RECORDANDO CON IRA: LA GUERRA ANTITERRORISTA DE LA ESMA (6)

 

Mayo de 2006

 
A mi entender, se elude reconocer que se trató de una guerra de carácter Institucional. ………..Todos en la Armada saben que la guerra, toda guerra, es un horror y que la decisión de entrar en ella no es de nivel militar. También saben que las circunstancias hicieron que algunos tomaran actitudes reprochables; al punto de llegar a injustamente destituir a un hombre cabal, ejemplo de lealtad, integridad moral, y templanza; me estoy refiriendo al Capitán Alfredo Astiz. No me cabe duda que la destitución que se le impuso al Capitán Astiz, es producto de la arbitraria necesidad de un político de recostarse inexcusablemente en un concepto descabellado de la subordinación de las autoridades militares, que ordenan, aconsejan y resuelven el correspondiente sumario militar. Me provoca hastío que permanezca aún dentro de los cuadros de la Armada una persona de tan bajo nivel ético militar como el de el Capitán de Navío (RE) Aurelio Carlos Martínez; basta leer los testimonios del juicio penal que sigue al sumario militar, que descalifican a esta persona, y los que otorgan al Capitán Astiz, el merecido reconocimiento a su comportamiento ético militar (tal es el caso entre otros Oficiales Superiores, de los Contraalmirante Carlos Frash y cuatro ex jefes de Estado Mayor General de la Armada o Estado Mayor Conjunto posteriores a 1983; Almirantes Ramón Arosa, Jorge Ferrer, Emilio Molina Pico y Emilio Osses). …………………………………………………..
El proceder en la justicia y la política.
Sin ir muy lejos durante el gobierno constitucional del Dr. Alfonsín y de el Dr. Menem, contribuyeron con leyes promovidas en uso pleno de sus facultades a la Pacificación Nacional; al respecto,  la (revista Noticias  28-3 -98), el Dr. Moreno Ocampo, dijo en un ánimo de concordia “hay que reconocer que los indultos, aunque fueron dolorosos, colaboraron en esto. Con los indultos se logró lo que intento con el Punto final y obediencia debida”, mi reflexión es que debe hacerse lo posible para evitar que promoviendo una búsqueda de la “verdad” que solo busca un rédito mediático, se vuelva a usar a una generación de argentinos como masa de maniobra de una política de desunión nacional…………………………………………………………………....
 A mí juicio, esta guerra no debería analizarse desde el punto de vista de la suma de los casos puntuales, ya que como queda claro implicó a todas las instituciones del país, y obviamente fue una decisión política (guerra contra el terrorismo). No logro comprender la naturaleza de fondo que después de pasar casi treinta años de esta guerra, luego de la promulgación de las leyes de obediencia debida y punto final, aún subsiste esta ciénaga. Ya, expresé durante alguna indagatoria y me parece necesario hacer nuevamente hincapié, una síntesis de lo que ocurrió dentro del sistema penal Argentino, que debo suponer los jueces, deben respetar………….. 1. Luego de responder ante Jueces Militares y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, fui indagado por la Cámara Federal en el mes de febrero de 1987, (hace dieciocho años), y con relación a hechos ocurridos hace ya veintisiete años (1976 – 1978), fui puesto en situación procesal “prisión preventiva” y luego fui desprocesado por la misma Cámara Federal, al aplicar la Ley Nº 23.521 – votada, promulgada y publicada en 1987 hace 18 años. La Cámara Federal rechazó los planteos de inconstitucionalidad dirigidos contra la Ley Nº 23.521 (hace 18 años), y dejó sin efecto mi procesamiento y ordenó mi libertad. Me comentaron que ello suponía que recuperaba el estado correspondiente a mi situación anterior al procesamiento, como si el procesamiento no se hubiera dispuesto y que la acción penal correspondiente a los hechos investigados se extinguía. La Corte Suprema en reiteradas oportunidades, se pronunció por la constitucionalidad de las Leyes Nº 23.492 y 23.521, sobre las cuales he sido ajeno a su dictado; y las resoluciones de la Cámara Federal y de la Corte Suprema le dieron validez constitucional. Yo no pedí las Leyes citadas y tampoco clamé por los pronunciamientos Judiciales posteriores. Hasta un integrante de la Corte Suprema de hoy, dijo que las Leyes eran constitucionales y hoy dice que son inconstitucionales. ¿En que cambiaron los hechos imputados para que ese Juez haya cambiado su posición? ¿O será que el que cambió es el Juez? Es un hecho que me resulta muy llamativo; pero no es el único, que me llama la atención………… 2.