Abril de 2006
La ampliación del hipotético campo de batalla de Chile no se limita a su sobrearmanento aeronaval. Aquí las percepciones estratégicas que desde 1999 hasta la fecha se han materializado en sus fuerzas terrestres.Tambien potenciadas, analizadas y modificadas en función de un rápido despliegue con mayor potencia de fuego. Se subraya en este informe la implementación de una inteligente doctrina de interoperabilidad entre fuerzas armadas sociedad civil.
En los hechos el "Plan Alcázar" (iniciado en la parte final del mando del
Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, 1994-1998) no se refiere únicamente
a materias castrenses pues contiene en su definición y materialización las
tres dimensiones profesionales de la institución militar -el rol castrense,
el rol político y el aporte al desarrollo- rasgos que están presentes en sus
cuatro fundamentos).
- Los nuevos escenarios en el ámbito de la defensa.
- El entorno político, social y económico del Estado y del Ejército.
- El análisis situacional del Ejército.
- Los avances científicos-tecnológicos y la necesidad de incorporarlos a la
fuerza y sus soportes logísticos y administrativos.
Debe entenderse por lo tanto que el Ejército lleva a cabo el proceso
abarcando objetivos de orden político (en el marco de las relaciones
político-institucionales), aportando al desarrollo (construyendo caminos con
el Cuerpo Militar del Trabajo o entrenando a personal municipal en
prevención de crisis mediante ejercicios de simulación, por ejemplo) y
asumiendo aquellos de orden castrense que tienen por misión "readecuar,
racionalizar y optimizar los potenciales humanos y materiales tendientes a
contar con un Ejército altamente profesional, tecnificado, potente y
flexible, capaz de cumplir su misión institucional manteniendo los
principios y valores que lo sustentan".
Tales objetivos del "Plan Alcázar" se llevan adelante con la cooperación
o el no apoyo a las siguientes iniciativas que interrelacionan a la
institución con los niveles de la conducción política del país,
política-estratégica y estratégica de las Fuerzas Armadas.
- Apoyo a desaparición de Misión Constitucional controvertida: En el
Proyecto de Reforma Constitucional el Ejército no demuestra su desacuerdo
con el informe de la Comisión de Constitución del Senado que modifica el
capítulo X de la Constitución del 80. [Capítulo X: Fuerzas Armadas, de Orden
y Seguridad. Suprime los incisos del artículo 90º que establecen que las
Fuerzas Armadas, en conjunto con Carabineros, "garantizan el orden
institucional de la República"
- La Defensa de la Relativa Inamovilidad del Comandante en Jefe:
El Gobierno plantea como un imperativo democrático el retorno a la
Presidencia de la República de la facultad que permite la remoción de los
Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden en la discusión sobre
las reformas constitucionales en el Parlamento, quienes hoy sólo pueden ser
apartados de su mando de cuatro años por medio de una acusación
constitucional o en "casos calificados" y por acuerdo entre el Jefe de
Estado y el Consejo de Seguridad Nacional. El Ejército manifiesta que el
profesionalismo de los cuadros militares se encuentra garantizado justamente
por la inamovilidad y evita su politización sobre la base de antecedentes
históricos.
- Extrema cautela por la formación de un Estado Mayor Conjunto:
Sin encontrarse por el momento entre sus prioridades y consciente de las
reticencias que despierta en el mundo militar, el Ministerio de Defensa
precisa que la necesidad de posicionar el tema de la interoperatibilidad
entre las instituciones de la defensa no persigue eliminar las Comandancia
en Jefe al estilo de un Estado Mayor Conjunto estadounidense, sino el logro
de alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los medios militares. Una
iniciativa de este tipo no se descarta en el futuro porque la reformulación
del Ministerio de Defensa Nacional puede llevar a proponer un Estado Mayor
Conjunto que tome en cuenta los factores prácticos e históricos del país y
sus Fuerzas Armadas
- No se apoyaría la flexibilización de la Ley del Cobre:
Conciente de la precariedad del sistema de adquisiciones militares y la
urgencia de equilibrar seguridad con necesidades sociales, el Presidente de
la República encomienda al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas el
estudio de la flexibilización de la Ley Reservada del Cobre con el propósito
de hacer más eficiente la norma en el plazo máximo de un año.
