FRONTERAS MÓVILES ENTRE ECUADOR, COLOMBIA Y QUIEN MÁS…

 

Abril de 2006

La Redacción


Los impactos del Plan Colombia y del Plan Patriota —el primero implementado desde el 2000 para erradicar los cultivos ilegales y terminar con los grupos guerrilleros, y el segundo lanzado en el 2004 para combatir militarmente al Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en su santuario en los departamentos de Caquetá, Guaviare y Putumayo, en el sur de Colombia— se dejan sentir cada vez con mayor fuerza en la frontera con Ecuador debido al aumento del número de desplazados internos y refugiados, así como el de incidentes militares.

El manejo operacional que desde 1999 hace el Comando Sur de EE.UU. de la Base de Manta, ubicada en la provincia ecuatoriana de Manabí, se ha intensificado. El uso de la información satelital sirve para detener el tráfico de drogas y de inmigrantes, pero no para evitar el desborde del conflicto armado interno, como lo evidencian los ingresos de aeronaves y efectivos colombianos, así como de las FARC, ocurridos en los primeros dos meses del año y también a mediados de marzo ultimo,  según las autoridades ecuatorianas.

A finales de enero, las incursiones de aviones colombianos en territorio ecuatoriano llevaron a las Fuerzas Armadas de este país a la activación de su sistema de defensa aérea. Pese a la creciente militarización de las provincias ecuatorianas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, la porosidad de los 586 km de frontera es manifiesta. El tráfico de cocaína que ingresa desde el Putumayo colombiano por la selva ecuatoriana, y sale nuevamente por territorio colombiano a las costas de Nariño, en el Pacífico, es indetenible. Lo mismo sucede con el acopio —contrabando, tráfico, compra, robo— de pertrechos militares provenientes de los ejércitos de Ecuador y Perú, así como el contrabando de la gasolina blanca que es robada del propio Oleoducto Amazónico.

Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), en los últimos meses se ha producido un aumento de desplazados, inmigrantes y refugiados en Ecuador: 1,000 solicitantes de asilo en el 2005, además de un total de 250.000 colombianos que viven en ese país con necesidad de protección. Así, la capacidad institucional para la atención humanitaria por parte del gobierno y la cooperación internacional, está llegando a su límite de saturación.

De acuerdo al propio Departamento de Estado de EEUU, sólo el departamento fronterizo de Nariño tiene 50.000 Ha de coca cultivadas, pese a los esfuerzos hechos en el 2005 para fumigar hasta 13875 Ha en todo Colombia. Por las costas del puerto de Tumaco y el delta del río Mira, en Nariño, salen grandes bultos de droga, pese a los esfuerzos por evitarlo, como lo evidencia la incautación de 228 toneladas de cocaína en todo el 2005. El drenaje incontrolable de droga en esa frontera se explica mejor por la decisión de traficantes y paramilitares asentados en el sur colombiano de deshacerse de ella, para acogerse a la Ley de Justicia y Paz dictada en el 2005 por el gobierno del presidente Álvaro Uribe. Sin embargo, el fenómeno no acaba pues nuevos grupos de paramilitares se están reorganizando en el denominado “Bloque Nueva Generación de Autodefensas”. Una contraguerrilla ha reemplazado a la anterior simplemente.

La otrora presencia pasiva de las FARC en Ecuador podría estarse modificando como consecuencia del nivel actual del enfrentamiento en la frontera. Los recientes intercambios de disparos de miembros de las FARC con soldados ecuatorianos pueden ayudar a generar un escenario de mayor agitación limítrofe entre los militares de los dos países. Una posible escalada del conflicto, a nivel regional, solamente podría convenir a los que promueven una mayor intensidad bélica y presupuestal en la región o simplemente a la ampliación del campo de batalla para convertir a la narcoguerrilla en un fenómeno inasible.

