infraestructura. Un gobierno en donde el sector de Bromatología cuenta con apenas un puñado de empleados y en donde el control de los 2300.000 ascensores porteños cuenta con solo cuatro Rambos de la administración pública.

Si sumamos a esto los gastos culturales, la secuela de gastos improductivos y la pelea por la reforma del Código de Planeamiento Urbano que se dará en abril y que deberá repartir una suculenta torta entre dos contendientes de peso pesado -los casi 43 laboratorios que necesitan ampliar sus plantas en la Capital Federal y el fuerte grupo residencialista que incluye a constructores, martilleros y escribanos no había motivos serios como para que la presidencia y sobre todo De Vido apostaran fichas a la supervivencia de Ibarra.

Ibarra fue como dicen los jóvenes. Y es solo el principio de un gobierno en retirada en desorden en la ciudad mas importante de la Argentina. La Ciudad que para el mundo exterior es simplemente la Argentina. El resto son los cuatro climas de orgullosa certidumbre inexplotada y desolada.

El final de Ibarra es tétrico y patético como la gestualidad grisácea de Bertold Brecht. Atrás de el asoman los rostros de Telerman -será el primero en traicionarlo-, de Scioli y hasta de la derecha macrista si sabe entender de una vez por todas que para los porteños las librerías de la calle Corrientes son igualmente importantes que los bosteros de Boca.