- Respaldo a un nuevo tipo de Servicio Militar Obligatorio:
Ingresó a trámite legislativo un proyecto de ley que mantiene el carácter
obligatorio del Servicio Militar, pero con inscripción automática y un
sistema de reclutamiento que privilegia la voluntariedad y la selección por
sorteo público en caso de que no se llenen los cupos. La reforma (basada en
el concepto de voluntario por principio y obligatorio por subsidio y sobre
los principios de igualdad y objetividad de los convocados) elimina la
excepción
de los estudios universitarios, pero dado los incentivos establecidos se
espera que la voluntariedad aumente paulatinamente hasta alcanzar
el número de 15 mil conscriptos requeridos en un plazo de cinco años.
- Respaldo a un Uso más Racional de los Recursos: Ante una solicitud del
gobierno enviada a fines de octubre del año 2001 y después de tres meses de
estudio el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea llegan a un acuerdo en
aquellas áreas donde trabajarán en forma conjunta para reducir los costos de
operaciones. El documento, aprobado por el escalón político, engloba más de
70 tareas-obligaciones en las áreas de logística, educación y personal a
lograr en el corto, mediano y largo plazo por cada una de las instituciones
Un dato adicional y no menor es la culminación en el año 2000 del pago de la
deuda acordada por el Ejército en la década de los años 70 por la
renovación del material bélico
- El Apoyo a una Profesionalización Creciente: El cambio generacional que
existe en el nuevo cuerpo de generales coopera a la profesionalización
encabezada por el General Izurieta pues a la fecha del 11 de septiembre de
1973 todos eran oficiales subalternos. De la misma manera hay que asumir la
reducción de sus miembros, de 40 a 33 generales. Otro factor es la
adecuación del escalafón: A fines del año 2001 cerca de 2 mil oficiales y
suboficiales dejan el Ejército (el 10% de los cuadros profesionales). Ello
contribuye a adecuar los planes de racionalización, da un fuerte "tiraje a
la chimenea" y reconstruye una distorsión causada en la pirámide por el
aumento significativo de las promociones salidas de las escuelas matrices
entre 1974 y 1978 .
- La Necesaria Modernización Previsional de las FF.AA. y Carabineros:
De los 2 mil 507 millones de dólares previstos en el presupuesto de defensa,
897 millones corresponden al pago de pensiones de las Fuerzas Armadas y
Carabineros (Mil 60 millones de dólares en el 2003). El colosal déficit
constituye una bomba de tiempo y tiene múltiples orígenes. Los analistas
del tema coinciden en que tarde o temprano se tenderá hacia un sistema de
capitalización individual acorde con las características de la profesión
militar pues a mediano plazo el pago anual de los uniformados pensionados
podría llegar a superar la inversión propiamente militar.
- Ampliación de la Intervención en Misiones del Nuevo Escenario
Internacional:
El Ejército participa en operaciones de imposición de la paz (bajo
capítulo VII de la ONU) en la Administración Transitoria de Naciones Unidas
en Timor Oriental con integrantes de la Brigada de Aviación desde el año
2002 (UNTAET). Adicionalmente interviene en operaciones de mantención de la
paz (bajo capítulo VI de la ONU) en calidad de observador en el conflicto
India-Pakistán desde 1949 (UNMOGIP). La entrada en funciones del Centro de
Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz (CECOPAC) en el Campo Militar
"René Schneider" de La Reina a partir del año 2002 permite la adaptación a
una nueva proyección de la profesión militar porque el perfil del soldado
de la ONU es distinto al tradicional. A él concurrirán miembros de las
Fuerzas Armadas y Carabineros que recibirán una instrucción
multidisciplinaria. De las 250 mil minas enterradas en el país, 150 mil se
encuentran en el extremo norte y comenzarán a ser desactivadas por la VI
División en cuanto comience a regir la ratificación del Tratado de Ottawa
(firmado en 1997 por 136 países que se comprometen a erradicar el uso,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales), por un
monto que fluctúa entre 250 y 300 millones de dólares en un plazo de diez
años. El Ejército adquiere tanques barreminas
con el propósito de acelerar un proceso que hasta la fecha realizan
manualmente efectivos especializados.
