RECORDANDO CON IRA: LA GUERRA ANTITERRORISTA DE LA ESMA (5)

 

Mayo de 2006

 
Montoneros - Organigrama de Funcionamiento: Desde 1973 hasta 1985. Montoneros - Antecedentes de sus Principales Dirigentes. Montoneros - Principales Acciones Terroristas Cometidas: Desde su Nacimiento hasta 1985. Montoneros - instrucción Militar de sus Cuadros, Manuales de Instrucción, “Código de Justicia Militar Revolucionario. Montoneros - Contactos Políticos Nacionales e Internacionales. Montoneros - Política Nacional e Internacional: Desarrollada por Montoneros sobre DD.HH. fundamentando la exposición con documentos internos de Montoneros. Aspectos Jurídicos y Políticos: a) Fundamentos oficiales de la creación de la CAFEPENA, condenas impuestas. b) Ley de Amnistía del 25 de mayo de 1973, fundamentos oficiales y sus efectos. c) Condenas impuestas por el Poder Judicial por hechos terroristas en el período 25 de mayo de   1973 al 24 de marzo de 1976, ídem justicia militar. d) Condenas impuestas por el Poder Judicial y la Justicia Militar por hechos terroristas. e) Decretos de Poder Ejecutivo 261 “S” /75 y  2772 “S” /75, Directiva Antisubversiva 1 “S”/75 y Planes de Capacidades de la Armada. Aspectos Militares: Misión de los Planes de Capacidades de la Armada y procedimientos utilizados para el cumplimiento de esa Misión. La exposición, en mi opinión, podría ser desarrollada, en conjunto o individualmente por todos los señores Jefes de Operaciones e Inteligencia del Estado mayor General de la Armada en el período que va desde 1976 hasta la fecha; por los Señores Comandantes de Operaciones Navales comprendidos en el mismo período y por todos los Señores Comandantes de Fuerzas de Tareas en cuyas áreas de responsabilidad se hubieran desarrollado operaciones militares antiterroristas; las autoridades de la Armada que he mencionado son las que personalmente aprecio más idóneas para desarrollar la exposición que propongo. De no contar el señor Juez con esta exposición aprecio podría llegar a interpretar que mi relación con FUKMAN u otros montoneros denunciantes, sobre los que ya presté declaración en éste y otros Juzgados Militares, se trata de una relación personal, un capricho mío o de mis superiores inmediatos y no de una acción institucional, dentro de la institución y con el conocimiento de todos mis superiores por cargo y de muchos superiores por jerarquía. Preguntado: Dada la índole de su inquietud, diga si la misma ha sido expuesta por Ud. a la Superioridad a través de su cadena de comando. Dijo: Sí, he puesto en conocimiento de mi preocupación personal a mi superior inmediato en forma verbal, y aseguro que ésta preocupación está en conocimiento de todos mis superiores que conforman mi cadena de comando hasta el nivel de la conducción superior de la armada...” Ese mismo día fui citado por el Jefe del Servicio de Inteligencia Naval, señor Vicealmirante Dn. Argimiro Luis FERNÁNDEZ, quién me recriminó que con esas declaraciones había comprometido a la Armada; mi respuesta fue que en mi opinión las declaraciones podrían comprometerlo a él pero jamás a la Armada; el episodio que siguió no es de importancia para este desarrollo. En la misma declaración y ante el mismo Juez manifesté: el causante realizaba tareas de carácter técnico, por ser licenciado en física y manejar técnicas electrónicas, construyendo aparatos y equipos de interferencia televisiva y telexplosores que realizaba para montoneros desde 1975, contaba con la colaboración de un grupo de ingenieros o técnicos que revistaban en la organización terrorista en calidad de “colaboradores”; entre estos colaboradores, VILLANI me citó a Pedro JOSELEVICH o JOSELEWIS, pariente de Rodolfo PUIGROS y un ingeniero que se hacía llamar “RAUL” o “BEBE” y que se llamaba Roberto Hugo ZUBIETA. La persona que había citado (ZUBIETA), era en ese momento el recién nombrado Secretario o Subsecretario de Comunicaciones; también en esa oportunidad fui citado por el señor Almirante FERNÁNDEZ, quién me preguntó si lo declarado era cierto; contesté que sí. Al poco tiempo, el Ingeniero ZUBIETA cesó en su cargo por renuncia. Otros hechos que ocurrieron posteriormente, hacían evidente, que quienes conducían la Armada, habían efectuado alguna negociación con el Poder Ejecutivo o el Judicial, para limitar el número de inculpados y ponerles a ellos el grado, nombre y apellido. En 1985 fue designado para integrar el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el señor Contralmirante Dn. Julio Alberto ACUÑA, cargo que creo no llegó a asumir; en una conversación privada con el citado Almirante, me manifestó que lo avergonzaba el modo en que se habían condicionado las facultades de los integrantes del Consejo y que él no aceptaría esas condiciones que vulneraban cualquier principio de ética militar; así lo expresó en su nota elevada al señor Jefe del Estado Mayor, Almirante Ramón AROSA (nota que  tuve a mi vista). Previo a promulgarse la Ley de Punto Final, tuve también a mi vista copia de una lista escrita a mano y con correcciones (tachados y agregados), con apellidos de Oficiales y de un Suboficial de la P.N.A., que deberían responder por los cargos delictivos que se les atribuían; los nombres que observé en esa lista guardaron exacta concordancia con aquellos que fueron puestos en Prisión Preventiva Rigurosa por la Cámara Federal presidida por el señor D’ALESSIO. Se cumplía así lo expresado por el señor Contralmirante  Dn. Barry Melbourne HUSSEY, siendo Subjefe del E.M.C.O, al Personal Superior de la Armada:  “...comparecerán ante la Justicia aquellos que hubiesen sido reconocidos por el enemigo. Quedaba conformado así un