RECORDANDO CON IRA: LA GUERRA ANTITERRORISTA DE LA ESMA (5)

 

Mayo de 2006

 
La Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales considera que la Constitución nacional siempre tiene primacía sobre los tratados internacionales y que éstos sólo tienen la misma jerarquía que aquélla cuando cumplen ciertos requisitos. Por eso, la prestigiosa institución considera errados los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los casos Arancibia Clavell, Espósito y Simón. En esos casos, el tribunal reabrió el juzgamiento de hechos cometidos durante el último gobierno militar, pero, al hacerlo, se desprende de la declaración de la Academia, violó importantes principios constitucionales, como el que prohíbe aplicar retroactivamente las leyes penales o el que impide aplicar los tratados cuando una de sus cláusulas viola los principios del derecho público que establece la misma Constitución. El pronunciamiento de la Academia Nacional de Derecho, que lleva la firma de su presidente, el doctor Alberto Rodríguez Galán, y del secretario de la entidad, el doctor Juan Carlos Cassagne, apunta a señalar los peligros del camino tomado por la Corte. Ese es el valor de la declaración, que señala que el costo de desconocer el Derecho, a largo plazo, puede ser muy alto. “La Academia Nacional de Derecho ya se había pronunciado en el caso Arancibia Clavel. Pero luego de los dos fallos que dictó la Corte en las causas Espósito y Simón, decidimos emitir una nueva declaración. Es imprescindible recordar que la Constitución siempre está por encima de los tratados y que en materia penal no se pueden aplicar retroactivamente las leyes ni olvidarse de que el artículo 27 de la Constitución nacional establece la supremacía del orden público interno. Acerca del caso Arancibia Clavel y la retroactividad :. Esto permitió que se reabrieran muchas causas contra militares y ex oficiales en los tribunales de todo el país. En su declaración, la institución recuerda que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución nacional establece que “los tratados y convenciones de derechos humanos que allí se enumeran tienen jerarquía constitucional en la medida que respeten tres requisitos: a) las condiciones de su vigencia (que alude a las reservas que introdujo el gobierno argentino al aprobar y firmar el tratado; b) no derogan ningún artículo de la primera parte de la Constitución, y c) sólo pueden tomarse como complemento de los derechos constitucionales, para interpretación de los mismos”. Es decir, sólo en esas condiciones se pueden aplicar los tratados con la misma jerarquía de la Constitución. Por otra parte, los propios tratados de derechos humanos enumerados en el artículo 75, inciso 22, establecen los principios de legalidad, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ley penal más benigna, derechos adquiridos, etcétera. Más aún, uno de esos tratados elevó a jerarquía constitucional el principio de ley más benigna.
-  Peligroso fallo de la Corte - Por Jorge Reinaldo Vanossi.- La aplicación retroactiva de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos resulta improcedente en el derecho argentino pues, según el Art. 27 de la Constitución Nacional, los tratados deben cumplimentar los principios de derecho público establecidos en la Constitución. Ello comprende todas las garantías que expresa o implícitamente surgen de la primera parte de esa Constitución, entre las que se encuentran el principio del juez natural, la cosa juzgada, la prohibición de juzgar dos veces por la misma causa, la irretroactividad de las leyes penales, los beneficios de la ley más benigna, etc. Todas esas garantías forman parte del derecho penal liberal, consagrado en los Estados regidos por democracias constitucionales,.