- Modificación de los Planes de Estudio:
La evolución de la malla curricular en la Academia de Guerra del Ejército (a
los dos primeros cursos regulares netamente militares se suma un tercero de
carácter político-estratégico) y la previa reforma en la Escuela Militar y
la Escuela de Suboficiales dan cuenta de una adecuación a los nuevos tiempos
en el sentido de la reprofesionalización del uniformado.
Los principales fines en la reestructuración y equipamiento de las
fuerzas no se agotan en la transformación de 67 regimientos y batallones
autónomos en 38 unidades tácticas más potentes, autónomas y céleres; por el
contrario, tienen que ver también con la reconfiguración global del soporte
logístico, administrativo y de bienestar . Allí se encuentra la:
- Centralización de las Academias de Guerra y Politécnica Militar y la
Escuela de los Servicios en los terrenos del Campo Militar "René Schneider"
de La Reina, junto a la infraestructura habitacional para profesores y
alumnos.
- Reorganización del Comando de Apoyo Logístico, centralizando 11 unidades
en tres instalaciones de funciones similares y gestión centralizada.
- Creación del Comando de Salud del Ejército prioritario en la agenda l e
inauguración de las obras del futuro Hospital Militar en el Campo Militar
"René Schneider" de La Reina - Modernización del Comando de Apoyo
Administrativo.
La concentración de las unidades para el nuevo diseño del Ejército del
Bicentenario pasa de un esquema de presencia territorial concebido en los
inicios del siglo XX a otro conformado por divisiones y regimientos de
"armas combinadas", organizado bajo consideraciones de orden estratégico,
operacionales, económicas y geohumanas (permite una disminución de los
servicios logísticos y administrativos) posibilita el uso de fuerzas con un
alto nivel de apresto y lleva a cabo los requerimientos de entrenamiento con
el consiguiente ahorro de recursos.
Por su parte la obtención de los recursos para la continuación del "Plan
Alcázar" no es un asunto menor. Esta reingeniería se concreta en una primera
fase en las divisiones ubicadas
en el norte (VI y I) para luego ampliarse hacia el sur del país.
Entre los aspectos cualitativos de la reestructuración y equipamiento de las
fuerzas debe tomarse en cuenta el incremento tecnológico mediante la
renovación del material. Un breve recuento de lo adquirido en los últimos
años y programas futuros indica lo siguiente
1. Proyectos Institucionales: Medios Antiblindaje: Incorporación del
misil Mapats de largo alcance y dotado con guía lasérica / Modernización del
cañón de largo alcance M-40 de 106 mm. sin retroceso con un nuevo sistema
optrónico de puntería / Dotar a las unidades en el futuro con lanzacohetes
desechables (o recargables) y misiles de mediano y largo alcance con
munición específica y sofisticados detectores. Medios de Mimetismo: Compra
de redes con el propósito de entregar protección a todo tipo de vehículos y
piezas de artillería en contra de la observación, localización e
identificación de blancos.
2. Proyectos del Arma de Caballería Blindada: Adquisición de 300
unidades Leopard I modernizadas en términos de movilidad, protección y
poder de fuego para el combate diurno y nocturno / Se completa la dotación
de tanques AMX-30 (30 unidades) con un incremento de las prestaciones en la
movilidad y poder de fuego / El tanque M-41 se mantiene en servicio tras el
cambio de la planta motriz y la mejora de capacidades en el poder de fuego.
3. Proyectos del Arma de Infantería: La consolidación de un parque de
320 transportes oruga acorazados M-113 (220 adquiridos recientemente en
Italia y Estados Unidos) y 300 transportes blindados de tropas del tipo
Mowag "Piraña" a ruedas fabricados por FAMAE posibilitan que el programa de
mecanización del arma adquiera viabilidad.