- El 17 de abril de 1998 (hace más de ocho años) el Congreso dicto una Ley (24.952), que derogaba las Leyes Nº 23.492 y 23.521 ;debo suponer que derogan esas Leyes para el futuro, porque entiendo que las Leyes son obligatorias después de 8 días de ser publicadas. O sea que las Leyes citadas dejaron de tener efectos a partir del 26 de Abril de 1998 -  (hace más de ocho años); entiendo que la acción penal estaba extinguida antes de su promulgación ¿para que promulgar esa Ley?. …….3.- El 3 de Septiembre de 2003 se publicó la Ley Nº 25.779 que comenzó a regir el 12 de Septiembre de 2003. Tan rápido se pronunció la Cámara Federal, que dictó su acuerdo el 11 de septiembre de 2003, un día antes de entrar en vigencia la Ley, le ordenó a Ud., Sr. Juez, que tomara la causa principal y la tramitara. S.Sria. dicta una prisión preventiva contra mí el 16 de septiembre de 2005 y confirma la prórroga de la prisión preventiva (ya llevo en esta situación mas de tres años). Sr. Juez ¿yo me pregunto si lo que ordenó en septiembre de 2003 la Cámara Federal, lo puede hacer sin una acción de requerimiento fiscal? ¿Se puede promover una acción penal pública sin requerimiento fiscal? ¿No estaremos ante un acto Judicial desvirtuado?---------- 4. Respecto a la Ley Nº 25.779 que rige desde el 12 de Septiembre de 2003 no dispuso su aplicación retroactiva y tampoco esa Ley restableció causas vencidas. Aprecio que pretender aplicar con efecto retroactivo la Ley Nº 25.779 es un golpe evidente a las garantías que consagra la Constitución Nacional, la de hoy y la de siempre, como lo es la cosa Juzgada y la prohibición de perseguir penalmente por la misma causa. Debo entender que el Congreso de la Nación (los Congresistas) y el Poder Judicial (los jueces penales) se están atribuyendo el poder de reformar la Constitución. Va contra el sentido común afirmar que la Ley Nº 25.779 tiene efectos retroactivos y que puede restablecer causas vencidas y restablecer un objeto procesal agotado cuando ya ha habido decisiones Judiciales firmes hace mas de 17 años. ......
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 5.- La persecución penal que inicia en el 2003 la Cámara Federal, usa el término de “crimen de lesa humanidad”. La Cámara Federal afirma que los delitos que me atribuyen caracterizan mi conducta como “crimen de lesa humanidad”. .... La categoría de “delito de lesa humanidad” es de fuente extranjera; la Cámara Federal no aplica derecho positivo. La Ley Nº 23.049 de 1984 en ninguna de sus normas y en particular su Art. 10 habla de las categorías que hoy se encargan de difundir, como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, terrorismo de estado o crímenes contra el derecho de gentes. La Cámara Federal no aplica derecho positivo. La resolución de la Cámara, que homologa la prórroga de mi prisión preventiva, usa la Categoría de “crímenes de lesa humanidad” cuya fuente fue un acto de poder de cuatro potencias, entre las cuales no estaba la Argentina, y se plasma en la Carta del Tribunal Militar Internacional y eso es el 8 de agosto de 1945. No existe entonces el derecho penal internacional consuetudinario pre-existente qué pueda servir como derecho imperativo. La categoría de delito de lesa humanidad tiene una fuente extranjera precisa e identificable y nunca fue incorporara al derecho argentino. Es muy evidente que el Poder Judicial está violando el principio de legalidad.