grupo reducido de integrantes de la Armada ; según me manifestó el Juez Militar, Capitán de Navío Funes, esa “lista” había sido confeccionada dentro de la Armada, con la participación, al menos, del Vicealmirante Argimiro Luis FERNÁNDEZ y un integrante (Vocal o Fiscal) del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Contralmirante DAVIOU. No sólo fue una negociación montada para absolver de responsabilidad a autoridades de la Armada de elevada jerarquía y cargo, sino que esto fue seguido de conductas, al menos insólitas, del Almirante FERNÁNDEZ, que junto con el Almirante HUSSEY ocuparon cargos en los últimos gobiernos radicales; el Almirante FERNÁNDEZ integró la Fundación ILLIA, junto al señor D‘ALESSIO, aquel que fuera presidente de la Cámara Federal, ente que propiciaba, entre otros fines, la reforma de las Fuerzas Armadas. Estos hechos no debería citarlos como desacreditantes, si no se dieran en el contexto de los hechos arriba descriptos. 2. Los delitos de robo y hurto: Es posible que sean muchos los episodios de esta naturaleza delictiva que hayan ocurrido durante la guerra contra el terrorismo. No pretendo que las autoridades de la Institución de 1984 los conocieran en su totalidad, pero uno de ellos, que justamente hoy es motivo de investigación judicial, pasara desapercibido a ellos, es increíble por su magnitud. Como consecuencia de esa inacción en investigar, o por ocultar o encubrir, también hoy se diluye la responsabilidad o la culpabilidad de Oficiales Superiores de esa época y, como consecuencia, hoy sufre prisión preventiva un Oficial Subalterno en aquella época, que me consta nada tiene que ver con el delito de robo. Esto lo digo con total convicción, porque yo mismo pude estar en la misma situación de este Oficial Subalterno en lo que respecta a la actuación militar que le cupo. Sé que esta convicción también la tiene la actual Conducción de la Armada, pero tal vez por un juicio intuitivo. Como temo que esa convicción naturalmente se irá diluyendo en el tiempo, creo que es necesario que sea ahora y dentro de la Armada que se investigue cómo sucedieron los hechos y quiénes se beneficiaron materialmente , permaneciendo aún en el anonimato. Cuando esto se conozca con certeza, dolerá más que el Capitán Rolón esté detenido y que Oficiales Superiores de esa época y algunos civiles vinculados, gocen de los beneficios de la impunidad. Esta investigación que sugiero, permitirá a la Conducción de la Armada contar con evidencias y proceder en la resolución de este verdadero conflicto Ético Militar. 3.     El delito de apropiación de menores : Este es un delito cometido dentro de la guerra contra el terrorismo, que no puedo considerarlo sin conocer cada caso en particular y con el mismo nivel de degeneración que me merece el citado en el punto anterior. Pueden darse circunstancias afectivas, morales o éticas que podría llegar a comprender pero no a justificar. Pero lo que resulta incomprensible e injustificado es que quién conozca cada caso en particular, permita que pasen por los Tribunales quienes desconocían la comisión de este delito. Guardo un recuerdo muy grato del Capitán Vildoza como superior en la Unidad de Tarea y de su comportamiento en el conflicto de Malvinas, pero considero que es un proceder carente de cualquier parecido con el deber de un militar permitir que subordinados deban comparecer ante Jueces para hablar de un hecho delictivo por él cometido y del que carecen de cualquier conocimiento. Resulta un contrasentido que mientras subordinados ajenos a esta situación deban declarar a título personal, quienes conducían la Armada antes y durante la investigación de este caso en particular, no hicieran ninguna presentación espontánea para esclarecer los hechos, delimitar responsabilidades y salvar el desgaste moral y social que implica la vinculación judicial de un Oficial con estos episodios. Existe un trabajo nacido en fuente periodística y desarrollado al detalle por un Oficial Superior Retirado, que ilustra de manera tal sobre cada caso, que facilita la rápida investigación de cada uno de ellos para llegar a necesarias conclusiones por parte de la Armada. En síntesis, las investigaciones que solicito se inicien, tienen por objeto evitar que dentro de la Armada quede alguna duda de la conducta seguida por cada uno de sus integrantes, en su vinculación con la guerra contra el terrorismo y con los juicios que la siguieron, me interesa que se investigue mi conducta, pero veo imprescindible se conozca la conducta seguida por los demás, la determinación de responsabilidades y culpabilidades que sirvan para encuadrar con las formalidades disciplinarias y penales a quienes correspondiese. Ha pasado mucho tiempo desde 1984. son varios los Oficiales que podrían haber contribuido a esclarecer estas graves cuestiones y que hoy están fallecidos; de continuar pasando el tiempo la historia será más difícil de reconstruir y escribir, permitiéndose así que lo hagan  otros ajenos a la Institución y con intereses espurios. Sucederán otras Conducciones que no han sido protagonistas de la historia que hoy nos ocupa, las que lamentablemente se verán necesitadas de recurrir a las viejas Síntesis de Prensa. Investigar la verdad es para mi hoy el camino que corresponde a la Institución, para salvar el buen nombre y honor de quién suscribe, pues de otra manera sólo mantendrán vigencia interpretaciones tendenciosas, ajenas a la realidad, que buscan un interesado y permanente desprestigio de sus hombres y, consecuentemente, de nuestra Institución”. Firma la misma. Capitán de Navío (RE) Raúl E. Scheller.-----------------------