4. Proyectos del Arma de Artillería: Incorporación del sistema
múltiple de cohetes israelí LAR-160 con 35 kilómetros de alcance / FAMAE y
Royal Ordnance finalizan el desarrollo del
sistema múltiple de cohetes RAYO con 52 kilómetros de alcance. No ha
trascendido alguna orden de producción / Mejora del alcance de las piezas
M-101 de 105 mm por el cambio del tubo de 22 calibres por uno de 33 / Puesta
en servicio operacional del misil antiaéreo Mistral de corto alcance
integrado a sistemas de mando y control / Existe el proyecto de dotar con
carros blindados municioneros a los grupos existentes.
5. Proyectos del Arma de Ingenieros: Modernización del Comando de
Ingenieros. La entrada en servicio de tres tanques "posapuentes", tres
tanques de reparación de blindados, tres tanques convertidos para transporte
de secciones de puente y dos tanques barreminas constituye el primer logro
en la mecanización de las unidades del arma / Se previene dotar con
tecnología de vanguardia a la ingeniería de montaña.
6. Proyectos del Arma de Telecomunicaciones: Concentración de las
unidades de Informática, Guerra Electrónica y Comunicaciones en el Comando
de Telecomunicaciones / Mejoras en la Red Primaria y Red Secundaria con la
compra de equipos de comunicación satelital y guerra electrónica /
Mejoras en la interconexión entre las Redes Tácticas y las escuelas mediante
la red troncal.
7. Proyectos de la Brigada de Aviación: La compra de helicópteros de
ataque para proteger el desplazamiento de las unidades blindadas-mecanizadas
se encuentra postergada por razones económicas / Actualización de la flota
de helicópteros de transporte y enlace tras la puesta a la venta de 20
aparatos antiguos.
La modernización del Ejército forma parte de la Política de Defensa de
Chile cuyo propósito es explicar "qué" tipo de defensa se estima adecuada
para un determinado momento de la historia del país. La agenda del
ministerio contempla abordar cinco temas constitutivos y centrales de esta
política de Estado para el próximo período, todos vinculados a la
materialización del "Plan Alcázar". Ellos son:
- La aprobación parlamentaria del proyecto de ley que reforma el Servicio
Militar de acuerdo a las características ya señaladas.
- La formulación del Libro de la Defensa Nacional de Chile 2002 a partir de
la discusión en talleres de su homónimo de 1997. noviembre la versión
- La presentación al Congreso de un proyecto de ley que crea la Ley Orgánica
Constitucional del Ministerio de Defensa, documento fundamental que se
encuentra en gestación y aún no ve la luz pública.
- La urgente flexibilización de la Ley Reservada del Cobre, herramienta
necesaria para decidir sobre las próximas compras militares y con efectos
sobre las compensaciones económicas, la industria nacional, el desarrollo
regional y la economía a escala.
- Continuar los procesos de homologación de los gastos anuales en defensa
con los países vecinos.
Junto al logro de tales propósitos quedan otros temas pendientes a impulsar
por la secretaría de Estado y con efectos sobre el proceso de modernización:
- La formulación de una Apreciación Global Político-Estratégica inserta en
el nuevo escenario que constituya una herramienta palpable de la seguridad
externa y contribuya a definir qué tipo de defensa y Fuerzas Armadas se
necesitan para nuestras relaciones vecinales, subregionales (MERCOSUR y
Comunidad Andina), regionales (hemisféricas) y globales (ONU). En la
dimensión global es necesario el conocimiento de una política más
transparente en misiones de paz.
- El fortalecimiento de la racionalización en el uso de los recursos por
parte de las Fuerzas Armadas y la construcción de un presupuesto plurianual
de defensa sobre la base de proyectos y programas.
- Impulsar como país la
reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en orden a potenciar el
trabajo conjunto y obtener mejores resultados por la cooperación e
interoperatibilidad, reduciendo los espacios de las instancias
burocráticas y generando mejores condiciones para un uso más eficiente de
los recursos.
- El perfeccionamiento el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y
Carabineros para corregir las distorsiones y disminuir de manera paulatina
el colosal déficit.
