Hay que hacer memoria, nada más

Por Andrés Cisneros^(*)

Por fin un intento de acuerdo para dialogar. El anuncio conjunto de ambos presidentes, aunque relativizado después desde Montevideo, marca un acierto en la buena dirección. Ahora falta cumplir con el levantamiento incondicional del piquete y la paralización consecuente de las obras. Si bien se mira, no hay ningún avance: simplemente dejamos de ir para atrás. Estamos como al principio. Como en 2002, cuando Uruguay anunció oficialmente su intención de construirlas. O como en 2003 cuando se oficializó el emprendimiento. Solo que bastante peor: ahora la obra ya está en un 30% y se ha generado innecesariamente un clima de primitivismo y hostilidad como no se recuerda en toda la historia de ambos países.

Aún aceptando la versión oficial, claramente expuesta por el canciller Taiana en el Congreso, si aceptáramos como cierto que Uruguay incumplió o cumplió reticentemente, con ocultamiento de informaciones esenciales, faltaría explicar por qué nosotros no reaccionamos entonces, cuando hubiera resultado más efectiva una negociación que defendiera los legítimos intereses argentinos.

Mucho más, debiera explicarse si es cierto, como se ha publicado, que el entonces canciller Bielsa acordó con Gargano, su par oriental, una conformidad argentina –luego documentada- en que aparecemos satisfechos simplemente con el derecho a monitorear a posteriori de los eventuales actos de polución, no antes, como corresponde técnicamente y se practica en numerosos acuerdos similares en el mundo. Tal como habría informado, erróneamente, el Jefe de Gabinete al Congreso Nacional.

En suma, arribar a un mecanismo en que Uruguay se comprometa a incorporar determinadas tecnologías y, por sobre todo, a las maneras en que éstas se apliquen. Se ha mencionado al uso selectivo del cloro (solo a la celulosa y no al resto de los subproductos) con tratamientos purificadores del azufre y un sistema cerrado de piletones para colar recicladamente antes de volcar al río, entre otros mecanismos, que reducirían drásticamente el daño ecológico con disminución, pero no pérdida, de la rentabilidad del emprendimiento.

La Comisión Financiera Internacional, de indudable corresponsabilidad en lo que está ocurriendo, debiera integrarse a un esfuerzo financiero que permitiera desatar este nudo gordiano donde ningún actor parece exento de culpas.

El anuncio de que se intentará designar de común acuerdo a una comisión internacional de expertos neutrales es buena noticia.

De todas formas, parece previsible lo que éstos podrían dictaminar:
a) que el nivel de contaminación planeado por Uruguay resulta aceptable para los estándares del Primer Mundo, o
b) que es inaceptable, indicando las mejoras técnicas que se debieran incorporar, o
c) que resultaría factible desviar buena parte de los residuos a un río interior oriental, el Negro o cualquier otro, disminuyendo, mas no evitando, la polución del ecosistema argentino..

Los técnicos señalan que el monitoreo permanente, antes de que se venteen o vuelquen los residuos al agua resulta esencial, toda vez que la planta más perfecta del mundo, si es manejada sin control diario de los procedimientos, puede contaminar en grados sumamente peligrosos.

En suma, que Argentina debiera obtener:
a) que las plantas correspondan a la mejor tecnología mundial disponible;
b) que los procesos de funcionamiento puedan ser controlados por la parte argentina día por día, con parámetros acordados para medir el funcionamiento aceptable;
c) la gradual incorporación (con compromiso de la CFI de financiarlas) de mejoras técnicas todo a lo largo de la vida útil de las plantas; y
d) indemnizaciones pactadas para las trasgresiones y daños que se causaren a la parte argentina.

Lo que no podría esperarse es un mágico anuncio de que a partir de ahora todo saldrá bien sin perjuicio para nadie. La situación se agrava porque se trata de un caso en que los beneficios económicos serán para un solo lado y los perjuicios ambientales, para el otro. La ecuación consistirá, entonces, en definir cuánta contaminación estará el gobierno argentino dispuesto a aceptar a cambio de ningún beneficio material y solo para mantener una buena relación con el Uruguay. Y explicarle eso a la sociedad argentina, empezando por Gualeguaychú.

Y es aquí donde los requerimientos de la tecnología y los de la política bien podrían coincidir. Los de la técnica, porque de nada valdría un acuerdo si no incluye alguna capacidad argentina para monitorear diariamente el nivel de contaminación, con facultades para exigir a la otra parte cada vez que se superen los máximos acordados. Y los de la política, porque el convenio debiera obligar a ambos países a no instalar en el futuro emprendimientos semejantes sin la expresa y total conformidad previa y monitoreo posterior del otro firmante.

Un acuerdo así disminuiría lo más posible los daños que, a causa de nuestra aún no explicada oposición a tiempo, se volcarán irremediablemente sobre costas argentinas, porque Uruguay no va a desistir de estos emprendimientos. Se instalaría un sistema preventivo de futuros conflictos similares y, quizá, con éstos o con otros gobernantes que terminen entendiendo cómo funciona el mundo, estaríamos sentando las bases de un acuerdo estratégico, mayor, que solucione el problema por arriba, con la imaginación y el profesionalismo que han faltado en este caso. En ambas orillas.
No requiere esforzarse mucho: en la década de los setenta tuvimos un enfrentamiento semejante al anunciar Brasil la construcción de Itaipú. Cuando terminamos de enojarnos y de exhibirnos como víctimas por todo el planeta, entendimos que la solución pasaba por asociarnos, no por pelearnos con los vecinos. Así, en los Ochenta y Noventa, acordamos y construimos en Yacyretá, Garaví, Corpus, completamos Salto Grande y un entero cordón de obras complementarias, todas binacionales, que acabaron para siempre con las disputas hidroeléctricas por los ríos y fructificaron en un sistema coordinado de producción energética monumental, para beneficio de todos y mal de ninguno. No por casualidad, los cuatro países involucrados terminaron, en esos mismos años, conformando un emprendimiento todavía mayor, el Mercosur. Ese acuerdo energético significó para nosotros lo mismo que los del Carbón y el Acero para la naciente Comunidad Económica Europea. Después, se hicieron las cosas un poquito diferentes. Ellos bien y nosotros mal.

Allí está, disponible, el antecedente de cómo resolvimos, en aquellos años, un problema del todo semejante al que hoy afrontamos por la explotación pastera regional que, por cierto, no detendrá su avance con estas obras de ENCE y Botnia. Son solo el principio: Paraguay y Brasil planifican ya instalaciones semejantes.

Este conflicto, como entonces el de Itaipú, podría dar paso a un acuerdo regional que regule este rubro como en su momento acordamos regular el hidroeléctrico.

Ya se sabe, en Argentina, cada gobierno considera que los que estuvieron antes no dejaron nada que sirva, ninguna experiencia para aprovechar. En este caso de Itaipú y la solución por arriba, a lo grande, la mayoría de nuestros conciudadanos escucha esto, hace memoria, y recuerda aquellos aciertos. Para otros, en cambio, se trata de una completa novedad, algo que ni pasa por sus cabezas. Lo bueno es que aquellos recuerden. Lo malo es que estos últimos parecen estar todos sentados en los despachos oficiales. De los dos países.

^(*) Secretario General y de Estado de Relaciones Exteriores de la Cancillería Argentina (1992/99)