 

 

 Como evidente ejemplo de algo irregular, y sobre la base  de la declaración indagatoria (26-10-05) relacionada con “Walsh Rodolfo Jorge”, y a consecuencia de preguntas aclaratorias efectuadas por su S.S., dije que a la brevedad efectuaría una nueva declaración ampliatoria con esa finalidad. Así es que de la lectura del REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN ante el Sr. Juez formulado por el Procurador Fiscal, Eduardo Raúl Taiano, de fecha 19 de noviembre de 2004; y analizando el contenido de los puntos: II- RELACIÓN DE LOS HECHOS, I- IMPUTADOS y la ampliatoria de declaración testimonial de Miguel Ángel Lauletta; Dije; me llama poderosamente la atención, la incongruente relación que existe entre ellos, ante evidencias y constancias que paso a señalar: En el punto I (IMPUTADOS) de la requisitoria del fiscal, imputa a 8 (ocho) personas, en ella incluye a Alfredo Astiz (por haber integrado en la fecha el sector operaciones), no incluye entre otros en  el mismo a Juan Carlos Rolón y  al suscripto. Del punto II (RELACIÓN DE LOS HECHOS), no se desprende la participación en los mismos de Astiz, Rolón y Pernías. Con fecha 29 de septiembre de 2005, y debo suponer que luego de una declaración testimonial ampliatoria realizada por Miguel Ángel Lauletta (incidente Rodolfo Walsh), y en la que entre otras cosas manifiesta que “entre los posibles navales que pudieron haber participado: dice que pudieron haber sido Rolón y Pernías”; el Juez Torre  decidió en la causa  y teniendo en cuenta las pruebas aunadas en la investigación, habría apreciado que de la inclusión de Rolón y Pernías en la declaración de Lauletta, considerar motivo bastante para sospechar de la participación de los mismos; ordenando agregar a la lista de indagados a Rolón y Pernías; es dable señalar que de la lectura de la declaración de Lauletta, se denota que alberga dudas y divagaciones. Advierto que existe incoherencia entre los aspectos señalados, que a mi juicio con una breve investigación despejaría las dudas que me surgen en cuanto a la necesidad de procesar a los arriba mencionados. De hecho me consta que el entonces Teniente Rolón no prestaba en ese período servicios en el grupo de tareas; ello porque había sido desafectado de su comisión como miembro rotativo en el mes de febrero de 1977, regresando a su destino original (destructor STORNI); obviamente de ello pueden también dar fe, el entonces Comando del destructor STORNI, autoridades de esa época y actualmente la misma Armada.  El hecho concreto y actual que me parece inaceptable es que ante las circunstancias descriptas, el Capitán Rolón que se encontraba excarcelado, es nuevamente procesado sin causa que lo justifique, con todos los daños morales que ello significa. Aprecio que la declaración de Lauletta no es espontánea, y obedecería a una maniobra pergeñada por algún organismo con finalidad revanchista, para lograr el objetivo de volver a detener al Capitán Rolón. También en el marco de otra maliciosa maniobra pergeñada por alguien y con fecha anterior,  es que se implica al entonces Teniente Astíz, en el incidente puntual de Walsh,  por haber estado en el período en que ocurrió el hecho en cuestión habiendo logrado su objetivo de venganza. Al respecto el área operaciones para esa época, estaba compuesto por una importante cantidad de efectivos permanentes y rotativos, los cuales no participaban simultáneamente en las diferentes operaciones; si recuerdo y me consta que ese acto de guerra contra el terrorismo, y dada la importancia del operativo; este fue minuciosamente planificado y conducido eficazmente por el entonces Teniente de Navío YON (fallecido). También me consta que en la columna operativa de detección de Walsh, no fue como tampoco otros oficiales vinculados al grupo de tareas, designado como integrante de la misma el Teniente de Corbeta Astiz. Lamentablemente, en mi parecer, nada se profundizo, y la luz sigue apagada para muchos…………….. Vale también exhibir otro grave e indiscutible ejemplo. Luego de leer la requisitoria fiscal de la causa 14.317/03 , en donde el fiscal Taiano indica, en el punto I  - Imputados acápite 10) del Requerimiento de Instrucción de la Causa Nº 14.217),¼..” En el momento de los hechos, se desempeñaba como Teniente de Navío e integrante del Sector de Inteligencia de la Unidad de Tareas 3.3.2 del G.T.3.3,  desde sus orígenes hasta principios de 1979. así