Por otro lado, la no suspensión definitiva de las fumigaciones aéreas de cultivos de coca en la zona de frontera puede seguir afectando las relaciones bilaterales. La reciente misión de una comisión de la ONU ha constatado la necesidad de evaluar sus impactos sobre territorio ecuatoriano e históricamente se recuerda que la aplicación de los corredores de fumigación de la coca por parte del gobierno de Banzer acentuaron la desocupación, la miseria y finalmente prohijaron electoralmente al propio movimiento de Evo Morales quién finalmente llegó al poder.

Esta frágil situación corre el riesgo de empeorar en los próximos meses, si finalmente son aprobados los US$750 millones solicitados al Congreso de EEUU por la Casa Blanca para ser entregados en el año fiscal 2006 al gobierno del presidente Uribe. El problema es que la solicitud hecha en febrero, además de contemplar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, considera “cualquier amenaza a la seguridad nacional de Colombia”, la que podría estar en cualquier parte de los Andes fuera de Colombia, según el Center for International Politics, con sede en EEUU. Pero la realidad tiene dos miradas, la de la DEA y la del contexto subhumano que vive de ese cultivo.Es evidente que no solo alcanzan los helicópteros. Hace falta que los 750 millones de dólares incluyan un programa económico sustitutivo que no tenga los largos tiempos de la inversión extractiva. Las actividades de contraguerrilla solo son exitosas cuando se acompañan con un programa económico que aleje a la población rural del encuadramiento armado.

En los primeros días de marzo pasado en Ecuador, el gobierno del presidente Alfredo Palacio declaró en emergencia las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos por el problema de la huelga petrolera de 4,000 trabajadores de una subcontratista de Petroecuador. La paralización de siete campos en Lago Agrio, Shushufindi y Auca ocasionó la reducción de la producción de 550.000 a 134,000 barriles diarios, pese a que el petróleo financia el 40% del presupuesto nacional. La solicitud de caducidad del contrato con la Occidental Petroleum Corp. (OXY), los frecuentes derrames y los problemas salariales son parte de la agenda del petróleo en la frontera. En definitiva, el tráfico ilícito de drogas, el manejo de las políticas sobre petróleo en el Ecuador, la escalada misma del conflicto y el inevitable aumento de la asistencia militar americana se inscriben en un cuadro de alta vulnerabilidad.

En anteriores informes sobre la situación caribeña y andina sosteníamos que los conflictos irresueltos de soberanía entre Colombia y Venezuela impedirían un efecto derrame de la guerrilla sobre el territorio venezolano. Se agregaba a esto la complacencia de sectores del gobierno venezolano con la propia guerrilla colombiana en la medida en que no afectara sus intereses nacionales. Por el contrario el efecto derrame sobre Ecuador -país que libro hace poco una fulminante guerra con el Perú -sólo estaba contemplado en las previsiones humanitarias pero no en las militares. La tactica se denomina mancha de aceite y fue la misma que empleó el vietcong sobre la zona sur del país pero sobre todo sobre el territorio de Camboya. Objetivo : provocar una intervención militar americana sobre ese país y desahogar la presión de los B -52 sobre el norte vietnamita.

Todo el problema consiste ahora en ver si Ecuador cuenta con las fuerzas necesarias como para resistir a la guerrilla y frenar a la vez el drenaje humano que implica todo desplazamiento que huye de una guerra civil.

Es exactamente lo que podría pasar en la Argentina si el gobierno de Evo Morales no pudiese controlar su territorio.

Miles de bolivianos apoyándose en los millones que ya viven en la Argentina atravesarían la frontera seca entre los dos países. Y los escuadrones de la Gendarmería con sus estructuras de inteligencia golpeadas por gente poco apta y un presupuesto insuficiente nada podrían hacer al respecto.

Ese es el verdadero peligro migratorio en caso de una guerra en las fronteras y es bueno analizar el caso ecuatoriano simplemente para ir curándose en salud.
 

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