6.- La causa en la que el S.S me imputa lo hace sabiendo que se trata de una causa que lleva mas de 22 años por culpa y responsabilidad del propio Estado Nacional, algo esquizofrénico: ese Estado Nacional mandó en 1975 aniquilar la subversión, luego mandó en 1983 encausar a quines, cumpliendo órdenes militares superiores, ejecutaron la decisión de aniquilar; luego, en 1987 es el mismo Estado Nacional que ordena finalizar la causa y ahora a través de la Cámara Federal y por acuerdo Plenario del 1º de Septiembre de 2003 mandó a reabrir la Causa. ¿Tendrá en cuenta su S.S. que yo no participé en ninguna de esas decisiones, ni las pedí?. ¿Tendrá en cuenta su S.S. que no tengo ningún antecedente penal, que nunca fui prófugo de la Justicia; que comparecí ante cualquier citación Judicial, que sigo sometido por voluntad propia a reglamentos militares que me exigen una conducta decorosa, un régimen disciplinario que sanciona cualquier desobediencia a una citación Judicial? ¿El sentido común debería indicar que después de 26 años, que van desde que me dictaron la prisión preventiva en 1987 y esta prisión preventiva que  Ud. impuso en 2003, resulta un desajuste jurídico, seguir con una causa que ya está prescripta, que está vulnerando el principio de Ley anterior que recepta el Art. 18 de la Constitución Nacional? ¿No le parece que la causa iniciada en 1983 y reabierta en 2003, que viene durando 22 años, es una causa que ha tenido una duración irrazonable? ¿No le parece que mas allá de la validez o nulidad de las Leyes Nº 23.492, 23.521 y 25.779 yo he sido ajeno a su dictado y que las sucesivas y vicariantes composiciones del Congreso, las Cámaras Federales y la Corte Suprema, con sus distintos criterios explicitados, no pueden prevalecer sobre la tanta veces citada norma del Art. 18 de la CONSTITUCION NACIONAL QUE SE RESUME EN LA INVIOLABILIDAD de la defensa en juicio? -¿Para que este desajuste judicial se haya producido: Acuerdo del Poder Ejecutivo. Acuerdo del Congreso Nacional. Acuerdo de la Cámara Federal. Acuerdo del Juez de la Causa. Acuerdo de la Corte Suprema.; y después de 22 años, tengo derecho a pensar que hay algo de arbitrario, de irrazonable y de injusto en todo este camino tortuoso que sufre la historia argentina, la justicia argentina y algunos ciudadanos como es mi caso? …Y si alguna vez alguien razonable,  termina con la absurdo y alguien que imparta justicia termina con lo injusto ¿quien reparará semejante desaguisado?.....
Para abonar las dudas sobre la inconsistencia de la seguridad jurídica, es que quiero dejar escrito para la historia, conceptos jurídicos emanados de prestigiosas asociaciones y personas de reconocida solvencia profesional. …………………………………………
02/11/200 Solicitada Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires  La Argentina ante la crisis de sus valores jurídicos.  Este año la democracia argentina instaurada el 10 de diciembre de 1983 alcanza, según calendario, su mayoría de edad. Ha sido largo el camino recorrido; es más largo aún el que queda por recorrer para la definitiva instalación del Estado de Derecho en nuestra sociedad. La miseria en la que se encuentra sumida una gran cantidad de argentinos, la corrupción existente en muchos sectores de la vida nacional, provincial y municipal, la crisis de los sistemas públicos de salud y educación, y la falta de seguridad personal, son algunos de los síntomas de una grave enfermedad que afecta a nuestra República. El desprecio por el derecho.
 Restricciones a la libertad de prensa: las entidades de periodistas han alertado acerca de la discrecionalidad y escasa transparencia en el manejo y asignación de fondos cuantiosos en publicidad oficial y las presiones a los medios, como una forma sutil, y a veces no tanto, de censura previa. 
 Impunidad: el fracaso en la causa para identificar a los responsables por el trágico atentado a la AMIA luego de diez años de investigación y con recursos económicos suficientes, sumado a la posible comisión de delitos por parte de los funcionarios intervinientes, son una muestra acabada del deterioro de la Justicia, su falta de independencia y buen funcionamiento. ... 
Intolerancia: quien opina distinto es un enemigo: la descalificación a las personas y a las ideas en lugar de un serio debate político sobre los contenidos es hoy una costumbre nacional insana que degrada la democracia. . . El Estado vive, en la práctica, a espaldas de la Constitución Nacional. -2005 (diario La Nación)- Critica la Academia de Derecho a la Corte - Por la nulidad de las leyes de perdón“

 

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