Por otra parte y a fin de tratar y aclarar temas relacionados con situaciones judiciales creadas con motivo de la intervención de la Armada en la guerra contra el terrorismo, el Capitán de Navío Raúl E. Scheller y el Capitán de Fragata I.M Antonio Pernías, el día 15 de Septiembre de 2003 y  a requerimiento del primero de los nombrados, siendo las 17.00 hrs. nos reunimos en el salón de estar del Círculo de Oficiales Retirados de las FFAA, con el Vicealmirante Argimiro L. FERNÁNDEZ. Luego de los saludos de fórmula, entregué al Sr. Vicealmirante copia de una declaración que efectué el día 23 de agosto de 1985, ante el CNIM Roque FUNES y el CNIM Eduardo L. QUINTANA, Juez y Secretario respectivamente del Juzgado de Instrucción Militar, y en la causa Nº 761 ( “hechos ocurridos en la ESMA”). El Sr. Vicealmirante (VLTE) la guardó y dijo que la leería después. Le aclaré rápidamente su contenido y le pregunté si recordaba cuando ese mismo día (23-8-85), siendo él Jefe de Inteligencia del Estado Mayor General de la Armada, me había citado a su despacho, manifestándome que con esas declaraciones yo había comprometido a la Armada. El Sr. VLTE contestó que no recordaba; le recuerdo entonces que estaba pendiente desde esa fecha una exposición ante el Juez FUNES por parte de diversas autoridades de la Armada entre 1976 y 1985, que se relacionaba con la participación de la Armada en la Guerra contra el terrorismo, y que entre esas autoridades estaba él. Solicito al Sr. VLTE  que declare o exponga ante los jueces militares o civiles a tenor de lo que yo solicitara judicialmente, pues en caso de no hacerlo me vería en la obligación de solicitar al juez a cargo de esa causa que lo cite como testigo para brindar la información requerida. El Sr. VLTE me pregunta si yo lo estoy extorsionando; le contesto que no soy un delincuente y que simplemente le estoy exponiendo lo que en concreto solicitaba de él y lo que yo haría; el Sr. VLTE manifiesta que él ya sabe como debe defenderse. Pongo en conocimiento del Sr. VLTE que en fecha próxima a esa declaración supe por el Sr. CNIM Roque FUNES que se había confeccionado un listado de 12/ 13 Oficiales y un suboficial que serían indagados por la Cámara Federal en lo Penal de la Capital Federal, personas que no serían beneficiadas por la Ley de Punto Final; que el Capitán FUNES manifestó que dicha lista ( que yo había tenido a la vista ) había sido confeccionada por al menos dos personas: una el propio Sr. Almirante a quién me dirigía y el otro era el CL DAVIOU, integrante del CONSUFA en 1985. El Sr. VLTE me preguntó si el CL DAVIOU conocía sobre lo que yo estaba manifestando a lo cual contesté que lo había hecho enterar por un  Jefe de la Armada sobrino de él; el Sr. VLTE negó haber confeccionado la lista en cuestión y también negó que esa lista hubiese existido. Comenta luego el Sr. VLTE que en aquella época (1985) eran muy difíciles las relaciones con el gobierno; que se quería condenar a un grupo aproximado de 70 Oficiales y que después de todo solo habían sido 10/ 12 Oficiales; que recuerda que por aquel entonces y en reuniones con el Ministro de Defensa BORRÁS, este había requerido insistentemente que la Armada mandase Oficiales a declarar, sabiendo que ya muchos de ellos se habían negado a presentarse; también el Ministro BORRÁS le había manifestado que si no mandaba “gente a declarar” se “mataría”. El Capitán PERNÍAS le pregunta al Sr. VLTE si no creía que de haber sido 70 el número de oficiales que hubiese prestado declaración hubiese logrado dar a la situación un verdadero carácter Institucional; el Sr. VLTE  manifestó que sí, pero ello hubiera producido una gran conmoción en la Armada por lo cual se consideró inaceptable; dirigiéndose al Capitán PERNÍAS recordó la difícil situación que había creado al