- Consolidar la instalación de la comunidad de defensa desde una clara
aproximación interdisciplinaria, abriendo espacios para la investigación a
través de los fondos concursables y concitando la elaboración plural de
conocimiento.
- Precisar el acceso al perfeccionamiento de los civiles en materias de
defensa.
- Clarificar el futuro de las empresas públicas de defensa: Famae, Asmar,
Enaer.
Existen dos percepciones ciudadanas que no se explican totalmente una
frente a la otra, pero que tienden al reforzamiento mutuo: Aquella que
observa una gran autarquía de las Fuerzas Armadas respecto de su empleador,
el Estado (y con mayor razón del cuerpo social) y la noción de que la
seguridad es una
cuestión de policías y militares.
Así ocurrirá mientras no encuentre arraigo en el país un concepto de
seguridad que vaya más allá de los marcos estrechos de la Seguridad
Nacional tradicional (constreñida a la defensa unilateral del Estado y
basada en el recurso fuerza) ampliando la participación a todos los actores
involucrados en la socialización de una política pública y de Estado desde
la base.
El nuevo concepto debe asumir las dimensiones económicas, sociales, culturales, ambientales y políticos de la seguridad del Estado, el Pueblo y la Persona en una expresión de seguridad externa (conjugando política exterior y política de defensa) y otra expresión de seguridad interna (conjugando la regulación del orden público y privado en la aplicación de una política de salud, de educación, de economía, del trabajo, de transporte, de minería, de agricultura y otras).
La sobreestimación del policía y el militar en la visión tradicional es
evidente pues la función defensa y la función policial ( quienes comprenden
a su vez las instituciones que gozan del monopolio legal de la fuerza)
asumen una mayor capacidad de respuesta sobre aquellas propiamente civiles
frente las inseguridades que afectan al único actor reconocido, el Estado.
Lo señalado, sin embargo, no explica a cabalidad la autonomía que disfruta
la profesión militar. Ella se explica también por sus características
originarias (alimentadas básicamente de manera endógena) y el devenir
expansivo de las instituciones castrenses en Chile, ligado a la escasa
importancia histórica que han prestado los grupos políticos al tema defensa
en el desarrollo económico, social, político, cultural y ambiental del país
.
Hoy, se debe impulsar democráticamente lo que difunde el Libro de la Defensa
Nacional en orden a que la política de defensa es una política de Estado,
sometida al escrutinio público y dotada con el propósito de asegurar el
máximo compromiso ciudadano
La intervención de la civilidad desde la recuperación de la democracia en
1990 se ha materializado en grupos tecnificados, burocráticos y académicos
al interior de una precaria comunidad de defensa civil-militar.
La falta de una clara participación se identifica con la ausencia de la temática en la agenda política cotidiana y estructuralmente en aquellos puntos que expresan la falta de un debate público mayor en la socialización necesaria para la toma de decisiones.
Si no fuera por los montos requeridos para las adquisiciones de algunos
sistemas de armas (en el caso del "Plan Alcázar" son claramente menores a
los solicitados por la Armada y la Fuerza Aérea) los procesos de
modernización tendrían escasísimo impacto en la opinión pública.
Una sociedad democrática tiene mayores posibilidades de involucrarse en el
debate cuando participa en un escenario razonablemente transparente y cuando
percibe que sus representantes tienen alguna posibilidad de intervenir en la
gestión. Una comunidad de defensa consolidada y un rol más activo del
Congreso son vitales porque desde allí se coopera a legitimar la función
defensa, se impulsa el escrutinio público y se tiende a asegurar el
compromiso ciudadano.
En concreto, el sentido que el autor entrega a esta parte final del
documento tiene que ver con una cualidad no deseable de la profesión militar
en Chile: Si bien el "Plan Alcázar" refleja un proceso de normalización
institucional creciente, su materialización también refleja una gran
autarquía que se expresa en la capacidad de definir, seleccionar, gestionar,
evaluar y sancionar propósitos y cursos de acción sin el concurso de la
autoridad civil competente, aunque se cuente con su conocimiento y
aprobación.