mismo, entre marzo de 1978 y principios de 1979 actuó en el Centro Piloto de París, Francia, y luego me imputa un hecho acaecido en ese período, sin obrar prueba o denuncia siquiera por parte de Amalia LARRALDE, es que advierto la liviandad de la imputación; así es que declaré ante el juzgado, estando presente el fiscal: que “me entero por los diarios de estos días, que sería imputado por el caso denominado Amalia LARRALDE, seguramente en el marco de un programa con sustento político jurídico premeditado como un hecho más para llamar la atención  ante la proximidad del 30 aniversario del 24 de marzo de 1976. Con relación a a los hechos que se le imputan y las declaraciones de Ana María Larralde, la última de noviembre de 2004, en el cuaderno de prueba,   puedo hoy expresar que no se formula ninguna denuncia a su respecto y queda claro que mientras la nombrada se encuentra en la E.S.M.A. me encontraba con destino en Europa, citando como testigo al agregado naval Girling, de manera que expresa que no he tenido ni ejercido responsabilidad alguna sobre el particular y lo único que puedo aseverar es que ante V.S. y el Sr. Fiscal, indebidamente están parcializando la investigación de los hechos imputados que habrían ocurrido en la E.S.M.A. durante la guerra contra el terrorismo, negándose a considerar que fue una acción institucional del Estado Argentino…………….. Asimismo no ha evacuado  las citas que realizara en varias declaraciones anteriores. He sostenido que el GT3.3 fue una organización de tareas más de la Armada para combatir contra el accionar de las organizaciones terroristas militarizadas, destino militar que me fue impuesto por los mandos de la Armada, donde cumplí funciones en base a órdenes específicas impartidas por mis superiores en el marco de dicha guerra las cuales tenían como fundamento reglamentos militares, varios de los cuales fueron acompañados a la causa cuando fue requerido mi sobreseimiento. Como dijera en mi declaración prestada el 26 de abril del año 2004 esa guerra, fue institucional y en ese sentido recuerdo a mi reconocimiento de haber formado parte de uno de los Grupos de Tareas que existieron en las unidades de la Armada bajo la dependencia orgánica e institucional del Comandante de la Fuerza de Tareas, dependiente a su vez del Comando de Operaciones Navales, habiendo señalado en esa oportunidad quienes eran mis superiores inmediatos. Igualmente describí las dependencias donde presté servicios, lugares de detención de los terroristas y la actuación que les cupo a los que pasaron a colaborar con las fuerzas legales siendo una parte de ellos, los que me han imputado hechos graves y sensibles basados en declaraciones orquestadas y que presentan serias contradicciones destacadas en ese momento. Concluí requiriendo que llamara a declarar a quien fuera mi superior inmediato a lo cual no se hizo lugar. …………………….En mi declaración prestada el 13 de junio siguiente detallé los antecedentes terroristas de quienes deformando la realidad  me han imputado hechos que jamás existieron (Ejemplo, Caso Palotinos) y que me demuestran y prueban con claridad la falsedad de testimonios tales como el de Beatriz DALEO. - (mi pretensión en materializar este ejemplo fue el de que la Congregación de los Palotinos conociera la verdad de lo sucedido y del engaño que realizan falsos denunciantes). - Esta no fue una guerra de casos Puntuales, yo podría haber participado en muchas acciones o ninguna, así como cualquier otro oficial podría haber participado en muchas acciones y yo en ninguna, de manera que la guerra tuvo carácter Institucional; para sustentar la Institucionalidad de la guerra,. El señor juez en mi persona ataca y agravia a la Armada parcializando la investigación de tal modo, que aparece distorsionando el escenario y contexto de los hechos y el rol cumplido por sus protagonistas. Toma por ciertos dándoles plena fe a los dichos de ex - terroristas que, arrepentidos de sus conductas, accedieron a colaborar con las fuerzas legales suministrando datos esenciales que permitieron la identificación y detención de numerosos miembros de sus organizaciones. Del casi centenar de arrepentidos solamente un puñado, entre ellos  Martín T.Gras, Ana M. Martí, María A. Miria de Pirles, Ricardo H. Coquet, Sara Solarz de Osatinsky, Andrés. R. Castillo, Graciela B. Daleo, Carlos García  a los cuales habría que agregar ahora a María Amalia Larralde, - (no