resistirse a comparecer ante la Cámara Federal; le pregunto al Sr. VLTE si no considera que para haber hecho el episodio menos conmocionante dentro de la Armada hubiera sido preferible ponerse él mismo en la lista, dado que ostentó el cargo de Jefe de Grupo de Tarea en Zona de Jurisdicción del BIM 3 y durante la guerra contra el terrorismo; su contestación fue que él había trabajado con mucho respeto por la contrainteligencia. Le hago conocer al Sr. VLTE que considero vergonzosa la conducta de cualquier integrante de la Armada que en aquella época hubiese sido superior por cargo del entonces Teniente Alfredo ASTIZ dado que conocía de las penurias por las que ha debido pasar en estos 20 últimos años y las que deberá pasar aún, sin que hasta la fecha alguno de ellos se haya hecho cargo de sus propias responsabilidades; el Sr. VLTE comenta entonces que el piensa que ASTIZ es un muerto en vida. El Capitán PERNÍAS se refiere a declaraciones del Presidente de la Nación en las que pide a las FFAA que “deben separar la paja del trigo”, y pregunta  en que grupo ubica el comportamiento de sus interlocutores; el VLTE contesta que ubica a ambos en la categoría de trigo y del mejor trigo, y hace una referencia general a que la Armada durante la guerra contra el terrorismo tuvo un comportamiento ejemplar, aspecto que le consta ya que solo se había detectado un pequeño grupo de Oficiales que delinquieron y consideraba no prudente señalar a los mismos, lo cual era irrelevante teniendo en cuenta la magnitud de efectivos participantes en la Armada, agregando que suponía que algunos de ellos serían de nuestro conocimiento. Le comento al Sr. VLTE que había escuchado al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Felipe SOLÁ y al legislador Federico STORANI haber manifestado que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida habían sido “sacadas a punta de pistola”; le pregunto su opinión al respecto; el Sr. VLTE comenta que eso no fue así, que ambas leyes habían sido estudiadas previamente por el gobierno de ALFONSÍN y que el levantamiento del coronel RICO había sido innecesario pues ambas leyes ya habían sido pensadas por el Dr. ALFONSÍN para su promulgación; también dice que el General RIOS EREÑÚ en un artículo periodístico reciente se había manifestado en ese sentido. Manifiesto al Sr. VLTE que en conocimiento de la reciente promulgación de la ley de Nulidad de las leyes en cuestión, sería imprescindible aclarar el episodio de la promulgación de las dos leyes por parte de sus protagonistas y antes que se mueran, para tener un argumento valioso que ponga de manifiesto la realidad de lo sucedido; también entonces le digo que sería conveniente que el Sr. VLTE, el Sr. ALTE AROSA y otros Almirantes de la Conducción Superior de aquella época, obtengan del Dr. ALFONSÍN y del Ministro JAUNARENA un documento en el que estos expresen y aclaren su verdadera voluntad de promulgar las leyes citadas. El Sr. VLTE dice que se haría cargo de nuestra particular preocupación; que ha trabajado hasta 1997 dentro del radicalismo y que conociendo la faz política y el  origen Gallego del Dr. ALFONSÍN, es esta parte noble de su personalidad en la que tratará de influir; dado que el Sr. ALTE AROSA no había podido concurrir a esta reunión por encontrase en el extranjero, él le transmitiría todo lo conversado y aunarían esfuerzos. Al despedirnos el Sr. VLTE Argimiro L. FERNÁNDEZ aprecia conveniente mantener otras conversaciones a lo cual le contesto que sería un gusto, pero que dentro de dos días seríamos detenidos como consecuencia de la Ley de Nulidad. El Sr. VLTE  se comunicó dentro de los 30 días por correo electrónico en dos oportunidades diciendo que no había encontrado  aún resultados concretos.

 


 

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