se desprenden en este último caso de sus testimonios ninguna referencia contra la persona del declarante, lo cual a su criterio resulta un tema no investigado con suficiente profundidad). Aparecen hoy citados por el Sr. Juez como testigos de cargo por las imputaciones que realizaran para justificar sus conductas. Todos recuperaron su libertad y el lapso durante el cual prestaron su colaboración fue en promedio de alrededor de los dos años. No ha  considerado esta situación de la cual surge claramente, que la única salida para justificar ante las respectivas organizaciones terroristas el no haber corrido la misma suerte que sus compañeros no obstante el alto grado de compromiso que individualmente tenían, era negar su arrepentimiento y colaboración prestada para lo cual apelaron a imputaciones de conductas en muchos casos jamás acontecidas…… Reitero que he sido un combatiente en una guerra contra el terrorismo, ordenada inicialmente por un gobierno constitucional, en la cual actué junto a mis camaradas cumpliendo órdenes de mis superiores basadas en reglamentos militares del Estado Argentino que específicamente contemplaban las acciones a cumplir….. He realizado y participado en numerosas acciones y procedimientos ordenados en los cuales fueron detenidas personas que fueron puestas a disposición de mis superiores y cuando tuve que participar o efectuar interrogatorios también explique como se desarrollaban para evitar los apremios. Todas mis actuaciones en las acciones habidas durante la guerra fueron documentadas y nunca fui sancionado por mi proceder.  En el grupo de tareas  G.T. 3.3.2 estaban destinados numerosos efectivos los cuales estaban relacionados entre sí por la cadena de mandos a cuya cabeza estaba el Director de la E.S.M.A. ……..Me hice responsable de lo actuado por mi y en el nivel que me correspondía. Le he contado en detalle y como salta a la vista en muchas de mis declaraciones ampliatorias, como el caso Iglesia Santa Cruz y Rodolfo Walsh, como se fueron con participación e interés de Organismos de derechos Humanos, orquestando y coordinando en el tiempo las declaraciones de los “testigos” generalmente presionados por los organismos mencionados y por eventuales intereses financieros; no me cabe ninguna duda por ejemplo, que las declaraciones de Lauletta en el caso Walsh fueron implementadas con el evidente y mendaz criterio que permitiera forzar la nueva detención del entonces excarcelado Capitán Rolón; los argumentos de Lauletta son tan infantiles y dirigidos, que no logro comprender que una persona del derecho atribuya a la manifestación potencial de un “habrían participado” como dice Lauletta hayan sido sin mas constituido la valiosa prueba para imputar a Rolón y a mi persona.  ¿no resulta extraño?, ¿no resulta difícil de entender que sin mediar investigación alguna se dude o descalifique un certificado emitido por la Institución Armada Argentina? y que se le de mas peso a una apreciación (además falsa) de un testigo!. ..Diga lo que fuere es notorio que las decisiones están tomadas de antemano y que como ya dije en alguna causa estas deformaciones jurídicas son alentadas por los vientos políticos. Las Fuerzas armadas  desde siempre estuvieron integradas y son parte de la sociedad y su historia; la historia Argentina tan fácilmente trastocada..Así es que desde la comisión SÁBATO,   el libro “Nunca Más”, cuyo prólogo recientemente fue modificado entiendo que por razones políticas / ideológicas, causando malestar en algunos miembros de la comisión redactora, …son  una muestra más de  los altibajos y criterios jurídicos consecuentes  fueron cambiando, y hoy en mi opinión, el actual gobierno recicla lo peor de lo peor con una ceguera total, que le impide apreciar los peligros certeros y graves de evitar la pacificación del país”………
Por ello al recontar lo sucedido en la Guerra y sus secuelas, es que concluyo la presente señalando que nuestro mayor error como militares fue la política del silencio y de la mal entendida prudencia, esta se constituyó en un factor de debilidad que con el tiempo se fue potenciando; es así que eludimos el camino de  asumir la Justicia con mayúsculas, muchos terminamos de buena Fe siendo cómplices de encubrimiento. ……Recalco el carácter Institucional de la Guerra contra el terrorismo, y estoy convencido que he sido un Combatiente.…
 

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